De verdad vamos a permitir que este sujeto nos gobierne ?
La embestida del Grupo Atlacomulco
Rosalía Vergara
El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quiere asegurarse de que su partido, el PRI, gane la gubernatura de esa entidad el próximo año porque eso lo acercaría a Los Pinos en 2012. Para ello, el oriundo de Atlacomulco mueve sus piezas y prácticamente tiene en su puño a los tres poderes, incluso recurriendo a medidas poco limpias, como la remoción –hace dos años– de los tres únicos consejeros electorales que no se plegaban a sus intereses.
MÉXICO, D.F., 1 de septiembre (Proceso).- El mandatario priista del Estado de México, Enrique Peña Nieto, está reforzando el control de las instituciones y partidos políticos de esa entidad con miras a la renovación del gobierno estatal en 2011.
Desde el año pasado –cuando aseguró que los municipios gobernados por el PRD o el PAN se pintarían de rojo priista– comenzó a tejer una red de complicidades en el Congreso local para aprobar una serie de reformas para afianzar el dominio del Grupo Atlacomulco, a decir del dirigente del PRD en la entidad, Luis Sánchez. El perredista agrega que en esos municipios comenzó a operar el cártel de La Familia michoacana con tal intensidad que ahora se le podría llamar La Familia mexiquense.
A su vez Norberto López, Gabriel Corona y Ruth Carrillo cuentan a Proceso cómo el gobernador los expulsó en agosto de 2008 del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), del cual eran consejeros gracias a una reforma a la Ley Electoral que permitió designar a sus sustitutos “a modo” en agosto de 2008.
El afán de control de Peña Nieto llegó al extremo de armar una “agenda bicentenario”: varias reformas que, según Luis Sánchez, son un retroceso político. Entre otras cosas, informa el perredista, se pretende aprobar una cláusula de gobernabilidad que automáticamente daría al partido que gane 37% de los votos 51% de la representación en el Congreso local, el mínimo necesario para aprobar cualquier reforma.
La iniciativa no avanzó pues la Comisión Estatal de Convergencia (partido que en principio había apoyado la propuesta), recientemente renovada y encabezada ahora por Gonzalo Yáñez, ha vigilado a los tres diputados locales que se habían mostrado incondicionales del PRI.
En este escenario, los partidos miembros del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) –PRD, PT y Convergencia– tratan de abrir camino para aliarse con el PAN e impulsar un candidato común. La propuesta de Luis Sánchez es que se elija al aspirante el próximo noviembre, pues el proceso electoral mexiquense arranca formalmente el 2 de enero de 2011.
Dice que si esperan a febrero o marzo para designar al candidato, no podrán crear una estructura capaz de derrotar al PRI y frenar a Peña Nieto. “Y si no lo paramos en 2011 él ya tendrá un pie en Los Pinos en 2012”, apunta.
No obstante, reconoce que no será fácil pues el gobernador controla el IEEM, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, además de los poderes Legislativo y Judicial locales.
Consejeros apartidistas
Norberto López, Gabriel Corona y Ruth Carrillo fueron elegidos consejeros electorales 40 días antes de los comicios locales de 2005. Peña Nieto –nacido en Atlacomulco– aspiraba a ser gobernador y se le acusaba de haber rebasado el tope de gastos de campaña.
Era un momento difícil para los partidos de la Coalición por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia), que postularon a Yeidckol Polevnsky.
El tema del dinero en la campaña del priista condujo al PRD a proponer a López, Corona y Carrillo como consejeros, quienes se ufanan de no tener compromisos con ningún político. “El problema es que se dieron cuenta de que éramos independientes”, recuerda Corona.
A su llegada al IEEM, el tema que se impuso fue el del derroche de recursos, dicen, pues “se veía por todo el estado”. Pero no pudieron comprobarlo y se declararon incompetentes para resolver el tema. Después de eso empezaron las presiones.
En agosto de 2008, Peña Nieto cobró venganza y “sacrificó” a estos tres consejeros para armar un modelo electoral que le permitió obtener una victoria aplastante sobre el PAN y el PRD en las elecciones municipales de 2009. Lo hizo a través del Congreso, que aprobó una reforma para crear en el IEEM las figuras de secretario ejecutivo general y contralor general, nombrados por los legisladores, y quitar a los tres consejeros que no se atenían a los designios del mandatario.
