POR ASUNTOS PERSONALES FUERA DE LA CIUDAD , EN LOS ULTIMOS DIAS NO PUBLIQUÈ NADA , PERO ESTAMOS DE VUELTA Y TRATAREMOS DE PONERNOS AL CORRIENTE .

SALUDOS A TODOS MIS LECTORES Y GRACIAS POR SU PACIENCIA .


Miguel Ángel Granados Chapa

Guerra sobre un cadáver


Bajo la estrategia de retirarse de las investigaciones de la indígena muerta en Zongolica, el Ejército se desmiente a sí mismo, corrige boletines y rechaza tener pruebas con las que antes, indicó, realizaría las pesquisas

Sobre el cadáver de Ernestina Ascensio Rosario, resumen de fragilidades, pues era mujer, pobre, indígena y anciana, está librándose una guerra no para que se haga justicia, sino para lo contrario, deformar y aun ocultar la circunstancia de su muerte en beneficio de la impunidad, una impunidad que habría sido promovida directamente por el presidente de la República.

Se perciben claramente dos tramos en la actividad indagatoria y en su exposición pública, divididos por el inopinado e inexplicado dictamen sobre la muerte de la señora Ascensio Rosario emitido como de paso, pero con claro ánimo definitorio, por Felipe Calderón el 12 de marzo. Antes de ese momento se investigaba la eventual participación de militares en aquella muerte, y en la indagación y tomas de posición relativas intervenían autoridades castrenses, incluido el propio secretario de la Defensa Nacional. Del 12 de marzo para acá esa presencia se ha diluido y las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encaminadas a establecer las circunstancias de la muerte, cambiaron de rumbo y se orientan ahora a incriminar al Ministerio Público de Veracruz. Lo cual, adicionalmente, se hace con ánimo propagandístico, para generar una percepción contraria a la tesis original de la violación y asesinato de la víctima, y no con el propósito de inducir una mejor procuración de justicia mediante la enmienda de procedimientos y la sanción a quienes los aplicaron indebidamente, pues ello se lograría mediante una recomendación que la CNDH se muestra renuente a emitir.

Atacada durante la tarde del domingo 25 de febrero en el campo en que pastoreaba sus animales, en Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, la señora Ascensio Rosario falleció a las seis y media de la mañana siguiente. Sus deudos y representantes comunitarios presentaron denuncia, donde indicaron la presunta responsabilidad de miembros del Ejército, a los que la víctima se refirió en su trance de muerte. Al contrario de lo que puede suponerse, por el desdén institucional frecuente contra las quejas y dolencias de las comunidades indígenas, el Ministerio Público veracruzano otorgó crédito al señalamiento y la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia solicitó el 28 de febrero al subprocurador regional de la Zona Centro Córdoba que a su vez requiriera al general de brigada Sergio Arturo García Aragón, comandante de la 26 Zona Militar, la siguiente información:

"a) Relación de nombres del destacamento de Tetlatzinga, Veracruz, b) Domicilio donde pudieran ser notificados, c) Nombre y grado militar de los elementos que jefaturan dicho destacamento, d) Si la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto del Ministerio Público Militar ha iniciado alguna investigación con motivo de los hechos acaecidos el día 25 de febrero del año en comento, e) Si la fiscalía del fuero militar tiene algunos elementos arraigados, detenidos o arrestados".

El 1o. de marzo hubo respuesta a la Procuraduría veracruzana y una manifestación pública de la Sedena, que en su comunicado numero 17 informó que "no obstante que la Procuraduría de Justicia del estado de Veracruz lleva a cabo las investigaciones correspondientes, el agente del Ministerio Público Militar procedió a integrar una averiguación previa para deslindar responsabilidades, quien con independencia y autonomía determinará lo que en derecho proceda, sin que hasta el momento se hayan encontrado pruebas o indicios fehacientes que señalen como probables responsables al personal militar".

