Justicia y libertad para los presos de Atenco

Adolfo Gilly

Más de tres años y medio de cárcel, desde el 4 de mayo de 2006, llevan los 12 presos de San Salvador Atenco, tres de ellos en un penal de alta seguridad, con condenas de hasta 112 años de cárcel. Están lejos de sus hogares, con visitas restringidas y controladas, en condiciones de encarcelamiento peores que en los aciagos tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que ya es mucho decir.

Los diversos delitos inexistentes de los cuales se les acusa, fabricados por el aparato policial y judicial al servicio del Presidente de la República y de los gobernadores, se disolverían como niebla al viento si existiera en nuestro país una justicia independiente, primera condición de democracia y equidad. No la hay ahora, no la hubo antes. Y mientras no la haya, no habrá democracia ni habrá paz en tierras mexicanas.

A los presos de Atenco se les aplica la monstruosidad jurídica del supuesto delito de secuestro equiparado. Así califican a la retención momentánea de un funcionario en un conflicto social para exigir el cumplimiento de acuerdos que la autoridad firma y no respeta. Es una forma plurisecular de protesta, heredada por México de la Nueva España y practicada hoy, entre otras naciones, en la República Francesa por los trabajadores de industrias modernas. Tal acción, tan universal como los cortes temporales de calles o caminos en la fase aguda de un conflicto, ahora en México se la equipara con el secuestro de persona para fines de extorsión, que hoy prolifera en el territorio nacional, y se le aplican penas similares. Inaudito.

Una agravante se suma en el presente caso. No existen pruebas fehacientes de que los acusados hayan retenido a alguien, mientras los expedientes judiciales desbordan de pruebas de que las fuerzas represivas federales y estatales cometieron en San Salvador Atenco una serie de delitos abominables, desde la violación de las mujeres detenidas hasta el allanamiento de domicilios de los pobladores con destrucción y robo de bienes, más el asesinato de dos jóvenes.

Todo esto ocurrió, no lo olvidemos, en la presidencia de Vicente Fox Quesada, con un alto componente de venganza personal y política porque la resistencia de San Salvador Atenco en defensa de sus tierras y sus derechos había impedido el negocio del nuevo aeropuerto y deshecho el sueño de que un día llevara su nombre.

El agravio a la justicia es doble: quienes deberían estar libres, están presos y sentenciados; quienes deberían estar bajo proceso penal, están libres e impunes. Esta situación es una de las tantas prendas de la alianza de hecho entre el Presidente de México, Felipe Calderón, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Su objetivo inmediato es criminalizar la protesta social, asfixiar la libertad de organización, infundir el miedo y avanzar en la militarización de la sociedad y de los gobiernos en México. Otros objetivos, ya se verá.

Es una redición en estos tiempos de la alianza histórica entre el PRI y el PAN desde los años 40 del siglo pasado, nunca desmentida en los hechos, para asegurar el mando autoritario y la obediencia resignada que ellos llaman “gobernabilidad”, palabreja que políticos apenas llegados al disfrute de los privilegios institucionales han hecho propia; y, como suele suceder con los neófitos, la repiten con ignorancia y fruición.

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La criminalización y la represión de los movimientos sociales avanzan en todo el país, de la mano con la militarización del territorio, la depredación ambiental, el desempleo y el despojo, tanto bajo gobiernos del PRI, como en Oaxaca y Puebla; gobiernos del PAN, como en Querétaro y Morelos; y gobiernos del PRD, como en Chiapas y Guerrero.

Ante esta perspectiva se hace indispensable, y también urgente, unificar los movimientos y las luchas por la libertad de los presos políticos y sociales, a cualquier organización éstos pertenezcan y cualesquiera sean las legítimas causas que defiendan y sus diferencias o matices sobre otros temas.

La libertad de los presos políticos y sociales es hoy una demanda universal, que abre el camino a todas las otras causas populares: la del SME; la del EZLN y los derechos indígenas; la del respeto al voto; la de los salarios, la seguridad social y los derechos laborales; la de la educación gratuita para todos; la de las mujeres y la defensa del derecho legal al aborto; la de los migrantes: todas.

Una defensa jurídica bien fundada es una instancia y una llave indispensable en los procesos penales de los presos políticos. Pero la movilización, la organización y la protesta unificada por su libertad es la fuerza que puede hacer girar esa llave para abrir de una buena vez las puertas de las cárceles.

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La causa de la libertad de los presos políticos y sociales en Molino de Flores, en el Altiplano, en El Amate de Chiapas, en Querétaro, en Tepic, en donde sea, es común a todos y abre posibilidades de organización para todos. Esos presos son rehenes para suscitar el miedo y paralizar las demandas y los movimientos de la sociedad. Conquistar su libertad es abrir las ventanas en el asfixiante clima social y político que envuelve al país. Es contribuir a detener el desborde de la militarización y de la impunidad; a combatir la naturalización del narcotráfico y sus crímenes como parte de la vida cotidiana y de los sufrimientos de la población; a desterrar las finanzas del narco y de las armas como componente estable y necesario de la economía del país; y a desbaratar el proyecto de Estado autoritario, militar, policial y clerical que anida en las políticas del gobierno federal y de sus aliados y patrocinadores en el país y en el exterior.

Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y otros más con ellos, quieren celebrar el 2010 con una nación de presos políticos y de gobiernos autoritarios y represivos, con la guerra interna instalada como forma natural de la vida social y de la subordinación política, un país de migrantes sin protección y un pueblo sin organización para hacer valer sus derechos. Arrancar a los presos políticos de las cárceles, a todos sin distinción, es la más urgente tarea para detener y revertir ese curso de destrucción y desolación y para festejar en libertad, en el cercano 2010, las dos grandes revoluciones de la historia mexicana.

El globito Peña Nieto se desinfla

Federico Arreola

Voltaire lo dijo acerca de las discusiones metafísicas, aquí lo diremos del inflado Enrique Peña Nieto: "Se parece a los globos llenos de aire; cuando revientan las vejigas, se observa cómo sale el aire y no queda nada".


En Televisa, Emilio Azcárraga Jean y Bernardo Gómez Martínez ya estarán adaptando la gustada canción "La teta se desinfló" del grupo Los pedófilos del ritmo: "Yo tenía un Peña Nieto que tenía grandes senos/eran bien redonditos eran pechos de los buenos/hasta que llegó Bazbaz y la teta le desinfló".


Desde luego, con la teta (esto es, la precandidatura presidencial) desinflada, no podrá Peña Nieto dar de mamar a ninguno de sus auspiciadores. Y eso sí duele.


Vaya forma en la que se ha desinflado el novio de La Gaviota. Se ha descomprimido, se ha despresionado, se ha deshinchado, se ha vaciado. Está quedando, de plano, en nada.


El verbo desinflar nunca estuvo mejor usado: Desinflo, desinflas, desinfla, desinflamos, desinfláis, desinflasteis, desinflan... Y Peña Nieto se desinfló.


Dicen los que saben que, el lunes, el Barbie del Estado de México acudió a Televisa a suplicar ayuda urgente a Azcárraga y Gómez después de haber visto la encuesta de María de las Heras en la que, nada más, el 45 por ciento de los ciudadanos habían cambiado, para peor, su opinión sobre Peña Nieto en cuanto vieron la forma burda en que este cerró el caso, terrible, lamentable, tristísimo, de la niña Paulette.


"Sóplenme que me desinflo", les dijo Peña Nieto a los jefes de Televisa, y estos, igual de desconcertados, solo alcanzaron a sugerir la renuncia del procurador Bazbaz.


Y renunció Bazbaz, pero esto no mejoró la situación de Enrique Peña Nieto, sino que la empeoró. La gente ahora cree mucho menos en el Gavioto. Si no por otra cosa, porque los asesinos de la niña siguen libres

Diego en el laberinto

Marco Rascón

Si el príncipe calla, el pueblo especula, diría Maquiavelo. No hay mesa ni bar, café o mercado, donde no seamos inquiridos unos a otros con la misma pregunta ¿Quién crees que fue?”

Razones económicas hay: los medios pasan una y otra vez la propiedad de Diego Fernández de Cevallos donde se afirma que desapareció, pero no se sabe si es a manera de testigo o también de garantía para el monto del rescate. Ha sido público que el despacho de abogados encabezado por Diego Fernández de Cevallos camina paralelamente entre el litigio contra instituciones del Estado y el influyentismo político. Él mismo ha sido defensor público sobre el derecho a ser legislador y litigante al mismo tiempo. Esto ha significado que las derrotas jurídicas por indemnizaciones han sido ganancias millonarias para su despacho. Lo que pierde como político lo ha ganado como abogado.

Razones de la guerra también existen: Diego Fernández de Cevallos pertenece al mismo partido que como gobierno le ha declarado la “guerra al crimen organizado” y que lleva ya en dos años más de 23 mil muertos, de los cuales más de 90 por ciento (según el mismo Felipe Calderón, jefe supremo de las fuerzas armadas) son bajas de los criminales, y el restante 10 por ciento, sólo daños colaterales menores, policías y militares, muchos de ellos que no se sabe aún de qué lado de la guerra estaban. En esta guerra, superan los muertos a los apresados; hay un limbo de arraigados que espera que los investigadores les reúnan pruebas de culpabilidad. Mientras, no los presentan al juez, pero tampoco están libres por falta de evidencias tangibles. Las cárceles explotan por el hacinamiento y, si las prisiones son el reflejo de un país y su impartición de justicia, en México no podemos esperar que haya un solo rehabilitado. Las prisiones aquí son el infierno de los mexicanos en la tierra.

Razones de la política: en sentido estricto, es el tercer secretario de Gobernación. Luego de la muerte de Juan Camilo Mouriño, a Diego le propuso el mismo presidente asumir el cargo. No aceptó, declinó, pero no dejó la vacante y propuso a Fernando Gómez Mont en Gobernación y a Arturo Chávez Chávez como procurador, ambos integrantes de su poderoso despacho. Desde ahí, muy a su estilo, rudo en el decir, pragmático en el actuar, se proyectó el convenio con Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes para prevenir alianzas contra el PRI entre PRD y PAN. Diego se manifestó en contra y el firmante por el gobierno, su subordinado, Fernando Gómez Mont, al no ser honrada su palabra por el presidente de su partido, renunció al PAN. En ése y otros temas, Diego Fernández ha discrepado de la conducción presidencial y, aplicando la ley 16 del manual de Robert Greene sobre las 48 leyes del poder –que aconseja “[utilizar] la ausencia para incrementar el respeto y el honor”–, se ha declarado en retiro. Al momento de su desaparición (para mantenernos en los términos oficiales), Diego era parte de la discrepancia sobre las alianzas de su partido y tenía gran influencia en la política gubernamental desde secretarías de Estado claves. Por eso hoy, pese a su práctica de desaparecer como en 1994 en la campaña presidencial, está más presente que nunca y tendrá relevancia si el 4 de julio próximo hay una gran derrota, de la cual él está deslindado.

La guerrilla: el EPR ya se deslindó, pero el atentado contra Arturo Acosta Chaparro un par de días después de la desaparición, quien, según versiones de los mismos familiares de Diego, había sido contratado para las negociaciones, ha sugerido que la guerrilla de izquierda podría ser la autora. Días antes una declaración de Alfonso Navarrete Prida, ex procurador mexiquense, anticipaba sobre la existencia de una narcoguerrilla.

Intereses particulares: se habla de que Diego tenía muchos agraviados por litigios y, por tanto, es una venganza. Esto le gusta sugerirlo al mismo gobierno, pues dejaría todas las cosas como están; es decir, la guerra, la política, la guerrilla y sólo Diego perdería un poco de su riqueza material.

Sin embargo, en el contexto, la desaparición se da horas antes del viaje a la cumbre en España y la visita de Estado a Washington. Una agenda largamente preparada es modificada y sirve para dar contexto a que los congresistas estadunidenses nos aplicaran el “atole con el dedo” que don Porfirio repartía en el Zócalo con motivo del centenario de la Independencia: Ovaciones y ninguna respuesta; buena amistad, pero los negocios son otra cosa.

Los autores del delito, o son profundamente despolitizados, como afirma Felipe Calderón, o tocan como el burro la flauta, pues el hecho da para todo: financiamiento, sentar al gobierno a negociar y hasta cobrar facturas políticas internas en el PAN.

El gobierno y los familiares demandan: ¡que nadie especule! Mientras tanto, Peña Nieto, con el caso Paulette, aprovechó los reflectores apuntados a Diego Fernández de Cevallos en el laberinto y salir del reto colocado por la niña, que dejó constancia pública del tamaño que tienen y de lo que viene, si ésos nos gobiernan.

http://www.marcorascon.org/

El turno del ofendido

Pedro Miguel

Vaya ese título en evocación a Roque Dalton, el inolvidable Pájaroloco, quien este mes cumplió 75 años de estar vivo y 35 de estar muerto. Vaya, también, como recordatorio de que uno de sus asesinos, Joaquín Villalobos, cobra como asesor en la Procuraduría General de la República, según señalamiento reciente de los familiares del poeta asesinado. Chulo de bonito que se ve el procurador Chávez Chávez con un homicida, confeso e impune, incrustado en su nómina.

Y es que un poemario de Roque, publicado originalmente en México, en 1964, se llama El turno del ofendido, y el título viene al caso por quienes encuentran su momento de desahogo verbal tras el secuestro de Fernández de Cevallos.

Es impresionante: a lo largo de 15 largos días, en las redes sociales, pero también en las pláticas de calle y de fonda, muchísimas personas le han deseado al litigante lo peor de lo peor; han clamado porque sus captores lo conserven para siempre; han evocado con rencor sus movidas pecuniarias y políticas, su insolencia y su cinismo; han hecho, una y otra vez, el recuento de sus infamias (las reales, las incomprobables y las inventadas). En los días que corren no parece haber un personaje más vilipendiado en la escena nacional, salvo, por supuesto, el procurador Bazbaz, quien tuvo la audacia de contarnos que sus investigadores permanecieron nueve días sentados sobre el cadáver de Paulette y no se dieron cuenta.

A primera vista, el fenómeno sorprende, porque circunstancias de infortunio, como las que se abatieron sobre el ex senador panista –si es que el secuestro no es una farsa, que las cosas no están como para creer nada–, suelen suscitar solidaridad, simpatía o, cuando menos, piedad. Secuestrados acaudalados los ha habido muchos y hasta ahora ninguno de ellos había sufrido, como daño colateral al plagio, un linchamiento virtual. Y sí: es políticamente incorrecto, es bajo, mezquino e incivilizado, y constituye una muestra de las simas a las que hemos llegado en materia de desarrollo cívico.

Pero luego no sorprende tanto si se considera que Fernández de Cevallos es corresponsable prominente de la degradación generalizada de la que ahora es víctima. Cómo no recordar su función de bisagra entre el PRI salinista y el PAN empresarial, su respaldo a la incineración de las pruebas del fraude de 1988, su desempeño como promotor de aquel magno asalto bancario a la nación que fue el Fobaproa, su enriquecimiento lícito pero inescrupuloso al amparo de sus influencias, sus exhortos a la represión contra los indígenas zapatistas, su militancia a favor de la ley Televisa, su sórdida mediación entre Ahumada y Salinas para urdir los videoescándalos de 2004, su papel en el desafuero del año siguiente y otras cosas más siniestras, como sus poderes notariales de la clínica en la que fue operado –con resultado fatal– Amado Carrillo, y de la funeraria que se hizo cargo después. Cómo no recordar que es uno de los principales responsables por el desprestigio de la política y de los políticos.

A ver si esto les da una pista de la abominación colectiva: Fernández de Cevallos hizo carrera como representante popular, es decir, como empleado de los ciudadanos; cuando salió del Senado se compró una camioneta de 750 mil pesos. Olvídense del resto de sus propiedades, Punta Diamante incluida. Alguien que gane al mes el equivalente a un salario mínimo –cerca de la mitad de la población tiene un ingreso de esa magnitud– tendría que invertir la totalidad de sus percepciones, durante 40 años, para adquirir un vehículo como el del ex senador, el que fue su empleado. Envidiosa que es la gente, dirán, pero si no logran entender la monstruosidad ética de esta desigualdad y la ofensa que conlleva, entonces no entienden nada de nada. Casi tan triste como la situación incierta y angustiosa del panista es la incapacidad de la comentocracia oficial para percibir, en este enojo, y más allá de la falta de modales y de buen gusto, una señal de la irritación social que cunde. Con todo, el México bronco que se asoma en Twitter es de peluche comparado con el que ya controla, manu militari, diversas regiones del país. Por supuesto, cuando no se dedica a fruncir la nariz por la vulgaridad de quienes se regocijan con el problemón en que se encuentra Fernández de Cevallos, esa comentocracia sigue muy entretenida con la morralla de los procesos electorales y discurre como si el país se encontrara en plena normalidad democrática.

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Astillero

Diego, clave oscurecida

Omisiones y vehemencia

Panismo sometido a FC

Peña Nieto, marcado

Julio Hernández López

ESTADIO NEMESIO DÍEZ. Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, y su pareja sentimental, la actriz Angélica Rivera, ayer, durante el partido de la final del Torneo Bicentenario 2010, en el que Diablos Rojos del Toluca se proclamó campeón al derrotar 4-3 a SantosFoto Foto Agencia MVT/ Crisanta Espinosa



Por encima de todo, de resoluciones infames sobre el caso Paulette, asambleas nacionales panistas, finales futboleras y otros mecanismos de distracción, la clave de desenlaces trascendentes sigue siendo el caso Diego.

La decisión de la familia Fernández de Cevallos, de pedir a las autoridades federales que se hagan a un lado para dar paso a las negociaciones con los secuestradores, es una posterior confirmación indirecta de la autenticidad de la fotografía y el texto que el pasado jueves por la noche llegó a algunos correos electrónicos de periodistas que se abstuvieron de instalar sin convalidación esos datos en las redes sociales hasta que el noticiero nocturno de Milenio Tv decidió colocar la imagen en sus pantallas, en un acto de imprecisión profesional que con frecuencia en esa empresa se adjudica a los flujos internéticos, más con enojo competitivo que con razones firmes.

La petición familiar de retiro de las aparatosas medidas de supuesta ayuda y protección que los gobiernos federal y queretano han puesto en torno a los escenarios del drama de DFC indica de entrada que, al menos para consumo público, no coinciden los intereses de la parentela afectada y de las autoridades supuestamente solidarias. Un diálogo mínimo, fluido y confiado entre esas dos partes habría hecho innecesaria la elaboración de una petición por escrito que fue dada a conocer a los medios de comunicación, pero que ni siquiera fue aceptada más que de palabra, al anunciar la PGR que se retiraría de las indagaciones que previamente había atraído a su jurisdicción, pero manteniendo en las afueras del rancho queretano de la desgracia una evidente vigilancia policiaca que a cualquier delincuente que lea diarios o se asome a Internet le haría ver que se sostiene el esquema de vigilancia e intervención que los familiares de Diego pidieron fueran retirados. Si un pretexto quisieran quienes desaparecieron a DFC para actuar mortalmente contra él, bien pudieran utilizar ese incumplimiento expreso de dejar el campo libre.

La vehemencia oratoria de Calderón en la recién pasada asamblea nacional panista también agrega elementos para la suspicacia, sobre todo conforme van difundiéndose más referencias de la ríspida relación política que con largueza han mantenido el ahora ocupante de Los Pinos y el fanfarrón abogado enriquecido mediante tráfico de influencias, colocación de piezas propias en los tableros de la PGR y la Suprema Corte que luego resolverían positivamente los asuntos de enorme cuantía que les presentaba el jefe promotor de sus puestos, y el uso mercantil de las relaciones políticas entabladas con el salinismo, con el PAN como moneda de cambio. Calderón llegó a decir que con DFC habrá todavía muchas batallas por librar, lo que pareciera ser un guiño a las suposiciones de quienes creen que el secuestro es un montaje hecho para promover la candidatura presidencial de 2012. Si el queretano aparece con vida y deci- de aceptar una postulación así, las palabras de FCH tomarán la dimensión de un sombrío destape que llevó a los panistas reunidos en su asamblea nacional a corear el nombre del brioso personaje ahora esfumado. Si la suerte fuera adversa, y el final fuera luctuoso, parecería entonces que las arengas calderonistas hubieran tenido como propósito dejar a salvo la figura del orador y disipar percepciones poderosamente estremecedoras.

A pesar de esos aires tubios, y tal como sucedía en los peores tiempos del PRI-gobierno, la asamblea nacional panista recién celebrada prefirió someterse a los discursos fantasiosos y las estrategias fallidas del hombre que ocupa el poder federal que enfrentar las causas reales de la evidente postración de su partido. Muchos de ellos controlados por la fuerza avasalladora de la nómina, temerosos otros de los riesgos que corren quienes se enfrentan al colérico mandamás, los asambleístas del panismo escucharon a Felipe Calderón llamarles a despertar, a hacer a un lado divisiones y a unirse en torno a hipotéticas buenas intenciones. El PAN-gobierno quedó asi bajo control estructural pleno de la corriente de Los Pinos, que aspira a colocar en 2012 una plantilla de candidatos que le permita aspirar a sobrevivir.

A la negativa valoración política y social de hechos macabros contribuyó el procurador de gobierno del Estado de México, Enrique Peña Nieto, cuyo vocero en asuntos criminales, Alberto Bazbaz, tuvo a bien escenificar uno de los más lamentables episodios de la larga historia judicial mexicana de vergüenzas, al anunciar que la muerte de la niña Paulette Gevara fue accidental. La irritación generalizada que provocó ese dictamen insostenible amenaza con alcanzar el futuro electoral del responsable real de todo el guisado, el mencionado Peña Nieto, que acabó respaldando la conducta de su dependiente, Bazbaz, y así asoció su propia figura al desenlace tan lleno de impugnaciones populares. Aun con toda la fuerza propagandística de las televisoras nacionales a su facturado favor, de los escarceos románticos y presuntamente matrimoniales que estén en su agenda gaviotera, e incluso de cam-peonatos balompédicos alcanzados mediante increíbles fallas finales de algunos jugadores adversarios, Peña Nieto queda marcado por el caso Paulette. Si la memoria nacional no es antes abatida, el 2012 de Peña Nieto podría estar científicamente en riesgo a partir de mayo de 2010, entre el hueco de una justicia efectiva y el colchón de intereses y complicidades protegidas.

Astillas

La jefatura de la Iglesia católica romana en México se anuncia en disposición de infringir disposiciones legales correspondientes al levantamiento del censo de cada década, pues en los cuestionarios por escrito hay una incorrección (al agregarle a la denominación el término “reformada”) que podría llevar a equívocos de los encuestados y a la dismi- nución porcentual del número de miembros de ese rito que indudablemente son cada vez menos, pero ahora Norberto Rivera y cía. pretenden disimular argumentando pifias metodológicas... ¡Hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Caso Paulette hunde a Peña Nieto: encuesta

45% de los mexicanos tiene una peor opinión sobre Enrique Peña Nieto a causa del caso Paulette, sólo 23% tienen una opinión positiva de él y 76% no está conforme con las conclusiones que dio su gobierno en las que alegan que murió por accidente y sin culpables, revela una encuesta publicada en el diario El País.

Felipe y Diego: ¡Vendido!, ¡Cobarde!

Álvaro Delgado


En el anecdotario documentado en torno a la relación entre Felipe Calderón y su correligionario Diego Fernández de Cevallos quedó el registro de la “amistad” –muy sui generis– a la que hizo referencia el presidente mientras se hallaba de gira en Estados Unidos: un odio que detonó desde finales de 2004, cuando ambos intercambiaron insultos en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El motivo: la sumisión del Jefe Diego ante Carlos Salinas de Gortari.



“¡Eres un cobarde!”, le gritó Diego Fernández de Cevallos a Felipe Calderón, en respuesta a su acusación de someterse a Carlos Salinas: “¡Fuiste un vendido!”

Áspera su relación, sobre todo desde la gestión de Carlos Castillo Peraza como presidente del Partido Acción Nacional (PAN), el temperamento de ambos los condujo a la confrontación y al insulto.

El choque se produjo en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, a finales de 2004, cuando Calderón evocó la relación de Fernández de Cevallos con Salinas, en el periodo de Luis H. Alvarez como presidente del PAN.

Fernández de Cevallos, quien era entonces coordinador de los senadores del PAN, se había distraído en la revisión de papeles y no había reparado en lo que decía Calderón, hasta que una imputación lo cimbró.

–A ver, ¿me lo puedes repetir?

–Sí, que tú fuiste un vendido.

El excandidato presidencial se defendió: Adujo que las gestiones que hizo ante Salinas fueron a petición de Álvarez, como lo hizo también ante Ernesto Zedillo cuando Calderón fue presidente del PAN, y le recriminó: “¡No te hagas pendejo!”

Luis Felipe Bravo Mena, el entonces presidente del PAN, trató de tranquilizar al excandidato presidencial, quien le reclamó no haber reconvenido a Calderón y él tenía derecho a responderle.

De frente a Calderón, en medio de la expectación de los miembros del CEN, le recordó que le pidió interceder ante Zedillo, pero que mantuviera el secreto.

“Te llegué a ayudar y siempre me dijiste que no se supiera. ¿Por qué? ¡Porque eres un cobarde! Te llegué a ayudar, porque era el presidente del partido el que me lo solicitaba.

“–No es cierto –pretendió negar Calderón.

“–¡Es que eres un cobarde! ¡Acéptalo!”

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1751 de la revista Proceso, ya en circulación.

El despertar

Diego y la transición

José Agustín Ortiz Pinchetti

Cuando los panistas dicen que Diego ha sido factor clave en la transición, están diciendo la verdad, pero deberían añadir que lo ha sido para impedirla. Resultó un abogado excelente para su partido, lo enganchó el proyecto personal de Carlos Salinas a cambio de que el PAN tuviera las mayores ganancias políticas en toda su historia y de que algunos panistas –Diego el más destacado– hicieran fortuna gracias a un cínico e impune tráfico de influencias. Extraordinario polemista, se inclinó por la codicia y no por la ambición política. Se dejó caer” ignominiosamente en la elección de 1994.

El PAN ganó espacios políticos, pero perdió su “alma”, porque era el partido conservador moderado de la gente decente que durante 50 años proclamó su fidelidad a la democracia. Cuando cerraron los ojos frente a los fraudes y abusos del PRI, primero contra Cárdenas y el PRD, y después contra AMLO, se les rompió el resorte interno para siempre. Hoy el blanquiazul está perplejo ante la posibilidad de que el PRI, aprovechando complicidades, recursos, encubrimientos e impunidades que le otorgaron Fox y Calderón, restaure el viejo régimen a carro completo (si es que nos dejamos).

