OJALÁ SEA SIMPLE PESIMISMO , SEGUIREMOS ESPERANDO TUS COLUMNAS .

POCOS , MUY POCOS TAN VALIENTES Y TAN HONESTOS COMO TÚ .

“Con esa convicción digo adiós”: Granados Chapa

SDPnoticias.com
2011-10-14 08:46:00

México.- “Esta es la última vez en que nos encontramos”, escribe el periodista Miguel Ángel Granados Chapa en su columna de “Plaza Pública”, que se publica en el diario Reforma.



Al concluir su texto “De coalición a coalición”, en el que hace una reflexión sobre el tema de los gobiernos de coalición, el maestro, sin dar mucha explicación escribe: “Esta es la última vez que nos encontramos. Con esta convicción digo adiós”.



Esta frase se suma a lo que ayer escribió al empezar su texto titulado “Enrique Ebrard, Marcelo Peña”, en un juego de palabras:



“Antes de que caiga el telón no quiero dejar de presentar a ustedes a dos protagonistas de la escena pública que, por primera vez en su vida, tienen que pugnar, aunque con ventaja sobre sus contendientes, por una posición que les permita gobernar”.



El reconocido periodista se ha encontrado en un estado de salud mermado, incluso se supo que había entrado en una fase de enfermedad grave que lo llevó al borde de la muerte.



Por esa razón, el columnista había dejado de colaborar para el diario y también en algún momento dejó de asistir a su programa también llamado Plaza Publica, trasmitido en Radio UNAM.



Pero después de ese proceso de enfermedad, logró salir de la crisis y regresó con fuerza a la pluma.



El día de hoy, el periodista y escritor lanza un adiós a sus lectores.



Miguel Ángel Granados Chapa ha tenido una trayectoria de gran trascendencia. En la Universidad Nacional Autónoma de México cursó las licenciaturas de Periodismo y Derecho. Posteriormente, estudió su doctorado en Historia por parte de la Universidad Iberoamericana. En 1977 comenzó a publicar la columna Plaza Pública en “Cine Mundial”, de la ciudad de México. Actualmente, el texto lo publican Reforma, Mural y El Norte.

SME: año y medio de supervivencia

Miguel Ángel Granados Chapa MÉXICO, D.F., 10 de abril.- Mañana, lunes 11 de abril, se cumplirán 18 meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la empresa eléctrica que con distintas denominaciones y diversas condiciones jurídicas prestó el servicio público de electricidad a la Ciudad de México y a varios estados vecinos.

Aun si se considerara que tal fue el propósito llano, el de liquidar un organismo público que en vez de contribuir al desarrollo mexicano estaba lastándolo, el decreto correspondiente está probablemente viciado de origen, como se empeña en demostrar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero es difícil encontrar que tras el decreto de extinción de una empresa gubernamental se escondía en realidad el propósito de exterminar a una agrupación sindical casi centenaria, que a lo largo de su prolongada existencia se apartó sistemáticamente del modelo de organización laboral por el que los gobiernos priistas sometieron a los trabajadores a sus designios.

El cálculo gubernamental resultó errado. El sindicato no sólo existe, sino que una vasta proporción de sus integrantes ha resistido durante este año y medio las varias tentaciones, amenazas y presiones para claudicar en su propósito de recuperar la fuente de trabajo de la que fueron despojados abruptamente, con nocturnidad y con apoyo de la fuerza pública.

A través del sector laboral (Secretaría del Trabajo y Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) el gobierno panista quiso eliminar al sindicato por medio de una añagaza permitida por la en ese punto opresiva legislación de las relaciones laborales. Se negó a reconocer a la dirección elegida por los trabajadores, auspició el avance de una corriente colocada ostensiblemente al servicio de las autoridades e instigó la discordia interna difundiendo la falsa especie de que el comité encabezado por Martín Esparza únicamente buscaba la liquidación del patrimonio sindical en beneficio de unos cuantos.

El sindicato ha remontado un sinnúmero de circunstancias adversas y continúa en pie de lucha. Legitimada su dirección sindical por el apoyo masivo de más de 15 mil de sus miembros, que arrancaron el reconocimiento oficial negado por meses de manera contumaz, el SME mantiene abiertos diversos frentes para impugnar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, aunque parezca un hecho consumado e irreversible.