La reforma establecía que el consejero presidente –en ese entonces José Núñez Castañeda– podía reelegirse, así como otros tres consejeros: Bernardo Barranco, Jorge Muciño y Juan Flores. Los restantes: López, Corona y Carrillo, fueron relevados y se fijó como fecha de su salida el 30 de agosto de 2008. Ese mismo día el Congreso mexiquense nombó a sus suplentes.
Los tres consejeros pidieron la protección de la justicia contra la expedición del decreto número 176, del 28 de abril de 2008, para reestructurar el Consejo General del IEEM. Los expedientes asignados fueron 931/2008-VII, 944/2008-V y 946/2008-I para López, Carrillo y Corona, respectivamente.
El 26 de agosto de 2008, el Congreso local se quejó porque juzgados de Toluca y de Naucalpan dieron entrada a la demanda de amparo; sin embargo, ocho meses después desechó la queja.
El 1 de julio de 2009, cuatro días antes del proceso electoral, tuvo lugar una audiencia en la que se amparó a Gabriel Corona y se ordenó al Congreso mexiquense reponer en su cargo al consejero. Los casos de López y Carrillo aún no se deciden.
El abogado de los consejeros indica en entrevista con Proceso que el Congreso mexiquense no ha querido cumplir la sentencia de dejar sin efecto el decreto 176 (por lo menos en el caso de Corona), con el argumento de que “ahora están en ejercicio otros consejeros”. Sostiene que si esto no lo hace en septiembre, cuando termine el periodo ordinario, tendrá que ser el año entrante, después de la elección para gobernador.
“Es evidente que con el tortuguismo que se impuso buscaron empantanar el proceso para agotar tiempos, de tal modo que la reinstalación se hiciera imposible”, destaca Norberto López. Por eso, tanto Ruth Carrillo como Gabriel Corona ya habían solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer sus casos para su estudio y sentencia definitiva.
Los consejeros cesados destacan que todas las bancadas del Congreso local se alinearon para llevar adelante la reforma al IEEM pues defendían ciertas posturas e intereses: los panistas, con Juan Carlos Núñez al frente, buscaban la aprobación de la reforma petrolera. El diputado Higinio Martínez y el senador Héctor Bautista, del PRD, pretendían que se avalara el proceso electoral de su partido y el PRI, mediante Eruviel Ávila y Humberto Benítez, se apoderó del instituto para afianzar una estructura que le asegure la victoria a Peña Nieto.
Pese a que el PRD llevó a estos consejeros al IEEM, no los ha apoyado en su lucha. Ellos eran académicos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y ocuparon en el consejo general del instituto los espacios que correspondían al PRD, que intentaba así ponerle un freno a Peña Nieto.
Agregan que ahora el coordinador de los diputados locales perredistas, Ricardo Moreno, y el jefe de la bancada federal del PRD, Alejandro Encinas, ni siquiera les contestan el teléfono.
Corona señala que este caso es inédito porque esta decisión modificó la correlación de fuerzas y se permite al PRI imponer sus decisiones en materia electoral.
“El PRI tiene el control (…) local, tiene una amplia mayoría. Como tiene la presidencia de la Junta de Coordinación Política y es rotativa, tienen la posibilidad de condicionar todas sus decisiones”, menciona.
Los entrevistados coinciden en que a Peña Nieto le interesa “arrasar” en la elección del próximo año porque eso lo pondría en una posición privilegiada de cara a la elección presidencial de 2012. Por eso no quiere nada que estropee sus planes ni consejeros incómodos que denuncien, protesten y se opongan.
Afirman que los partidos políticos están “muy controlados” y como tienen “compromisos en común” intercambian el apoyo, por eso han preferido el desacato a una orden judicial que es inapelable. “Pretenden dilatar y dilatar y dilatar”, hasta que “no podamos reintegrarnos” porque la ley señala que las modificaciones deben hacerse antes de que se inicie el proceso electoral y el plazo para modificar la Ley Electoral vence en septiembre.
