Las batallas del Ejército

jorge carrasco araizaga
Proceso

Guillermo Galvàn Galvàn

México, D.F. (apro).- Violaciones sexuales, pleitos judiciales y atentados son las nuevas batallas que libran las Fuerzas Armadas mexicanas, en especial el Ejército, en momentos en que se han convertido en el principal soporte del poder presidencial.

En algunos de estos casos, los militares parecen estar luchando contra sí mismos.

Al protagonismo que les asignó el presidente Felipe Calderón desde el primer día de su gobierno y reforzó luego con el despliegue de los operativos contra el narcotráfico, se han sumado en las últimas semanas acontecimientos que han elevado el grado de exposición negativa de los militares.

En forma paradójica, el 19 de febrero –día del Ejército– la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a discutir los amparos interpuestos por once militares para impugnar su baja por ser portadores del VIH, condenándolos a la desatención médica y por tanto a la muerte.

La discusión en el máximo tribunal terminó con la restitución de los elementos con el fin de que sigan trabajando en las Fuerzas Armadas, pero dejó intacta la prerrogativa de la institución castrense para seguir tramitando la baja de aquellos efectivos que, mediante certificación médica, sean declarados “inútiles” por padecer VIH.

Y en medio de las discusiones en la SCJN, hubo una nueva manifestación de las crisis que se generan en el Ejército cuando algunos de sus efectivos se ven involucrados en abusos sexuales.

Todavía no se ha resuelto el caso de la violación de un grupo de sexoservidoras, en julio del año pasado, por parte de militares en el municipio de Castaños, Coahuila, cuando presuntamente otro grupo de soldados violó y provocó la muerte a una anciana indígena en la localidad Soledad Atzompa, en la sierra de Veracruz.

Aún no se determina la responsabilidad de los señalados, pero el tema tiene bajo presión al Ejército. Por ello el titular de la Sedena, general de división Guillermo Galván Galván, ha tenido que recibir en audiencia a distintos legisladores, reconociendo implícitamente el cariz político del problema.

La relevancia política está garantizada con la decisión de la Cámara de Diputados de incorporar el tema de las violaciones sexuales cometidas por miembros del Ejército en los trabajos de Comisión Especial para Conocer las Políticas y Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios.

Tanto en la protección social a sus elementos, como en los casos de las violaciones sexuales, la solución está en el propio Ejército. Más compleja es la situación que enfrenta en relación con el narcotráfico.

El atentado al general de división retirado Francisco Fernández Solís, secretario de Seguridad Pública de Tabasco, inédito en los embates de la delincuencia organizada, demuestra la exposición a la que se encuentra el Ejército Mexicano por la decisión del poder político de descansar en en los militares las tareas de seguridad.

Sin embargo, la gran paradoja de la democracia mexicana es que los militares desempeñan día a día un papel más protagónico, cuando era de esperar que su presencia pública estuviera cada vez más acotada, al grado incluso de que quedara en manos de civiles la titularidad de las secretarías de la Defensa y Marina, como ya ocurre en varios países de América del Sur y Europa.

Por ello más allá de la crisis de inseguridad, lo que demuestran las batallas en las que ahora están inmersas las Fuerzas Armadas mexicanas, es que éstas no pueden ser ajenas a la esperada reforma del Estado. (9 de marzo de 2007)

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