A través de juicios de amparo, por ejemplo, insiste en que el decreto del 11 de octubre de 2009 carece de eficacia jurídica, porque se incumplieron normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. La consecuencia de tal incumplimiento, según el argumento del SME sobre el cual deberán manifestarse en estos días jueces de amparo, es que ese muerto que el Estado pretendió enterrar o incinerar en realidad sigue viviendo. Dicho de otra manera, con las palabras del alegato sindical, “el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no se encuentra jurídicamente en extinción ni en estado de liquidación”, por lo cual es debido que la administración pública ordene “la apertura inmediata del centro del trabajo, reinstalando a sus órganos de dirección y a los trabajadores adscritos a sus unidades de operación, cubriéndoles su salarios y prestaciones respectivos”.

Es difícil imaginar a jueces federales (los que conocen de dos amparos con esta materia como acto de autoridad impugnado) procediendo con tal gallardía que pongan en jaque a la Presidencia de la República. Es de imaginar que interpretarán los preceptos legales aplicables de tal suerte que prevalezca la situación de hecho originada hace año y medio. Pero no hay duda de que los autores de la medida, los constructores del andamiaje jurídico, actuaron con ignorancia o con prepotencia, esto es ignorando cómo debían proceder para liquidar a LyF o haciéndolo a conciencia contra la ley, con la arrogancia de quien sabe que un acto autoritario se impone por sí mismo y se le hace valer contra todo argumento con la pura razón de Estado.

El decreto de extinción de Luz y Fuerza fue elaborado al margen de los mecanismos de “mejora regulatoria” establecidos desde 1994. La Ley de Procedimiento Administrativo de entonces estableció una comisión encargada de revisar los decretos (y otros documentos con que el Ejecutivo ejerce el poder administrativo) que, entre otros propósitos, modifican el aparato estatal.

Esa ley determina que antes de emitirse un decreto, se formule un anteproyecto y se elabore una manifestación de impacto regulatorio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) debe conocer cuando menos con 30 días hábiles de anticipación, y darle publicidad para que opinen sobre su contenido los sectores interesados. En su premura por extinguir a Luz y Fuerza, al menos tres secretarios de estado (de Gobernación, Energía y Hacienda) omitieron esa manifestación de impacto regulatorio y no contaron con el dictamen aprobatorio de la Cofemer.

Especialmente responsable es el secretario de Gobernación (lo era Fernando Gómez Mont en aquel momento), pues la ley ordena que esa dependencia “no publicará en el Diario Oficial de la Federación los actos… que expidan las dependencias o los organismos descentralizados de la administración pública federal, sin que éstas acrediten contar con un dictamen final” de la Cofemer.

La consecuencia de que los jueces de amparo percibieran la gravedad de esa omisión, calcula el sindicato, es que “se impone restaurar de inmediato las funciones de Luz y Fuerza del Centro, retirar la fuerza pública ubicada en sus instalaciones, reinstalar a los trabajadores en sus empleos, cubrirles el importe de los salarios y prestaciones de que fueron privados y suspender las acciones de liquidación que resultan ser de facto”.

Carmen Aristegui: ¿Qué hacer?

Miguel Ángel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 12 de febrero.- Una vez más Carmen Aristegui ha sido arrojada fuera del circuito radiofónico. La coartada que esta vez sirvió para que MVS resolviera separarla partió de un hecho cuyo alcance y significado admite diversas interpretaciones pero que tenía importancia noticiosa: un escándalo en la Cámara de Diputados por un señalamiento de legisladores de la oposición al presidente de la República. La periodista, al presentar el suceso en su emisión del viernes 4 de febrero, situó en un contexto necesario el mensaje de los impugnadores del presidente y concluyó con una pregunta y una petición: ¿Hay problemas con el modo de beber del presidente? Sería sano que Los Pinos lo aclarara.

La Presidencia lo negó el miércoles 9 de febrero, ya tarde. El secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, dio respuesta a la interrogante de la aguerrida pero sobre todo inteligente periodista. Bastó que describiera la laboriosidad presidencial, lo apretado de su agenda, su diligencia notoria, atestiguada por toda suerte de personas que lo han visto pleno de salud. Lo que pudo decirse el viernes mismo se aplazó hasta cinco días más tarde, cuando ya se habían amontonado los acontecimientos: Carmen Aristegui no condujo su emisión matutina en el 102.5 del cuadrante capitalino de FM; se generó una vastísima, multitudinaria protesta en las calles y en las redes sociales, y la periodista, al sentar su posición, anunció estar dispuesta a retomar el micrófono (ella dijo que el lunes 14, lo que sería simbólico, aunque podría ser otro día próximo) si se lavaba su nombre, ensuciado por la afirmación de que rompió el código de ética al presentar como noticia un rumor.

