Dinero

Ley Arizona: la juez Bolton duda

Ruidos raros en telecomunicaciones

La ira de los poderosos

Enrique Galván Ochoa

La juez Susan Bolton es una mujer de 58 años, tiene fama de ser inteligente, reflexiva, pero también enérgica. Cuentan que en una ocasión dos abogados discutían a gritos frente a ella en la sala de la corte; no tenía a la mano ese martillo que aparece en las películas de Hollywood, pero tomó un cenicero y comenzó a golpear su escritorio hasta que los hizo callar. Entre sus sentencias más sobresalientes se recuerda una de 2002, cuando sentenció a 16 años de prisión a un pollero que llevó a la muerte a cuatro paisanos en el desierto de Yuma. En otro caso absolvió a agentes de la Border Patrol. Habían sido demandados por tomar parte en el arresto de 430 migrantes; sin distinguir su condición migratoria, cargaron con todos sólo por su apariencia física. Ayer, en la primera audiencia que tuvo lugar en Phoenix sobre la ley Arizona, la juez Bolton se abstuvo de dictar una resolución. Tiene dudas, no la convencieron los argumentos de la gobernadora Brewer, quien está aprovechando la ventolera para buscar votos con miras a su relección. Está previsto que la ley entre en vigor el jueves de la semana próxima. Antes habrá otra audiencia.

Ruidos raros

De entrada es difícil entender lo que significan términos como espacio radioeléctrico, frecuencias, megahertz, rondas, etcétera. No hay que ruborizarse, pertenecen al lenguaje de las telecomunicaciones. Lo que es fácil entender es que tiene relación con la atmósfera y por ahí transitan las señales que hacen posible la comunicación de los teléfonos celulares y otros servicios. Pertenece a la nación y la ley permite que lo concesione a empresas privadas. Lo han venido haciendo recientemente la Secretaría de Comunicaciones y la Cofetel. Hay síntomas de la presencia de influencias políticas. Televisa, asociada con Nextel, según dicen algunos de sus competidores, se quedó con una parte del espacio con una oferta de 180 millones de pesos, cuando otras compañías han ofrecido varios miles de millones. Exigen que se anule la licitación y vuelvan a comenzar de cero.

@Vox Populi

Asunto: la ira de los poderosos

En relación con la carta enviada por Silvana Ponzanelli Vázquez, publicada ayer en El Correo Ilustrado, donde afirma que me diste voz “sin ningún tipo de filtro o de validación de datos de su parte”, aclaro que en ejercicio de mi derecho obtuve respuesta, con folio No. 1115000004210, de la unidad de enlace del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Puede verse en Internet, respuesta que categóricamente desmiente a Silvana Ponzanelli, puesto que ese documento señala que la esposa de Javier Lozano Alarcón cobró desde su ingreso, del 16 de mayo de 2007 al 31 de agosto de 2008, una percepción neta mensual de $36,862.95. Así pues, ella es quien debe actualizar, filtrar y validar sus datos. Sorprende que en su visceral y amenazante respuesta afirme que laboró en la Comisión Nacional de Fomento Educativo, y no en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Es decir, no conoce bien el nombre de la institución. Así es que denuncio públicamente sus mentiras. Qué bueno que Silvana Ponzanelli “admire y respete profundamente a Javier Lozano Alarcón”, debe ser la única en este país. Si su esposo es “un hombre íntegro y trabajador” bien podría explicarnos su participación en el Comité de Desincorporación del Fobaproa o su mediación para que la filial en México de la empresa Citelum, representada por José Córdoba Montoya, obtuviera en medio de irregularidades la concesión del servicio de alumbrado en Puebla, o las acusaciones del chino mexicano Zhenli Ye Gon, y un largo etcétera. Por último, la señora Ponzanelli Vázquez de Lozano y su familia son los que “se meten” en los asuntos públicos. ¿Ya olvidó la participación de su cuñado Gerardo en la compañía Intermix, responsable de que México perdiera el uso de la marca Pemex en Estados Unidos? Son ellos los que han rebasado los límites impuestos por la ley, no los ciudadanos, ni mucho menos la prensa que nos da voz. Adicionalmente solicité al Conafe los términos de la contratación de Silvana Ponzanelli, el criterio usado para seleccionarla, así como los resultados obtenidos durante su gestión de un año y tres meses, no de los ocho meses que afirma. En un país en el que campea la impunidad, es un peligro tener razón.

María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas

Ciudadana, con mayúscula/ Distrito Federal

R: Querida María de los Ángeles: permítaseme una paráfrasis baudeleriana. Este espacio es semejante a un esquife a veces zarandeado por la furia de los poderosos. Pero no renuncia al derecho de dar voz a quienes de otro modo no podrían expresarse.

Asunto: congreso de jubilados

Enrique: estamos de acuerdo contigo en tu comentario de la columna del día 19 de julio pasado, en que dijiste: “Insisto: mientras no se organicen los señores pensionados, van a seguir robándolos”. A propósito de lo dicho, aprovechamos para solicitarte nos ayudes a difundir un Congreso de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, para lo cual ponemos a disposición la página web del congreso, en la que se podrán ver las bases, el temario, la fecha, el horario y el programa: www.congresojubilados.freeiz.com. Y este es el correo electrónico: jubiladosenlucha@hotmail.com. Estamos muy dispersos. Esperamos que el congreso nos ayude a tomar conciencia.

Por la comisión de enlace y organización: César Torroella Labrada

R: Los felicito. Este es el momento de organizarse y defenderse ante el nuevo atropello de los ministros de la Suprema Corte.

(Los textos completos aparecen en el foro)

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