Si un procurador se abocara a resolver el “caso Diego” tendría demasiadas líneas de investigación. Ofendió a muchos y se hizo vulnerable por su enorme fortuna. Habría que revisar la posibilidad de venganzas pasionales o derivadas de agravios en litigios. (Indagar con Fernando Gómez Mont y Antonio Lozano –sus socios–, como sugiere Ricardo Rocha). Quizá sacrificar a Diego sea réplica a los golpes de la narcoguerra y/o tomarlo como rehén para liberar a uno de los narcojefes. Ajustarle cuentas (recordemos su vinculación con estos temas siniestros). También habría que revisar si un grupo guerrillero no bajó a ajusticiarlo, o a tomarlo como “prisionero de guerra”.

Frente a un hecho tan grave y lamentable (yo lo lamento), Calderón como cabeza del Estado está en una posición de extrema debilidad. Su aceptación declina, su gestión es deplorable y su debilidad manifiesta. Diego es otro daño colateral en una guerra sin objetivos estratégicos, impulsada por la mala conciencia ante el fraude de 2006.

Hace meses, los expertos vienen pronosticando la escalada de los grupos criminales, ahora contra los políticos profesionales. Ahí ninguno estamos a salvo. Han empezado a matar perredistas y petistas en Guerrero; después un panista en Tamaulipas y ahora este atentado contra el mejor abogado de las peores causas y uno de los más eficaces enemigos que ha tenido la democracia mexicana.

joseaorpin@hotmail.com

Con el PRI vivimos 70 años de asesinatos , de corrupción e impunidad ; en los últimos 9 años hemos vivido exactamente lo mismo con el PAN , ahora imaginense coludidos como lo estan en este caso de Atenco , es decir el gobierno priista del Estado de Méxco y el gobierno federal panista , ambos coludidos en estos latrocinios en ese municipio .

¿Alguien duda que el PRI y el PAN son exactamente lo mismo? claro que no , ya nadie puede dudarlo . Han ido juntos en las peores causas en contra de Méxcio y de los mexicanos y como ejemplos más recientes tenemos la manera en como se coludieron para desaforar a AMLO y lo lograron , y más recientemente como PRI y PAN pretendieron juntos entregar el petróleo a manos extranjeras y que por suerte AMLO pudo evitar casi por completo . Pero no vayamos tan lejos , a finales del año pasado el PRI y el PAN nos aumentaron los impuestos a todos los mexicanos de a pié y a las grandes empresas se los bajaron ; la percepción que quedó para el grueso de los mexicanos fué que todos los diputados y senadores , sin distingos nos aumentaron los impuestos y que los únicos que nos defendieron al oponerse , es decir , los diputados y senadores Obradoristas , son una bola de desquiciados y violentos que no saben llegar a acuerdos , ¿gracias a quien? : pues a las pinches televisoras .

Es de verdad frustrante ver como la gente está volteando a ver de nueva cuenta al PRI , todo gracias a muchisimo dinero y con la siempre diligente ayuda de televisa ; si bien esto explica las cosas , no las justifica , la gente debe involucrarse más en la vida política de su país y dejar de informarse exclusivamente en el canal de las estrellas .

Atenco: cuatro años de impunidad

Miguel Concha


El 3 y el 4 de mayo de 2006 fuimos testigos de la brutalidad del gobierno en contra de la protesta social y los habitantes de San Salvador Atenco, una comunidad aguerrida y organizada, dedicada principalmente a la agricultura y el comercio. En 2001 el gobierno de Vicente Fox anunció con bombo y platillo la expropiación de cerca de 5 mil hectáreas de la zona para construir un nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Esta decisión fue tomada sin respetar el derecho a la consulta, incluido en el derecho a la información, de los habitantes de Atenco, quienes de inmediato expresaron su inconformidad. La resistencia tomó el nombre de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, liderado por Ignacio del Valle, entre otras personas, quienes lograron en 2002 la cancelación de esa iniciativa y la anulación del decreto de expropiación. Para los gobiernos del estado de México y el federal nunca resultó fácil olvidar este hecho. El año 2006, en el contexto de un programa de reubicación de comerciantes en Texcoco, elementos municipales y estatales impidieron en diversas ocasiones a floristas y otros comerciantes vender sus productos donde originalmente lo hacían. Ante esto, el 3 de mayo trataron de impedir el desalojo con el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Lo que sucedió los dos días posteriores es de sobra conocido. Policías municipales, estatales y federales reprimieron el movimiento haciendo uso excesivo de la fuerza, y sin respeto alguno a los derechos de las personas. El despliegue policiaco fue de cerca de 4 mil efectivos, número desproporcionado frente la cantidad de personas contra las que se dirigían, y tuvo como saldo dos personas muertas, 207 detenidas arbitrariamente –145 de ellas, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dentro de domicilios–, y 26 mujeres abusadas sexualmente. La respuesta del Estado fue violatoria de los derechos humanos, de esto no quepa ninguna duda. Las personas detenidas fueron privadas de su libertad sin que se cumplieran las normas mínimas del procedimiento ni se respetaran los principios de necesidad y proporcionalidad a los que están obligados los agentes estatales. Muchas de ellas fueron aprehendidas por el simple motivo de encontrarse en el lugar de los hechos; las policías allanaron los hogares sin contar con órdenes de cateo ni de aprehensión, y en el trayecto a los centros de detención, donde los jueces avalaban y maquillaban de “legales” todos esos delitos y violaciones graves a los derechos humanos, continuaron maltratando a la gente. Esto ha sido ampliamente documentado por organizaciones e instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro Pro, la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y ha sido objeto de recomendaciones en diversos espacios de Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La criminalización de la protesta social ha sido, pues, evidente, y a pesar de que la mayor parte de las víctimas de estas violaciones han recuperado su libertad, todavía 12 de ellas siguen presas en los penales de Molino de las Flores y el Altiplano (cárcel de máxima seguridad), con sentencias que van desde 31 hasta 112 años de prisión. Se les acusa de secuestro equiparado, un tipo penal diseñado para reprimir los movimientos sociales, y que más bien equipara la presión social a los casos famosos de secuestro que se muestran en los medios de comunicación. Algo absurdo si se compara con las penas que tuvieron Rafael Caro Quintero, Benjamín Arellano Félix o el mismo Chapo Guzmán (quien por cierto salió caminado y por la puerta grande), de las cuales la máxima fue de 40 años. Hemos sido también testigos del uso faccioso de la justicia, por el que se castiga en forma desmesurada a quien defiende sus derechos, y se deja en total impunidad a quienes se ha comprobado que los han violado, llevando a juicio únicamente a mandos medios o inferiores, sentenciados con penas que resultan ridículas. Además de que no deberían existir delitos como el “secuestro equiparado”, las pruebas en contra de los 12 presos de Atenco no son suficientes para acreditar su responsabilidad.

La forma en la que sucedieron los hechos y las deficiencias al integrar las averiguaciones previas debieron ser suficientes para que se dictara su libertad. Se ha comprobado que hay “declaraciones” de policías exactamente iguales entre sí, con las mismas faltas de ortografía y errores de tipografía. Que hay sentencias basadas en lo que se “supuso” que dijeron las personas, y una serie enorme de irregularidades que no fueron consideradas por los jueces en el estado de México. Ello orilló a las defensas de los presos de Atenco a pedir a la SCJN que por el interés y la trascendencia del caso fuera ella quien resolviera los juicios de amparo en contra de las sentencias condenatorias. La Corte conoce el asunto, pues realizó una investigación de los hechos, que a manera de dictamen presentó en febrero de 2009. En él concluye que se violaron derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad sexual, la no discriminación, la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal y el debido proceso, entre otros. En aquella ocasión se reclamó a la Corte que no señalara como responsables a altos mandos. Ahora está en sus manos resolver todas las injusticias que se han cometido.

Desfiladero

México 2010: cada día, Calderón manda menos

Jaime Avilés

Por motivos de trabajo, escribe un lector, amigo de esta columna desde hace años, “voy con frecuencia de Sinaloa a Jalisco. Siempre en mi cochecito. El miércoles de Semana Santa bloquearon la carretera internacional en el punto de revisión La Concha, entre Sinaloa y Nayarit. Por cinco horas unos 40 hombres fuertemente armados y encapuchados, vestidos de militares, asaltaron a todos los que sumisamente hacíamos fila, esperando turno para ser robados. El viernes santo, esos mismos delincuentes volvieron a hacer de las suyas, rafagueando al personal de revisión y dejando varios heridos.

“El miércoles 18 [de mayo], a las 12 del día, volvió a suceder en la carretera 200, en la única recta que hay en lo alto de la sierra llamada Mesillas, antes de llegar a Las Varas, Nayarit. Estuvieron dos horas asaltando a los viajeros, les quitaron valores y siete vehículos, entre camionetas y coches, dándose el lujo de escoger los más caros, pavoneándose con sus metralletas entre la gente, amedrentando.