A pesar de que la dignidad de Carmen Aristegui la condujo a poner muy alta la cota de actitudes a tomar, los protagonistas del suceso respondieron al acicate que resultó de su mensaje. La Presidencia, que había negado tener que ver con el despido de la periodista (pero que cándidamente aceptó que la concesionaria le dio cuenta de lo ocurrido, lo cual sólo es comprensible como si se le ofreciera una satisfacción), produjo el informe sobre la agenda presidencial, de cuyo conocimiento se desprende que Felipe Calderón goza de cabal salud. Y MVS, en vez de rechazar la disposición de su estrella hasta el viernes anterior (que estaba en ascenso, cada vez con más estaciones interesadas en repetir el noticiario), sólo anunció que tomaría decisiones en los próximos días.

En la noche del jueves 10, cuando se escriben estas líneas, esa era la situación. Cabe esperar una rectificación y que Carmen vuelva al aire la próxima semana, no necesariamente el lunes, si su reputación queda a salvo. Parece haber quedado claro que el episodio generó sólo pérdidas para todos, que son remediables con buena voluntad (tener presente la cual no es por fuerza candor pueril).

Pero todos, y no sólo Carmen Aristegui, debemos pensar en qué hacer. Todos, digo, porque el problema laboral de la periodista no es sólo un problema laboral, sino un desgarramiento en el tejido social, tan en mal estado por el amontonamiento de crisis que padece nuestro país, en medio de las cuales es imprescindible la información y el análisis, al mismo tiempo lúcido e independiente que ejerce Carmen Aristegui.

Algunos pasos en la solución que todos debemos generar le corresponden a ella directamente, por supuesto. Si no se concretara el entendimiento sugerido por las posiciones de las partes, queda a la periodista el camino legal para buscar su reinstalación. Ella y MVS firmaron en enero de 2009 un contrato cuyos términos tal vez fueron violados por la empresa. Es que, anexo al contrato, forma parte de la relación profesional el código de ética al que se refirió la concesionaria, pero que incluye un mecanismo que dejó de observarse en la actitud empresarial. Cuando una de las partes juzgue que se ha violado el código, ha de acudir a un árbitro cuya actuación está prevista en los propios documentos, nombrado con la aquiescencia de las partes y cuya labor consiste en determinar si se violó el código y el modo de enmendar su vulneración, que ni por asomo incluye la ruptura laboral. Aunque la ruina de José Gutiérrez Vivó se gestó en amplia medida en la lentitud y lenidad de los tribunales, que bendijeron o fueron incapaces de impedir el abuso del Grupo Radio Centro, una vía a la mano, si no se recapacita, es el ejercicio de acciones legales.

Otra vía a recorrer, de difícil trazo y práctica aún más complicada, consiste en que la sociedad que ahora airada protesta se organice en torno de Carmen para dotarla de los instrumentos propios de su trabajo. Lo propuse cuando en enero de 2008 los grupos Prisa y Televisa la despidieron de XEW. Se trata de aprovechar la movilización que crece a causa de esta nueva arbitrariedad para constituir una sociedad anónima en que miles de accionistas integren un capital suficiente para emprender tareas de comunicación electrónica. Claro que el gobierno que irritado reprime a Carmen no le facilitará un acceso de este género. Pero sin dejar de intentar que la sociedad mercantil imaginada adquiera su propia concesión, es de investigar la posibilidad de tomar en arrendamiento tiempos en emisoras carentes de programación propia que obtienen ganancias vendiendo tiempo a adquirentes responsables de los contenidos. La producción radiofónica así lograda debería encontrar salidas paralelas y simultáneas en internet y otras formas de conexión. No es ciertamente una empresa sencilla, pero otros lances de represión editorial encontraron en esta vía el camino para su construcción. Es muy difícil, pero no imposible.

Pensemos también en que Carmen tenga acceso a canales de difusión públicos, como Radio UNAM. Cuando en 2008 la periodista fue despojada de su micrófono se exploró esa posibilidad, también difícil de concretar porque técnica y financieramente las frecuencias universitarias no están habilitadas para la competencia comercial. Pero si fuera preciso, es posible imaginar fórmulas que con respeto pleno a la legislación universitaria permitan, a través de asociaciones civiles y aun sociedades mercantiles no lucrativas, la presencia de una voz libre como la de Carmen en el espacio universitario.

