Néstor Martínez Cristo
nestormc63@hotmail.com
Elecciones 2009: cada quien su tarea
La guerra del gobierno contra la delincuencia organizada, particularmente contra el narcotráfico y el secuestro, no da cabida a treguas. Se ha dispersado en varios frentes. Se disputa en batallas simultáneas. Se ha extendido hacia diversas regiones de la República e invade cada vez mayores esferas de vida política, económica y social del país.
Su enorme poder corruptor ha permitido al narcotráfico avanzar, como la humedad, a través de diferentes redes y caminos. Aprovechar cada espacio, cada resquicio, a fin de ganar territorio e influencia a un gobierno que hoy se sabe infiltrado y más vulnerable que nunca.
Por eso resulta comprensible la extrema preocupación del gobierno federal y de su partido, Acción Nacional, ante el proceso electoral de julio próximo y su intención de “blindar” las campañas de los candidatos de todos los partidos para que no sean penetradas por dinero ilícito.
Pero lo que no parece lógico, en principio, es la presión que el partido en el gobierno ha ejercido para que el Instituto Federal Electoral (IFE) asuma directamente la responsabilidad, que corresponde a otras instancias del Estado mexicano, de impedir el avance del narcotráfico, esta vez en el ámbito electoral.
Por lo menos en tres ocasiones, el Partido Acción Nacional ha sido incisivo en su exigencia de que el IFE se manifieste abiertamente sobre la manera en que “garantizará”, se ha dicho, que el dinero proveniente del narcotráfico no vulnere las campañas electorales.
Su más reciente pronunciamiento en este sentido se hizo público hace apenas unas semanas, cuando, en una curiosa coincidencia, el presidente de Acción Nacional y el entonces líder del Partido de la Revolución Democrática, Germán Martínez y Guadalupe Acosta, enviaron una carta a la presidencia del IFE en la que exigían al organismo electoral “establecer reglas claras, contundentes, dirigidas a garantizar que la delincuencia organizada no hará política a través de los partidos”.
Y luego remataban el texto señalando algo así como que para blindar los procesos electorales no basta con pronunciamientos públicos, sino que “se requieren medidas concretas y evaluables”.
Tienen razón. Para blindar los procesos electorales del dinero ilícito se requieren medidas concretas y evaluables, pero no por parte del IFE, sino de las instituciones del Estado mexicano ideadas, diseñadas y creadas con atribuciones legales para tal efecto.
El IFE es, en esencia, el organismo encargado de organizar y arbitrar los procesos electorales que se realizan cada tres años en México, y, aunque sus facultades de fiscalización fueron ampliadas con la reforma electoral del año pasado, pareciera un despropósito que se pretenda trasladarle la responsabilidad de cumplir con una tarea que ni siquiera los organismos especializados pueden garantizar a cabalidad.
Cierto es que entre sus facultades fiscalizadoras el IFE cuenta ahora con la capacidad legal de trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, pero también es verdad que ninguna de estas atribuciones del organismo electoral es equiparable siquiera con las que poseen, desde hace años y de manera mucho más sofisticada, las autoridades encargadas de prevenir y perseguir el delito.
Al IFE le corresponde, eso sí, verificar que los ciudadanos que sean postulados por los diversos partidos políticos cumplan con los requisitos que para tal efecto establecen la Constitución y la legislación electoral, como son que posean la edad mínima necesaria, los plazos de residencia, que se encuentren registrados en el padrón o, bien, que el aspirante no esté suspendido en sus derechos políticos, entre otros.
En este sentido, y sin lugar a dudas, toca a los propios partidos políticos corroborar que sus procesos de selección de candidatos se lleven a cabo de manera cuidadosa, escrupulosa, a fin de garantizar que todos aquellos ciudadanos que contenderán bajo sus siglas y colores son gente honorable y con los principios suficientes que les permitan sustraerse de cualquier posible tentación de dinero ilícito.
El IFE anunció ya que en fecha próxima llevará a cabo algunos ajustes internos que le permitan realizar sus tareas de fiscalización con mayor eficacia. También será interesante observar, entonces, las medidas que las diferentes fuerzas políticas adopten durante las próximas semanas y meses, de acuerdo con sus competencias y posibilidades reales, para que el dinero sucio no penetre sus candidaturas.
Sin embargo, lo más relevante, el trabajo de fondo, está en manos del gobierno y de las instancias del Estado mexicano encargadas de combatir el delito. Intentar trasladar responsabilidades tan delicadas a instancias cuya naturaleza es a todas luces distinta no sólo puede desviar la atención del organismo electoral de su tarea central de organizar comicios, sino podría poner en riesgo, inclusive, la seguridad de las estructuras político-electorales del país.
