La apuesta del PRI

Jesús Cantú


MÉXICO, D.F., 8 de noviembre (Proceso).- Tal como lo ha hecho desde octubre de 2003, el PRI apuesta a que el grupo parlamentario del PAN ceda ante sus presiones y le permita conformar de nueva cuenta un Consejo General del Instituto Federal Electoral a modo.

Los priistas saben que les bastan los votos de los diputados blanquiazules para alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes para designar a los tres consejeros electorales, y por ello apuntan sus baterías hacia ese grupo legislativo.

Esa vía les rindió buenos resultados incluso en la pasada legislatura, cuando requerían el apoyo de todos los legisladores ajenos al PAN y al PRD. Parecía una tarea imposible porque entre éstos había 30 legisladores pertenecientes a los grupos parlamentarios de Convergencia y el PT, que integraban un frente con los perredistas; sin embargo, obtuvieron los 134 votos necesarios para frenar la designación de los consejeros electorales.

En octubre de 2003, los tricolores contaban con 201 diputados, 36 menos que ahora, pero junto con los blanquiazules sumaban 349 votos, que superaban los 334 requeridos para integrar las dos terceras partes. Por ello se aliaron con el PAN a fin de repartirse las nueve posiciones que se renovaban en ese momento. La negociación incluyó una promesa, finalmente incumplida, de sacar adelante en el paquete fiscal de ese año la propuesta del gobierno foxista para generalizar la aplicación del IVA.

El resultado de esa negociación fue que el Consejo General finalmente fue integrado con el voto aprobatorio de los diputados del PRI, PAN y PVEM y el rechazo del resto de los legisladores. El nuevo Consejo nunca pudo superar la desconfianza e inconformidad que se produjo desde ese momento, lo cual propició los conflictos poselectorales en las elecciones presidenciales de 2006 y la renovación anticipada de ese Consejo en febrero y agosto de 2008.

En febrero de 2008 el PRI sólo tenía 106 diputados y PAN y PRD reunían 333, por lo que únicamente necesitaban un voto adicional para reunir las dos terceras partes. Aunque el PRI estaba en una posición de extrema debilidad, logró un reparto igualitario de los tres consejeros en cuanto a origen de la propuesta. Asimismo, pudo imponer al consejero con mayor identificación partidista de los tres que se designaron en ese momento, y hacer que el PRD reconociera como propia una propuesta (la de Leonardo Valdés) que no estaba incluida en sus listas.

En junio de 2008, cuando designaron a los consejeros que entrarían en funciones en agosto, el Revolucionario Institucional repitió la dosis, aunque en esa ocasión la propuesta de los perredistas (Alfredo Figueroa) y la de los panistas (Macarita Elizondo) sí eran propias.

El PRI sabe que ahora tiene el control absoluto del proceso, pues junto con la fracción parlamentaria del PVEM cuenta con la mayoría de los votos, lo cual lo coloca incluso en una mejor posición que hace siete años para plantearle nuevamente un quid pro quo a los blanquiazules. Este intercambio puede incluir la negociación del presupuesto del próximo año o alguna otra de las iniciativas que el presidente Calderón considera prioritarias.

Ahora entre los diputados priistas y panistas suman 379 votos más que suficientes para integrar la mayoría requerida para la designación de los consejeros y, a diferencia de lo que sucedió en 2008, nada puede hacerse sin la participación del PRI.

En 2003, los priistas pensaban que al proponer a cinco de los nueve integrantes del Consejo General con derecho a voto aseguraban el control del mismo y así podían tener un órgano a modo para recuperar la Presidencia en 2006. Sin embargo, los conflictos internos y la debacle en las preferencias electorales de su candidato Roberto Madrazo modificaron todo el panorama y la conformación del Consejo favoreció finalmente al PAN, que había propuesto a los otros cuatro consejeros.

En el proceso actual, cada una de las tres principales fuerzas electorales (PRI, PAN y PRD) ha propuesto a dos de los seis integrantes del Consejo ya en funciones que dirigirán al órgano durante el proceso electoral de 2012. Las dos propuestas del PRI fueron las de mayor identificación partidista: Marco Antonio Baños, de todas las confianzas de Felipe Solís y fiel escudero de Manlio Fabio Beltrones, y Francisco Guerrero, quien dejó de asesorar a Emilio Gamboa para ocupar su puesto en el Consejo.

Además, el PRI logró que el PRD reconociera como propuesta propia al actual consejero presidente, aunque el grupo parlamentario hubiera votado unos días antes de dicha designación –el 30 de enero– una lista de ocho propuestas; Valdés no se encontraba entre éstas.

