SME: año y medio de supervivencia

Miguel Ángel Granados Chapa MÉXICO, D.F., 10 de abril.- Mañana, lunes 11 de abril, se cumplirán 18 meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la empresa eléctrica que con distintas denominaciones y diversas condiciones jurídicas prestó el servicio público de electricidad a la Ciudad de México y a varios estados vecinos.

Aun si se considerara que tal fue el propósito llano, el de liquidar un organismo público que en vez de contribuir al desarrollo mexicano estaba lastándolo, el decreto correspondiente está probablemente viciado de origen, como se empeña en demostrar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero es difícil encontrar que tras el decreto de extinción de una empresa gubernamental se escondía en realidad el propósito de exterminar a una agrupación sindical casi centenaria, que a lo largo de su prolongada existencia se apartó sistemáticamente del modelo de organización laboral por el que los gobiernos priistas sometieron a los trabajadores a sus designios.

El cálculo gubernamental resultó errado. El sindicato no sólo existe, sino que una vasta proporción de sus integrantes ha resistido durante este año y medio las varias tentaciones, amenazas y presiones para claudicar en su propósito de recuperar la fuente de trabajo de la que fueron despojados abruptamente, con nocturnidad y con apoyo de la fuerza pública.

A través del sector laboral (Secretaría del Trabajo y Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) el gobierno panista quiso eliminar al sindicato por medio de una añagaza permitida por la en ese punto opresiva legislación de las relaciones laborales. Se negó a reconocer a la dirección elegida por los trabajadores, auspició el avance de una corriente colocada ostensiblemente al servicio de las autoridades e instigó la discordia interna difundiendo la falsa especie de que el comité encabezado por Martín Esparza únicamente buscaba la liquidación del patrimonio sindical en beneficio de unos cuantos.

El sindicato ha remontado un sinnúmero de circunstancias adversas y continúa en pie de lucha. Legitimada su dirección sindical por el apoyo masivo de más de 15 mil de sus miembros, que arrancaron el reconocimiento oficial negado por meses de manera contumaz, el SME mantiene abiertos diversos frentes para impugnar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, aunque parezca un hecho consumado e irreversible.

A través de juicios de amparo, por ejemplo, insiste en que el decreto del 11 de octubre de 2009 carece de eficacia jurídica, porque se incumplieron normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. La consecuencia de tal incumplimiento, según el argumento del SME sobre el cual deberán manifestarse en estos días jueces de amparo, es que ese muerto que el Estado pretendió enterrar o incinerar en realidad sigue viviendo. Dicho de otra manera, con las palabras del alegato sindical, “el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no se encuentra jurídicamente en extinción ni en estado de liquidación”, por lo cual es debido que la administración pública ordene “la apertura inmediata del centro del trabajo, reinstalando a sus órganos de dirección y a los trabajadores adscritos a sus unidades de operación, cubriéndoles su salarios y prestaciones respectivos”.

Es difícil imaginar a jueces federales (los que conocen de dos amparos con esta materia como acto de autoridad impugnado) procediendo con tal gallardía que pongan en jaque a la Presidencia de la República. Es de imaginar que interpretarán los preceptos legales aplicables de tal suerte que prevalezca la situación de hecho originada hace año y medio. Pero no hay duda de que los autores de la medida, los constructores del andamiaje jurídico, actuaron con ignorancia o con prepotencia, esto es ignorando cómo debían proceder para liquidar a LyF o haciéndolo a conciencia contra la ley, con la arrogancia de quien sabe que un acto autoritario se impone por sí mismo y se le hace valer contra todo argumento con la pura razón de Estado.

El decreto de extinción de Luz y Fuerza fue elaborado al margen de los mecanismos de “mejora regulatoria” establecidos desde 1994. La Ley de Procedimiento Administrativo de entonces estableció una comisión encargada de revisar los decretos (y otros documentos con que el Ejecutivo ejerce el poder administrativo) que, entre otros propósitos, modifican el aparato estatal.

Esa ley determina que antes de emitirse un decreto, se formule un anteproyecto y se elabore una manifestación de impacto regulatorio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) debe conocer cuando menos con 30 días hábiles de anticipación, y darle publicidad para que opinen sobre su contenido los sectores interesados. En su premura por extinguir a Luz y Fuerza, al menos tres secretarios de estado (de Gobernación, Energía y Hacienda) omitieron esa manifestación de impacto regulatorio y no contaron con el dictamen aprobatorio de la Cofemer.

Especialmente responsable es el secretario de Gobernación (lo era Fernando Gómez Mont en aquel momento), pues la ley ordena que esa dependencia “no publicará en el Diario Oficial de la Federación los actos… que expidan las dependencias o los organismos descentralizados de la administración pública federal, sin que éstas acrediten contar con un dictamen final” de la Cofemer.

La consecuencia de que los jueces de amparo percibieran la gravedad de esa omisión, calcula el sindicato, es que “se impone restaurar de inmediato las funciones de Luz y Fuerza del Centro, retirar la fuerza pública ubicada en sus instalaciones, reinstalar a los trabajadores en sus empleos, cubrirles el importe de los salarios y prestaciones de que fueron privados y suspender las acciones de liquidación que resultan ser de facto”.

Televisa y TV Azteca: La sociedad perversa

Jenaro Villamil

Una trama de simulación empresarial, financiera y política, así como la ambición por controlar las dos terceras partes del mercado de 35 mil millones de dólares anuales que genera el sector de las telecomunicaciones en México, está detrás de la reciente operación confirmada por Televisa para adquirir 50% de las acciones de Iusacell, la tercera empresa de telefonía móvil en el país y propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Esta transacción –a la que aún le falta la autorización de la Comisión Federal de Competencia (CFC)– incluye un compromiso de Televisa para invertir mil 600 millones de dólares (37.5 millones en capital y mil 565 millones en deuda convertible) a cambio de compartir con Salinas Pliego “los mismos derechos de gobierno corporativo” en Iusacell, así como permitir negociaciones entre la empresa de telefonía móvil y “filiales de Televisa para expandir su oferta de servicios”.

El control de la mitad de Iusacell le permitirá a Televisa ser la única empresa que dé los servicios de cuádruple play en México (televisión, internet y telefonía fija y móvil) a través de su red de empresas de televisión por cable (Cablevisión, TVI y Cablemás), más la de televisión satelital, Sky, y la telefónica Bestel.

El anuncio de la transacción entre Televisa y Iusacell coincidió con la autorización para que la empresa de Emilio Azcárraga Jean aumente de 58.3 a 100% su inversión en Cablemás, el segundo operador más grande de televisión por cable en el país, con 2.8 millones de suscriptores y una red de servicio de 17 mil kilómetros.

Esta concentración se realiza pese a que Televisa y Cablemás incumplieron las condiciones impuestas por la CFC en agosto de 2007: que Cablemás abandonara su participación directa o indirecta en la Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV, a través de su filial Paxia), que Televisa diera acceso no discriminatorio a otras empresas a sus señales de televisión abierta y que se prohibieran “las ventas atadas”.

Este es un adelanto del número 1797 de Proceso, ya en circulación.

La naturaleza de la alianza PRI-PAN

Arnaldo Córdova

Las revelaciones de los documentos de Wikileaks dados a conocer por La Jornada el lunes pasado nos muestran que no era cierto que todo lo que nos descubrían ya lo sabíamos. En este asunto, en particular, sabíamos que existía una alianza entre el PRI y el PAN desde, por lo menos, 1990, y que había sido ideada por Salinas, atemorizado por el avance impresionante de la izquierda en las elecciones de 1988 y por su hallazgo de que entre el PRI y el PAN había diferencias, pero que resultaban menores ante el peligro que la nueva izquierda representaba para ambos. Sabíamos también que el PAN, representado por Fernández de Cevallos, aceptó la propuesta salinista. Desde entonces se dio esa alianza histórica priísta y panista que no ha dejado de funcionar con gran eficacia, hace ya veinte años.

