El Diario de Juárez y la derrota de Calderón
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 21 de septiembre (apro).- Una conmoción fuera y dentro del país ocasionó el editorial publicado el domingo 19 de septiembre por El Diario de Juárez, bajo el título “¿Qué Quieren de nosotros?”. No es la primera vez que un medio impreso del norte del país decidía interpelar al crimen organizado para enfrentar la ola de intimidaciones y matanzas que alcanzaron ya al personal del propio rotativo.
De los casi 70 reporteros y trabajadores gráficos que han muerto en los últimos diez años, casi 60% trabajaban para medios de comuinicación de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora o Durango, “plazas” disputadas por los cárteles del narcotráfico. Algunos periódicos como El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, decidieron desde hace años dejar de firmar las notas relacionadas con el narcotráfico para no poner en riesgo a sus reporteros. Otros, como Zeta, han acusado abiertamente la complicidad entre políticos y narcotraficantes.
Lo diferente es que, a raíz del asesinato de su fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, El Diario decidió hacer pública su interpelación a los cárteles que se disputan la plaza y descalificar con toda crudeza el operativo policíaco-militar ordenado por el gobierno de Felipe Calderón. Ciudad Juárez se mostró así como el ejemplo más claro de una “guerra” cuya estrategia no está clara y que ha llevado al hartazgo de la población civil.
La respuesta del gobierno de Calderón al editorial de El Diario recordó a la tristemente célebre reacción del presidente frente a la matanza de jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar. Todos recuerdan cuando el primer mandatario dijo que la masacre fue el resultado de “un pleito de pandillas”. En lugar de ponerse del lado de las víctimas y dimensionar el tamaño del descontento ciudadano, el calderonismo asumió el papel de policía represivo y decidió incriminar a las víctimas sin que existiera una investigación acabada. El error provocó un airado reclamo público de una de las madres de las víctimas de Salvárcar durante una gira de Calderón a Ciudad Juárez.
A través de su vocero en materia de seguridad, Alejandro Poiré, el gobierno de Calderón repitió la misma actitud con El Diario. Indignado por las críticas, Poiré lanzó un reclamo que pretendió ser un mensaje para todos los demás medios impresos que han sido víctimas de las presiones de los cárteles y sus sicarios:
“No cabe en modo alguno por parte de ningún actor el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales que son justamente los que provocan la angustia de la población”, sentenció Poiré.
“Que quede bien claro: negociar, postergar o suspender la lucha contra el crimen organizado, lejos de desaparecer la amenaza de la violencia, implicaría someterse a la ley de quienes agreden para intentar eludir la acción del Estado y perpetuar su acción impune, y eso no ocurrirá”, agregó.
Hasta estas frases, la posición del gobierno federal tenía una lógica, quizá cuestionable en su eficacia, pero legal en su planteamiento. El problema fue que el propio Poiré decidió erigirse en ministerio público y cuestionar la condición de víctima del fotógrafo Santiago Orozco, para minimizar la legitimidad de la denuncia de El Diario.
Poiré afirmó en rueda de prensa que las primeras investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, el atentado contra el reportero gráfico tuvo como móvil las razones “de índole personal, más que por sus actividades profesionales”.
La respuesta del subdirector editorial Pedro Torres se hizo en la tarde del mismo 20 de septiembre: “Con qué calidad moral nos van a decir esto si no hay garantías para la seguridad”. Torres criticó que a cinco días del asesinato de Santiago Orozco las autoridades judiciales pretenden dar por buena una versión que elimine la línea del crimen organizado. Recordó que a casi dos años del asesinato del reportero Armando Rodríguez Carreón, trabajador también de El Diario, las autoridades no han avanzado en nada.
“Nos dijeron que tenían solucionado el caso y que hasta tenían identificados a los autores materiales e intelectuales del asesinato… No tienen nada”, afirmó.
Esta es la otra cara del alegato de El Diario y de decenas de otros medios mexicanos que se han enfrentado a las intimidaciones del narcotráfico. ¿De qué sirve denunciar ante las autoridades y a las fiscalías creadas si no se ha resuelto uno solo de los crímenes contra periodistas ni tampoco se han eliminado las amenazas de los cárteles?
¿Con qué confianza puede acudir un medio a las autoridades si éstas pretenden minimizar y reducir a “asuntos personales” los supuestos móviles?
