El bumerán de las alianzas
Luis Hernández Navarro
No es una maldición, pero casi. Las alianzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con los gobiernos panistas para incrementar el IVA han terminado convirtiéndose en un bumerán para quienes las impulsan. Promovidas por las dirigencias del tricolor para obtener ganancias inmediatas, han provocado que sus impulsores paguen una costosa factura política.
En 2003, Elba Esther Gordillo, coordinadora del PRI en la Cámara de Diputados, pactó con Vicente Fox un paquete económico a espaldas de su grupo parlamentario. Justificó su acción en nombre de los grandes intereses nacionales. Para ella fue el principio del fin dentro del partido: primero fue destituida de la coordinación y después tuvo que abandonar las filas de su instituto político.
Hoy, una nueva bomba ha estallado en las manos de Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes. La difusión pública del convenio secreto signado entre la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) y el tricolor, para que el Revolucionario Institucional aprobara el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación y el aumento de impuestos en el pasado periodo Legislativo a cambio de que el blanquiazul no se aliara con otros partidos políticos en las próximas elecciones del estado de México, ha provocado un verdadero cataclismo político en las elites.
De entrada, entre amplios sectores de la población ha quedado claro que el incremento aprobado a impuestos en IVA, telefonía, gasolina, gas, electricidad, no era realmente una necesidad económica de la nación, sino una maniobra para intercambiar votos por impuestos en favor del gobernador del estado de México. A los signatarios del pacto no les importaron las graves consecuencias del paquete económico entre la población ni la contracción del mercado interno ni las presiones inflacionarias ni la disminución del poder de compra. Su prioridad era otra: conseguir recursos y garantizar una competencia electoral que no pusiera en riesgo la candidatura de Peña Nieto a la Presidencia de la República.
Para evitar una derrota en su entidad, al político favorito de Televisa, al galán resplandeciente de las revistas del corazón, no le importó utilizar al Congreso y hacer un acuerdo lamentable para la gente más necesitada.
La divulgación en los medios de comunicación del pacto tricolor-blanquiazul hizo evidente, también, la estrecha alianza amarrada entre la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, y Enrique Peña Nieto, en la ruta del 2012. ¿Por qué, si no, se concentró exclusivamente en evitar las alianzas del partido en el gobierno con otros institutos políticos en el estado de México para los comicios de 2011 y dejó fuera del acuerdo los otros 11 estados donde se efectuarán elecciones este año? ¿Por qué no incluyó, por ejemplo, el veto a la coalición electoral en torno a Gabino Cué cocinada en Oaxaca, que tiene posibilidades razonables de triunfo?
Finalmente, puso en los reflectores a Francisco Rojas, coordinador de la fracción del PRI en San Lázaro y actor importante de este acuerdo. La historia se repite. Casualmente, en 2003, cuando Elba Esther se amarró con Vicente Fox para acordar una reforma parcialmente parecida, él era el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Después de las elecciones federales de 2009, un número importante de analistas políticos concluyeron que el regreso del tricolor a Los Pinos en 2012 y la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto eran un hecho consumado. Desde la barra “analítica” de Televisa, diversos intelectuales mediáticos del Canal de las Estrellas vaticinaron el retorno de Atlacomulco reloaded. La derrota del PAN fue tan contundente en ese año, y el capital político del encopetado tan grande, que se creó la imagen (interesada) de un candidato invencible ¡tres años antes de la realización de los comicios!
El efecto inmediato de las coaliciones electorales para disputar gubernaturas entre el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha sido construir en la opinión pública la idea de que el futuro electoral no está (aún) escrito, y de que, por más que en sus viajes al Vaticano el gobernador del estado de México se comporte como un faraón, su triunfo en las presidenciales no está asegurado. Si se observan con cuidado las entidades donde las alianzas electorales entre el sol azteca y el partido del gobierno se han materializado, puede concluirse que casi en todas ellas el candidato a gobernador del PRI está alineado con el encopetado. Se trata, en los hechos, de una coalición anti Peña Nieto sin sustento programático alguno.
Las alianzas entre partidos con plataformas ideológicas enfrentadas y la divulgación del acuerdo para intercambiar impuestos por votos profundizarán, aún más, el descrédito de la clase política entre amplias franjas de los votantes.
El sol azteca está apostando todo a una jugada politiquera de corto plazo que lo alejará, aún más, de importantes sectores de la población. Se ha convertido –¡vaya novedad!– en un instrumento para dirimir las pugnas entre las elites, pero no para impulsar una política autónoma de los subalternos. Basta ver el desastre de los gobiernos perredistas en Chiapas y Guerrero para anticipar lo que sucederá si esas coaliciones tienen éxito.