“¿Cómo puede un comando fuertemente armado, viajando en varias camionetas, moverse libremente por las carreteras? La Policía Federal se esconde en las bajadas para tomarnos por sorpresa a los ciudadanos comunes, pero a ellos qué, ¿no ve pasar nunca a estos comandos? ¿Son paramilitares, de los que tanto se habla? ¿Los han soltado como perros rabiosos para aterrorizarnos y además les dieron carta libre para que se financien? Quienes sobrevivimos de nuestro trabajo honesto, viajando constantemente, ¿tendremos que seguir soportando estas experiencias pavorosas?”

Promesas y sangre

Al ser interpelado, el lunes en Madrid, por activistas mexicanos y europeos que le exigieron castigo para gatilleros que atacaron una caravana solidaria y mataron a una mexicana y un finlandés, el 27 de abril, cuando se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, Calderón prometió “investigar”. Menos de 48 horas después, una organización paramilitar acribilló a Timoteo Alejandro Ramírez, líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), y a su esposa, muy cerca de donde había ocurrido la primera matanza.

Una segunda caravana internacional de solidaridad con los habitantes de San Juan Copala, que desde enero permanecen hambrientos y aislados por los fusiles de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), planea llevar comida y medicinas al municipio autónomo el próximo 6 de junio. Rufino Juárez Hernández, jefe de los paramilitares, envió ayer emisarios a la Secretaría de Gobernación para pedir que el Ejército se haga cargo de la vigilancia en la zona.

Más allá de la violencia estructural del hambre, provocada por el saqueo devastador de los neoliberales que se adueñaron de México, hoy se distinguen, y se desarrollan en forma complementaria, otras dos violencias: la de la guerra civil, que protagonizan los cárteles y las fuerzas armadas, y la violencia política, que corre a cargo exclusivamente de eso que todavía algunos denominan, a saber por qué, las “autoridades”.

La violencia política en contra de las comunidades indígenas no ha dejado de estar presente en Chiapas, impulsada por el gobierno racista de Sabines, y en Oaxaca, donde la dirige Ulises Ruiz, el asesino serial que patrocina tanto a la Ubisort como a otras bandas paramilitares, con las que controla a sangre y fuego distintas regiones de la entidad, y en el estado de México, donde Enrique VIII mantiene presos a los líderes de Atenco.

Hay violencia política, asimismo, en Guerrero, contra la Policía Comunitaria y los indígenas y campesinos que la respaldan en la Montaña y la Costa Chica. Y la hay también en el centro de la república, en contra de los trabajadores del SME, y en Chihuahua, en contra de los barreteros de Cananea, que ejercen su derecho constitucional a la huelga, y en San Luis Potosí, donde las guardias blancas de la canadiense Minera San Xavier mantienen bajo constante amenaza a los defensores del emblemático cerro de San Pedro, y de la flora y la fauna del desierto que lo rodea, y de las joyas arquitectónicas de la capital del estado.

Nuevas manifestaciones de violencia política están apareciendo en Monterrey, donde los ecologistas que se oponen a la construcción de un estadio de futbol en la reserva forestal de La Pastora han recibido amenazas de muerte. El terreno fue “obsequiado” por el gobernador Rodrigo García a la embotelladora y distribuidora de cerveza y refrescos Femsa, porque a ésta, en realidad, lo que le interesa no son los espectáculos deportivos, sino los grandes mantos de agua dulce que hay allí en el subsuelo.

Arrinconado por la onda expansiva de la guerra civil que desató unilateralmente y de la manera más irresponsable, Calderón, o mejor dicho, su esperpéntica y sanguinaria caricatura de “gobierno”, pierde día tras día el control territorial de nuevas regiones del país. Cada día “manda”, por decirlo de alguna manera, en menos ciudades, a menos gente y con menos fuerza pública: ésta disminuye a medida que se pasa al bando de los contrarios. Por eso fue Calderón a Madrid y a Washington, a que le aplaudieran, a repartir condecoraciones y a pronunciar discursos insulsos.

El domingo, en Cantabria, el “socialista” Rodríguez Zapatero le expresó el más “decidido apoyo” a sus “políticas de privatización” en beneficio “de las empresas españolas que son líderes en el mundo”. La nota la publicó La Jornada en su edición on line, pero no fue registrada por ningún periódico del reino de Juan Carlos I.

En Madrid, militantes de izquierda opositores tanto al gobierno del PSOE como a la ultraderecha franquista, le explicaron a esta columna que entre Zapatero y Aznar y Rajoy y Calderón y Salinas “no hay diferencias: todos son neoliberales”. Poderosos consorcios como Iberdrola, Repsol, BBVA, Santander, Meliá, etcétera, que en México se despachan con la cuchara grande, añadieron, “en España hacen lo mismo y sólo benefician a sus accionistas, mientras miles de trabajadores están en el desempleo, desde que liquidaron los astilleros y los altos hornos de Asturias, para inflar la burbuja de la especulación”, que ya reventó y traerá consigo una crisis económica y social mayúscula. Pobre pueblo de España, pobre pueblo de México, pobres pueblos los del mundo todo.

Mientras tanto, desde la Secretaría de Seguridad Pública federal, que mal administra Genaro García Luna –pues según la Cámara de Diputados el año pasado dejó de ejercer 60 por ciento de su presupuesto “en ciertas áreas”–, un grupo de empleados denuncia, en carta al buzón de esta columna, que Verónica Peñuñuri, jefa de comunicación social, tiene un método infalible para obligar a sus subalternos a hacer exactamente lo que ella quiere. “Si alguien la desobedece, nos amenaza con mandarnos a trabajar a Ciudad Juárez. Varios compañeros renunciaron para no tener que irse para allá”, confiesan.

En el México de las tres violencias, el caso Fernández de Cevallos huele a tragedia, no a farsa. Su desenlace, el que sea, no traerá nada bueno.

jamastu@gmail.com

México SA

Mexicana de Aviación: una vez más

Dinero público para negocio privado

Pasado y presente: los mismos cínicos

Carlos Fernández-Vega

¡Preparaos!, mexicanos pagadores y sumisos, que por enésima ocasión los que dicen gobernar este país utilizarán vuestros recursos fiscales para rescatar a selectos hombres de negocios”. El calderonato se apresta para sacarle las castañas del fuego a uno de los empresarios más ricos (y socios que lo acompañan), que no es otro que el propietario, entre otras cosas, del lucrativo Grupo Posadas y, a partir de diciembre de 2005, de Mexicana de Aviación, la misma aerolínea que el erario “salvó” –vía Fobaproa, tres lustros atrás– cuando él mismo presidía la compañía.

Así es. “En el negocio de la aviación se empieza a hablar del rescate de la aerolínea Mexicana por parte del gobierno federal debido a que la empresa de Gastón Azcárraga Andrade emitiría un bono por aproximadamente 250 millones de dólares –casi cien millones más de los que pagó por ésta–, que serían respaldados por el gobierno mexicano a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). El presidente de la Confederación Nacional Turística, Miguel Torruco, calificó de ‘insulto al pueblo de México’ la operación de rescate de Mexicana de Aviación por parte del gobierno federal. Advirtió que las empresas deben asumir los costos de no ser exitosas y dijo: ya que la federación dispone de recursos para apoyar a esta aerolínea también deberá ayudar a los miles de pequeños y medianos negocios que están en riesgo de cerrar. El país no está para seguir privatizando las ganancias y socializando las pérdidas’. Fuentes de Bancomext señalaron que la operación es un hecho, pero rechazaron que se trate de un rescate, sino de una operación de fondeo que realizará Mexicana y en la que el Banco actuará como garante” (La Jornada, Miriam Posada García y Juan Carlos Miranda).

A lo largo de tres décadas de privatizaciones-“rescates”-reprivatizaciones, el gobierno en turno prácticamente nunca ha utilizado esos términos (que son los correctos; en su lugar usado, usa, transferencia, desincorporación, coinversión, intervención momentánea, fondeo, apalancamiento, etcétera, etcétera), pero el hecho es que desapareció el aparato productivo del Estado y el erario ha destinado miles y miles de millones al “saneamiento” de negocios privados, como en el caso concreto de las dos aerolíneas mexicanas (la otra es Aeroméxico: sólo hay que recordar a Cintra), que han sido “auxiliadas” con recursos públicos, para fines privados, en prácticamente todos los sexenios gubernamentales.

Lo anterior, desde luego, no es gratuito, porque en la perpetuidad del circuito estatización-privatización-restatización-reprivatización de las líneas aéreas nacionales (con sus respectivos “rescates”, como tantos otros casos) han participado muchos inquilinos de Los Pinos y prominentes “hombres de negocios”, entre cuyas más finas habilidades se cuenta la de financiar candidatos y sus campañas electorales, especialmente las presidenciales, como el propio Azcárraga Andrade entenderá, y una vez logrado el objetivo simplemente se da el intercambio de facturas. Y así le va al país.