MÉXICO, D.F., 21 de septiembre (apro).- Una conmoción fuera y dentro del país ocasionó el editorial publicado el domingo 19 de septiembre por El Diario de Juárez, bajo el título “¿Qué Quieren de nosotros?”. No es la primera vez que un medio impreso del norte del país decidía interpelar al crimen organizado para enfrentar la ola de intimidaciones y matanzas que alcanzaron ya al personal del propio rotativo.
De los casi 70 reporteros y trabajadores gráficos que han muerto en los últimos diez años, casi 60% trabajaban para medios de comuinicación de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora o Durango, “plazas” disputadas por los cárteles del narcotráfico. Algunos periódicos como El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, decidieron desde hace años dejar de firmar las notas relacionadas con el narcotráfico para no poner en riesgo a sus reporteros. Otros, como Zeta, han acusado abiertamente la complicidad entre políticos y narcotraficantes.
Lo diferente es que, a raíz del asesinato de su fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, El Diario decidió hacer pública su interpelación a los cárteles que se disputan la plaza y descalificar con toda crudeza el operativo policíaco-militar ordenado por el gobierno de Felipe Calderón. Ciudad Juárez se mostró así como el ejemplo más claro de una “guerra” cuya estrategia no está clara y que ha llevado al hartazgo de la población civil.
La respuesta del gobierno de Calderón al editorial de El Diario recordó a la tristemente célebre reacción del presidente frente a la matanza de jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar. Todos recuerdan cuando el primer mandatario dijo que la masacre fue el resultado de “un pleito de pandillas”. En lugar de ponerse del lado de las víctimas y dimensionar el tamaño del descontento ciudadano, el calderonismo asumió el papel de policía represivo y decidió incriminar a las víctimas sin que existiera una investigación acabada. El error provocó un airado reclamo público de una de las madres de las víctimas de Salvárcar durante una gira de Calderón a Ciudad Juárez.
A través de su vocero en materia de seguridad, Alejandro Poiré, el gobierno de Calderón repitió la misma actitud con El Diario. Indignado por las críticas, Poiré lanzó un reclamo que pretendió ser un mensaje para todos los demás medios impresos que han sido víctimas de las presiones de los cárteles y sus sicarios:
“No cabe en modo alguno por parte de ningún actor el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales que son justamente los que provocan la angustia de la población”, sentenció Poiré.
“Que quede bien claro: negociar, postergar o suspender la lucha contra el crimen organizado, lejos de desaparecer la amenaza de la violencia, implicaría someterse a la ley de quienes agreden para intentar eludir la acción del Estado y perpetuar su acción impune, y eso no ocurrirá”, agregó.
Hasta estas frases, la posición del gobierno federal tenía una lógica, quizá cuestionable en su eficacia, pero legal en su planteamiento. El problema fue que el propio Poiré decidió erigirse en ministerio público y cuestionar la condición de víctima del fotógrafo Santiago Orozco, para minimizar la legitimidad de la denuncia de El Diario.
Poiré afirmó en rueda de prensa que las primeras investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, el atentado contra el reportero gráfico tuvo como móvil las razones “de índole personal, más que por sus actividades profesionales”.
La respuesta del subdirector editorial Pedro Torres se hizo en la tarde del mismo 20 de septiembre: “Con qué calidad moral nos van a decir esto si no hay garantías para la seguridad”. Torres criticó que a cinco días del asesinato de Santiago Orozco las autoridades judiciales pretenden dar por buena una versión que elimine la línea del crimen organizado. Recordó que a casi dos años del asesinato del reportero Armando Rodríguez Carreón, trabajador también de El Diario, las autoridades no han avanzado en nada.
“Nos dijeron que tenían solucionado el caso y que hasta tenían identificados a los autores materiales e intelectuales del asesinato… No tienen nada”, afirmó.
Esta es la otra cara del alegato de El Diario y de decenas de otros medios mexicanos que se han enfrentado a las intimidaciones del narcotráfico. ¿De qué sirve denunciar ante las autoridades y a las fiscalías creadas si no se ha resuelto uno solo de los crímenes contra periodistas ni tampoco se han eliminado las amenazas de los cárteles?
¿Con qué confianza puede acudir un medio a las autoridades si éstas pretenden minimizar y reducir a “asuntos personales” los supuestos móviles?
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