Fórmulas de la misma naturaleza se pueden poner en práctica en canales de difusión que existen sólo virtualmente ahora y que podrían aprovechar la experiencia y el talante profesional de Carmen. Por sólo aventurar ejemplos, puede pensarse en el canal digital de televisión concesionado por la Cofetel al gobierno de la Ciudad de México o el permiso para operar una radioemisora a la Universidad Autónoma Metropolitana. La estipulación de condiciones claras para una tarea conjunta en que los intereses de las partes queden escrupulosamente protegidos, y los de la periodista a salvo de coyunturas políticas, sería una fórmula que daría sentido desde el principio a esas iniciativas de difusión que no se han echado a andar.

Muchas otras personas tendrán sin duda muchas otras ideas sobre cómo trascender de la cólera civil a la práctica de una comunicación democrática. Lo importante es que el pasmo no nos venza y superemos la etapa de la neurosis contemplativa y la denuncia flamígera.

Algo, mucho, tendremos que hacer.

Encinas y la justicia electoral

Miguel Ángel Granados Chapa



MÉXICO, D.F., 9 de enero.- Como corresponde a un hombre que ha hecho de la militancia congruente una forma de vida, la probable candidatura de Alejandro Encinas al gobierno mexiquense ha suscitado un gran entusiasmo político, como se vio en el pequeño círculo dirigente de los partidos que lo apoyarían, el miércoles, y al día siguiente en los mítines mexiquenses en que compartió ovaciones con Andrés Manuel López Obrador.

Está por establecerse el modo en que será candidato Encinas, cuya inclusión en el proceso local de ese estado, idea inicial de su exjefe, dio al traste con la alianza del PAN y del PRD, puesto que la hizo imposible para el perredismo. Habrá una coalición, la de los partidos que postularon a López Obrador a la Presidencia de la República, que en esa entidad obtuvo en 2006 más de 1 millón 800 mil votos, pero es poco probable que a esa alianza se agregue el PAN. Tenía sentido forjarla con el partido que gobierna el país para derrotar al PRI, pero ello no se conseguiría ni remotamente con candidaturas divididas de los partidos llamados de izquierda. De su actitud inicial en que dividía a sus partidos, la sagacidad política de López Obrador lo ha llevado a promover su unidad, en torno a un candidato de su confianza y la de todos.

Para cuando se recorra el camino político para su postulación, es probable que Encinas tenga ya plena seguridad sobre el cumplimiento de los requisitos que lo hagan elegible. Pondría en riesgo la gobernabilidad del estado el que el desempeño del jefe de los diputados perredistas y sus variados apoyos le consiguieran la victoria y ésta no pudiera legalmente consumarse porque el candidato no satisfizo la condición de residencia que la Constitución local establece.

Salvo que ese documento fijara en 1993 requisitos diversos de los que actualmente rigen, el registro de la candidatura de Encinas en aquel año podría constituir un inequívoco antecedente, una prueba plena de que cumplió entonces esa condición legal, y puede sustentarse que la cumple también ahora. Y es que el haber residido durante cinco años en el Estado de México para ser candidato a gobernador es requisito cumplible en cualquier tiempo, no inmediatamente antes del día de la elección. Encinas ya probó haber sido residente y, por lo tanto, ciudadano mexiquense, y no ha incurrido en ninguna de las causas por las que tal condición se pierde.

Claro que las circunstancias de la competencia electoral hace 17 años eran en esa entidad muy otras de las vigentes hoy, y acaso por ese motivo no se consideró necesario exigir de modo estricto cumplir los requisitos de elegibilidad. En aquel tiempo el gobierno mexiquense apenas comenzaba a abrirse a la presencia opositora, especialmente la de Acción Nacional. Los candidatos antagónicos carecían de la mínima probabilidad de triunfar, y al cinismo legal del gobierno le daba lo mismo si esos apóstoles eran elegibles o no.

Apenas en 1981, y con tintas pálidas, comenzó a trazarse el panorama electoral competitivo mexiquense. Alfredo del Mazo González obtuvo 62% de los votos, contra 6.1% del aspirante panista y sólo 3.1% del candidato comunista. Seis años después la votación panista casi se duplicó, para llegar a 11.3%, pero la maquinaria priista asignó el 72.9% a Mario Ramón Beteta (quien incumplió el requisito de residencia). El actor y activista Carlos Bracho, candidato de la izquierda, avanzó a 8.8%, que en números absolutos daba una cifra inimaginable para un partido marginal: 175 mil votos.

