La impunidad

sara lovera
Proceso


México, D.F., 19 de febrero (apro-cimac).- Debía avergonzar al gobierno que administra el señor Felipe Calderón el reconocimiento tácito de las autoridades de la Secretaría del Trabajo sobre su responsabilidad --y la de Industrial Minera México (IMMSA)-- en la tragedia de Pasta de Conchos, en que perdieron la vida 65 mineros y un rescatista.

Pero el expediente de esa dependencia sobre su ‘autoanálisis’ de 18 kilos de documentos, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los documentos que analiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los testimonios de trabajadores, el análisis de los diputados progresistas de la anterior y de esta Legislatura, no parece que sean argumentos suficientes para hacer justicia.

Y cuando hay sólo alegatos y no justicia, se puede perder la esperanza de que este país recupere la dignidad.

En cambio a las mujeres, que no se mueven de la entrada de la mina, que recordaron a sus queridos esposos, hijos o hermanos al año exacto de la tragedia, sin mover un ápice sus demandas, que han conseguido sobreponer a su dolor la dignidad y la lucha, a ellas, simplemente, ni las ven ni las oyen.

El gobierno y la empresa en contubernio pensaron que el dinero podría comprarlas y callarlas. Pero en estos tiempos eso ya no es útil. Ellas quieren los cuerpos de sus familiares y no se conforman con explicaciones superficiales.

Son mujeres llenas de dignidad. Un puñado de viudas o madres que han empezado a escribir una nueva página de resistencia femenina, como en Atenco y como en Oaxaca. Son como las mujeres que conocimos en los campos minados de Chiapas hace más de una década.

Se parecen a las mujeres de todos los tiempos peleando por sus derechos. Y sin que nadie se asombre, un año después de la tragedia, estas mujeres no están solas. Y aunque a los distintos poderes ya les hubiera gustado que se fueran a su casa, es imposible, porque ellas quieren los cuerpos de sus familiares.

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