E D I T O R I A L
Opacidad en el foxismo
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, entregó la revisión de la Cuenta Pública de 2006, documento en el que se infiere que los ingresos adicionales de los que dispuso la administración panista en ese año –el último del sexenio de Vicente Fox– ascendieron a 310 mil millones de pesos.
El dato es de suyo motivo de escándalo e indignación, pues, no obstante todo ese dinero, la economía nacional creció durante el sexenio pasado a niveles magros (2.3 por ciento en promedio); entre 2000 y 2006 sólo se generaron en el país unos 224 mil empleos por año; se incrementó la deuda pública –en el sexenio se acumularon cerca de 400 mil millones de pesos por concepto de Pidiregas– y, por si fuera poco, buena parte de los miles de millones de pesos de los que dispuso el gobierno foxista sencillamente no aparecen hoy por ninguna parte. De tal forma, las cifras que se comentan son indicativas de la ineficiencia, la irresponsabilidad y la turbiedad con que el gobierno pasado manejó el dinero público, colocan al foxismo como la peor administración en los últimos 18 años y alimentan las sospechas de corrupción que pesan sobre el autodenominado "gobierno del cambio".
Ante ello, las autoridades actuales tendrían la responsabilidad legal y moral de emprender las pesquisas correspondientes en contra del ex presidente panista, pero hasta ahora, y a pesar de la evidencia documental aportada por la propia ASF en torno a su manejo por lo menos deficiente de los recursos públicos, el calderonismo ha optado por declinar esas responsabilidades y ha provocado, con ello, acrecentar la sospecha, inexorablemente sembrada en amplias franjas de la sociedad, de que el actual ocupante de Los Pinos mantiene con su antecesor una suerte de pacto de impunidad por la injerencia de este último en el proceso electoral de 2006, y de las acciones que, tanto dentro como fuera de la legalidad, emprendió Vicente Fox para minar el camino a la Presidencia al principal candidato de oposición.
Con tal actitud, el presente gobierno no sólo parece empeñado en profundizar el déficit de legitimidad que arrastra de origen, sino que se muestra como un régimen encubridor del desaseo en el ejercicio del poder y deteriora aún más la imagen del conjunto de la clase política y de las instituciones ante la población, pues contribuye a que la Presidencia de la República sea percibida como un espacio de impunidad, ineficacia y corrupción.
Por otra parte, es claro que la opacidad con que se condujo la administración de Vicente Fox no sólo resulta reprochable desde un punto de vista ético o legal, sino también desde el ámbito económico, consideración particularmente relevante en un momento en que el país se enfrenta a una grave crisis económica y en el que los recursos públicos –necesarios para la aplicación de programas sociales y la reactivación de la economía– escasean: a pesar de las cuantiosas sumas que entraron a las arcas nacionales gracias, entre otras cosas, a los elevados precios internacionales de los hidrocarburos, el gobierno foxista aportó mucho menos que sus antecesores a la promoción del empleo, el mejoramiento de los servicios educativos y de salud, la construcción de infraestructura y el combate real a la pobreza y a la marginación. Ciertamente, al margen de que el foxismo haya tenido poco o mucho que ver en la configuración de los presentes descalabros financieros, bursátiles y económicos, es por demás reprochable su falta de previsión, de transparencia y, presumiblemente, de honestidad en el manejo de los recursos de la nación.
En suma, a casi una década de la alternancia de siglas y de colores en la Presidencia de la República, la sociedad parece asistir a la confirmación de las viejas prácticas de los sexenios priístas, cuando los mandatarios entrantes se encargaban de cuidar las espaldas de sus antecesores y extendían con ello una cadena de impunidad transexenal. Tal perspectiva resulta catastrófica para el país en términos de justicia y pone en entredicho el pretendido avance que supuso la alternancia en el poder, pues tal parece que las cosas cambiaron para seguir igual.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados, entregó la revisión de la Cuenta Pública de 2006, documento en el que se infiere que los ingresos adicionales de los que dispuso la administración panista en ese año –el último del sexenio de Vicente Fox– ascendieron a 310 mil millones de pesos.
El dato es de suyo motivo de escándalo e indignación, pues, no obstante todo ese dinero, la economía nacional creció durante el sexenio pasado a niveles magros (2.3 por ciento en promedio); entre 2000 y 2006 sólo se generaron en el país unos 224 mil empleos por año; se incrementó la deuda pública –en el sexenio se acumularon cerca de 400 mil millones de pesos por concepto de Pidiregas– y, por si fuera poco, buena parte de los miles de millones de pesos de los que dispuso el gobierno foxista sencillamente no aparecen hoy por ninguna parte. De tal forma, las cifras que se comentan son indicativas de la ineficiencia, la irresponsabilidad y la turbiedad con que el gobierno pasado manejó el dinero público, colocan al foxismo como la peor administración en los últimos 18 años y alimentan las sospechas de corrupción que pesan sobre el autodenominado "gobierno del cambio".
Ante ello, las autoridades actuales tendrían la responsabilidad legal y moral de emprender las pesquisas correspondientes en contra del ex presidente panista, pero hasta ahora, y a pesar de la evidencia documental aportada por la propia ASF en torno a su manejo por lo menos deficiente de los recursos públicos, el calderonismo ha optado por declinar esas responsabilidades y ha provocado, con ello, acrecentar la sospecha, inexorablemente sembrada en amplias franjas de la sociedad, de que el actual ocupante de Los Pinos mantiene con su antecesor una suerte de pacto de impunidad por la injerencia de este último en el proceso electoral de 2006, y de las acciones que, tanto dentro como fuera de la legalidad, emprendió Vicente Fox para minar el camino a la Presidencia al principal candidato de oposición.
Con tal actitud, el presente gobierno no sólo parece empeñado en profundizar el déficit de legitimidad que arrastra de origen, sino que se muestra como un régimen encubridor del desaseo en el ejercicio del poder y deteriora aún más la imagen del conjunto de la clase política y de las instituciones ante la población, pues contribuye a que la Presidencia de la República sea percibida como un espacio de impunidad, ineficacia y corrupción.
Por otra parte, es claro que la opacidad con que se condujo la administración de Vicente Fox no sólo resulta reprochable desde un punto de vista ético o legal, sino también desde el ámbito económico, consideración particularmente relevante en un momento en que el país se enfrenta a una grave crisis económica y en el que los recursos públicos –necesarios para la aplicación de programas sociales y la reactivación de la economía– escasean: a pesar de las cuantiosas sumas que entraron a las arcas nacionales gracias, entre otras cosas, a los elevados precios internacionales de los hidrocarburos, el gobierno foxista aportó mucho menos que sus antecesores a la promoción del empleo, el mejoramiento de los servicios educativos y de salud, la construcción de infraestructura y el combate real a la pobreza y a la marginación. Ciertamente, al margen de que el foxismo haya tenido poco o mucho que ver en la configuración de los presentes descalabros financieros, bursátiles y económicos, es por demás reprochable su falta de previsión, de transparencia y, presumiblemente, de honestidad en el manejo de los recursos de la nación.
En suma, a casi una década de la alternancia de siglas y de colores en la Presidencia de la República, la sociedad parece asistir a la confirmación de las viejas prácticas de los sexenios priístas, cuando los mandatarios entrantes se encargaban de cuidar las espaldas de sus antecesores y extendían con ello una cadena de impunidad transexenal. Tal perspectiva resulta catastrófica para el país en términos de justicia y pone en entredicho el pretendido avance que supuso la alternancia en el poder, pues tal parece que las cosas cambiaron para seguir igual.
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