Así describió John M. Ackerman esta maniobra en un artículo publicado en el periódico La Jornada el 11 de febrero último: “En lugar de defender a los candidatos que dieran confianza y certidumbre a su partido y a la ciudadanía, Javier González Garza cedió a las presiones. Prefirió asumir la candidatura de Valdés como si ésta fuera una propuesta del PRD antes que quedar totalmente fuera de la negociación”.

Hoy el PRI pretende colocar a otros dos consejeros y presiona al PAN para lograrlo. Hasta ahora Josefina Vázquez Mota, coordinadora parlamentaria de esta fuerza política y presidenta de la Junta de Coordinación Política, insiste en que se incluya a las tres fuerzas políticas en el proceso de negociación, pero los priistas apuestan a que los panistas finalmente cedan, como lo han hecho siempre, al menos en materia electoral. Si el PRI lo consigue, este sería el último clavo en el ataúd del IFE. l

Peña Nieto: reglas a modo

Jesús Cantú


MÉXICO, D.F., 21 de septiembre.- Ante la posibilidad de perder la sucesión en su entidad y, por ende, su eventual candidatura a la Presidencia de la República, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, modificó (en vísperas de que venciera el plazo constitucional para ello) las reglas para asegurarse de que las condiciones lo favorezcan.

La controvertida reforma aprobada el 14 de septiembre en el Congreso local afecta los procesos electorales en cuatro frentes: complica la creación de alianzas electorales entre diferentes fuerzas políticas al dejar únicamente vigente la vía de las coaliciones; reduce a la mitad el periodo de campañas y a una sexta parte el de las precampañas; disminuye el financiamiento público para la obtención del voto, y, finalmente, amplía en 45 días el periodo para que el gobernador mantenga en los medios de comunicación social la propaganda gubernamental.

La discusión se centra en la eliminación de la figura de las candidaturas comunes, por la expresa oposición del gobernador Peña Nieto a una posible alianza entre el PAN y el PRD para la contienda por la gubernatura, pero en realidad la estrategia para disminuir las posibilidades de éxito de una eventual alianza opositora es integral y busca debilitarla en varios flancos.

La forma más sencilla de concretar la alianza electoral era, hasta antes de la reforma, la candidatura común, que sí tenía un factor de inequidad (no todos los que señala la iniciativa de reforma) ya que mantenía el acceso del candidato común a radio y televisión de cada uno de los partidos que lo postulaban, es decir, sumaba los tiempos que le correspondían a éstos y no establecía un límite, pues a partir de la reforma del 2007 dichos tiempos ya no forman parte de los topes de gastos de campaña.

Al eliminar la figura de la candidatura común, la única vía para concretar la alianza es la coalición, que en el Código Electoral del Estado de México tiene requisitos que también pueden traducirse en inequidad en la contienda. El código señala que cuando una coalición postule candidato a gobernador del estado, “deberá acreditar ante los órganos del instituto y ante las mesas directivas de casilla tantos representantes como corresponda a uno solo de los partidos coaligados”, lo cual casi obliga a lograr la coalición total, pues los candidatos postulados únicamente por uno de los partidos coaligados no tendrán representación en ninguno de los órganos electorales, ni siquiera en las casillas, ya que la misma la ostentará el candidato de la coalición a gobernador.

Por otra parte, respecto al financiamiento público, asienta que “disfrutará del monto que corresponda a la suma de los montos asignados a cada uno de los partidos coaligados”, y más adelante indica que el convenio de coalición contendrá, “en su caso, la forma de distribución del financiamiento público que les corresponda, estableciendo cada uno de éstos el monto de las aportaciones para el desarrollo de las campañas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes”.

Lo anterior puede interpretarse en el sentido de que el instituto entregará el financiamiento a la coalición, y ésta, a su vez, retendrá la aportación de cada instituto político a la coalición y luego entregará el resto, lo que nuevamente conduce casi inexorablemente a ir en coalición total, pues de lo contrario la demora en la entrega del dinero puede traducirse en retrasos para la realización de las campañas de los candidatos no coaligados.

A nivel nacional, la legislación en esta materia se estableció tras el proceso presidencial de 1988 y tenía como objetivo dificultar, hasta donde fuera posible, la construcción de alianzas entre fuerzas opositoras, para evitar que se repitiera el fenómeno que condujo a la construcción del Frente Democrático Nacional, que en esa elección postuló a Cuauhtémoc Cárdenas. En el Estado de México, afortunadamente, se habían mantenido las candidaturas comunes, pero en materia de coaliciones se establecieron limitantes incluso mayores a las federales, como la señalada en materia de financiamiento.

