Astillero
Julio Hernández López
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■ Como cuarenta años atrás

■ Provocación y represión

■ Autos sin placas, polis pasivos


Con el telón de fondo de la condenable violencia contra granaderos ejercida por jóvenes a quienes se señala como provocadores, el pasado 2 de octubre se vivieron en la ciudad de México escenas policiales de provocación, represión e ilegalidad que parecieran acercar a la administración capitalina más a los parámetros diazordacistas o calderonistas que a una auténtica inspiración democrática, libertaria o izquierdista. Según diversos reportes respetables y fundados, en ciertos momentos de la marcha en recuerdo de la matanza de Tlatelolco se produjeron incidentes a cargo de agentes vestidos de civil que, infiltrados en las manifestaciones, golpearon y detuvieron a jóvenes, utilizando en ocasiones automóviles particulares, algunos sin placas, en operaciones plenamente emparentadas con las que en décadas pasadas realizaban los cuerpos armados a cargo de la persecución y desaparición de disidentes o con las que hace pocos meses todavía realizaban en Oaxaca los grupos clandestinos autorizados y protegidos por Ulises Ruiz.

El Frente Nacional Contra la Represión, por ejemplo, aseguró que el “operativo policiaco” de ese día “estuvo lleno de irregularidades e irresponsabilidades”. Por ejemplo, “al incursionar en la explanada del Zócalo, en un acto de provocación hacia la marcha (...) policías vestidos de civil detuvieron a personas mientras se manifestaban pacíficamente, utilizando además dos vehículos particulares, placas 217UMY y 617TXD, para detener a tres jóvenes”. Hubo “uso excesivo de fuerza, como es el caso de Jesús Guzmán Vite, estudiante del IPN, quien fue hospitalizado tras de una brutal golpiza”. El profesor del CCH Vallejo Álvaro Luna asegura que fue testigo de provocaciones y detenciones de “estudiantes pacíficos que se retiraban por las calles aledañas al Zócalo”, ante lo cual se formó una comisión de defensa de los jóvenes que se entrevistó con el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, y el funcionario Martín Juárez, quienes “nos confirmaron que los policías vestidos de civil y los agentes de los vehículos particulares son parte de la policía del Gobierno del Distrito Federal”. Otros distinguidos universitarios, como Julio y Margarita Muñoz Rubio, Jerónimo Muñoz Rosas y Andrea Trejo Márquez, relataron que en 20 de Noviembre y Carranza “un grupo de individuos vestidos de civil se abalanzó sobre dos jóvenes, un hombre y una mujer, que se retiraban pacíficamente del Zócalo. Después de ser golpeados y arrastrados brutalmente, fueron subidos a sendos autos modelo Stratus. Tales bajezas fueron realizadas ante la pasividad de los policías uniformados que allí se encontraban (...) lo cual deja en claro la complicidad existente entre los individuos vestidos de civil y los cuerpos policiacos”. Dicen además que “sólo las acciones de provocadores y agentes vestidos de civil generaron la confusión y la violencia”, lo que obliga a “continuar exigiendo a las autoridades, al igual que hace 40 años, un deslinde de responsabilidades y la inmediata desaparición de esos cuerpos presuntamente policiacos”.

Como resultado de esas incursiones, la autoridad capitalina presentó un gru- po de presuntos responsa-bles de los incidentes violentos de ese día, pero sólo pudo sostener acusaciones contra unos cuantos. El golpe policial del pasado jueves 2 parece haber ido más contra personas identificadas con el amplio abanico de la izquierda que contra los auténticos provocadores.

Por lo pronto, los sucesos del 2 de octubre sirvieron para instalar en la percepción masiva, por la vía de las televisoras, la imagen de jóvenes violentos que, como en los preparativos anímicos de la represión de Atenco, abusaban de la tolerancia de los policías. Del News Divine al 2 de octubre, el gobierno de Marcelo Ebrard debe explicaciones y castigos verdaderos en su elite burocrática. A menos que se haya perdido totalmente el control de los cuer- pos policiales o que un gobierno capitalino dudosamente progresista también esté proveyéndose de coartadas represivas.

Astillas

Los dos grandes derrotados de Guerrero son el gobernador Zeferino Torreblanca y sus aliados en el PRD, los Chuchos sustitutos, personalizados en Guadalupe Acosta Naranjo. El empanizado Torreblanca dividió al PRD estatal para formar su propia corriente política e impuso los candidatos a los que apoyaría con “toda la fuerza” del aparato gubernamental, entre ellos de manera destacada a Gloria Sierra, aspirante a presidir Acapulco. La Torre Blanquiazul se alió con los Chuchos para sostener las candidaturas de un perredismo que encontró cauces alternos en el PT y Convergencia, particularmente en el puerto, donde Luis Walton consiguió más votos que la candidata oficial, Sierra, y es probable que haya sido el auténtico ganador de la contienda municipal, aunque la maquinaria priísta de compra de sufragios, movilización de votantes y adulteración de documentos podría alegar resultados formales favorables a Manuel Añorve, miembro del equipo de Rubén Figueroa. Ahora, Zeferino, a mitad de su mal gobierno, ha puesto fin al predominio teórico de las siglas “izquierdistas”, y quedará con un Congreso local dominado por el tricolor y presidencias de los principales municipios en manos también de priístas. Acosta Naranjo y los Chuchos, mientras tanto, buscan la manera de repartir culpas, mencionando a López Obrador y Encinas como obligados a explicar por qué no apoyaron las malogradas imposiciones zeferinistas... Lo bueno es que el visitante procurador estadunidense de justicia considera que los horrores violentos vividos en México en el contexto del narcotráfico son simples episodios de una telenovela que tendrá su final feliz... Y, mientras otro lunes negro hace aterrizar a los mexicanos en la realidad económica que las alegres y fanfarronas voces gubernamentales pretenden disfrazar de catarritos obviamente pasajeros y superables con relativa facilidad, ¡hasta mañana, en esta columna que se pregunta quién responderá por la matanza de campesinos en Chiapas!