A dos años de comenzado el conflicto, el PAN muestra indiferencia, el PRD propone consejeros sustitutos porque ya no se puede aplicar la sentencia, el PT avala la reforma y Convergencia lo considera un asunto laboral. El PRI ha guardado silencio.
La izquierda y la
derecha unidas…
Con estos antecedentes el PRD tiene prevista una alianza entre el Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) y el PAN, para impulsar a un candidato de unidad. “Si las alianzas con el Partido Acción Nacional funcionan, aplicaremos esta fórmula en el Estado de México”, advirtió Manuel Camacho Solís, coordinador del Dia, en mayo pasado. Y de las cinco alianzas entre la izquierda y la derecha para las elecciones del pasado 5 de julio, funcionaron tres: Oaxaca, Sinaloa y Puebla.
“En el Estado de México no existe realmente una oposición. Hay acuerdos. Aquí se nota claramente que hay acuerdos. Ni el PAN ni el PRD ni el PT ni Convergencia ven con simpatías nuestro caso. Ulises Ramírez (senador panista) está cercano al sistema. Si dejan en manos de partidos locales el proceso electoral… es que son partidos locales que históricamente han estado en comparsa con el sistema”, dicen los exconsejeros.
Recuerdan que durante su gestión como gobernador, Arturo Montiel “compró a 11 diputados panistas” porque el PRI estaba en desventaja en el Congreso estatal. Además, los tres diputados de Convergencia siempre avalan lo que dice el PRI y el PT no figura.
El dirigente del PRD estatal, Luis Sánchez, reconoce que existe una parte de Convergencia manipulada por el gobernador Peña Nieto, pero sostiene que la dirigencia estatal a cargo de Yáñez, “no está en eso”.
En los comicios de 2009, el PRD perdió lo que se conocía como “el cinturón amarillo”: los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Metepec, La Paz, Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Tultitlán, Tlalmanalco y Amecameca.
Una fuente perredista sostiene que se dio un acuerdo con Peña Nieto para que arrasara el PRI en esta elección y pudiera armar la estrategia para ganar la gubernatura en 2011 y la presidencia en 2012; no se sabe qué les dio a cambio, pero sí que les prometió regresarles el cinturón amarillo en 2015.
El PAN, por su parte, perdió “el corredor azul”: Toluca, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan.
No obstante, Sánchez destaca que pese haber perdido el cinturón amarillo no perdieron votos, pues entre el PRD, PT y Convergencia suman 27.43% del Congreso. Si se unen al PAN tendrían 49% de la votación, lo que les permitiría ganarle al 45% del PRI.
El candidato deberá ser de unidad. Se cita a Encinas o a la panista Josefina Vázquez Mota, pero Sánchez los descarta porque son diputados de la cuarta circunscripción del Distrito Federal y no viven en el Estado de México. Para él los viables son los perredistas Horacio Duarte, de la corriente Alternativa Democrática Nacional, o Héctor Bautista, de Nueva Izquierda.
“Si no vamos juntos Dia y PAN será difícil ganar, y si no paramos a Peña Nieto en 2011 tendrá un pie en Los Pinos en 2012”. Y no gobernará él sino el Grupo Atlacomulco, “la clase política del PRI más corrompida”, afirma.
Incluso prevé que en el proceso electoral habrá violencia. “Me imagino que habrá asesinatos, amedrentación a los dirigentes políticos. Campañas sucias. Ya me imagino cómo van a tratar de defender esto que es para el Grupo Atlacomulco como una mina de oro”.
El perredista opina que si Peña Nieto llega al poder habrá represión de movimientos sociales, como la de Atenco –“que él ordenó”– en 2006. Los militantes que defendieron a las mazahuas en su lucha por el agua están encarcelados, igual que quienes se opusieron a un relleno sanitario en el municipio de San Antonio la Isla. Otro defensor de locatarios de Toluca, Almagrande, también terminó en la cárcel.
“Estos son algunos ejemplos. Nadie puede ir a Toluca a manifestarse porque paran las protestas en La Marquesa. Esas son acciones de Peña Nieto. Y su agenda bicentenario corona su gestión. No se imagina que estos abusos provocaron que el PRI dejara de gobernar el país”, señala.
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