Este no es el único obstáculo adicional que establece la Constitución o el código estatal. Otro muy significativo es el incluido en el artículo 12 constitucional, que señala: “Quien haya participado en un proceso interno de selección de un partido político como aspirante o precandidato, no podrá ser registrado como candidato por otro partido político o coalición en el proceso electoral correspondiente”. Este párrafo podría ser utilizado para cerrarles la puerta a candidatos como Mario López Valdez, en Sinaloa, o José Rosas Aispuro, en Durango, que previamente “aspiraron” a ser postulados por el PRI.

Pero estos obstáculos no eran suficientes para enfrentar una elección competida, por lo cual la reforma estrechó aún más los márgenes para la oposición y, por ello, canceló la posibilidad de las candidaturas comunes, al menos por dos razones: una, el impacto para los votantes duros de un partido político es muy distinto si tiene que cruzar un recuadro donde además del logotipo de su partido aparece el de uno de sus principales opositores, lo que es inevitable en el caso de las coaliciones; y dos, como las reglas para las coaliciones casi obligan a postular candidatos a todos los puestos de elección popular, el costo para las dirigencias partidistas se eleva mucho, pues prácticamente obliga a dejar de competir en distritos y municipios donde la contienda se da realmente entre PAN y PRD y no con el PRI.

Así, por una parte, se reducen las posibilidades de que la coalición se concrete al aumentar las dificultades; y en caso de que se lograra, impacta directamente sobre los votantes, particularmente los más duros, que eventualmente pasan a las filas del abstencionismo.

Todavía eso no brindaba suficientes garantías y, por ello, se incorporaron otras reformas, como la reducción del periodo de las campañas electorales de 90 a 45 días en el caso del candidato a gobernador, y de 60 a 35 para diputados locales y ayuntamientos. Esta reforma tiene un doble impacto: por una parte, le permite al gobernador en funciones mantener su propaganda gubernamental 45 días más; y, por el otro, reduce sustancialmente las posibilidades de un candidato de la alianza opositora sin mucho posicionamiento en Edomex, pues no tendrá el tiempo suficiente para hacerlo, especialmente porque también se redujo el tiempo de las precampañas a únicamente 10 días. Así, la presencia de los candidatos se limita a sólo 55 días, ni siquiera dos meses, en un estado con 125 municipios y casi 10 millones y medio de electores.

Tampoco esto era suficiente, y en el caso de que lograsen concretar la alianza y el candidato fuese popular, todavía había que estrecharle más su margen de maniobra, y esto se logra con otra iniciativa dirigida a reducir y limitar el destino del financiamiento público para la obtención del voto. La reducción en realidad es menor, pues la legislación del Estado de México es muy generosa y actualmente establece que para dichas actividades se otorgará a los partidos políticos una cantidad equivalente al doble del que reciben para actividades ordinarias, es decir, 200% más, y lo reduce a 190%.

Pero adicionalmente se establece que dicho financiamiento debe “aplicarse exclusivamente al desarrollo de las actividades directamente relacionadas con la obtención del voto dentro de la campaña electoral de que se trate”, lo cual eventualmente lo reducirá todavía más, dado que el límite de gastos de campaña puede ser inferior a la suma de los recursos que por dicha modalidad recibirán los partidos coaligados, lo cual obligaría a regresar dicho dinero.

Peña Nieto sabe de sobra el impacto que tendría sobre sus aspiraciones presidenciales una eventual derrota en la contienda electoral del 3 de julio del 2011, y, por ello, no está dispuesto a correr ningún riesgo. Así, por lo pronto, colocó en las normas constitucionales y legales las disposiciones necesarias para asegurar al candidato de su partido condiciones ventajosas o, al menos, no tan competitivas.

Transparencia inútil

JESúS CANTú

La transparencia, el acceso a la información pública, la creación de un órgano de fiscalización con “autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones” y el desarrollo de medios de comunicación más distantes del poder político permiten a la opinión pública conocer con más puntualidad los abusos y excesos de los servidores públicos; lamentablemente, esto no se traduce en un mejor ejercicio ni en el control de la autoridad y el poder.

Según los estudiosos del tema, los tres elementos indispensables de la rendición de cuentas son: información, justificación y sanción. La transparencia sin rendición de cuentas equivale al cinismo, pues simplemente se traduce en el conocimiento público de la corrupción y las arbitrariedades de los funcionarios, pero no permite castigarlas.