En 1993 el joven (no llegaba todavía a los 40 años) diputado federal Encinas superó en cien mil votos la cifra de Bracho, aunque se quedó en el mismo nivel porcentual. Contendió contra Luis Felipe Bravo Mena, quien obtuvo más de medio millón, y con Emilio Chuayffet, quien se aproximó a los 2 millones de votos.

Chuayffet dejaría a medio camino su gubernatura y luego sería secretario de Gobernación, de donde fue depuesto y sometido a un breve ostracismo del que se repuso con sendas curules en 2003 y 2009. Bravo Mena encabezó el partido que arrebató al PRI la Presidencia, y luego de ser embajador ahora es secretario privado de Felipe Calderón.

La vida política de Encinas fue más rica y sorprendente si se considera que todavía a mediados de los años 90 las posibilidades de gobernar estaban vedadas para la izquierda. Pero con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF en 1997 muchos militantes empezaron a cursar una carrera gubernativa. Con ese jefe de Gobierno, Encinas fue secretario del Medio Ambiente. Con López Obrador sería después secretario de Desarrollo Económico y subsecretario y secretario de Gobierno, hasta suplirlo en la jefatura de la administración capitalina en julio de 2005.

Cinco años antes, sin embargo, había sucumbido de nuevo a la tentación electoral, esta vez con perspectivas halagüeñas. Apoyado por el mayor número posible de partidos (más que los que postulaban a López Obrador) buscó ser jefe delegacional en Álvaro Obregón. Como se sabría después por confesión propia, el empresario argentino Carlos Ahumada apoyó financieramente la campaña de Luis Eduardo Zuno, el candidato panista que trampeó y logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara su triunfo, aunque apenas le reconociera poco más de 500 votos de diferencia.

Toparía Encinas de nuevo con ese tribunal en 2008. Luego de su satisfactorio desempeño como jefe de Gobierno, y su sagaz combinación de autoridad de todos y militante de la causa de López Obrador, adquirió una gran presencia y sólida reputación dentro del PRD, que lo llevó a disputar la presidencia del partido. Lo hizo contra Jesús Ortega, quien por enésima vez buscaba esa posición y no se paró en barras para obtenerla esta vez. Al cabo de un sucio proceso electoral, que debió ser anulado dadas las trapacerías que lo caracterizaron, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral ungieron jefe del partido a Ortega, con lo que la fractura perredista, visible durante las campañas internas, se ahondó hasta casi partir en dos a ese partido.

Asegúrese pues Encinas, y estén seguros también sus postulantes, de que su elegibilidad no ofrecerá un flanco débil que lo prive de un triunfo claramente obtenido, como ocurrió en los dos momentos recordados. No se expongan a perder en oscuras oficinas lo que acaso obtengan en la transparencia de las urnas.

Calderón y Televisa, Proceso y sus lectores

Miguel Angel Granados Chapa


MEXICO, D.F., 6 de diciembre (Proceso).- Proceso es una publicación curtida en su enfrentamiento a los ataques desde el poder. Nació precisamente debido a una agresión desde la Presidencia de la República, que acabó con el diario Excélsior e impulsó a algunos de sus miembros a perseverar en el oficio periodístico a través de este semanario, que hace 34 años, a la par con el asentimiento de sus decenas de miles de lectores, suscita la animadversión de quienes ven aparecer en sus páginas sus malandanzas.

Pero esta vez Proceso ha suscitado la ira simultánea de dos poderes, que el miércoles 1 lanzaron una campaña, insidiosa y difamatoria, que busca desprestigiar a esta revista, disminuir por la desconfianza que de ello resulte el aprecio de sus lectores o, en el peor de los casos, llevar a juicio a la dirección del semanario y por lo menos a uno de sus reporteros, Ricardo Ravelo.