Los documentos de Wikileaks nos muestran ahora el carácter perverso y sucio de esa alianza y el modo especial en que funciona. Ahí no hubo nunca acuerdos para siempre, excepto uno: no dejar, jamás, que la izquierda llegara al poder. Todo lo demás era negociable y nada se daría por garantizado. Esa alianza, dicho en otros términos, tiene un solo fin: impedir el triunfo de la izquierda en las elecciones nacionales. Los relatos que pueden hacerse a partir de esos documentos nos indican que los aliados eran, de verdad, enemigos en el campo de la lucha política y que cada uno hacía por sus intereses y lo hacía despiadadamente, sin importar si al aliado se lo llevaba entre las patas. Sólo se juntaban y la alianza operaba cuando ambos sentían que el enemigo los amenazaba a los dos.

También sabemos, gracias a esos documentos, que ese momento llegaba cuando uno de los aliados se rezagaba a ojos vistas y ya no podía aspirar a nada más. Eso le ocurrió a Madrazo y al PRI. Cuando supieron que estaban perdidos, el PAN acudió a ellos y les hizo ver que la alianza debía ya ponerse en movimiento en contra de una izquierda pujante que los amenazaba a ambos y era preciso hacerle frente en común. Los priístas lo aceptaron y, en ese instante, decidieron que Calderón sería su propio abanderado. Claro que también podemos saber algo que fue claro en su momento: que Madrazo fue condenado al fracaso por sus correligionarios, particularmente por algunos de los gobernadores priístas que se vieron amenazados de muerte por un posible triunfo del tabasqueño. Para consolidar su poder local, prefirieron apoyar al candidato panista, tratando de obtener todo lo que pudieran en esta alianza dictada por las circunstancias.

Mucho de canibalesco tiene esta alianza y es una muestra de que el objetivo es único: destruir a la izquierda o impedir su acceso al poder. En todo lo demás, que cada quien se atenga a su santo y que gane el más fuerte. Es difícil no pensar en esta alianza como una que se da entre rufianes, entre auténticos mafiosos para los que la ley vale un comino y las instituciones del Estado no son más que viles instrumentos de sus sucios enjuagues y trapacerías. Decir, como lo hizo alguno de los informantes de la embajada, que se estaba haciendo “presión” sobre López Obrador y que se mantendría y se aumentaría en la medida en que se acercara la fecha de las elecciones, no quería decir que en el terreno electoral se haría lo posible para hacerle perder terreno al perredista. Quería decir que se emplearía todo el poder del Estado para derrotarlo a como diera lugar, por encima de la legalidad y de la institucionalidad. Fox mismo lo dijo, con la estupidez que lo caracteriza.

Que los priístas, principalmente los gobernadores del norte del país, le hayan temido a Madrazo, como lo revelan los documentos de la embajada, nos habla de dos cosas al mismo tiempo: una, la feudalización priísta que había hecho de esos gobernadores dueños de su propio reino y que veían en Madrazo no a un correligionario, sino a una amenaza a sus intereses particulares; dos, que habían entendido perfectamente ya el sentido de la alianza. Eso quiere decir que la alianza no operó únicamente en contra de López Obrador, sino también de Madrazo y de eso éste ni siquiera se dio cuenta. Dan náuseas de sólo ver a los protagonistas, expuestos por los documentos de la embajada, tirándose piales y haciéndose porquerías indecibles entre ellos mismos no sólo con tal de impedir el triunfo de la izquierda, sino también de aprovechar las debilidades del aliado o de los propios correligionarios para sacar provecho para sí.

Madrazo, por lo que puede verse, fue más una víctima de los mismos priístas que de los panistas o de la izquierda. “Todos unidos contra Madrazo (Tucom)” o “Tú, ¿le crees a Madrazo? Yo tampoco” fueron creaciones de la impudicia priísta en contra de su propio abanderado. Eso es revelador de otro aspecto que se esconde detrás del feroz pragmatismo de los gobernadores priístas y de los grupos que los apoyan y del oportunismo que, en general, ha caracterizado a los priístas durante los gobiernos panistas: la derechización irremediable del PRI que corre parejas (así se dice en el español clásico) con su absoluta incapacidad de actuar como un partido de oposición, como también lo revelan los documentos de Wikileaks. Es probable que una buena mayoría de los cuadros priístas de alto nivel se hayan alegrado de la derrota de su propio partido.

Podríamos hacer una inferencia de todas esas revelaciones que explican la actitud traidora (respecto a la alianza histórica de la derecha, por supuesto) de los priístas en su actuación en el Congreso. No le dan nada al gobierno panista no porque ellos no sean derechistas igual que los panistas, sino porque dentro de la alianza hay una guerra sin cuartel con sus propios aliados por posiciones de poder. Muchos se han preguntado el porqué no han prosperado lo que los derechistas de todos los signos llaman “reformas estructurales”. Ahora todo parece mucho más claro: la alianza histórica del PRI y el PAN sólo incluye un acuerdo básico: impedir el triunfo de la izquierda a nivel nacional. En todo lo demás, ¡olvídense!, es la guerra. Parece increíble que entre aliados se pueda dar toda clase de porquerías y de golpes bajos; pero la verdad es que la alianza se hace efectiva cuando hay intereses concretos que la hacen necesaria, como en la reforma laboral o, de nuevo, cuando se trata de derrotar a la izquierda. Ambos sirven a los dueños del dinero, pero cada uno a su modo y por su lado. Hasta en eso son enemigos.

La conclusión es la misma: en México ya hay sólo dos fuerzas: la derecha, encarnada por el PAN y el PRI, y la izquierda que, hoy por hoy, sólo se encarna en López Obrador y en su gran movimiento de masas. La derecha se lleva muy pesado en sus entrañas y es capaz de cualquier atrocidad y, también, de todos los crímenes imaginables. Frente a ella, la izquierda que hoy existe sólo tiene una perspectiva: fortalecerse a sí misma hasta poder acceder al poder, respetando siempre la legalidad y las instituciones. No puede, de ningún modo, comportarse tan suciamente como la derecha.

Sí, es verdad, hay muchas y muy graves diferencias entre el PRI y el PAN. A ambos sólo los unifica la voluntad de combatir a la izquierda. Pero es, justo, eso lo que define hoy a la derecha.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

Leer los 50 puntos del Nuevo Proyecto Alternativo de Naciòn y toda lectura relacionada con ello , como este artìculo de Guillermo Almeyra , nos permitirà ir viendo quien en realidad està planteando algo diferente y bueno , pero de adeveras , para el paìs y los mexicanos . Debemos pensar , analizar , comentar , criticar y compartir este tipo de lecturas . Solo asì podremos descubrir què polìticos siguen en lo mismo de siempre : prometiendo todo para no cumplir nada ; ejemplos tenemos miles , de los màs recientes : los ultimos cuatro años , tanto PRI como PAN se ponen de acuerdo para aumentar impuestos , precios de gasolina , luz etc. y si recuerdan , en campañana prometieron absolutamente lo contrario . Ya no podemos irnos con la finta una vez màs . ¡¡¡¡ DESPIERTA MÈXICO !!!!!!

El Morena y otro proyecto de país

Guillermo Almeyra

El límite del proyecto del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que es un organismo de gran importancia política y social, se ve ya desde el nombre del mismo: busca en efecto la regeneración y no la transformación del México capitalista y dependiente, mediante una serie de reformas que revivirían un mítico México lindo y querido del pasado. Y todas las propuestas del proyecto, tanto las precisas como las que no lo son, se basan en la idea de que hay que construir un gran movimiento cívico organizado para imponer dichas reformas por la vía pacífica y electoral. Y no, por el contrario, de que hay que unir ese movimiento cívico con los movimientos sociales y darles a éstos un objetivo político transformador radical ni de que hay que fomentar la autorganización de los trabajadores y de las víctimas del capitalismo, su autonomía, sus prácticas elementales de poder popular para cambiar la relación entre las fuerzas sociales y poder así vencer la resistencia de la oligarquía y del imperialismo, sea por la vía electoral, sea por otras vías como la de la resistencia civil masiva y organizada, si aquélla resultase impracticable.

