E D I T O R I A L
PAN-PRI: acuerdos, escándalo y engaño
Mientras el conjunto de la sociedad atestiguaba, con impotencia e indignación, la negociación y aprobación de una cascada impositiva perniciosa para los sectores populares y, en general, para el desarrollo económico y social del país, las cúpulas de la coalición política de hecho que comparte el poder político, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), suscribían, en octubre pasado, un acuerdo que obligaba al primero a no realizar ninguna alianza electoral en los comicios que se realizarán en el estado de México el año próximo, a cambio de que el segundo aprobara la referida miscelánea fiscal en el Senado de la República. Así lo señaló el pasado martes el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto –quien se vislumbra como el principal beneficiario del referido pacto–, y lo reconoció anteayer el dirigente panista, César Nava.
El episodio comentado es una muestra clara de la falta de principios, de escrúpulos y de ética que caracteriza a la clase política nacional en el momento presente. Más allá del espectáculo lamentable y vergonzoso que han protagonizado en las últimas horas las dirigencias priísta y panista –consagradas ahora al intercambio de acusaciones y a los reproches mutuos–, la suscripción de dicho acuerdo permite ponderar hasta qué punto los protagonistas de la negociación están dispuestos a transgredir el decoro institucional y las fronteras ideológicas y políticas de sus respectivos institutos partidarios en beneficio de los intereses de facción.
Ciertamente, las conductas de este tipo son cada vez menos sorprendentes. El PRI es un partido acostumbrado a la realización de maquinaciones oscuras y a los revanchismos internos y externos. Para el PAN el episodio deriva en otro golpe demoledor a su imagen y credibilidad –de por sí maltrechas–, no sólo por cuanto confirma qué tan alejado se encuentra de la práctica de la transparencia –la cual fue una de sus principales banderas en sus años en la oposición–, sino porque lo exhibe como un partido que requiere de los favores de otro instituto político para maquillar su propia ineficacia administrativa y gubernamental. Es inevitable recordar, a este respecto, el acuerdo entablado en 2003 entre el ex presidente Vicente Fox y la entonces secretaria general del tricolor, Elba Esther Gordillo, para que la segunda respaldara la aprobación de una miscelánea fiscal impopular y lesiva para los intereses de las mayorías –la cual fue finalmente rechazada– y que concluyó con la salida de Gordillo de la coordinación de la bancada priísta en San Lázaro.
Desde otra perspectiva, el episodio comentado plantea un escenario por demás desfavorable para el Ejecutivo federal. Si es verdad, como sostuvo ayer el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que Felipe Calderón no supo del acuerdo referido sino hasta enero pasado, entonces es evidente que el político michoacano carece de interlocutores confiables al interior de su propio gobierno y de su partido; si, por el contrario, tales aseveraciones resultasen falsas, quedaría en evidencia que el actual ocupante de Los Pinos buscó –o al menos avaló– el apoyo parlamentario priísta para sacar adelante su proyecto impositivo, lo cual sería indicativo de la soledad y la debilidad política que acusa la Presidencia de la República, de por sí marcada por un déficit de legitimidad desde su origen.
Sea como fuere, queda claro, con la salida a la luz pública del intercambio pactado por PAN y PRI, que esas fuerzas políticas no están dedicadas a la búsqueda y la construcción de políticas positivas para el país, la economía y las finanzas públicas; en el caso que se comenta, el primero trató de idear disposiciones convenientes para saldar el costo fiscal del Estado sin afectar los intereses empresariales y financieros nacionales e internacionales, en tanto que el segundo persiguió proteger sus capitales políticos y al más adelantado de sus precandidatos presidenciales. El país y sus habitantes, en suma, asisten con esto a la revelación de una negociación facciosa y un engaño en perjuicio de los intereses nacionales.
El episodio comentado es una muestra clara de la falta de principios, de escrúpulos y de ética que caracteriza a la clase política nacional en el momento presente. Más allá del espectáculo lamentable y vergonzoso que han protagonizado en las últimas horas las dirigencias priísta y panista –consagradas ahora al intercambio de acusaciones y a los reproches mutuos–, la suscripción de dicho acuerdo permite ponderar hasta qué punto los protagonistas de la negociación están dispuestos a transgredir el decoro institucional y las fronteras ideológicas y políticas de sus respectivos institutos partidarios en beneficio de los intereses de facción.
Ciertamente, las conductas de este tipo son cada vez menos sorprendentes. El PRI es un partido acostumbrado a la realización de maquinaciones oscuras y a los revanchismos internos y externos. Para el PAN el episodio deriva en otro golpe demoledor a su imagen y credibilidad –de por sí maltrechas–, no sólo por cuanto confirma qué tan alejado se encuentra de la práctica de la transparencia –la cual fue una de sus principales banderas en sus años en la oposición–, sino porque lo exhibe como un partido que requiere de los favores de otro instituto político para maquillar su propia ineficacia administrativa y gubernamental. Es inevitable recordar, a este respecto, el acuerdo entablado en 2003 entre el ex presidente Vicente Fox y la entonces secretaria general del tricolor, Elba Esther Gordillo, para que la segunda respaldara la aprobación de una miscelánea fiscal impopular y lesiva para los intereses de las mayorías –la cual fue finalmente rechazada– y que concluyó con la salida de Gordillo de la coordinación de la bancada priísta en San Lázaro.
Desde otra perspectiva, el episodio comentado plantea un escenario por demás desfavorable para el Ejecutivo federal. Si es verdad, como sostuvo ayer el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que Felipe Calderón no supo del acuerdo referido sino hasta enero pasado, entonces es evidente que el político michoacano carece de interlocutores confiables al interior de su propio gobierno y de su partido; si, por el contrario, tales aseveraciones resultasen falsas, quedaría en evidencia que el actual ocupante de Los Pinos buscó –o al menos avaló– el apoyo parlamentario priísta para sacar adelante su proyecto impositivo, lo cual sería indicativo de la soledad y la debilidad política que acusa la Presidencia de la República, de por sí marcada por un déficit de legitimidad desde su origen.
Sea como fuere, queda claro, con la salida a la luz pública del intercambio pactado por PAN y PRI, que esas fuerzas políticas no están dedicadas a la búsqueda y la construcción de políticas positivas para el país, la economía y las finanzas públicas; en el caso que se comenta, el primero trató de idear disposiciones convenientes para saldar el costo fiscal del Estado sin afectar los intereses empresariales y financieros nacionales e internacionales, en tanto que el segundo persiguió proteger sus capitales políticos y al más adelantado de sus precandidatos presidenciales. El país y sus habitantes, en suma, asisten con esto a la revelación de una negociación facciosa y un engaño en perjuicio de los intereses nacionales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario