Ernestina

josé gil olmos


México, D.F., 11 de abril (apro).- La muerte de Ernestina Ascencio Rosario es uno de esos casos especiales que ponen a prueba no sólo la honestidad y credibilidad de las instituciones de justicia y derechos humanos, sino también de los medios de comunicación.

La semana pasada, en vísperas de la llegada de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) iniciaron una campaña conjunta para negar toda prueba de que la anciana indígena había muerto a causa de una violación tumultuaria por parte de soldados, el 27 de febrero pasado.

La segunda visitadora de la CNDH, Susana Pedrosa, responsable de la indagación de la muerte de la anciana de Zongolica, Veracruz, fue quien dio la cara a los medios, y ofreció declaraciones sobre la inexistencia de pruebas sobre una agresión sexual a Ernestina.

La funcionaria dijo que Ernestina no falleció de fractura craneoencefálica, sino a causa de una ulcera gástrica, y acusó a la Procuraduría de Veracruz de haber “perdido” los rastros de semen que habían quedado registrados en el examen médico que se le hizo la indígena en las últimas horas de vida y en la necropsia luego de que falleció.

La Sedena secundó a la visitadora y en una carta publicada en La Jornada el viernes pasado, aseguró que nunca habían tenido muestras del líquido seminal, contradiciéndose a si misma, pues en tres comunicados seguidos había dicho lo contrario. Incluso, en uno de ellos informó que los había enviado a la PGR para que compararan esta muestra con las tomadas a los soldados destacamentados en la zona.

Sin embargo, y por obvias razones, la oficina de prensa del Ejército ha evitado hablar del grave error cometido en el comunicado número 19 con fecha del 6 de marzo. Resulta que la Sedena difundido un primer comunicado en el que decía que “grupos desafectos” al Ejército fueron los culpables del “crimen”, buscando inculpar a los soldados y, con ello, presionar para que abandonasen el área y continuar sus actividades.

Ese comunicado fue recogido por personal militar en las redacciones de algunos medios de información de Veracruz y sustituido por uno nuevo, en el que se le suprimió este párrafo. Pero en este nuevo comunicado, la Sedena reconocía por primera vez tener muestras del líquido seminal recogido del cuerpo de Ernestina.

“Peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar”, señaló.

Hoy, la Sedena y la CNDH dicen que este líquido seminal nunca existió. Mientras, la Procuraduría de Veracruz también guarda silencio. La prueba esencial del caso ha desaparecido, con lo que se pretende dar carpetazo a la indagación.

Curiosamente, nada de esto salió en los noticieros de Televisa y TV Azteca. Tampoco en la mayoría de los periódicos ni en las estaciones de radio.

El periódico Milenio abordó el asunto pero como parte de la misma campaña iniciada por el Ejército y la CNDH. Esta semana dio inicio a la publicación de una serie de notas y artículos, en los que se demeritan las pruebas médicas y forenses de la procuraduría veracruzana, en las cuales se corroboraba la denuncia de una presunta violación tumultuaria perpetrada por un grupo de soldados.

Según el director de éste diario, Carlos Marín, se trata de “La triste historia de la cándida anciana y la tropa desalmada es una invención tan perversa como demencial”. Mientras que, para el subdirector de ese periódico, Ciro Gómez Leyva, es claro que se trata de “hacer pedazos a Soberanes”.

Además de rechazar las pruebas médicas de una agresión sexual a Ernestina, el diario maneja en su columna editorial la misma tesis de la Sedena: que pudieron haber sido “otro tipo de soldados” los que cometieron el ataque. ¿Pues cuantos soldados hay en el país?, sería la pregunta obvia.

El caso de Ernestina ha trascendido a nivel internacional. Ya fue retomado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y algunas organizaciones civiles han planteado enviarlo al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

Ernestina era una anciana marginada y pobre. No hablaba español y estaba indefensa. El primer examen médico que se le hizo en Río Blanco, Veracruz, cuando aún estaba viva, hablaba de una mujer agredida sexualmente, y no se puede decir que, desde entonces, ya se quería manipular su estado físico para dañar la imagen del Ejército y de la CNDH.

Los errores en la investigación, las contradicciones de las autoridades involucradas y la polémica suscitada en la opinión pública por la actuación del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, quien antes de concluir la investigación afirmó que había muerto de “anemia” producto de un desangrado estomacal originado por una gastritis crónica – lo mismo que dijo el presidente Felipe Calderón--, han puesto el caso de Ernestina como un ejemplo de los más graves en cuanto a violaciones a derechos humanos.

Se trata del primer caso de impunidad de este gobierno y quizá el más grave por las condiciones de la anciana indígena, por quienes están involucrados y por la cuestionable actuación de la CNDH que, de ser el “defensor del pueblo”, ha pasado a ser su peor enemigo.