Aunque está creciendo y está mejor organizado que el respaldo que tenía Andrés Manuel López Obrador en 2006, cuando le robaron el triunfo, el Morena se apoya, aparentemente, en un caudal de esperanzas menor que el de hace cinco años. Eso no quita que sea la única oposición antioligárquica y antimperialista presente en el panorama actual, ni que tenga el único proyecto digno de ese nombre (pese a sus defectos y carencias) ni que no cuente con un vasto apoyo social, sobre todo en el centrosur del país, y particularmente entre los más pobres y en un amplio sector de la intelectualidad. Por lo tanto, a quienes son además de antioligárquicos y antimperialistas, anticapitalistas, socialistas, se les plantean sólo dos opciones.

La primera consiste en apoyar al Morena, manteniendo su independencia política frente al mismo y agregando a las consignas nacionalistas-desarrollistas del movimiento las consignas anticapitalistas que permitan una transición de la lucha corporativa a la lucha política anticapitalista y de la lucha defensiva y nacionalista, al desarrollo de puntos de resistencia y poder populares que permitan encarar la construcción de una alternativa al capitalismo. La segunda, estéril, consiste en tomar como pretexto el carácter electoralista del Morena, su estructura vertical, el decisionismo de su dirección y el carácter limitado de sus propuestas para mantenerse al margen de este movimiento social vasto –que además es el único de envergadura en México– y, en vez de hacerle aportes críticos constructivos, buscar desprestigiarlo y debilitarlo ayudando así a la derecha, tal como sucedió en 2006 con la pésima posición política adoptada por los supuestos “apolíticos” abstencionistas.

El movimiento obrero en México, al igual que los trabajadores y oprimidos en general, ha sufrido una serie de grandes derrotas sucesivas a la que posiblemente se sumará la modificación reaccionaria de la Ley Federal del Trabajo. Necesita recuperar terreno y confianza en sí mismo aunque sea en el limitado y limitante campo electoral. Sobre todo cuando el país está militarizado, en manos de la narcoviolencia y de la violencia de la oligarquía que usurpa el poder en el Estado y cuando éste mismo está en descomposición acelerada y las leyes y la soberanía son pisoteadas todos los días con la complicidad del PAN, el PRI, el PRD y de todos los partidos defensores del capitalismo. En estas condiciones, incluso las reformas limitadas que propone el Morena son incompatibles con el funcionamiento del régimen y del sistema capitalista, que busca aumentar la explotación y la opresión. Son, por eso mismo, reformas movilizadoras, objetivamente anticapitalistas aunque no busquen debilitar el sistema.

Además, si en vez de hacer una campaña puramente electoral con vistas a un triunfo en las urnas, que podría ser nuevamente robado como lo fue en 1988 y en 2006, se aprovechase la coyuntura política para crear y extender las autonomías, imponer el control popular sobre las instituciones, desarrollar y organizar poder en el territorio, no sólo el Morena crecería en posibilidades y se transformaría sino que habría un núcleo organizador de la protesta popular que de otro modo, a causa del miedo, de la desorganización, de la despolitización, podría refugiarse en la abstención, dejándole así el campo libre a quienes desde el poder entregan el país al imperialismo y agravan terriblemente la situación de los explotados y oprimidos.

La crisis del capitalismo lleva a éste a acabar con las conquistas sociales y rebajar aún más los ingresos de los más pobres. Si ganasen en 2012 los agentes nativos del imperialismo (PAN, PRI y todos sus secuaces) viviríamos una dictadura del capital y una violencia aún más extrema contra las resistencias a la misma. Si ganase en cambio el Morena, flanqueado por la izquierda socialista y con el apoyo de una expresión política de los trabajadores, se abriría otro proceso, se construirían esperanzas, se crearía otra relación de fuerzas que permitiría hacer frente a la inevitable reacción del imperialismo y de la oligarquía.

La lucha actual no es una contienda electoral más, aunque se dé en el plano electoral, tal como nació la Revolución Mexicana de la lucha contra el fraude y la relección. Es una lucha, deformada electoralmente, por la transformación revolucionaria del país, por derrotar a las fuerzas de la sumisión, la explotación y la miseria.

Calderón, a juicio

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 8 de abril (apro).- En una guerra existen protocolos para actuar, para el trato a los rehenes, para el trato a la prensa, existe, en suma, la Convención de Ginebra que marca la ruta para que uno y otro bandos actúen y tomen decisiones, y existe también La Haya para juzgar a quienes se considere criminales de guerra.

En México existe una guerra de un gobierno contra un sector de la población: los que forman parte del crimen organizado. Hubo una declaración unilateral anunciada el 6 de diciembre del 2006, pero lo que nunca existió fueron los protocolos que permitieran juzgar a quien, en nombre de esta guerra, cometiera abusos, violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos.

Felipe Calderón Hinojosa decidió sacar al Ejército de sus cuarteles y dijo que habría bajas, que cuatro años más tarde recibieron el mote de “daños colaterales”, pero lo que nunca dijo fue cómo evitarlos o quién juzgaría a aquellos que cometieran abusos.

Dejó, por ejemplo, que el Ejército se siga escudando en el fuero militar para que los atropellos de éstos no fueran juzgados. No hizo nada por profesionalizar a los policías federales de Genaro García Luna y sí, en cambio, ha dejado que el titular de la SSP federal siga actuando a pesar los señalamientos en su contra.

El problema no es que se combata al crimen organizado, el punto es que la forma de hacerlo no ha traído nada bueno y, lo peor, no ha disminuido la narcoviolencia. A García Luna se lo repiten legisladores de todos los partidos cada vez que acude a la Cámara de Diputados, pero por otro lado los mismos legisladores no hacen nada para detener el baño de sangre que existe en México.

Todos se llenan la boca diciendo que hacen su parte, que le han dado los instrumentos al Ejecutivo federal para acabar con el crimen organizado, que le aprobaron esta y tal ley, pero han sido incapaces de cuestionar otros aspectos; incluso no han podido ser un contrapeso para, como Poder Legislativo, poner un freno al Ejecutivo. Lo dejan ser omnipotente, como si cada una de sus decisiones no pudiera ser cuestionada o… juzgada.

No ha habido una discusión seria en la Cámara de Diputados para detener este baño de sangre, pero sí muchos momentos para criticar y cuestionar. Hechos que han sido menos que llamados a misa para los funcionarios federales como, por ejemplo, el propio Calderón o García Luna.

Nadie ha puesto sobre la mesa temas como la ausencia de protocolos para detener, para investigar o para combatir el crimen organizado a cargo de las Fuerzas Armadas, porque bien es sabido que éstas se encuentran violando la Constitución al participar en el combate al narcotráfico. No le han dado al Ejército las herramientas legales para actuar y es lo mismo que dejarlos actuar en la impunidad. Y de poner un alto a los abusos de las policías tampoco se habla o se trabaja en el Poder Legislativo.

Uno se pregunta, ¿existen averiguaciones previas contra los 35 mil muertos que lleva esta “guerra” de Calderón? Por supuesto que muchos de los fallecidos han tenido participación en el crimen organizado, pero otros tanto no y también han formado parte de esta masacre. Y como prueba están ahí los más de 70 muertos en San Fernando, Tamaulipas. ¿Quién los asesinó, el crimen organizado, las policías, el Ejército, el Poder Legislativo, el Presidente de la República, quién?

¿Por qué ni diputados ni senadores reparan en todo esto?

En los hechos, los legisladores de esta y la pasada Legislatura son cómplices de lo que está aconteciendo, ya que sólo se quejan y no hacen nada para decirle: “Ya basta, señor Calderón”, “ya basta de que los asesinatos se haya convertido en algo rutinario”.

Los legisladores se la pasan discutiendo asuntos menores frente a lo que vive el país. No se preguntan, por ejemplo, qué hacer, cómo ayudar a los 15 mil niños huérfanos que ha dejado esta guerra en Ciudad Juárez, Chihuahua. No se atreven siquiera a preguntarse cómo evitarán que el rencor de los vivos, que sufrieron alguna pérdida, los lleve a delinquir, a odiar, a golpear, a ver la violencia como algo natural y, por tanto, a reproducirla.

