Editorial

Bancos: ¿quién vigila al vigilante?

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Luis Pazos de la Torre, se manifestó ayer contra el establecimiento de topes a las exorbitantes tasas de interés que las instituciones bancarias que operan en el país cobran a sus clientes, particularmente desmesuradas en el caso de las tarjetas de crédito; reiteró que los porcentajes deben bajar como consecuencia de la libre competencia y, en un símil grotesco e improcedente, afirmó que la idea de regularlos es “una posición equivalente a la pena de muerte (…) una medida política de presión para los bancos, pero (que) en sí misma no soluciona los problemas”.

Las declaraciones de Pazos resultan inaceptables. En primer lugar, porque ponen de manifiesto una postura incompatible con el cargo que ostenta: alguien habría de recordarle que la institución que encabeza tiene como fin amparar a los usuarios de la arbitrariedad y el abuso de las instituciones financieras reflejados en el cobro de tasas de interés leoninas y altísimas comisiones por el uso de productos y servicios financieros, así como en las campañas telefónicas de acoso, hostigamiento y hasta intimidación contra los deudores que los bancos han incrementado a últimas fechas, vía despachos de cobranza. Por el contrario, al repetir los argumentos con que esas empresas tratan de justificar su conducta, da la impresión de que Pazos se ha erigido defensor de los banqueros y con ello pone en entredicho la utilidad de la instancia burocrática que preside y demuestra, por añadidura, que de muy poco servirán las nuevas facultades otorgadas a la Condusef la semana pasada por el Senado de la República en tanto no haya voluntad política –manifiestamente no existe– para ejercerlas.

Por otra parte, su defensa fundamentalista del libre mercado está fuera de tiempo, pues son precisamente las aplicaciones de la ideología neoliberal las causantes de los desbarajustes originados en el sistema financiero de Estados Unidos, los cuales se han extendido por el mundo. En el caso de México, la renuencia de las autoridades a regular la banca no sólo ha permitido que las instituciones financieras –en su mayoría propiedad de grandes corporaciones trasnacionales– operen en condiciones mucho más ventajosas que en sus naciones de origen, lo que de suyo constituye una forma de saqueo nacional, sino también ha propiciado que esas empresas, en su afán frenético de obtener ganancias económicas, incurran en prácticas que, como ocurre con el otorgamiento irresponsable de créditos al consumo, tienden a incrementar los niveles de endeudamiento y morosidad –por ende, de inestabilidad–, cuyo costo se transfiere posteriormente a los usuarios.

En una circunstancia como la actual, en la que confluyen escasez de empleo, carestía, inflación, devaluaciones y nulas expectativas de incremento salarial, entre otros factores, la protección de los usuarios de la banca por parte del Estado, la regulación de las instituciones financieras y la búsqueda de medidas que ayuden a los deudores a saldar sus réditos, sin que ello implique quedar a merced de la voracidad de los bancos, son acciones urgentes y de obvia sensatez en las que tendría que avanzar todo gobierno que se reclame sensible a las necesidades de la población. En cambio, con declaraciones como las realizadas ayer por Luis Pazos, queda en evidencia, una vez más, el carácter antipopular, oligárquico y pro empresarial de la administración en curso.