Sus consecuencias sobre la vida democrática son funestas, pues provoca que estos actos se extiendan y se reproduzcan ante la permisividad o inoperancia de las instituciones, y con el consecuente desánimo de la ciudadanía ante la ausencia de soluciones.

Eso es precisamente lo que sucede en México, pues únicamente se avanza en la transparencia, pero no en los ámbitos de la justificación y la sanción.

Los casos se repiten: primero fueron los escándalos públicos por la intromisión del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, en el asunto de Lydia Cacho y la absolución del mandatario por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el argumento de que las violaciones a los derechos humanos no eran lo suficientemente graves; después, el mismo tribunal exoneró al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, al procurador general Eduardo Medina Mora y a los altos mandos policiacos federal y estatal, pues aunque admitió que se cometieron graves violaciones a las garantías individuales contra los pobladores de San Salvador Atenco, determinó que los únicos responsables son los policías ejecutores de las órdenes y sus jefes inmediatos.

Por otra parte, son constantes las denuncias de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) sobre la falta de sanciones a los funcionarios que se niegan a acatar las resoluciones de esa instancia. De acuerdo con una información publicada en El Universal, en los primeros cuatro años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información (2003-2007) únicamente 14 funcionarios federales enfrentaron las consecuencias de incumplir las resoluciones del IFAI, y la mayor de las sanciones fue la destitución del responsable y su inhabilitación por un año para ocupar un cargo público.

Otro ejemplo. Tras entregar a la Cámara de Diputados el informe de su revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2007 –el primer año de ejercicio del gobierno de Felipe Calderón–, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, lamentó que haya tantos obstáculos y limitaciones para la aplicación de sanciones.

Y en una entrevista con el diario Reforma el auditor señaló que, en más de siete años que él lleva al frente de la institución, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha resuelto ninguna de las 24 denuncias penales que la ASF ha interpuesto contra funcionarios que desviaron o aplicaron inadecuadamente los recursos públicos. Mencionó también la falta de firmeza que en ese aspecto ha demostrado la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En la revisión de las cuentas públicas el problema es muy claro. El auditor documenta los hechos, finca las responsabilidades y presenta las denuncias, pero los responsables de las irregularidades (y en ocasiones delitos) no son castigados, ya que la aplicación de la sanción depende del mismo poder en que se cometieron las irregularidades: el Ejecutivo.

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF procederá a determinar los daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos federales, “fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas”; “promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades”; y “presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar”. Casi en todos los casos, las “autoridades competentes” son la PGR y la SFP.

Así, los obstáculos para hacer efectiva la rendición de cuentas aparecen en todos los ámbitos y tienen distintos grados de complejidad. Sin embargo, las responsabilidades administrativas tienen una solución muy obvia y que permitiría avanzar en la materia: la creación de una instancia independiente del Poder Ejecutivo que sea la responsable de instruir y resolver las quejas que se finquen contra los funcionarios públicos federales. Esta medida beneficiaría directamente al IFAI y a la ASF, además de que puede brindar una opción más confiable para que la ciudadanía interponga sus quejas.

El hecho de que actualmente sean los Órganos Internos de Control (OIC), dependientes de la SFP, los responsables de cumplir esas tareas, impide su adecuado funcionamiento, ya que finalmente todos ellos dependen del presidente de la República y, por lo mismo, se producen las complicidades. Pero si el responsable de atender las quejas administrativas fuese un órgano autónomo, al que pudieran acudir los propios OIC en el caso de que detectaran irregularidades, el asunto cambiaría diametralmente, pues ya no habría esos conflictos y el nuevo órgano tendría esa única responsabilidad.

El problema es dónde colocarlo. En una lógica integral, ese órgano nuevo no debería pertenecer al Poder Judicial, ya que éste puede ser requerido en un litigio como instancia posterior. Así que las únicas opciones son, en primer lugar, adscribirlo a la ASF, otorgándole a ésta autonomía constitucional –como lo demanda González de Aragón– o bien crear otro órgano autónomo.

Cualquier otra opción, incluida la de adscribir ese órgano al Poder Judicial, parece mejor que mantener las condiciones actuales, pues cuando se trata de fincarles responsabilidades administrativas a los servidores públicos, los OIC forman un valladar infranqueable, como lo muestran las estadísticas, así como las críticas de los comisionados del IFAI y del titular de la ASF.