Piensan, quizá, que esta realidad nunca los alcanzará; pero un niño de 10 años al que en el 2000 le mataron a sus padres, ya sea por el fuego cruzado o porque formaban parte del crimen organizado, porque fueron “daño colateral”, porque eran policías que combatían a “los malos” o porque sus padres eran militares y cumplían órdenes del jefe supremo de la Fuerzas Armadas, contará al finalizar este sangriento sexenio con 16 años. Quizá mañana ese niño, hoy huérfano, sea su verdugo.

Legisladores y gobernantes sólo piensan en el 2012, en quién ocupará la silla presidencial. Pero ese año, quien gane, tendrá que lidiar con el odio y rencor que este gobierno ha hecho recrudecer, y se enfrentará con miles de jóvenes que están creciendo en una sociedad vejada.

Quizá mañana quieran llevar a juicio a los militares de este sexenio, quizá quieran llevar a la cárcel a cientos de policías que en medio de esta guerra han abusado del poder y violentado las garantías individuales de cientos de mexicanos. Pero ahora, ¿por qué no hacen nada, por qué no obligar al gobierno federal a detener este baño de sangre?

Si el gobierno federal vive en la indiferencia del clamor de la gente que pide a gritos un cambio en la estrategia anticrimen, en el Poder Legislativo se vive, sin atreverse a aceptarlo, una complicidad. Así fue desde el momento mismo en que permitieron a Felipe Calderón Hinojosa protestar como presidente de la República. Por el bien de la nación, de las instituciones, dijeron los priistas aquel diciembre de 2006; hoy, por esa misma razón, por el bien de la nación, debieran destituirlo y llevarlo a juicio.

Dato: ¿En qué se ocupó el Poder Legislativo esta semana? En ver de qué manera impedían la difusión de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Senadores de PRI y PAN, de la comisión bicameral del Congreso de la Unión, votaron en contra de que se televisara la visita del tabasqueño. Y en cámara, los priistas afines a Enrique Peña Nieto estallaron en cólera cuando se enteraron que el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez --también priista--, lo recibiría. Algo más en que se ocuparon los senadores fue en votar para que llegara Marisela Morales a la Procuraduría General de la República, quien en más de una ocasión ha sido acusada de manipular expedientes: por ejemplo, el desafuero de El Peje o el expediente del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Habrá que esperar si en el camino a la Presidencia del 2012 no surgen de PGR “expedientes negros” contra políticos. ¡No más sangre! ¡Alto a la impunidad! Comentarios:

mjcervantes@proceso.com.mx

Cinco conclusiones sobre propuestas laborales PRI-AN

Arturo Alcalde Justiniani

De manera creciente se ha generado un debate sobre las iniciativas de reforma laboral del PRI y del PAN, al tiempo que por razones de orden electoral se pretende imponer un acuerdo de estos partidos, a pesar del alto costo político que debieran pagar. Mientras tanto, crece la indignación y se intentan albazos, como el predictamen presentado por el blanquiazul en días recientes.

En el ámbito de esta discusión han participado especialistas, académicos, sindicalistas y trabajadores de base. Retomamos de su propia voz algunas de sus conclusiones:

1. Las propuestas del PRI y del PAN de liberar la subcontratación, favorecer los trabajos temporales, vincular los salarios a bonos de productividad, restringir el derecho de asociación y alentar el despido libre, cargando a los trabajadores el costo de la lentitud de los juicios laborales, no son favorables a la creación de empleos ni a la productividad, supuestas justificaciones de tales iniciativas. Por el contrario, generarán mayor precariedad, reducción de los niveles de estabilidad y protección del empleo y un futuro aún más difícil para las nuevas generaciones. Sus propuestas carecen de fundamentación económica y jurídica y son profundamente injustas.

2. Si bien son aparentemente distintas, las propuestas del PRI y del PAN son esencialmente iguales en sus elementos clave, y parten de un diagnóstico equivocado sobre las condiciones salariales y del mercado de trabajo, este último sumamente flexible y sujeto a una gran rotación. Ignoran que los salarios en México son sumamente bajos. Esto se acredita fácilmente por su incapacidad de cubrir necesidades básicas; además, comparado con otros países, nuestro salario mínimo es varias veces inferior al de Argentina, Brasil o Chile; dos terceras partes de la población ganan menos de tres salarios mínimos y el empleo subcontratado abarca ya 40 por ciento.

3. La reforma laboral no puede contravenir los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, especialmente con la Organización Internacional del Trabajo. La propuesta que comparten PRI y PAN desestima las recomendaciones generadas por este organismo, que ha urgido al gobierno a suprimir los mecanismos de control sindical y a garantizar la participación de los trabajadores en la contratación colectiva, hasta hoy sujeta a una conducta viciosa por medio de los contratos colectivos de protección patronal que han sido objeto de crítica creciente. Tenía razón la exposición de motivos de la iniciativa priísta de reforma laboral del pasado 15 de diciembre “…en materia de registro sindical busca acercarse a los planteamientos y compromisos que México ha asumido a escala internacional en esta materia; para ello se simplifica el trámite de registro sindical y se elimina expresamente cualquier facultad, explícita o implícita, que las autoridades registradoras pudieran haber tenido para inhibir el nacimiento y vida de los sindicatos”. Lástima que los mismos diputados que suscribieron este texto cambiaran radicalmente de opinión siete semanas después.

4. Las iniciativas de PRI y PAN en materia de subcontratación destruyen de manera transversal el carácter protector de la Ley Federal del Trabajo, rompen con los principios de responsabilidad patronal e igualdad salarial, se orientan exclusivamente a proteger los derechos mínimos, lo que genera un desplazamiento a la baja en materia de condiciones de trabajo; no consideran que tal vía de contratación debe ser excepcional y para labores especializadas y tampoco resuelven el llamado insourcing, esto es, la subcontratación interna, que se da a través de la creación artificial de razones sociales o empresas denominadas “de servicio”, que abarcan ya un gran número de centros de trabajo e incluso a sectores completos en nuestro país. Es lamentable el cambio de postura del PRI; al suprimir la inspección de trabajo como medio de vigilancia y supervisión, también elimina la presunción de trabajo doloso cuando se trasladan empleados de una empresa a otra con la intención de reducir salarios y la propuesta original de castigar por la vía penal las conductas delictivas; al final, todo se redujo a una simple falta administrativa.

Convendría recuperar la argumentación de los legisladores priístas del 15 de diciembre “… son formas de organización patronal que reducen las relaciones laborales a condiciones de explotación inadmisibles, porque conculcan los derechos más elementales de los trabajadores, convierten en precarios los empleos formales mediante los sistemas de subcontratación, tercerización u outsourcing, que tienen el objetivo de evadir responsabilidades patronales que están expresamente establecidas en el artículo 123 de la propia Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo tercero establece que el trabajo no puede ser considerado artículo de comercio. A pesar de ello, los contratos celebrados entre las empresas de servicios y las beneficiarias reducen el trabajo a mercancía, a un objeto de transacción comercial”. El artículo 15 bis de la segunda versión de la iniciativa priísta contradice lo sostenido unas semanas antes.

5. Existen otros caminos para mejorar la productividad, incrementar el empleo y lograr mejores salarios. Así lo han demostrado otros países que han orientado su política económica al mercado interno y han facilitado esquemas de concertación y diálogo productivo entre trabajadores organizados democráticamente, empresarios responsables y gobiernos que tienen como prioridad el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Un aspecto central es que exista una autoridad laboral imparcial y eficiente, tema que la propuesta PRI-PAN soslaya, castigando a los trabajadores al limitar el pago de salarios caídos y haciendo más atractivo el despido injustificado.

Una valiosa conclusión de estos foros se refiere a la necesidad de construir la unidad de los empleados más allá de siglas, para defender el valor de su trabajo y el futuro de sus hijos.

Desfiladero

No pueden y no quieren irse

Jaime Avilés

Se llama Cinco presidentes. Es un campo petrolero del estado de Tabasco que en 2009 fue reconocido por Pemex como el de “mayor producción en el país”. En 2010, por motivos harto explicables, fue clasificado como “campo maduro”, es decir, indigno de seguir siendo explotado porque… se agotó. ¡Ja! Ahora, en 2011, forma parte del catálogo de “campos maduros” que Felipe Calderón ofreció en licitación a las empresas privadas que quieran exprimirles los “residuos”, y que acepten, como forma de pago, un porcentaje del aceite y del gas que encuentren.

Como eso, en los hechos, significa permitir que particulares exploren, exploten, almacenen y transporten los hidrocarburos que pertenecen exclusivamente a la nación, los presidentes de cinco municipios tabasqueños –Tenosique, Jonuta, Paraíso, Cunduacán y Jalapa–, asesorados por Claudia Sheinbaum y con apoyo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que encabeza Andrés Manuel López Obrador, presentaron esta semana una controversia constitucional contra los “contratos incentivados” que Calderón acaba de sacar a subasta, pues consideran que éstos violan las disposiciones de la reforma que el Senado aprobó en 2008.

Entre tanto, en el contexto de la crisis diplomática que provocaron las revelaciones de Wikileaks publicadas por La Jornada, acerca de la pésima imagen que el gobierno de Hillary Clinton tiene del gabinete de seguridad mexicano, diversos titiriteros enviados por Washington vinieron esta semana a montar un espectáculo de teatro guiñol para remendar a las únicas marionetas que les quedan en la guerra dizque “contra” el narco: el propio Calderón de la Parca y el nuevo astro del Canal de las Estrellas, Genaro García Luna (a quien Televisa convertirá en Gabriel Gómez Lira, el superhéroe de la telenovela sobre las “hazañas” de la Policía Federal que se estrenará el 2 de mayo: lo que nos faltaba).

Pero mientras en la 28 Conferencia Internacional para el Control de las Drogas, que se llevó a cabo en Cancún, esas figuras de la Casa Blanca y el Departamento de Estado alababan la “valentía” de Calderón y la “eficacia” de García Luna, y al mismo tiempo admitían que “la guerra antinarco es un fracaso”, en San Fernando, Tamaulipas, fueron descubiertas otras narcofosas y, dentro de ellas, los cadáveres de un total de 72 personas, cuya nacionalidad se ignora… pero se presume.

Los cuerpos aparecieron en el mismo lugar donde, en agosto del año pasado, fueron asesinados 72 migrantes centro y sudamericanos. La causa de que miles de hombres y mujeres de América Latina sean víctimas de la Mara Salvatrucha, los agentes corruptos de Migración, los soldados azules de García Luna y los cárteles que controlan el Golfo de México, todos los cuales, junto con el Ejército y la Marina, venden y compran a los viajeros sin papeles como mercancías altamente redituables, es un tema que se presta a distintas interpretaciones.

Desde Nueva York, el pasado martes, David Brooks reportó que, según el general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, “el Triángulo Norteño (sic) de Guatemala, El Salvador y Honduras, es la zona más letal del mundo”, fuera de las que en otras regiones del planeta se hallan en guerra. No obstante –y esa fue una nueva pedrada para el hombrecito de Los Pinos–, México no ha hecho nada para combatir la delincuencia en su frontera sur. Ello se debe, según el jefe del Comando Norte, almirante James Winnefeld, a que por ahora, las fuerzas armadas mexicanas concentran sus esfuerzos en Tamaulipas y Nuevo León, dada la violencia de los cárteles que allí trabajan, “y lo último que desean es abrir otro frente en el sur, antes de que logren controlar los desafíos en el noreste”. Pues bien, estas opiniones son muy discutibles.

Durante el debate que sotuvo el 6 de junio de 2006 con López Obrador, Calderón se burló de las propuestas del tabasqueño en torno a la reconstrucción del servicio de transporte de seres humanos en ferrocarril. “¿De cuál fumó?”, preguntó al auditorio, lleno de entusiasmo. “¿Trenes para que los migrantes lleguen más rápida y cómodamente a la frontera (de Estados Unidos)?” En aquel momento, nadie imaginó el horror que ocultaban esas palabras.

En junio de 2006, las ciudades tamaulipecas eran ya muy peligrosas, pero nada comparado con lo que son ahora. Por lo tanto, la decisión de ofrecer a los migrantes latinoamericanos las peores condiciones en términos de transporte y seguridad, para reducir su flujo hacia Estados Unidos, fue parte de una política diseñada con premeditación, alevosía y ventaja para que las fuerzas del crimen organizado los martirizaran a sus anchas.

A lo largo del felipato, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han desaparecido 5 mil 397 personas (“3 mil 457 son hombres, mil 885 mujeres y en 55 casos más no se proporcionaron datos” de género) y, en el mismo lapso, han sido recogidos 8 mil 898 cuerpos que no fueron identificados. Sin bases científicas, sin una lista de nombres ni un registro numérico de víctimas, semana a semana, al tanteo, todas y todos vamos redondeando la cifra aproximada de muertos causados por la guerra del monstruo panista.

Ahora decimos que van 40 mil, pero nadie sabe cuál es la cantidad verdadera. Si el día de mañana se descubre que, a principios de abril de 2011, había en realidad 100 mil o 200 mil muertos, eso no alterará una percepción que día tras día se extiende por todo México: esto es un genocidio y debemos detenerlo ya. Más obvios no pueden ser. Matan y matan y, detrás de ese río de sangre, cumplen la única promesa de campaña que no hicieron pública: entregar hasta la última gota de petróleo a quienes los incrustaron en Los Pinos. Así, pues, ya basta de si no pueden váyanse. No pueden, no quieren y no tienen la menor intención de irse.

Tensión en la UACM

En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mientras tanto, crece la tensión provocada por la rectora Esther Orozco, tras el descubrimiento de un subterfugio en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que montó en contubernio con diputados perredistas para asegurar su relección dos años y medio antes del final de su mandato.

Tras la publicación de un desplegado en el que usó recursos de la casa de estudios para cantar loas a sí misma, insultar al personal académico, ofender a la comunidad estudiantil y rechazar el escrutinio público de la prensa, exhibiendo una visión paranoica que le sugiere complots y conspiraciones hasta en la sopa, Orozco se dispone a cometer errores aún más graves.

Acusada de retener ilegalmente las cuotas sindicales, incurrir en prácticas corruptas como la de nepotismo, desviar recursos de la institución a la promoción de actividades privadas y cabildear en busca de firmas de apoyo carentes de prestigio académico pero dueñas de gran y merecida popularidad artística, Orozco sigue incrementando la tensión en los planteles, prepara una ola de despidos de profesores y administrativos que le incomodan y puede generar brotes de violencia entre grupos porriles, que ya se denominan “orozquistas”, y estudiantes y maestros que, abiertamente, piden su renuncia, pues, como dijo alguien, no entienden qué hace “una chica como ella en un lugar como ése”, que a todas luces no le gusta y no sabe ni puede gobernar.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

jamastu@gmail.com

Dinero

Siguen cayendo las acciones de Televisa

El eje Azcárraga-Salinas que va contra Slim

“Negocio costoso y de riesgo”: analistas

Enrique Galván Ochoa

Las acciones de Televisa en las bolsas de México y Nueva York continuaron bajando de valor ayer, después de que Iusacell confirmara, al filo del mediodía, que Televisa invertirá mil 565 millones de dólares para adquirir 50 por ciento de las acciones de la empresa de telefonía celular –el operador número tres del país en cuanto a número de suscriptores. “Mientras los analistas entienden que el deseo de Televisa –escribió Harrup, reportero de Dow Jones en México, del grupo editorial de The Wall Street Journal– es tener presencia en el creciente mercado celular, para complementar sus negocios de televisión, cable, Internet y telefonía, y de ese modo asegurar un vehículo para distribuir sus contenidos, algunos piensan que la ruta que ha tomado es riesgosa y costosa”. Ya comenzó a asumir un alto costo. Ayer los títulos de Televisa (CPO) cayeron 4.5 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores, para ubicarse en 54.15 pesos, con una pérdida acumulada de 9.7 por ciento desde el lunes de esta semana, cuando trascendió que estaba en pláticas con Iusacell. The Wall Street Journal calculaba ayer el valor de mercado de la compañía en 11 mil millones de dólares. Unos días antes fue de 12.8 mil millones (cifras redondeadas).