Será fundamental, pues, que cada parte haga la tarea que le corresponde.
nestormc63@hotmail.com
Elecciones 2009: cada quien su tarea
La guerra del gobierno contra la delincuencia organizada, particularmente contra el narcotráfico y el secuestro, no da cabida a treguas. Se ha dispersado en varios frentes. Se disputa en batallas simultáneas. Se ha extendido hacia diversas regiones de la República e invade cada vez mayores esferas de vida política, económica y social del país.
Su enorme poder corruptor ha permitido al narcotráfico avanzar, como la humedad, a través de diferentes redes y caminos. Aprovechar cada espacio, cada resquicio, a fin de ganar territorio e influencia a un gobierno que hoy se sabe infiltrado y más vulnerable que nunca.
Por eso resulta comprensible la extrema preocupación del gobierno federal y de su partido, Acción Nacional, ante el proceso electoral de julio próximo y su intención de “blindar” las campañas de los candidatos de todos los partidos para que no sean penetradas por dinero ilícito.
Pero lo que no parece lógico, en principio, es la presión que el partido en el gobierno ha ejercido para que el Instituto Federal Electoral (IFE) asuma directamente la responsabilidad, que corresponde a otras instancias del Estado mexicano, de impedir el avance del narcotráfico, esta vez en el ámbito electoral.
Por lo menos en tres ocasiones, el Partido Acción Nacional ha sido incisivo en su exigencia de que el IFE se manifieste abiertamente sobre la manera en que “garantizará”, se ha dicho, que el dinero proveniente del narcotráfico no vulnere las campañas electorales.
Su más reciente pronunciamiento en este sentido se hizo público hace apenas unas semanas, cuando, en una curiosa coincidencia, el presidente de Acción Nacional y el entonces líder del Partido de la Revolución Democrática, Germán Martínez y Guadalupe Acosta, enviaron una carta a la presidencia del IFE en la que exigían al organismo electoral “establecer reglas claras, contundentes, dirigidas a garantizar que la delincuencia organizada no hará política a través de los partidos”.
Y luego remataban el texto señalando algo así como que para blindar los procesos electorales no basta con pronunciamientos públicos, sino que “se requieren medidas concretas y evaluables”.
Tienen razón. Para blindar los procesos electorales del dinero ilícito se requieren medidas concretas y evaluables, pero no por parte del IFE, sino de las instituciones del Estado mexicano ideadas, diseñadas y creadas con atribuciones legales para tal efecto.
El IFE es, en esencia, el organismo encargado de organizar y arbitrar los procesos electorales que se realizan cada tres años en México, y, aunque sus facultades de fiscalización fueron ampliadas con la reforma electoral del año pasado, pareciera un despropósito que se pretenda trasladarle la responsabilidad de cumplir con una tarea que ni siquiera los organismos especializados pueden garantizar a cabalidad.
Cierto es que entre sus facultades fiscalizadoras el IFE cuenta ahora con la capacidad legal de trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, pero también es verdad que ninguna de estas atribuciones del organismo electoral es equiparable siquiera con las que poseen, desde hace años y de manera mucho más sofisticada, las autoridades encargadas de prevenir y perseguir el delito.
Al IFE le corresponde, eso sí, verificar que los ciudadanos que sean postulados por los diversos partidos políticos cumplan con los requisitos que para tal efecto establecen la Constitución y la legislación electoral, como son que posean la edad mínima necesaria, los plazos de residencia, que se encuentren registrados en el padrón o, bien, que el aspirante no esté suspendido en sus derechos políticos, entre otros.
En este sentido, y sin lugar a dudas, toca a los propios partidos políticos corroborar que sus procesos de selección de candidatos se lleven a cabo de manera cuidadosa, escrupulosa, a fin de garantizar que todos aquellos ciudadanos que contenderán bajo sus siglas y colores son gente honorable y con los principios suficientes que les permitan sustraerse de cualquier posible tentación de dinero ilícito.
El IFE anunció ya que en fecha próxima llevará a cabo algunos ajustes internos que le permitan realizar sus tareas de fiscalización con mayor eficacia. También será interesante observar, entonces, las medidas que las diferentes fuerzas políticas adopten durante las próximas semanas y meses, de acuerdo con sus competencias y posibilidades reales, para que el dinero sucio no penetre sus candidaturas.
Sin embargo, lo más relevante, el trabajo de fondo, está en manos del gobierno y de las instancias del Estado mexicano encargadas de combatir el delito. Intentar trasladar responsabilidades tan delicadas a instancias cuya naturaleza es a todas luces distinta no sólo puede desviar la atención del organismo electoral de su tarea central de organizar comicios, sino podría poner en riesgo, inclusive, la seguridad de las estructuras político-electorales del país.
Será fundamental, pues, que cada parte haga la tarea que le corresponde.
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