La soberanía energética nacional

Luis Hernández Navarro


El anuncio de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de que el Estado declaraba de utilidad pública y sujeto a la expropiación 51 por ciento de las acciones pertenecientes a Repsol-YPF no es, como sostiene Felipe Calderón, una decisión muy poco responsable y muy poco racional”. Es falso que –como afirmó el mandatario mexicano– no lleve a nada y perjudique a su país como destino de inversión.

Por el contrario, la reivindicación de una soberanía energética nacional por la señora Kirchner forma parte de los nuevos vientos que soplan en América Latina. Con el nuevo siglo, varios gobiernos progresistas de la región han renegociado los contratos firmados por gobiernos de derecha con las empresas petroleras trasnacionales y pasado a tener pleno control sobre recursos naturales claves. Con la expansión de las explotaciones de gas y los precios del oro negro al alza, los estados han decidido cambiar las reglas del juego.

El control sobre la renta petrolera ha permitido a países como Venezuela, Bolivia y Ecuador destinar cuantiosos recursos a programas para reorientar su desarrollo, mitigar la pobreza, combatir el analfabetismo, mejorar la salud y construir redes de protección social. Los resultados de esta política de bienestar social son evidentes.

En 2008, Rafael Correa, presidente de Ecuador, advirtió a Felipe Calderón: “ser de derecha ya pasó de moda en América Latina”. Ahora tendría que recordárselo, no sólo al mandatario mexicano, sino a tres de los aspirantes a relevarlo en el puesto. Las trasnochadas propuestas de los candidatos Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri, que reivindican la apertura de Pemex a la inversión privada, están en la misma dirección que los dislates del mandatario mexicano. Como lo están, también, las declaraciones en la Universidad de las Américas Puebla del zedillista Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y antiguo representante de la inversora Carlyle, demandando abrir Pemex a la iniciativa privada para poder operar en la Bolsa de Valores y obtener ganancias como una verdadera empresa.


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