Carmen
Néstor de Buen
ACarmen Aristegui le tengo un gran afecto que se une a mi profunda admiración a su extraordinario papel en el difícil mundo de la prensa y la radio. Somos amigos de trato muy infrecuente, pero he tenido la oportunidad, me parece, de haber participado en algún programa con ella.
Su despido me causó una profunda impresión. Obviamente que lo vi desde la perspectiva laboral y me pareció que su patrón había cometido una barbaridad omitiendo los requisitos formales que se asocian al despido, particularmente la expedición de una constancia en la que se expresen los motivos, en la inteligencia de que omitir ese requisito formal hace por sí mismo injustificado el despido.
Sin embargo, después de leer el amplio mensaje que distribuyó Carmen, advertí que el problema no era obrero-patronal, para utilizar la expresión habitual, sino el resultado de una exigencia de la Presidencia de la República. Afortunadamente las cosas han cambiado y Carmen recuperará su puesto y nosotros su voz.
Al leer su mensaje, que una amiga me hizo llegar por correo, me llamó la atención el respeto y el afecto con el que Carmen se expresa de los socios de MVS, lo que lleva a la conclusión de que en esta historia hay otro culpable y, por lo visto, hubo presión política para la empresa, que se vio en riesgo de perder la concesión, lo que abunda en la tesis vigente de que en esa materia: televisión, radio y prensa, hay un conjunto de favoritos y otro de inconformes, que es abundante, por cierto, pero que sienten una dependencia incómoda del gobierno.
No hay que olvidar el texto del artículo séptimo constitucional, que declara inviolable la libertad de escribir o publicar artículos sobre cualquier materia. Bien cierto es que en el mismo artículo se reconoce la necesidad de respetar la vida privada, la moral y la paz pública. Pero lo que hizo Carmen fue, como tantos otros periodistas, comentar un hecho que ya era más que conocido por haber sido difundido de manera más que gráfica por la televisión.
Desde luego que con ello Carmen no violó derecho alguno ni se colocó en la condición de no respetar sus deberes como trabajadora de una estación de radio. No había motivo de despido, desde luego, ni tampoco de una reacción violenta en contra de la estación por parte del Estado.
Sin la menor duda, los hombres públicos están sujetos a todo tipo de críticas, independientemente de su jerarquía. No podríamos aceptar vivir en un régimen que prohibiera los comentarios desagradables sobre las costumbres privadas de los funcionarios públicos.
En todo caso, podría invocarse que lo que se produjo en la Cámara de Diputados fue un acto de mal gusto, pero hecho en el ámbito donde tienen su actividad principal los políticos, que lógicamente defienden los puntos de vista de sus partidos, y no se puede olvidar lo previsto en el artículo 61 de la Constitución, en el que se afirma que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.
Es más que evidente que la prensa –presente de manera permanente en los locales del Congreso de la Unión– tiene todo el derecho de dar a conocer cualquier acontecimiento que se produzca de manera pública, ya que esa es su función principal, de la misma manera que resultan válidos, por la misma razón, los comentarios que se puedan hacer públicamente sobre sus dichos.
En el caso especial podría invocarse que no es razonable afirmar que se produce en un funcionario una conducta indebida. Pero la estética de la actuación y, sobre todo, los comentarios públicos que se puedan hacer sobre ella, no puede ser sancionada de manera alguna.
Estamos en presencia, en todo caso, de un problema de mal gusto. A mí me parece que a los políticos se les debe criticar públicamente sobre su conducta política, pero no en la personal, salvo que tenga que ver con sus principales responsabilidades.
También es de mal gusto entrar a caballo en la sede de la Cámara de Diputados, aunque nadie puede dudar del efecto político que pueda tener y que notoriamente se busca.
Me alegra enormemente que Carmen esté de nuevo en su papel habitual, que ejerce de manera brillante. En México nos hace mucha falta contar con comentaristas de los sucesos políticos, y no hay que olvidar el principio fundamental de la libertad de expresión.
Su despido me causó una profunda impresión. Obviamente que lo vi desde la perspectiva laboral y me pareció que su patrón había cometido una barbaridad omitiendo los requisitos formales que se asocian al despido, particularmente la expedición de una constancia en la que se expresen los motivos, en la inteligencia de que omitir ese requisito formal hace por sí mismo injustificado el despido.
Sin embargo, después de leer el amplio mensaje que distribuyó Carmen, advertí que el problema no era obrero-patronal, para utilizar la expresión habitual, sino el resultado de una exigencia de la Presidencia de la República. Afortunadamente las cosas han cambiado y Carmen recuperará su puesto y nosotros su voz.
Al leer su mensaje, que una amiga me hizo llegar por correo, me llamó la atención el respeto y el afecto con el que Carmen se expresa de los socios de MVS, lo que lleva a la conclusión de que en esta historia hay otro culpable y, por lo visto, hubo presión política para la empresa, que se vio en riesgo de perder la concesión, lo que abunda en la tesis vigente de que en esa materia: televisión, radio y prensa, hay un conjunto de favoritos y otro de inconformes, que es abundante, por cierto, pero que sienten una dependencia incómoda del gobierno.
No hay que olvidar el texto del artículo séptimo constitucional, que declara inviolable la libertad de escribir o publicar artículos sobre cualquier materia. Bien cierto es que en el mismo artículo se reconoce la necesidad de respetar la vida privada, la moral y la paz pública. Pero lo que hizo Carmen fue, como tantos otros periodistas, comentar un hecho que ya era más que conocido por haber sido difundido de manera más que gráfica por la televisión.
Desde luego que con ello Carmen no violó derecho alguno ni se colocó en la condición de no respetar sus deberes como trabajadora de una estación de radio. No había motivo de despido, desde luego, ni tampoco de una reacción violenta en contra de la estación por parte del Estado.
Sin la menor duda, los hombres públicos están sujetos a todo tipo de críticas, independientemente de su jerarquía. No podríamos aceptar vivir en un régimen que prohibiera los comentarios desagradables sobre las costumbres privadas de los funcionarios públicos.
En todo caso, podría invocarse que lo que se produjo en la Cámara de Diputados fue un acto de mal gusto, pero hecho en el ámbito donde tienen su actividad principal los políticos, que lógicamente defienden los puntos de vista de sus partidos, y no se puede olvidar lo previsto en el artículo 61 de la Constitución, en el que se afirma que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.
Es más que evidente que la prensa –presente de manera permanente en los locales del Congreso de la Unión– tiene todo el derecho de dar a conocer cualquier acontecimiento que se produzca de manera pública, ya que esa es su función principal, de la misma manera que resultan válidos, por la misma razón, los comentarios que se puedan hacer públicamente sobre sus dichos.
En el caso especial podría invocarse que no es razonable afirmar que se produce en un funcionario una conducta indebida. Pero la estética de la actuación y, sobre todo, los comentarios públicos que se puedan hacer sobre ella, no puede ser sancionada de manera alguna.
Estamos en presencia, en todo caso, de un problema de mal gusto. A mí me parece que a los políticos se les debe criticar públicamente sobre su conducta política, pero no en la personal, salvo que tenga que ver con sus principales responsabilidades.
También es de mal gusto entrar a caballo en la sede de la Cámara de Diputados, aunque nadie puede dudar del efecto político que pueda tener y que notoriamente se busca.
Me alegra enormemente que Carmen esté de nuevo en su papel habitual, que ejerce de manera brillante. En México nos hace mucha falta contar con comentaristas de los sucesos políticos, y no hay que olvidar el principio fundamental de la libertad de expresión.
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