Transparencia inútil

JESúS CANTú

La transparencia, el acceso a la información pública, la creación de un órgano de fiscalización con “autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones” y el desarrollo de medios de comunicación más distantes del poder político permiten a la opinión pública conocer con más puntualidad los abusos y excesos de los servidores públicos; lamentablemente, esto no se traduce en un mejor ejercicio ni en el control de la autoridad y el poder.

Según los estudiosos del tema, los tres elementos indispensables de la rendición de cuentas son: información, justificación y sanción. La transparencia sin rendición de cuentas equivale al cinismo, pues simplemente se traduce en el conocimiento público de la corrupción y las arbitrariedades de los funcionarios, pero no permite castigarlas.

Sus consecuencias sobre la vida democrática son funestas, pues provoca que estos actos se extiendan y se reproduzcan ante la permisividad o inoperancia de las instituciones, y con el consecuente desánimo de la ciudadanía ante la ausencia de soluciones.

Eso es precisamente lo que sucede en México, pues únicamente se avanza en la transparencia, pero no en los ámbitos de la justificación y la sanción.

Los casos se repiten: primero fueron los escándalos públicos por la intromisión del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, en el asunto de Lydia Cacho y la absolución del mandatario por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el argumento de que las violaciones a los derechos humanos no eran lo suficientemente graves; después, el mismo tribunal exoneró al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, al procurador general Eduardo Medina Mora y a los altos mandos policiacos federal y estatal, pues aunque admitió que se cometieron graves violaciones a las garantías individuales contra los pobladores de San Salvador Atenco, determinó que los únicos responsables son los policías ejecutores de las órdenes y sus jefes inmediatos.

Por otra parte, son constantes las denuncias de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) sobre la falta de sanciones a los funcionarios que se niegan a acatar las resoluciones de esa instancia. De acuerdo con una información publicada en El Universal, en los primeros cuatro años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información (2003-2007) únicamente 14 funcionarios federales enfrentaron las consecuencias de incumplir las resoluciones del IFAI, y la mayor de las sanciones fue la destitución del responsable y su inhabilitación por un año para ocupar un cargo público.

Otro ejemplo. Tras entregar a la Cámara de Diputados el informe de su revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2007 –el primer año de ejercicio del gobierno de Felipe Calderón–, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, lamentó que haya tantos obstáculos y limitaciones para la aplicación de sanciones.

Y en una entrevista con el diario Reforma el auditor señaló que, en más de siete años que él lleva al frente de la institución, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha resuelto ninguna de las 24 denuncias penales que la ASF ha interpuesto contra funcionarios que desviaron o aplicaron inadecuadamente los recursos públicos. Mencionó también la falta de firmeza que en ese aspecto ha demostrado la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En la revisión de las cuentas públicas el problema es muy claro. El auditor documenta los hechos, finca las responsabilidades y presenta las denuncias, pero los responsables de las irregularidades (y en ocasiones delitos) no son castigados, ya que la aplicación de la sanción depende del mismo poder en que se cometieron las irregularidades: el Ejecutivo.

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF procederá a determinar los daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos federales, “fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas”; “promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades”; y “presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar”. Casi en todos los casos, las “autoridades competentes” son la PGR y la SFP.

Así, los obstáculos para hacer efectiva la rendición de cuentas aparecen en todos los ámbitos y tienen distintos grados de complejidad. Sin embargo, las responsabilidades administrativas tienen una solución muy obvia y que permitiría avanzar en la materia: la creación de una instancia independiente del Poder Ejecutivo que sea la responsable de instruir y resolver las quejas que se finquen contra los funcionarios públicos federales. Esta medida beneficiaría directamente al IFAI y a la ASF, además de que puede brindar una opción más confiable para que la ciudadanía interponga sus quejas.

El hecho de que actualmente sean los Órganos Internos de Control (OIC), dependientes de la SFP, los responsables de cumplir esas tareas, impide su adecuado funcionamiento, ya que finalmente todos ellos dependen del presidente de la República y, por lo mismo, se producen las complicidades. Pero si el responsable de atender las quejas administrativas fuese un órgano autónomo, al que pudieran acudir los propios OIC en el caso de que detectaran irregularidades, el asunto cambiaría diametralmente, pues ya no habría esos conflictos y el nuevo órgano tendría esa única responsabilidad.

El problema es dónde colocarlo. En una lógica integral, ese órgano nuevo no debería pertenecer al Poder Judicial, ya que éste puede ser requerido en un litigio como instancia posterior. Así que las únicas opciones son, en primer lugar, adscribirlo a la ASF, otorgándole a ésta autonomía constitucional –como lo demanda González de Aragón– o bien crear otro órgano autónomo.

Cualquier otra opción, incluida la de adscribir ese órgano al Poder Judicial, parece mejor que mantener las condiciones actuales, pues cuando se trata de fincarles responsabilidades administrativas a los servidores públicos, los OIC forman un valladar infranqueable, como lo muestran las estadísticas, así como las críticas de los comisionados del IFAI y del titular de la ASF.