Luis Javier Garrido

En picada

El país no está ya en la posibilidad de soportar las políticas de un gobierno como el actual ante las dimensiones de la crisis nacional agravada ahora por la recesión internacional que se avizora catastrófica, y los últimos acontecimientos no hacen más que ahondar la preocupación nacional.

1. La designación del litigante Fernando Gómez Mont, un hombre ajeno al grupo de Calderón, como titular de la Secretaría de Gobernación en sustitución del empresario Juan Camilo Mouriño, trágicamente desaparecido, abre un nuevo escenario en la vida política del país, pues confirma el serio desbarajuste que existe en el gobierno de facto como consecuencia de la ineptitud del grupo gobernante y de las tensiones derivadas de la disputa por el poder entre las diversas facciones de la derecha, abriéndose así un escenario aún más incierto para los mexicanos que anuncia mayor intolerancia del poder.

2. La llegada de Gómez Mont al Palacio Cobián no se ha dado como un simple relevo en un gobierno para continuar sobre la misma vía, sino como una brusca y forzada reorientación de las políticas del gobierno de facto que está siendo obligado por quienes lo respaldan –y controlan– a rectificar en una serie de cuestiones fundamentales para todos aquellos que comparten el poder de manera patrimonial y que lo utilizan de manera insaciable como un botín.

3. El escenario es claro, pues aún no concluido un tercio de su sexenio, Felipe Calderón se ve forzado a perder la Secretaría de Gobernación quedando reducido cada vez más al papel figurativo que aceptó el primero de diciembre de 2006, y sin más alternativa que buscar retirarle al nuevo secretario, por la vía de las decisiones de facto, algunas de las funciones que asumía Mouriño: de la jefatura del gabinete a la responsabilidad de la seguridad nacional, pasando por la propaganda del gobierno.

4. El relevo de Mouriño –hombre de confianza de Calderón– por Fernando Gómez Mont –pieza de Diego y del salinismo– no es, por consiguiente, para proseguir las mismas políticas de su predecesor, sino para operar un viraje significativo en los asuntos que constituyeron motivo de divergencias en el interior de la coalición de grupos de derecha que asaltaron el gobierno en 2006 marcando la sorda lucha por el poder en estos meses, y que desde ahora se percibe van a ser en al menos cuatro aspectos significativos: a) los grandes negocios y en especial los del petróleo, b) la relación con los cárteles del narcotráfico, c) el reparto de cuotas entre el PRI y el PAN en las legislativas de 2009 y, desde luego, d) la sucesión en 2012.

5. La propaganda mentirosa del gobierno tras el nombramiento como secretario de Gobernación del que fuera amanuense de Diego Fernández de Cevallos, pretendiendo que el nuevo titular de Bucareli es un militante ortodoxo del PAN, se cae ante los hechos. A pesar de ser vástago de un abogado panista, Fernando Gómez Mont estuvo desde el sexenio salinista, al igual que Diego, más cerca del PRI que desde su propio partido, por lo que se le considera con toda razón miembro fundador del PRIAN: de esa extraña alianza entre tecnócratas priístas y panistas que ha sostenido que el botín del poder alcanza para todos ellos. En 1995, como se recuerda, los legisladores blanquiazules que acudieron a Los Pinos a “negociar” la “reforma judicial” de entonces, quedaron estupefactos cuando Zedillo mandó a su “asesor” Fernando Gómez Mont a tratar con ellos y lo empezaron a considerar persona non grata.

6. Lo más significativo del cambio es, sin embargo, que nunca antes en la historia reciente del país se había designado para el cargo –con la excepción quizás de Fernando Gutiérrez Barrios en 1988– a un personaje con antecedentes tan turbios como los de Fernando Gómez Mont, y con tal cola que le pisen que lo hace inviable para 2012. Gómez Mont fue señalado durante los años en que trabajó con Fernández de Cevallos de enriquecerse al igual que éste en el trafico de influencias por sus vínculos con el priísmo, lo que lo asemeja a Mouriño, y desde entonces ha estado vinculado en el ejercicio profesional de manera sistemática a algunos de los peores delincuentes de los tiempos recientes, pertenecientes todos curiosamente al mismo grupo político y económico: el salinismo. Con sus defensas de Raúl Salinas de Gortari, de Carlos Cabal Peniche, de Jorge Lankenau, de Ángel Isidoro Rodríguez, de Enrique Salinas de Gortari o de Gérard de Prevoisin fue de escándalo en escándalo, lo que culminó cuando en 1997, a la supuesta muerte, velorio y entierro de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, Diego y él fueron señalados en los medios por ser apoderados, uno de la clínica en que, se dijo, habría muerto el capo emblemático de los años del salinismo y otro de la funeraria que se ocupó del tenebroso asunto.

7. El desastre de Calderón es, por consiguiente, múltiple, pues pierde el control de Bucareli y al mismo tiempo arrecian las críticas en el interior de su grupo por su actuación tras la tragedia. La torpeza de Luis Téllez, titular de Comunicaciones, por tratar de imponer sin que mediara investigación la tesis del “accidente”, a pesar de las evidencias de que el avión de Mouriño traía fuego en la aleta antes de caer (Proceso 1671) generó enorme desconfianza, pero la intervención repentina del embajador estadunidense Tony Garza, en una más de sus torpes –y reveladoras– actitudes injerencistas, diciendo que la investigación que iba a durar semanas, meses o años ya concluyó y que se trató de “un accidente” (12 de noviembre) sólo confirma que la disputa de las mafias en el poder es mayor de lo que se supone.

8. Los cuestionamientos sobre lo que acontece no hacen, en consecuencia, más que multiplicarse en todos los ámbitos, pero la conclusión que emerge es la misma: este gobierno de facto de la derecha no es el gobierno de los mexicanos.

9. La imposición que consintiera Felipe Calderón de Fernando Gomez Mont tras la desaparición no aclarada de Mouriño le recuerda que no ganó la Presidencia en las urnas, sino por la vía del fraude, que el acuerdo que tuvo con sus aliados –y protectores– fue compartir los beneficios del ejercicio del poder y que las grandes decisiones que afectan los intereses de los grupos oligárquicos tienen que seguir siendo consultadas y negociadas entre las facciones de la derecha, aunque ya se sabe que a espaldas y en contra de los intereses del pueblo.

10. La respuesta popular ante la crisis moral del régimen de la derecha en México está siendo, por lo tanto, una mejor organización del pueblo para defender sus derechos y los de la nación que aún sigue siendo soberana.