La procuración de justicia militar pidió a la de Veracruz copia de su indagación y a su vez informó que "se encuentra integrando la averiguación previa 26/ZN04/2007 con motivo de los hechos ocurridos el 25 de febrero de 2007 en la congregación de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa". Informó también que "la totalidad del personal militar que el día de los hechos integró la base de operaciones García se encuentra sujeto a investigación por parte de esa fiscalía". En la misma fecha, fue entregada a la Procuraduría veracruzana fotocopia certificada de "la fatiga de personal que integra la base de operaciones García haciendo un total de ochenta y nueve personas".

El 6 de marzo, en su comunicado número 19 la Sedena dio cuenta del "avance de las investigaciones que realizan la Procuraduría de Justicia de Veracruz y la Procuraduría General de Justicia Militar, relacionadas con la supuesta violación de una mujer". En ese boletín la autoridad militar expresó llanamente que "peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar". Al día siguiente, en el comunicado número 20 se refirió de nuevo a esas muestras (las de semen y de sangre) y dijo que serían llevadas para su análisis pericial a la Procuraduría General de la República, y ofreció que los resultados se conocerían en un "tiempo estimado de 15 a 20 días".

Ese mismo 7 de marzo el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, recibió a la diputada Marina Arvizu, de Alternativa, y al día siguiente a legisladores y dirigentes del PRD. En el boletín en que anunciaba este segundo encuentro, la Sedena reiteró "su compromiso de no tolerancia de actos ilícitos de cualquier índole contra la población civil y mucho menos tratándose de aquellos cometidos contra la mujer".

El viernes 9 de marzo, a instancias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el día 3 de ese mes había anunciado su intervención en el caso de la señora Ascensio Rosario, "quien falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas", se practicó una segunda necropsia, pues la primera fue objetada y descalificada por la propia comisión. En este acto, cuya realización correspondió al Ministerio Público veracruzano como es de ley, estuvieron presentes como observadores personal de la CNDH y de la Procuraduría militar.

Ese fin de semana se tomó la decisión de borrar de la escena la presencia castrense. Quizá el propio presidente Calderón calculó que el estrecho vínculo que había establecido con las Fuerzas Armadas desde el comienzo de su gobierno se vería lesionado por la imagen que proyecta una agresión de esa gravedad, y decidió el cambio de rumbo de las averiguaciones. Él mismo fue el encargado de imprimir la nueva dirección a la pesquisa, y de hacerla concluir. En entrevista periodística con motivo del centenar de días de su administración y sin pregunta expresa, el lunes 12 diagnosticó que la muerte de la señora Ernestina se debió a una "gastritis crónica no atendida" y negó que hubiera sido violada. Sin manifestar que fuera la fuente de esa inesperada información, mencionó sin embargo a la CNDH. Allí han negado haber proporcionado esa información y sugerido que el personal presente en la segunda necropsia habló con el Presidente. Pero el hecho es que el 14 de marzo la comisión inició un curso de investigación que corroborara el dicho presidencial y desestimara la denuncia familiar y el trabajo ministerial veracruzano. Todavía, sin embargo, justificó su intervención en el caso por tratarse de una "violación a su derecho elemental a la vida". El 29 siguiente la CNDH, presuntamente con base en la segunda necropsia, dijo que la causa de la muerte fue médica, no mecánica, no obstante que en el documento ministerial se lee lo contrario.

El 6 de abril, conforme a la táctica de retirarse de la escena, la Secretaría de la Defensa Nacional se desmintió a sí misma. A diferencia de lo dicho el 6 y el 7 de marzo, dijo no contar "con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascensio Rosario y jamás lo ha tenido".

El 19 de abril, en medio de un gran aparato, el presidente de la CNDH embistió contra la Procuraduría veracruzana. En vez de remitir al gobierno de esa entidad la recomendación propia de sus funciones y de hacer las denuncias penales correspondientes ha elegido el embate mediático, que contrasta con su omisión frente a las averiguaciones militares. ¿Cuál es su estatus, cuándo se congelaron y por qué? Si la CNDH carece de él, no pocos ciudadanos han de tener interés en saberlo, en indagar qué pasó.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com