Del caso Mexicana de Aviación va un poco de historia reciente: el 20 de diciembre de 2005, con Fox en Los Pinos, se oficializó que Grupo Posadas, propiedad de Gastón Azcárraga Andrade, fue el ganador de la “puja” por la aerolínea; 94.5 por ciento de las acciones de esta aerolínea pasaron a ser propiedad del corporativo hotelero, mediante el supuesto pago de 165.5 millones de dólares. Cintra y el IPAB reconocieron a ese corporativo como “ganador indiscutible”, y ese mismo día firmaron el contrato de compra-venta de las acciones, cuyo precio en la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó alrededor de 40 por ciento en unos cuantos días, obviamente previos a tal firma, lo que abarató, aún más, la “desincorporación”. Lo más llamativo de esta compra-venta es que el gobierno foxista regresó la aerolínea al mismo empresario que, junto con sus hermanos, la reventó en 1995 y fue “rescatada” por el Fobaproa. Al erario le costó miles y miles de millones mantener la empresa a flote, para finalmente entregarla a los mismos que la exprimieron.

Un dato interesante es que más tardó el gobierno federal en firmar el citado contrato, que Gastón Azcárraga Andrade en “repartir” las acciones entre otras siete empresas e inversionistas que no participaron en la licitación, y que fueron constituidas pocos días antes del anuncio oficial del ganador, y que ahora son los propietarios, en plural, de la aerolínea a “rescatar”. Una de ellas, Administradora Profesional de Hoteles, constituida 12 días antes de conocerse públicamente el nombre del nuevo dueño de Mexicana de Aviación. Minutos después de firmar el contrato de compra-venta, Azcárraga Andrade repartió el pastel: Grupo Posadas, 29.6 por ciento de las acciones; Administradora Profesional de Hoteles, 20.08; Administradora Corporativa Empresarial, de Ángel Losada Moreno (Grupo Gigante), 20.08; Gastón Azcárraga Andrade, 2.86; Juan Gallardo Thurlow (Grupo Embotelladoras Unidas), 10.44; Ixe Banco (del que fuera accionista Isaac Saba, del Grupo Xtra, único “contrincante” en la “puja”), 2.46 por ciento y “otros accionistas”, 9.49 por ciento.

Qué bonito es hacer “negocios” privados en este país en el que oficialmente no abundan los recursos públicos: baratos y repartibles entre los amigos, aunque no participen en el remedo de licitaciones públicas. Así, cuatro años y medio después, el “rescate” de la aerolínea está a punto de salir del horno: el pastel es el mismo y está elaborado con los ingredientes de siempre, es decir, recursos públicos para salvar negocios privados, y un banco del Estado (Bancomext, al que el propio gobierno federal ha intentado desaparecer por todos los medios) para servir de mesero. Se supone que Azcárraga Andrade y socios pagaron 165 millones de dólares; ahora recibirán 250 millones de billetes verdes, sin considerar un “préstamo” que el propio Bancomext les otorgó en 2009 (900 millones de pesos).

Y allí están los empresarios, en espera de su pastel de recursos públicos, para fines privados. Pero no se sorprendan: son para los mismos que en su momento celebraron la reprivatización salinista de las aerolíneas, aplaudieron el “rescate” zedillista de las mismas y se congratularon por la reprivatización foxista, libre de impuestos. Hoy, para no variar, ovacionan el “para vivir mejor” calderonista.

Las rebanadas del pastel

El mismo adalid de la práctica que cuestionaba, José López Portillo, años atrás advirtió: lo peor que le podría pasar a México “es que se convierta en un país de cínicos”. Pues bien, pletórico, hoy da cátedra.

cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

E D I T O R I A L

Copala: señales preocupantes y desatendidas

Los asesinatos del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Timoteo Alejandro Ramírez, y de su esposa, Cleriberta Castro, arrojan elementos adicionales de tensión y de multiplicación de la violencia en el conflicto que se vive en esa región de Oaxaca. Ayer, por medio de un comunicado, el gobierno estatal de Ulises Ruiz sostuvo que estos crímenes pudieron deberse a dos posibles móviles: venganza personal o conflictos con otras organizaciones sociales de la región, en un claro intento por desacreditar a las versiones de integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala, que calificaron los asesinatos del dirigente indígena y su esposa como crimen de Estado.

Acusaciones y deslindes aparte, es claro que existe una responsabilidad ineludible de las autoridades, las cuales han exhibido una actitud cuando menos omisa ante la multiplicación de signos de violencia en la región triqui. Lo anterior se hizo patente con la inacción gubernamental ante las advertencias lanzadas por la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) –organización priísta de corte paramilitar que mantiene un férreo cerco sobre la comunidad de Copala– de que no dejarían pasar la caravana humanitaria, que fue finalmente atacada por un grupo armado el pasado 27 de abril, en un suceso que arrojó varios heridos y en el que perdieron la vida la activista Beatriz Alberta Cariño y el internacionalista finlandés Jyri Antero Jaakkola.

El ataque al convoy referido debió evidenciar a las autoridades de los distintos niveles de gobierno la explosividad del conflicto y el riesgo de que se presentaran nuevos hechos de violencia y más asesinatos. Pero la desatención y la inacción gubernamentales que siguieron a los sucesos mencionados, así como los intentos por minimizar el conflicto e incluso por desacreditar la presencia de extranjeros en la región, sellaron en la opinión pública la percepción de una voluntad oficial de encubrimiento para alguno de los bandos involucrados en el conflicto regional, y de un designio de emplear y fomentar la división del pueblo triqui para minar la viabilidad del municipio autónomo, que ha cumplido ya el primer trienio.

Las consideraciones referidas plantean una disyuntiva preocupante: si se atiende a la versión oficial de que los asesinatos comentados obedecen a pugnas intestinas, se asiste a una expresión de ingobernabilidad y descontrol en Oaxaca que vuelve impresentable el desempeño de las autoridades; si son ciertas, por el contrario, las acusaciones que atribuyen estos crímenes a grupos oficialistas, entonces la actitud omisa mostrada hasta ahora sería la menor de las responsabilidades gubernamentales en esos hechos.

En suma, lo sucedido en esa región pone en relieve la necesidad impostergable de esclarecer estos hechos, y subrayan, asimismo, la obligación de las autoridades estatales y federales de garantizar el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos del pueblo triqui, y no sólo por elementales razones de justicia y legalidad, sino también porque de otra manera difícilmente se podrán conjurar escenarios de violencia aún peores en esa zona de Oaxaca.

Fuentes cercanas al gobierno federal confirmaron a SDP.noticias.com que las tijeras encontradas dentro de la camioneta; el día el que desapareció el ex senador por el Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos, fueron usadas para extirpar el Chip antisecuestro.

Modelo bombon

Denise Dresser

El copete acicalado. La sonrisa diamantina. La novia famosa. El Gobierno dadivoso. La publicidad omnipresente. La pantalla alquilada. La alianza del guapo y los corruptos. Los componentes centrales del modelo de competencia política que el PRI construye y con el cual logra ganar. Los ingredientes fundamentales de la estrategia que el PRI despliega y con la cual logra arrasar.


Una ecuación cuidada, perfectamente planeada: cara bonita + dinero + televisoras + publicidad + PRI dinosáurico = triunfo electoral. Una fórmula concebida en el Estado de México y ahora instrumentada exitosamente a nivel nacional. Una fórmula patentada por los artífices de la "experiencia probada", en busca de algo que puedan vender como "nueva actitud". El modelo bombón. El modelo "Golden Boy". El modelo Peña Nieto.


Con resultados a la vista y confirmados en esta elección. Distrito tras Distrito, Presidencia municipal tras Presidencia municipal, Diputación tras Diputación, Estado tras Estado. Corredores azules que se vuelven tricolores; bastiones panistas que pasan a manos priistas; territorios del PRD que dejan de serlo. Guadalajara y Zapopan y Cuernavaca y Toluca y Ecatepec y Tlalnepantla y Atizapán y Naucalpan. Tan sólo en el Estado de México, el triunfo en 40 de 45 distritos electorales.


El PRI, beneficiario del voto de castigo por una economía que se contrae más del 7 por ciento. El PRI, beneficiario de la inseguridad que la popularidad presidencial no logra remediar. El PRI, beneficiario de un PRD que se devora a sí mismo y un PAN que se traiciona a sí mismo. Pero más importante aun, el PRI beneficiario de la mejor inversión que ha hecho en tiempos recientes: la campaña publicitaria permanente que lleva a miles de mujeres a exclamar -en mítines de campaña- "Peña Nieto bombón, te quiero en mi colchón".


El "Astro Boy de Atlacomulco", una criatura concebida por la dinastía política más importante del País que ahora busca dominarlo de nuevo. El político Potemkin, producto de un entramado de intereses políticos y empresariales que combina la modernidad mediática para llegar al poder, con los viejos métodos para ejercerlo.


El mexiquense metrosexual construido con carretadas de dinero: por lo menos 3 mil 500 millones de pesos en cuatro años de autopromoción mediática descritos por Jenaro Villamil en su nuevo libro "Si yo fuera presidente: el reality show de Peña Nieto". El posible candidato presidencial, seleccionado, asesorado y adiestrado por personajes como Arturo Montiel y Alfredo del Mazo y Carlos Salinas de Gortari y ejecutivos de Televisa y muchas manos más que peinan el copete. Venden el producto. Posicionan la marca.


Enrique Peña Nieto, emulando a diario la estrategia salinista basada en la inauguración de grandes obras y el cumplimiento de pequeños compromisos. Promocionando a diario la lista de libramientos construidos, tractores regalados, apoyos económicos entregados.


Ejemplo de lo que Octavio Paz llamó el "Ogro Filantrópico"; ese Estado que no construye ciudadanos, sino perpetúa clientelas. Millones de mexicanos educados para vivir con la mano extendida, parados en la cola, esperando la próxima dádiva del próximo político. Como los 9 mil que se aprestaron a celebrar el cumpleaños de Mario Marín hace unos días y los 200 que hicieron cola para abrazarlo. Como aquellos para quienes la corrupción se vale cuando es compartida. Como aquellos que volvieron a votar por el PRI en el Estado de México, a pesar de las marrullerías de Arturo Montiel y las marometas llevadas a cabo por su sucesor para encubrirlo.


Enrique Peña Nieto, actor de un espectáculo continuo, perfectamente producido, escenificado y actuado en la pantalla más grande del País. El candidato de "El Canal de las Estrellas" que hasta novia le consiguió. El candidato que las televisoras hacen suyo y se encargan de edificar. Con promoción política disfrazada de infomercial; con paquetes publicitarios que incluyen la compra de entrevistas en los principales noticieros; con la cobertura de un romance que recibe más atención que la guerra contra el narcotráfico; con el silencio televisivo que se guarda sobre el caso de Atenco o los feminicidios en el Estado de México o cualquier tema controvertido que podría evidenciar las fauces del joven dinosaurio.


Hay un Plan de Trabajo que Televisa ha puesto en marcha y cuyas instrucciones Peña Nieto sigue al pie de la letra: te doy la pantalla desde la cual propulsarte y me das una Presidencia a la medida de mis intereses. Un trueque permanente de favores, dinero, gestión política a cambio de impunidad y promoción mediática.


Como advierte Julio Scherer García, la fórmula Peña Nieto es sencilla: comprar el tiempo en la televisión, corromper y corromper, mentir y mentir, aprender que a los aprendices se les puede y debe aprovechar. Todo para apoyar al joven muñeco, atractivo por su presencia física, a costa de la inteligencia y la pulcritud moral. Todo para que el poder regrese a las manos de la mafia. Todo para que el PRI vuelva a Los Pinos.

La desaparición

Luis Javier Garrido

La desaparición de Diego Fernández de Cevallos, personaje fundamental en la estructura del poder en México, constituye un crimen político por mucho que el gobierno calderonista y los medios oficialistas se hayan empeñado desde un principio en minimizarla y calificarla de delito del orden común.

1. El levantamiento del abogado panista Diego Fernández de Cevallos al llegar la noche del viernes 14 a su rancho La Cabaña, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, que ha hundido en el azoro y el miedo a la “clase política” mexicana, es el crimen político más importante cometido en el país desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial priísta en 1994, y de tener un trágico desenlace, como todo hace suponerlo, habrá trastocado por completo la mecánica del poder que se instauró en el final del siglo en función de la alternancia de 2000.

2. Todo atentado contra un hombre político es siempre por definición un crimen político, y lo es en particular cuando el objetivo alcanzado es, como en este caso, político. Fernández de Cevallos había sido desde 1988 hasta la fecha pieza clave en la mecánica del poder en México, al menos en dos ámbitos. Como el principal negociador del Partido Acción Nacional con Carlos Salinas de Gortari y la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, fue a partir de esa fecha un artífice de la alianza tricolor-blanquiazul que desde entonces ha gobernado México, convirtiéndose en un elemento fundamental en la resolución de los conflictos entre el PRI de Salinas y el gobierno panista de Calderón.

3. El perfil oscuro de Diego como hombre de todas las confianzas de Salinas y su cómplice desde las múltiples concertacesiones de los años 90 del siglo anterior hasta el fraude electoral de 2006 y la entrega del poder político a la ultraderecha, o como abogado de turbios y multimillonarios negocios en los que aprovechó su poder político y que lo hicieron aparecer como el prototipo del panista traficante de influencias, mucho más hábil que los calderonistas, suscitó las más variadas especulaciones tras su desaparición. Las hipótesis que se han vertido desde el sábado 15 han sido empero más un reflejo de los temores de “la clase política” que un análisis de la realidad, y así se ha hablado desde un vulgar secuestro para extorsionar a la familia, una venganza por motivos judiciales, un crimen pasional, un acto justiciero de un comando popular o incluso una autodesaparición hasta un crimen vinculado al narcotráfico, olvidándose en esta última presunción que en un país como México, donde el narco ha penetrado en las instancias financieras, políticas, judiciales y de seguridad del Estado, todo crimen tiene una vinculación con el problema. Curiosamente, casi nadie quiso abordar la más evidente de las hipótesis: la política, vinculada a la sorda lucha de las diversas facciones de la ultraderecha mexicana en el PAN en vistas a 2012.

4. Diego Fernández de Cevallos fue durante muchos años un enemigo abierto de Felipe Calderón y era en la actualidad su principal opositor dentro del PAN, aunque en noviembre de 2008, tras la muerte de Juan Camilo Mouriño, con el fin de no ahondar más las divergencias en el panismo y tratar de darle cierta cohesión a su gobierno, Calderón tuvo que aceptar la designación que hizo el salinismo de dos amigos de Diego: los abogados Fernando Gómez Mont en Gobernación y Arturo Chávez en la Procuraduría General de la República (PGR), lo que fortaleció el poder del barbón en el gabinete, que ya era significativo, sin que por ello menguaran las diferencias entre ambos, las que se fueron haciendo irreconciliables al acercarse la sucesión presidencial, pues mientras Calderón se fue empecinando, con el apoyo de grupos de interés de Estados Unidos y de España, en que en 2012 el presidente de la República volviese a ser un panista, Diego y sus amigos reivindicaron el derecho del PRI a imponer a su candidato.

5. La desaparición de Diego es por consiguiente un duro golpe político para Carlos Salinas de Gortari, para el sector negociador del PRI y para aquellos priístas que buscan sacar adelante con el consenso de un sector del panismo la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Beneficia, por el contrario, a Calderón y a sus amigos, al yunquismo calderonista y a las trasnacionales españolas y estadunidenses asociadas con este grupo, que aún esperan importantes contratos en materia de energía. No en balde este sector ya se está despachando con la cuchara grande en la nueva integración del Consejo Nacional del PAN que se definirá en unos días, y que es determinante para la selección del candidato presidencial blanquiazul el próximo año.

6. La desaparición de Diego se presenta en consecuencia como la expresión de la grave crisis por la que atraviesa la cúpula gobernante o, para decirlo con palabras más precisas, como un arreglo de cuentas dentro de la mafia en el poder en México, que con este hecho muestra a los mexicanos que no sólo ha llevado al país a un baño de sangre, sino que no halla otro medio que el de la violencia para resolver sus diferendos.

7. La orden del gobierno de limitar la información oficial sobre el caso y de pedir a los medios que lo minimizaran, que en el caso de Televisa llegó al grado de anunciar que no informaría en lo absoluto, se revirtió, como era de suponerse, contra el gobierno y no logró más que exacerbar el interés popular por el crimen y en crear un clima de mayor desasosiego social y de especulaciones. ¿Por qué en la comisión de un delito de secuestro a mano armada la PGR pretendió no estar investigando?

8. La reacción oficial ante lo acontecido ha terminado por crear la imagen de que el gobierno conoce bien lo que aconteció. La insistencia de Felipe Calderón durante su viaje en establecer a miles de kilómetros de los hechos, cuando no está más que informado de trasmano, pero haciéndose pasar por Philo Vance, que la desaparición de Diego “no fue un narcomensaje ni un secuestro”, tratando de exonerar al mismo tiempo a los cárteles y al “crimen organizado”, como lo reiteró ante los micrófonos de la CNN el miércoles 19, sólo deja abierta una explicación de la desaparición de Fernández de Cevallos: la de la ejecución.

9. El viaje de Calderón a España y a Estados Unidos estuvo en todo caso marcado siempre por la desaparición de Diego, la que a pesar del gobierno incidió en el clima de desconfianza que hay en el exterior sobre México. A casi nadie le importó aquí el homenaje que recibió Calderón en Madrid de Ibedrola y otras trasnacionales hispanas el día 17 por su ofrecimiento de seguirles dando contratos en materia de energía, a pesar de la prohibición constitucional, o los resultados de su patético viaje a Estados Unidos, donde fue recibido por la Radio Pública Nacional con la acusación de que favorece al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán y con la confirmación que hizo en la Casa Blanca el presidente Barack Obama de que sólo vigilará que la nueva ley Arizona no viole al aplicarse los derechos de los trabajadores, porque él no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para proponer una nueva legislación migratoria.