A partir de una presunta declaración ministerial montada ex profeso, el principal noticiario de Televisa, conducido por Joaquín López Dóriga, dedicó su espacio inicial, y casi seis minutos largos, a dar voz al testigo estelar de la PGR, Sergio Villarreal Barragán, apodado El Grande por su talla física. Dijo que había entregado 50 mil dólares a Ravelo para que dejara de ocuparse de él, ya que publicaba reiteradamente informaciones sobre sus actividades delincuenciales. El dinero habría surtido el buscado efecto silenciador, pues el reportero dejó de referirse al delincuente hasta que el 21 de noviembre pasado tornó a mencionarlo en un extenso reportaje anunciado en la portada de la revista, que incluía una foto del delincuente esposado y flanqueado por dos infantes de marina. Sibilinamente se dejó flotar la impresión de que también la revista había sido gratificada de esa manera, y se llegó a la insinuación insidiosa al presentar, entre las “vistas” que acompañaban a la declaración de El Grande, la portada de un número de Proceso ya clásico en la historia reciente del periodismo. En ella aparecen el capo mafioso Ismael Zambada, El Mayo, y el fundador y presidente de Proceso, Julio Scherer García, como vivo testimonio del encuentro periodístico que mantuvieron en un lugar ignorado.

El apresuramiento con que Televisa montó la maniobra la condujo a un desliz: al aire se dijo que la declaración se produjo el 4 de noviembre. Preocupaba a los perpetradores del engendro fijar una fecha distante del momento que causó la irritación presidencial canalizada a través de esa agresión. Pero los autores del engendro hicieron hablar a Villarreal de su aparición en la portada, que ocurriría ¡17 días después! del día en que se fechó su infundio. Tardíamente advertidos de su error, los urdidores de la oprobiosa trama pretendieron corregirla al día siguiente, alegando que no se dijo “4” sino “24” de noviembre. Pero la primera fecha consta en infinidad de registros, con fuerza que desnuda la patraña.

La Presidencia se había encolerizado porque en una parte sustraída al resumen oficial El Grande narró, en su declaración ministerial (la inicial y auténtica, no la que se agregó en pegote mal hecho), el saludo que intercambió con el presidente en 2006, cuando apadrinó a una hija del senador Guillermo Anaya en Torreón. El delincuente no dijo más, ni por supuesto Proceso añadió algo. Sólo hizo notar en la portada, para precisar la importancia de El Grande, que “hasta con Calderón convivió”.

No la oficina de prensa de Los Pinos, sino el vocero de seguridad del gobierno federal (Alejandro Poiré, aunque su nombre no figure en ella) remitió una carta a la revista, en que “rechaza categóricamente que haya existido algún contacto entre el presidente de México y el presunto delincuente”, por lo que la información referida es “totalmente falsa”.

Esa contundencia no responde, no puede responder a los hechos. A pesar del retraimiento a que lo condena el Estado Mayor, el presidente de la República ha saludado a lo largo de su gestión a miles de personas. Como es obvio, no se lleva registro de cada uno de esos breves intercambios, con los nombres de los interlocutores. De haberlo, bastaría buscar en el índice el nombre de Villarreal y al no hallarlo estar en situación de negar el encuentro. Pero en otras circunstancias, las que realmente prevalecen en el entorno presidencial, es inverosímil la negativa del vocero, no puede sostenerse más que en su irritada posición.

En el mismo número de Proceso donde aparece El Grande, Jenaro Villamil se asoma a La entraña del embate de Televisa contra Cofepris, y la revista publicó un adelanto de su libro El sexenio de Televisa, donde Villamil examina los vínculos entre ese consorcio y el gobierno federal (así como su hechura de Peña Nieto). Esa reiteración hubiera bastado para que el consorcio de los Emilio Azcárraga lanzara contra este semanario una andanada como la que dirigió poco antes contra la Comisión Federal de Prevención de Riesgo Sanitario y contra el IMSS, en defensa de los intereses de una de sus filiales, que quiere el terreno llano para recibir un contrato de telecomunicaciones como el que ya se le adjudicó en el ISSSTE.

Unidas las irritaciones de los dos poderes, el Ejecutivo y el de Televisa, se produjo la andanada que a la hora de escribir estas líneas su autor ignora si continuó la noche del jueves y al día siguiente. Es de temer que así haya sido, y aun se agravaran las acusaciones. En el mejor de los casos, el gobierno federal pretendería neutralizar el efecto de que aparezca en la declaración ministerial una referencia a Calderón y al vínculo que hubo entre su compadre Anaya y Villarreal, lazo familiar ya deshecho pero indudable y comprobable. Al revertirla contra el reportero que manejó esa declaración ministerial de un testigo protegido, se priva de toda credibilidad a lo dicho por El Grande. O se cree todo lo dicho por los testigos que se agencia la PGR o no se les cree nada.