Los nuevos aliados

Ayer Iusacell dio a conocer que Emilio III y Ricardo Salinas Pliego habían formalizado su negocio, por conducto de este comunicado: “Una alianza a favor de todos los mexicanos que demandan una telefonía moderna, de calidad y a mejores precios. Es la única posibilidad de frenar los abusos del monopolio Telmex-Telcel y abrir la competencia en beneficio de los mexicanos. Compró obligaciones convertibles a capital de Iusacell por un monto de mil 565 millones de dólares. Una vez convertido en capital, Televisa tendrá el 50 por ciento de las acciones de Iusacell, recursos que se van a destinar íntegramente a la inversión en tecnologías, nuevos servicios y mejores precios. La alianza Televisa-Iusacell permitirá ofrecer paquetes más competitivos en el mercado, contribuyendo a fomentar la competencia. Con esta operación se impulsarán nuevos servicios de voz, datos y video, lo que permitirá ampliar la oferta y la cobertura de la red a fin de incrementar de manera significativa el número de mexicanos que puedan tener acceso a ellos. A esta alianza, la inversión repercutirá positivamente en las tres C previstas por la Presidencia de la República como ejes rectores de la política pública en materia de telecomunicaciones”. Abundando en el papel que juega el Grupo Salinas Pliego en el negocio, uno de sus abogados, Luis Niño de Rivera, dijo que “Tv Azteca continuará compitiendo con Televisa en el mercado de la televisión, con la misma intensidad, buscando más cobertura y un mayor número de clientes y anunciantes”. Quedaron muchos huecos en la información. Si el capital se invierte íntegramente en el desarrollo de la red, ¿quién pagará las deudas de Iusacell, calculadas en mil 400 millones de dólares? La firma está en doble concurso mercantil. ¿Y los documentos de deuda en manos del financiero misterioso David Martínez ya fueron rescatados? ¿Quién va a operar la red, los del Ajusco o los de San Ángel? Una pregunta debería anteceder a las demás: ¿Tuvieron el cuidado de solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia? Si Eduardo Pérez Motta dice que ya existía la autorización desde meses atrás, por escrúpulo elemental debería presentar su renuncia.

Ahora Nextel va con Telmex

La inversión en Iusacell marca el segundo intento de Televisa por entrar al negocio de la telefonía celular. El año pasado había ganado, junto con Nextel, la controvertida licitación 21, alianza que a la postre abandonaría porque necesitó el capital para invertirlo en reasociarse con la cadena de televisión Univision, de Estados Unidos. Había ofrecido invertir mil 440 millones de dólares. Como quien dice, dejó colgado no del alambre, sino del inalámbrico, es decir, en el vacío, a Nextel. Su ahora nuevo aliado, Grupo Salinas, atacó con más de 60 amparos y recursos administrativos la famosa licitación. Para añadir confusión a las trincheras en que se libra la batalla por las telecomunicaciones –es un mercado cuyo valor se estima en 35 mil millones de dólares anuales y seguirá creciendo– sorpresivamente Nextel, el desdeñado por Televisa, amaneció ayer asociado a su principal rival: Telmex. La empresa del Grupo Slim informó que “en el concurso organizado por Nextel para la provisión de los servicios para la primera etapa de su nueva red de banda ancha móvil a nivel nacional con tecnología ethernet, donde también participaron Bestel, Axtel y Alestra, obtuvo diversos servicios en la licitación, debido a su cobertura, tecnología y capacidad”.

e@Vox Populi

Asunto: … y volviendo al mundo real Enrique: me pregunto si a los poderosos y ricos que no pagan impuestos los tienen tan vigilados como a los que estamos abajo. En marzo me llegó un requerimiento, junto con un citatorio, de que no había presentado la Diot de enero. Reconozco que no lo hice, pero normalmente nunca mandan un citatorio junto con un requerimiento, y ahora resulta que me llegó la dichosa multa de 7 mil y pico de pesos. Si no he tenido trabajo y quieren que pague una multa de esa cantidad.

Lourdes Valencia/ Distrito Federal

R: Querida Lourdes: gracias por bajarme a los caminos llenos de baches de la realidad. Líneas arriba andaba alucinando entre los miles de millones de dólares, pero nuestro mundo es de pesos… y poquitos. Vamos a ver quién te puede echar la mano en el SAT. Twitter: @galvanochoa www.elforomexico.com (Esta es una selección de mensajes.

En el Foro aparecen todos en su versión original)

galvanochoa@yahoo.com

Foro: http://www.elforomexico.com/

México SA

Barones del dinero y candidatos Impunidad a cambio de apoyo Marchas y medios electrónicos

Carlos Fernández-Vega

Elementos de la Secretaría de Marina recorren las playas del puerto de Acapulco cercanas la sede de la Convención Bancaria que comenzó ayer juevesFoto Notimex

Los barones del dinero no se complican la existencia: en materia electoral, especialmente cuando se trata de elegir nuevo inquilino de Los Pinos, poco les importa el partido político, y menos el candidato, según dicen. Puede ser giro, prieto o colorado; con espolones o fofo, como Calderón comprenderá, alto o chaparro. Qué más da, porque al final de cuentas lo único que les incumbe es que quien llegue a la silla grande les garantice que no serán tocados, ni alterado su jugoso negocio. Y si el ungido no lo entiende, ellos tienen los mecanismos pedagógicos necesarios para que lo comprenda de inmediato.

Como lo dejaron en claro en marzo de 2006 –en pleno proceso electoral–, ahora los banqueros –entre jaloneos y descontones al interior de los partidos políticos y, desde luego, en Los Pinos para concretar candidaturas presidenciales– no dudan: quien llegue, sin importar de qué corriente política sea, ni cuáles sean sus proyectos, contará con su apoyo, siempre y cuando no les toquen el negocio. Cinco años atrás, aseguraron que “los banqueros cometeríamos un error muy grande teniendo un candidato favorito; el capital no tiene preferencias políticas” (Marcos Martínez Gavica, presidente saliente de la Asociación de Bancos de (en) México). Ahora, en el arranque de la 74 convención gremial en Acapulco, Ignacio Deschamps –también presidente saliente del mismo organismo– asegura que los barones del dinero están “a favor del cambio político si priva la estabilidad financiera” y que ésta “se pueda mantener” (en el entendido de que ellos son la estabilidad).

Ambas declaraciones son tan falsas como los 6 mil pesos de Ernesto Cordero, pero los banqueros dejan en claro que tienen el suficiente poder desestabilizador como para condicionar a quien resulte electo, si finalmente no llega a Los Pinos quien ellos apoyen. Exigen, pues, que se les mantenga la garantía de su jugoso negocio de espejitos por oro, algo cumplido al pie de la letra en los últimos tres sexenios, a lo largo de los cuales han hecho y deshecho (más esto último) sin que nadie los toque.

Época dorada (Zedillo-Fox-Calderón) la que gozan los banqueros en México (representantes de la banca trasnacional que acapara 90 por ciento del sistema otrora nacional), por lo que democráticamente apoyarán a quien les garantice que las cosas no se muevan un milímetro.

En el recuento, de acuerdo con cifras de la Cepal, cuando Ernesto Zedillo concluyó su periodo constitucional para irse a trabajar en los consejos de administración de varias de las trasnacionales por él beneficiadas en su sexenio, el 24 por ciento de la propiedad bancaria en el país correspondía a capitales extranjeros; tres años después –el primer trienio del “cambio”–, esa proporción se incrementó a 90 por ciento, la más elevada, y por mucho, de América Latina, que se ha mantenido en el calderonato.