10. La desaparición –y posible ejecución– de Diego Fernández de Cevallos está abriendo en todo caso ya desde ahora reacomodos de los grandes intereses económicos y financieros que impactan a una “clase política” marcada por la corrupción y la violencia, y que no auguran nada bueno para el pueblo de México.

La huelga de hambre del SME

José Antonio Almazán González

Próxima a cumplir los críticos 30 días, la digna huelga de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas sufre el embate de un gobierno dispuesto a todo para exterminar a un sindicato democrático que constituye un obstáculo formidable para privatizar la industria eléctrica nacionalizada y entregar el multimillonario negocio de la fibra óptica y las redes eléctricas a la oligarquía mexicana y empresas trasnacionales. Por un lado estrechan el cerco informativo con el que se busca acallar las razones de la huelga de hambre, a la par que aceleran los preparativos para encarcelar a los dirigentes del SME, acusándolos de sabotaje, y levantar la huelga para crear las condiciones de un fallo adverso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo a Felipe Calderón no le salen bien sus cálculos políticos, hoy trastocados por el secuestro del Jefe Diego.

¿Quienes son esos heroicos trabajadores que han resuelto exponer su salud y su vida en una huelga de hambre? En una sencilla encuesta aplicada al inicio de la misma los huelguistas nos dan sus respuestas. Son 80 en el Zócalo de la ciudad de México y 13 en Toluca, con edades que van de los 20 a los 58 años y antigüedades laborales en Luz y Fuerza del Centro que van de los cinco años hasta otros que estaban a la espera de una merecida jubilación. Los huelguistas del SME, 80 hombres y 13 mujeres, son el reflejo fiel de un sindicato con historia y tradición que se niega a rendirse, dispuesto a luchar hasta sus últimas consecuencias, por la vía pacífica; haciendo uso de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero negadas y pisoteadas sistemáticamente por un gobierno cínico y represor.

De los 93 huelguistas del SME la gran mayoría son casados, con dos o tres hijos que dependían económicamente del salario que percibían sus padres y madres, cuyo trabajo les fue arrebatado criminalmente por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro firmado por Calderón el 11 de octubre de 2009. Todos excelentes trabajadores, expertos técnicos en redes eléctricas, otros ingenieros, oficinistas, operadores de equipo, linieros, mecánicos, ayudantes, operadores de subestaciones, cuya experiencia y formación profesional es menospreciada por Calderón y su pianista fracasado.

Como lo cuentan los huelguistas del SME, al ser despedidos injustificadamente perdieron todo, y sus proyectos de vida, sus sueños y esperanzas, fueron brutalmente trastocados. ¿Cómo han sobrevivido estos más de siete meses los trabajadores que no sucumbieron a la campaña de linchamiento y “liquidación voluntaria”? La lista es larga: echando mano de los ahorros para los pocos que lo tenían. Vendiendo sus pertenencias personales. Ajustando la dieta, es decir, comiendo menos y de menor calidad nutritiva. Cambiándose a una vivienda más modesta que la que tenían. Vendiendo tortas, jugos, comida, tacos, dulces, cigarros. Haciendo chambitas temporales en la enorme variedad de la llamada economía informal. Contando con el apoyo y solidaridad de la familia. Algunos, muy pocos, consiguiendo otro trabajo, pues la mayoría son rechazados por el simple hecho de haber laborado en Luz y Fuerza del Centro.

¿Qué llevó a las mujeres y los hombres electricistas a tomar la decisión de la huelga de hambre? Para el gobierno la respuesta sigue siendo un misterio, pues ese sentimiento no lo conocen ni comprenden, y menos lo practican, cegados como están por entregar el patrimonio nacional energético. Para los 93 huelguistas del SME, así como para los 18 mil trabajadores no liquidados, la respuesta es muy sencilla. La dignidad. Para no ser pisoteados y humillados. En defensa de sus derechos laborales legítimamente conquistados. Para defender y recuperar su trabajo. Para poder soñar con una vida digna. Para decirle al gobierno represor y antiobrero ¡ya basta!

Si no fuera por esa dignidad y su conciencia de clase como trabajadores agremiados en un sindicato que nació al fragor de la Revolución Mexicana, quizás los cálculos de Calderón y Lozano se hubieran cumplido. Apostaron a una salida violenta y represiva en las primeras horas, días y semanas del golpe fascista. Calcularon que la dignidad electricista podía vencerse a través de una campaña mediática de linchamiento y satanización y una liquidación voluntaria con premio adicional.

El fracaso de la guerra de exterminio en contra del SME está a la vista. Los apagones, fallas, disturbios eléctricos, siguen creciendo en la zona atendida por Luz y Fuerza del Centro. Las empresas contratistas de CFE han mostrado hasta la saciedad su incapacidad para garantizar el suministro normal de energía eléctrica. Cada día que pasa las mentiras de Calderón van saliendo a flote y el ocultamiento deliberado de información para no perder el juicio de amparo promovido por el SME debe ser valorado por la SCJN. La campaña para acusar al SME de sabotaje viene a menos, enterada la opinión pública de que el sabotaje lo propicia el gobierno federal con su impericia y falta de atención a las 22 zonas críticas de LFC. Por el contrario, a más de siete meses del golpe artero, lo que brilla en el Zócalo de la ciudad de México es la dignidad electricista, expresada en la huelga de hambre masiva.

Pide AMLO a la Corte fallar a favor del SME

Rosalía Vergara

MÉXICO, D.F., 19 de mayo (apro).- El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva a favor de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el recurso de controversia constitucional contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En la plancha del Zócalo capitalino, durante un acto de apoyo a los trabajadores del SME que se pusieron en huelga de hambre, López Obrador pidió a los ministros del máximo tribunal “restablecer el Estado de Derecho, reivindicar a la justicia, desmentirnos a quienes sostenemos que todos los poderes de México están confiscados y que el poder de los poderes es la mafia que domina en el país”.

El exjefe de Gobierno del Distrito Federal consideró urgente resolver desde la SCJN el problema de los electricistas. “Los magistrados pueden tomar una decisión que los dignifique y haga sentir a los mexicanos que hay un faro de legalidad en el país”, dijo.

“Tienen que resolver pronto, este es un asunto urgente, entre otras cosas por la situación de quienes están en huelga de hambre, mujeres y hombres que ya no tienen por qué seguir sufriendo”, puntualizó el llamado “presidente legítimo”.

Y añadió que el movimiento de resistencia civil pacífica que encabeza es solidario con la lucha de los trabajadores del SME, quienes recurrieron a la huelga de hambre para protestar por la extinción de LFC.

“Desde que supimos de este golpe a la empresa pública y al sindicato –el 23 de octubre de 2009— nos manifestamos, nos expresamos en contra de ese atropello”, dijo.

A siete meses de esta acción, agregó, ya se sabe que se trató de una decisión para entregarle 22 mil kilómetros de fibra óptica a las empresas Televisa y Telefónica Movistar, cuyo director es el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

“Sabemos bien lo que hay detrás de esta infamia. Tomaron esta decisión porque quieren seguir haciendo negocio. Es una camarilla funesta que no se detiene ante nada, parecen no tener llenadero”, insistió.

López Obrador detalló que la instalación de esa fibra óptica le costó a los mexicanos 30 mil millones de pesos, en virtud de que se hizo con presupuesto público, pero ahora se licitó a favor de esas empresas (Televisa y Telefónica Movistar) por 850 millones de pesos, para que usen el servicio por 20 años.

De acuerdo con el tabasqueño, cuando encabezó el GDF ni un solo empresario se quejó del servicio de LFC y nunca se reportó una falla en el servicio de luz.

“Nunca un empresario o un inversionista presentó una queja por falta de servicio de energía eléctrica. Nadie fue a decirme que no podía invertir en la ciudad porque no se garantizaba el abasto de energía eléctrica”, señaló.

En ese sentido, desestimó los supuestos sabotajes en el centro del país a instalaciones eléctricas, presuntamente cometidos por electricistas.

Antes, el secretario del Exterior del SME, Fernando Amezcua, habló de la improbabilidad de que manos humanas realicen los sabotajes referidos en días pasados por el gobierno federal. Si alguna persona se atreviera a disparar adentro de los pozos donde hay líneas de transmisión eléctricas, dijo, habría una explosión, y si otras quisieran cortar los cables, se electrocutarían de inmediato por el alto voltaje de las mismas líneas.

Una mujer electricista aprovechó la visita de López Obrador al campamento para leer un comunicado, y anunció que 13 mujeres más se sumaban a la huelga de hambre que mantienen 81 trabajadores del SME.

“Hemos decidido no levantarnos de esta huelga de hambre hasta que la SCJN dé una respuesta favorable al SME y se nos respete nuestro derecho al trabajo”, dijo la mujer al concluir la lectura del texto.