Alvaro Delgado

MÉXICO, D.F. (apro).- En el Estado de México está en curso la miseria política que se ha instalado en el país: El gobernador priista Enrique Peña Nieto y el candidato que escogió para sucederlo, Eruviel Ávila, despliegan con todo cinismo un catálogo de trampas que, por la inacción de la autoridad electoral castrada, quedará totalmente impune.

Ensamblados, como jamás han dejado de hacerlo, el gobierno estatal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) implementan un modelo que incluye los descarados mecanismos clientelares de siempre y las sofisticadas técnicas de propaganda, como la encuesta diaria del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), cuya publicación siembra en la sociedad la idea de que Ávila no sólo ganará, sino que lo hará con un porcentaje superior al 50%.

El plan prevé, por supuesto, las muy conocidas técnicas de adulteración en el curso de la jornada electoral, desde la compra de votos mediante el carrusel –que consiste en darle al votante una boleta marcada por el PRI y pagarle cuando entregue la que recogió en blanco– hasta el relleno de urnas donde la mesa directiva de casilla sea afín y no haya vigilancia opositora, lo que se logra con amedrentamiento, incluido el policiaco.
El modelo de la clase política priista más corrupta y cínica del país para retener el gobierno estatal y, luego, ganar la Presidencia de la República, se sustenta en el uso patrimonialista de los recursos con los que se ha construido en la televisión la figura de Peña Nieto, en cuyo gobierno se ha corrompido hasta las piedras para, literalmente, castrar al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).

No se explica de otra manera la exoneración que el IEEM hizo, por ejemplo, del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Bernardo García Cisneros, convertido en delincuente electoral en un operativo de compra de votos en Valle de Chalco, todavía en la etapa de precampaña, ni para intervenir en el despilfarro en la campaña de Ávila, cuyo despliegue de propaganda hace presumir con fundamento que ya rebasó el tope de campaña.

Las estimaciones de los partidos, pero también de observadores locales serios indican que el PRI ya superó los 203 millones 893 mil 207 pesos como gasto máximo, apenas un poquito más de lo que Ávila recibió de financiamiento público: Un total de 197.4 millones de pesos, es decir, 4 millones 384 mil pesos en cada día de su campaña.

Pero resulta que el IEEM sólo hará una revisión de los gastos de los candidatos sólo de la segunda mitad de las campañas y sus resultados serán secretos –sí, secretos–, porque así lo aprobó el Consejo General, el 10 de junio. Más aún, los resultados de la revisión final de los gastos sólo podrán ser conocidos hasta febrero de 2012.

Pero si, como es el caso del PRI –o puede ser, aunque es remoto, el de Alejandro Encinas o Luis Felipe Bravo Mena–, hay un rebase del tope de gastos de campaña no hay problema, porque el IEEM omitió definir los mecanismos para imponer sanciones. Si acaso, se podría imponer una multa económica al partido. Es una burla.

La esterilidad del órgano electoral del estado se acredita, también, por su incapacidad para ordenar al gobierno Peña Nieto que cancele la propaganda gubernamental, que se traduce en más de 2 mil 500 anuncios como espectaculares, bardas, lonas, vinilonas gallardetes y rótulos en transporte público.

El IEEM dice que retirará la propaganda del gobierno “sólo si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se lo ordena”, lo cual equivale a que no pasará nada, sobre todo luego de que ese órgano jurisdiccional exoneró a Peña Nieto de la descomunal propaganda televisiva, una decisión que no se explica sin la corrupción de los magistrados que encabeza María del Carmen Alanís.

A dos semanas de la elección, no parece posible una derrota del candidato de Peña Nieto, como en realidad nunca estuvo en riesgo, salvo que Ávila hubiese sido el candidato de los promotores de la frustrada coalición, pero la disputa de la izquierda y de la derecha panista era el segundo lugar y la distancia con el ganador, sobre todo para efectos políticos y sicológicos en sus respectivas militancias hacia el 2012.
Quizá tras la jornada electoral los porcentajes de cada contendiente observen modificaciones, pero serán mínimas si, como se aprecia, funciona el aparato PRI-gobierno y la mayoría de los 10 millones 533 mil mexiquenses siguen siendo tolerantes con la corrupción y la impunidad que asquea a quienes viven o han vivido en esa entidad, como yo, que viví en Naucalpan dos décadas.

Por lo demás, no es ninguna sorpresa que Peña Nieto recurra a todo el expediente de trampas electorales, porque es la que han venido observando todos los gobernadores desde 2006, poquito después de que el TEPJF convalidó todas las prácticas de la elección presidencial de ese año.

Y, desde luego, puede anticiparse que en la campaña presidencial Peña Nieto actuará de manera análoga, como lo hace ahora con la engañifa de la fatalidad de su triunfo, que sería el triunfo de la corrupción…

Apuntes

Hace un par de semanas, con motivo del Día de Libertad de Expresión –que en México se instauró en el alemanismo como fecha vergonzosa por rendir los periodistas pleitesía al poder–, en este espacio escribí que la conmemoración tenía el sello de la infamia, porque a la intimidación, censura, acoso, represión y desaparición contra centenares de periodistas, se acumulaban 38 asesinatos de periodistas en el gobierno de Felipe Calderón, ocho más de los que acumuló Vicente Fox en todo su sexenio. Y también dije que el desprecio de Calderón a quienes ejercemos este oficio con independencia se traduciría en más muertes. Lamento no haberme equivocado, porque hoy lunes, por la mañana, fue abatido, junto con su esposa y su hijo, el popular columnista del diario Notiver Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela. Con él suman 69 periodistas asesinados en una década de gobiernos del PAN…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx