Usurpación y obsequiosidad

Por: Eduardo Ibarra Aguirre
Fecha publicación: 18/03/2007



Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se dio tiempo para ocuparse de Ernestina Rosario Ascencio, la náhuatl de 73 años de edad, violada y asesinada presuntamente por elementos del Ejército, el 25 de febrero.

Calderón dijo textualmente a Elena Gallegos y Claudia Herrera: “he estado al pendiente del caso de la señora que se dice (sic) asesinaron en Zongolica. La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a la información” (La Jornada, 13-III-07, p. 11).

El que funge como presidente de la República, en esas cuantas líneas atropella toda la arquitectura jurídica al jugar funciones ministeriales y, lo que es gravísimo, judiciales, al dictaminar que los hombres que recibieron un aumento más que sustantivo en sus haberes, mientras a los trabajadores se les somete a políticas de contención salarial, son ajenos a la violación y asesinato de doña Ernestina.

La irresponsable declaración del michoacano lo lleva a usurpar funciones judiciales, como si no fuera suficiente la que, según sus adversarios políticos, se deriva de la generalizada sospecha sobre los resultados del 2 de julio.

La recomendación de Calderón Hinojosa a las reporteras no se compadece de sí mismo, en el afán de rendirle pleitesía al alto mando del Ejército, gracias al cual tomó posesión y gobierna desde el 1 de diciembre.

La gravísima usurpación de funciones no tiene atenuantes. Sólo en un país como México, donde el cinismo significa a la mayor parte de los gobernantes, la clase política, los poderes institucionales y los fácticos, así como a franjas amplias de la sociedad, no pasa nada digno de consideración después de semejante despropósito presidencial. Las reacciones de cartonistas e informadores como Carmen Aristegui Flores confirman el ominoso silencio.

Pero la violación y asesinato de Rosario Ascencio -al decir de diversas ONG y los familiares- no es, ni con mucho, el primer caso. Como escribe el periodista veracruzano César A. Vázquez Chagoya, “desde hace más de 20 años se les está señalando de acosar y violar a las indígenas de Zongolica”. Sólo que al orador recurrente sobre el imperio de la ley no parece importarle.

Calderón usurpa funciones en el abominable crimen pero no desempeña sus obligaciones constitucionales en la defensa puntual y enérgica, no ditirámbica ni irrespetuosa, de los intereses nacionales ante un George W. Bush débil, rechazado por la mayoría de sus gobernados, con un fracaso militar y político en Irak y con la administración del tiempo como tarea principal de gobierno.

Declinante en sus obligaciones legales, también se ostenta Guillermo Ortiz Martínez al explicar a la Comisión de Hacienda del Senado que no es posible fijar topes a las escandalosas comisiones bancarias, porque “se han venido reduciendo ligeramente”, además de que “podrían cobrar más por otros servicios no regulados”.

Al gobernador del Banco de México sólo se le ocurre obligar a la banca -92 por ciento está en manos extranjeras- a que informe sobre las condiciones reales de los contratos, “lo que tiene que ver con la letra chiquita”, mientras cobra hasta 77 por ciento en la utilización de tarjetas de crédito, y en sus países de origen es cercano a 15 por ciento. El costo anual promedio de una cuenta de HSBC en México es cinco veces mayor que en Inglaterra. El mexicano paga tres veces más a BBVA-Bancomer que un cliente de la matriz española. Los servicios de Banamex son nueve veces más caros que en Estados Unidos.

Los mexicanos estamos en la indefensión con gobernantes tan obsequiosos.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de México.(foto: Ma Guoqiang - XINHUA)