Pero el propósito parece ir más lejos. Se trata de un ataque a la esencia misma del periodismo practicado por este semanario, la búsqueda de informaciones que se hacen verosímiles a fuerza de investigación y que suscitan la confianza de los lectores. Ya en julio del año pasado se intentó la maniobra que ahora se ahonda, la de perversamente proponer que hay un nexo entre Proceso y el narcotráfico. Al presentar en ese entonces un arsenal de La Familia Michoacana, la Policía Federal exhibió, junto con armas, parque y otros pertrechos, ejemplares de Proceso, leídos por los delincuentes a los que se desposeyó de esas herramientas de su trabajo.

Si los poderes fácticos, Televisa y el gobierno, lograran imponer la infamia de que Proceso es una narco-revista y su personal cómplice o extorsionador de bandoleros, la suerte de este semanario quedaría sellada. Por fortuna, ese efecto depende en último término de los lectores, que no se dejarán engañar y defienden con su confianza una publicación nacida para servirlos… l

Góngora Pimentel, por el cambio y la nueva esperanza

Miguel Angel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 25 de octubre (Proceso).- A casi un año de concluida su gestión como ministro de la Suprema Corte de Justicia (máximo tribunal del que fue presidente), Genaro David Góngora Pimentel manifestó su adhesión al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. De tiempo atrás lo ha hecho también su antiguo compañero en la administración de justicia, Juventino Castro y Castro, quien hoy es miembro de la Cámara de Diputados, adonde lo llevó el Partido del Trabajo, el más cercano a López Obrador de cuantos lo postularon a la Presidencia en 2006.

Góngora Pimentel dejó de ser ministro el 30 de noviembre del año pasado. Reapareció el 19 de octubre en la presentación de la asociación civil Encuentro, cuyo objetivo general es “ampliar el consenso social sobre el proyecto alternativo de nación y recibir puntos de vista para su fortalecimiento, así como los canales de comunicación con los más diversos grupos y sectores de la sociedad mexicana frente al 2012 y en apoyo al movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.

El ministro en retiro no fue un invitado más a la presentación del consejo de esa plataforma de lanzamiento del exjefe de Gobierno capitalino, creada se diría que como reacción a Equidad y Progreso, la asociación civil formada por Marcelo Ebrard para alimentar su propia precandidatura. Se le confió el papel principal después del que correspondió a López Obrador. Éste definió a Encuentro como una “organización para atender a sectores que se agrupan, que se relacionan de otra forma”, distinta de la que ha practicado en los cuatro años recientes el “presidente legítimo de México”, como firma sus comunicados. Al movimiento social nacional, que se concreta en comités municipales y comunitarios, y realiza “labores de información, de orientación, de concientización”, le hacía falta otro mecanismo para encontrarse con los votantes que sufragaron por López Obrador en 2006 y luego se han alejado de él, y para encontrarse también con nuevos votantes, otros sectores “con los que tenemos que comunicarnos, despejar dudas, aclarar cuál es nuestro propósito, en qué consiste el proyecto alternativo de nación que postulamos”, según dijo el propio excandidato.

En otros términos, se trata de evitar que ciudadanos desinformados crean una vez más que López Obrador “es un peligro para México”, como de nuevo ha dicho Felipe Calderón, irresponsablemente, porque ahora no es candidato, sino el presidente de la República. Nadie mejor para representar al lopezobradorismo inteligible y aceptable para la clase media, entre temerosa y esperanzada, que una persona con indisputable autoridad moral y respetada presencia en los medios judiciales y académicos como el exministro Góngora Pimentel.

Nacido en Chihuahua el 8 de septiembre de 1937, se graduó en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1963 (y se doctoró allí mismo, perteneciendo ya a la Corte, en 2006). Prácticamente toda su vida profesional la dedicó a la docencia, a la escritura de obras jurídicas y a la impartición de justicia. Tenía 15 años como magistrado (más seis como juez de Distrito) cuando fue elegido ministro, en enero de 1995. Presidió el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal durante cuatro años, de 1999 a 2003. Al concluir ese periodo, y al retirarse de la Corte, lo hizo con su prestigio acrecentado. En su ponencia y en sus votos se inclinó siempre a resolver los asuntos mirando el interés general, con sensibilidad judicial y política. Su amigo recientemente fallecido, José de Jesús Gudiño Pelayo, veía en él la encarnación del liberalismo en la Corte cuando lo consideró situado en el lado opuesto al conservadurismo de Sergio Salvador Aguirre Anguiano y los invitó a no dejar de controvertir, para conservar el rating del Canal Judicial.