En 1990 Carlos Salinas hizo público su programa de reprivatización bancaria (concluido en 1992), bajo la premisa de que “es necesario y urgente democratizar el capital” de las instituciones financieras. El resultado de tal “democratización” fue la consolidación del oligopolio financiero en el país: en 1994, dos años después de concluida la reprivatización, diez instituciones (de 36 en total) concentraban 80 por ciento del mercado bancario nacional; en 2000 (con 23 instituciones) esa proporción creció a 90 por ciento; en 2005 ese 90 por ciento correspondió a sólo seis bancos, sólo uno mexicano, y en 2010 a sólo cuatro, y en ningún momento los banqueros han dejado de decir que “la competencia, con mayor número de participantes en el mercado, es fundamental para reducir comisiones y tasas de interés”).

De 1991 a 1994 la oligopólica familia financiera mexicana (con los especuladores bursátiles ya incorporados) exprimió hasta la quiebra a las instituciones reprivatizadas. Zedillo y la “rescató”, mientras abría las puertas al capital trasnacional. Llegó el “cambio”, y Fox metió el acelerador: bancos para las trasnacionales financieras, libres de impuestos para la parte vendedora, puntual pago de los pagarés Fobaproa, crecimiento geométrico de utilidades, comisiones y tasas de interés y controversias constitucionales promovidas por Los Pinos en defensa de los barones del dinero, amén de bancos “chatarra” para los empresarios autóctonos que permitieron (léase financiaron) al PAN para que repitiera en la residencia oficial. El resultado por todos es padecido, y el actual inquilino de Los Pinos no les ha tocado un pelo, sin importarle el saqueo a la clientela.

Nada raro, pues, la ovación que se llevó Felipe Calderón en el acto inaugural de la 74 convención bancaria: los 260 mil millones de pesos, y contando, en utilidades netas que en cuatro años han obtenido los barones del dinero bien valen el aplauso. De ese monto, cerca de 55 por ciento se los han llevado, literalmente, dos muestras trasnacionales (BBVA y Citigroup, que no dejan de hablar sobre la necesidad de mayor competencia y participación de otras instituciones financieras). Como parte de la “democratización del capital” en el sistema bancario que opera en el país, BBVA se quedó con Bancomer, Probursa, Promex, Unión, Oriente y Cremi, mientras Citigroup apenas engulló a Banamex y Confía. ¿Alguna duda sobre lo “democrático que ha sido”?

Y si de “democracia de, por y para los empresarios” (los de hasta arriba, desde luego) se trata, la supuesta autoridad antimonopolio trabaja en pos de la concentración (más rápido que la luz autorizó que Televisa terminara de engullir a Cablemás), mientras que junto con Hacienda y Comunicaciones y Transportes finge demencia en el caso de MVS, de Joaquín Vargas, y su intención de ofrecer acceso a Internet a un precio menor al de Telmex-Telcel, con capacidad de transmisión 20 veces mayor, y hacen como que la Virgen les hablar en la llamada “asociación” entre Televisa y el Grupo Salinas Pliego en Iusacell.

Las rebanadas del pastel

No confundir gimnasia con magnesia, porque ayer los siempre solícitos, uniformes y manipuladores medios electrónicos de comunicación difundieron las imágenes de las marchas ciudadanas, las cuales, según ellos, fueron para rechazar la violencia “del crimen organizado”, cuando en los hechos fueron para repudiar la estrategia calderonista anticrimen y la creciente violencia en el país… Sensible y receptor que es, el inquilino de Los Pinos se dice “abierto a la crítica”, es decir, critiquen lo que critiquen, marchen lo que marchen, digan lo que digan, no se moverá un milímetro de su fallida “estrategia” (así le llama ahora) contra el crimen organizado, así que 40 mil muertos le parecen pocos.

cfvmexico_sa@hotmail.com

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Los buenos y los malos

Luis Javier Garrido

El discurso propagandístico del gobierno de Felipe Calderón en que ha sustentado su “guerra contra el narco” y con el que busca eludir su responsabilidad histórica por el desastre al que ha llevado al país, pretendiendo culpar de la violencia que ha destruido a México en los últimos cuatro años a las fuerzas “del mal” denominadas “el crimen organizado”, ha fracasado por completo y sólo los panistas parecen no darse cuenta de ello.

1. La ejecución de siete personas, en su mayoría jóvenes –entre ellos el hijo del poeta Javier Sicilia–, el pasado 28 de marzo en las cercanías de Cuernavaca, ha constituido un momento de viraje en la actitud de los mexicanos ante lo que acontece, pues ha colmado a amplios sectores que hasta ahora habían permanecido pasivos ante la depredación del país llevada a cabo por el gobierno calderonista, y se están sumando ya a los sectores más conscientes de la población manifestando por todos los medios su hartazgo ante las políticas con las que el gobierno del PAN ha ido hundiendo a México en lo que va de este sexenio y que no dudan ya en calificar de “criminales”.

2. Las imágenes de diversos noticiarios de televisión del miércoles 6 de abril tras las manifestaciones llevadas a cabo en Cuernavaca y otras ciudades del país no dejan lugar a dudas del sentir popular pues, al igual que con sus pancartas, los asistentes gritaban “que se vayan”, “¡Fuera Calderón!” y “los asesinos están en Los Pinos”, a pesar de que varios de los medios masivos intentaron presentar las movilizaciones como una demanda al gobierno para extremar sus políticas represivas o buscaban culpar del crimen al gobernador panista Marco Antonio Adame, molestos por la filtración de la información en la que el procurador estatal había afirmado que serían militares los responsables del homicidio de Juan Francisco Sicilia y sus compañeros.

3. Las ejecuciones de Cuernavaca han puesto de esta manera a discusión de nuevo la cuestión central de lo que acontece: ¿dónde está el lindero que permite distinguir las acciones de las fuerzas armadas “del Estado” y de las agencias estadunidenses, que están actuando de continuo violando la ley para amedrentar al pueblo y defender ciertos intereses del narco asociados a la “clase política” y financiera oficial, y las fuerzas armadas de los otros cárteles?

4. La militarización de México o “guerra contra el narco”, impuesta al gobierno de Felipe Calderón por Washington a cambio de respaldarlo en la elección fraudulenta de 2006, ya se sabe que buscaba desde un principio generar un escenario de caos y amedrentamiento, que permitiese a Estados Unidos controlar más directamente el aparato de Estado mexicano con el pretexto de velar por su “seguridad interna”, pero en realidad para adueñarse de nuestros recursos estratégicos, y a los panistas usufructuar el poder político en beneficio de diversos grupos mafiosos, y por lo mismo esa supuesta “guerra” se sustentó en un discurso maniqueo y mentiroso que pretendía que se libraba entre las fuerzas “del bien” y las “del mal”. Es decir, el mismo discurso que a Washington le ha permitido, de Afganistán e Irak hasta Libia, tratar de alcanzar objetivos económicos, uno de los cuales es desde luego el de reordenar en su beneficio el mercado del narcotráfico.

5. La revisión de algunos de los episodios más terribles de este sexenio muestra que en buena parte de ellos no se trató de masacres cometidas por “los cárteles”, como dijo la versión oficial con la lógica de “los buenos” y “los malos”, sino de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado por diversos motivos: la política de amedrentar a los jóvenes y a los sectores marginales, la connivencia de sectores de esas fuerzas de seguridad oficiales con grupos del narco, la represión ciega y no controlada de un personal poco preparado, los errores. En suma, la fascistización a la colombiana de las fuerzas oficiales.

6. Y aquí surge otra pregunta: ¿cuáles son los intereses de las elites políticas y financieras de Estados Unidos en el negocio? El actor estadunidense Edward James Olmos, de origen mexicano, que acudió a Cuernavaca a solidarizarse con el poeta Javier Sicilia y el movimiento de repudio a las políticas oficiales, tuvo serios problemas al ser entrevistado el miércoles 6 para explicar por qué en Estados Unidos, que es uno de los principales productores y el mayor consumidor de drogas en el mundo, las agencias estadunidenses no combaten a los cárteles como lo hacen en México y nadie acusa a la Casa Blanca de tener un entendimiento con “el crimen organizado”. Como tampoco hay políticas de “guerra contra el narco” en Rusia, en Francia, en Turquía o en España, o incluso en el Afganistán ocupado por el Pentágono, en donde los cárteles operan con plena libertad.