En 2003, Elba Esther Gordillo, coordinadora del PRI en la Cámara de Diputados, pactó con Vicente Fox un paquete económico a espaldas de su grupo parlamentario. Justificó su acción en nombre de los grandes intereses nacionales. Para ella fue el principio del fin dentro del partido: primero fue destituida de la coordinación y después tuvo que abandonar las filas de su instituto político.
Hoy, una nueva bomba ha estallado en las manos de Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes. La difusión pública del convenio secreto signado entre la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) y el tricolor, para que el Revolucionario Institucional aprobara el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación y el aumento de impuestos en el pasado periodo Legislativo a cambio de que el blanquiazul no se aliara con otros partidos políticos en las próximas elecciones del estado de México, ha provocado un verdadero cataclismo político en las elites.
De entrada, entre amplios sectores de la población ha quedado claro que el incremento aprobado a impuestos en IVA, telefonía, gasolina, gas, electricidad, no era realmente una necesidad económica de la nación, sino una maniobra para intercambiar votos por impuestos en favor del gobernador del estado de México. A los signatarios del pacto no les importaron las graves consecuencias del paquete económico entre la población ni la contracción del mercado interno ni las presiones inflacionarias ni la disminución del poder de compra. Su prioridad era otra: conseguir recursos y garantizar una competencia electoral que no pusiera en riesgo la candidatura de Peña Nieto a la Presidencia de la República.
Para evitar una derrota en su entidad, al político favorito de Televisa, al galán resplandeciente de las revistas del corazón, no le importó utilizar al Congreso y hacer un acuerdo lamentable para la gente más necesitada.
La divulgación en los medios de comunicación del pacto tricolor-blanquiazul hizo evidente, también, la estrecha alianza amarrada entre la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, y Enrique Peña Nieto, en la ruta del 2012. ¿Por qué, si no, se concentró exclusivamente en evitar las alianzas del partido en el gobierno con otros institutos políticos en el estado de México para los comicios de 2011 y dejó fuera del acuerdo los otros 11 estados donde se efectuarán elecciones este año? ¿Por qué no incluyó, por ejemplo, el veto a la coalición electoral en torno a Gabino Cué cocinada en Oaxaca, que tiene posibilidades razonables de triunfo?
Finalmente, puso en los reflectores a Francisco Rojas, coordinador de la fracción del PRI en San Lázaro y actor importante de este acuerdo. La historia se repite. Casualmente, en 2003, cuando Elba Esther se amarró con Vicente Fox para acordar una reforma parcialmente parecida, él era el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Después de las elecciones federales de 2009, un número importante de analistas políticos concluyeron que el regreso del tricolor a Los Pinos en 2012 y la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto eran un hecho consumado. Desde la barra “analítica” de Televisa, diversos intelectuales mediáticos del Canal de las Estrellas vaticinaron el retorno de Atlacomulco reloaded. La derrota del PAN fue tan contundente en ese año, y el capital político del encopetado tan grande, que se creó la imagen (interesada) de un candidato invencible ¡tres años antes de la realización de los comicios!
El efecto inmediato de las coaliciones electorales para disputar gubernaturas entre el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha sido construir en la opinión pública la idea de que el futuro electoral no está (aún) escrito, y de que, por más que en sus viajes al Vaticano el gobernador del estado de México se comporte como un faraón, su triunfo en las presidenciales no está asegurado. Si se observan con cuidado las entidades donde las alianzas electorales entre el sol azteca y el partido del gobierno se han materializado, puede concluirse que casi en todas ellas el candidato a gobernador del PRI está alineado con el encopetado. Se trata, en los hechos, de una coalición anti Peña Nieto sin sustento programático alguno.
Las alianzas entre partidos con plataformas ideológicas enfrentadas y la divulgación del acuerdo para intercambiar impuestos por votos profundizarán, aún más, el descrédito de la clase política entre amplias franjas de los votantes.
El sol azteca está apostando todo a una jugada politiquera de corto plazo que lo alejará, aún más, de importantes sectores de la población. Se ha convertido –¡vaya novedad!– en un instrumento para dirimir las pugnas entre las elites, pero no para impulsar una política autónoma de los subalternos. Basta ver el desastre de los gobiernos perredistas en Chiapas y Guerrero para anticipar lo que sucederá si esas coaliciones tienen éxito.
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