7. La resistencia popular tiene que hacer frente a un desafío cada vez mayor, pues las políticas estadunidenses lejos de moderarse son cada vez más agresivas, como muchos no parecen darse cuenta, y la sumisión del gobierno panista (y del PRI) es absoluta. El almirante James Winnefeld (jefe del Comando Norte) señaló el martes 5 ante el Congreso estadunidense que el gobierno de Felipe Calderón debe llevar su “guerra contra el narco” a la frontera sur, lo que fue reiterado ese mismo día en Cancún por Michele Leonhart (directora de la DEA) en la 28 Conferencia Internacional contra las Drogas, y nadie refutó esta tesis desde el gobierno.

8. La responsabilidad de Calderón y de los panistas en esta “guerra”, que no es contra el narco sino contra México, la comparte de manera fundamental el PRI, que avaló la designación como nueva procuradora de la República de la abogada Marisela Morales Ibáñez, quien ha dado muestras de falta de probidad y carencia de preparación para el cargo, y cuya designación anuncia que sólo va a fungir como marioneta de las agencias estadunidenses. Humberto Moreira, nuevo presidente del PRI, resultó bravucón en público pero agachón ante Calderón y Estados Unidos, y debe aceptar su corresponsabilidad en la violencia ciega que prevalece en el país y en el hecho de que las cámaras federales no constituyan un contrapeso ante las políticas del panismo, ni mucho menos una instancia de defensa de la soberanía nacional.

9. El hecho de controlar más directamente a la PGR no va a frenar a Washington de ejercer cada vez más presión contra el débil gobierno mexicano. Robert Mueller, director de la FBI, declaró el día 6 ante un subcomité de la Cámara de Representantes que la violencia en México ha alcanzado niveles “sin precedentes”, que reconoció son mayores que en los años de la Revolución Mexicana, lo que, insistió, amenaza a Estados Unidos (ignorando, desde luego, la responsabilidad de Washington en ello), e instó a extremar las políticas actuales.

La visita de AMLO a la Càmara de Diputados el dìa de ayer , no fuè cubierta absolutamente por ningun medio de comunicaciòn nacional , salvo el noticiero de Ricardo Rocha y de Carmen Aristegui . En algunos espacios lo mencionaron de "pasadita" , con una frase o dos y ya para despedir el programa , como fuè el caso de Ciro Gòmez . Que lastima que la gente no se percata de esto .

Pretende cancelar derechos conquistados por los trabajadores, advierte en San Lázaro

No aprobar una reforma laboral lesiva, demanda AMLO a diputados

PRI y PAN buscan imponer, entre otras cosas, pago por hora y periodos ilegales de prueba

A seis años del desafuero, López Obrador acudió de nuevo al Palacio LegislativoFoto Carlos Ramos Mamahua

Enrique Méndez y Roberto Garduño Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados “a que actúen con responsabilidad, independencia y decoro” para no aprobar una reforma laboral apresurada, que pretende cancelar derechos sociales conquistados por los trabajadores, a quienes –acusó– se les pretende sujetar a un modelo de pago por hora a 7.25 pesos.

Al presentar a Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), presidente de la mesa directiva, los argumentos por los cuales rechaza el proyecto de PRI y PAN, López Obrador afirmó que seguir aprobando reformas a la Constitución y a las leyes “para legalizar los despojos y los abusos de unos cuantos en contra de las mayorías, sólo provoca mayor descomposición social, más injusticias, resentimientos, inseguridad y violencia”.

Ayer, al cumplirse seis años de su desafuero, el ex candidato presidencial regresó a San Lázaro y pidió a los diputados que actúen como “auténticos representantes populares, sepan estar a la altura de las circunstancias”, y no avalen una reforma “sin análisis, con premura, al vapor y aprovechando tramposamente el periodo de la Semana Santa”.

Enojo de priístas

La reunión fue transmitida sólo por el circuito cerrado de la Cámara, y aunque Ramírez Marín acotó que la recepción a López Obrador forma parte de una política de apertura “a distintas expresiones”, el coordinador del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, le recriminó al presidente de la mesa directiva no haber obtenido el aval del grupo para permitir la entrada del ex candidato presidencial al Palacio Legislativo.

Diputados priístas relataron que Rojas, José Ramón Martel y Carlos Flores Rico fueron directamente a la oficina de Ramírez Marín a “regañarlo” porque tampoco consultó si podía transmitirse el diálogo, aunque su cargo le da atribuciones para ello.

La “instrucción” que le dieron fue que las próximas visitas no podrán difundirse sin autorización previa del PRI, “aun si se tratara del Dalai Lama”.

En la sala de juntas de la mesa directiva, López Obrador fue acompañado por los coordinadores de PT y Convergencia, Pedro Vázquez y Pedro Jiménez, respectivamente; Alejandro Encinas Rodríguez, aspirante a la candidatura al gobierno del estado de México; por la vocera perredista, Leticia Quezada, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Porfirio Muñoz Ledo; también asistió el priísta Jorge López Portillo, sobrino del ex presidente José López Portillo.

Ahí, López Obrador solicitó que la Cámara convoque a un debate nacional en el que participen trabajadores, patrones, sindicatos, especialistas y ciudadanos “para analizar cuidadosamente los posibles beneficios para el país y los daños que ocasionaría aprobar” la reforma.

Anunció que regresará a San Lázaro el jueves 14 de abril, a las 11 de la mañana, acompañado por ciudadanos y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que quieran acudir “para detener el albazo”. Consideró inaceptable que entre las propuestas de PRI y PAN se pretenda imponer el pago por hora, por lo que un trabajador de medio tiempo, que labore cuatro horas, sólo ganaría 29 pesos diarios, la mitad del actual salario mínimo.

Entre los “graves retrocesos” que contienen las iniciativas de ambos partidos, dijo, está el sujetar a los trabajadores a periodos de prueba de hasta seis meses, lo cual permitiría que el patrón pueda despedirlos sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social. Lo mismo, amplió, les sucedería a quienes sean contratados para capacitación inicial o por temporada. Asimismo, expuso, se abre la puerta para la subcontratación, lo cual daría paso al pago de bajos salarios sin prestaciones y a fraudes legales contra los trabajadores.

López Obrador afirmó que no está de más señalar que las dos iniciativas coinciden incluso en “párrafos idénticos; no tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar algunas comas, puntos, lo cual demuestra que hubo acuerdos previos y que el procedimiento parlamentario será de mero trámite”.

En la carta que entregó a Ramírez Marín, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal afirmó que constituye una vergüenza para las instituciones nacionales, en este caso el Poder Legislativo, seguir “actuando como simples instrumentos al servicio de los organismos financieros internacionales y de la oligarquía del país”.

Aseguró que desde hace 28 años, con la aplicación de la política neoliberal, México no cuenta con un proyecto de desarrollo propio, apegado a la realidad, que atienda los grandes y graves problemas nacionales, como la falta de crecimiento económico, generación de empleos, combate a la corrupción, impunidad, inseguridad, desigualdad, marginación de los jóvenes y el empobrecimiento del pueblo.

Lamentó que, en cambio, desde entonces se haya instrumentado una agenda para imponer las llamadas “reformas estructurales” en materia laboral, energética, fiscal y de seguridad social “que, en esencia, significan privatizaciones, pillaje y graves retrocesos sociales”.

Ramírez Marín respondió que la carta de López Obrador será turnada a la comisión donde se revisan las iniciativas de modificación a la Ley Federal del Trabajo, y aseguró que los legisladores se comportarán con absoluta responsabilidad en el proceso de dictamen. “No tenemos ninguna intención de aplicar procedimientos que afecten la legalidad y la calidad del dictamen”, dijo.

Al terminar, López Obrador tuvo un encuentro con diputados y trabajadores de la Cámara. También ofreció una conferencia de prensa, donde afirmó que está preparándose para competir en la sucesión presidencial de 2012, para “volver a ganarle a la mafia del poder”.