En las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, donde había que decir el derecho, o en las investigaciones constitucionales al tenor del artículo 97, Góngora fue un juez irreprochable. Los moderados, especialmente los que llevan su moderación al timoratismo, acaso lo tuvieron como excesivo, vehemente, sensiblero. Pero nunca dudó en ir más allá del frío texto legal (nunca infringiéndolo) para insertar sus resoluciones en el ambiente social y político en que estamos inmersos. Sólo puede atribuírsele un traspié: el haber querido trocar la majestad del juez constitucional por la terrenalidad del consejero electoral, cuando buscó presidir el IFE. Salió de la Corte con su espíritu enaltecido y su honra inmaculada.

Once meses después, con mesura, casi se diría que con tiento si no se conociera la firmeza de sus posiciones, al decir el único discurso el 19 de octubre (además, claro, de las palabras de López Obrador) afirmó que “debemos ofrecer a México una nueva esperanza sobre un futuro incierto”. Es, dijo también, “momento de fortalecer el cambio en nuestro país, lo cual será favorable porque nuestro esfuerzo tiene rumbo”. Confía, añadió, “en la organización política que nos convoca, pues tiene la visión, el talento y el coraje para entender los tiempos que enfrenta el país y actuar en consecuencia”; y no tiene duda de que esa organización “logrará encabezar esta nueva cultura y este nuevo quehacer político”. Instó, en fin, a sus oyentes y a quienes llegue su mensaje, a no perder tiempo, a saber que “es ahora el momento del cambio y de una nueva esperanza”.

Respetuoso, con el impulso de un espíritu universal, sin nombrarlo invocó a Dios: “Existe un poder más alto, cualquiera que sea el nombre que le demos, que nos ordena no solamente proceder con rectitud, sino también con amor; no únicamente aplicar el derecho, sino impartir justicia con misericordia”.

Los periodistas españoles, que suelen comparar el futbol y la política, o emplear en ambos terrenos un lenguaje común, dirían que, al igual que cuando el Real Madrid o el Barcelona contratan a un gran goleador, López Obrador hizo un “fichaje monumental” cuando atrajo a Góngora. Mucho se dijo de la amistad y la cercanía entre ambos cuando el jefe del Gobierno protagonizaba sonados litigios. Ahora esa proximidad adquiere el carácter de una adhesión política, como la que expresaron otros asistentes a la presentación de Encuentro.

Fue notoria la reaparición de Alfonso Durazo, quien en los años recientes se ocupaba de asesorar a un poderoso empresario periodístico y de ir y venir de su Sonora natal. Su perfil político y humano es de estirpe semejante al del exministro, y su participación conspicua en el consejo de la nueva plataforma de López Obrador muestra que el dirigente social más importante del país está consciente de que sus vehemencias, que llegan a la estridencia de tanto en tanto, no deben ser su única presencia política, sino que por interpósitas personas ha de hacer llegar su mensaje a los sectores medios donde puede generar apoyo porque representa más que nadie sus intereses.

Durazo no se ha apartado de López Obrador desde que resolvió sumarse a su causa en el proceso electoral de 2006. El secretario particular de Luis Donaldo Colosio había salido del PRI cuando el presidente Vicente Fox, reconociendo sus propias necesidades y los méritos del sonorense, lo invitó a ser su secretario particular. Mientras más apoyo recíproco se generaba entre el Ejecutivo y su colaborador, más tensa era la relación entre Durazo y la señora Martha Sahagún. Las fricciones se multiplicaron cuando la esposa del presidente pretendió sucederlo en el cargo. Durazo advirtió a Fox sobre el despropósito y, al no ser atendido, se fue de Los Pinos.

Conserva la reputación que lo ha hecho figura indispensable en acuerdos políticos necesarios. La ha llevado de nuevo cerca de López Obrador. ¡Buenos fichajes! l

López Obrador y el futuro del PRD

Miguel Ángel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 11 de octubre.- En la dislocada dinámica política de hoy, los adversarios se hacen favores y los correligionarios riñen entre sí. Eso, al menos, ocurre en el entorno de Andrés Manuel López Obrador: En su estrategia mexiquense, que beneficia al PRI y a Enrique Peña Nieto, el exjefe de Gobierno capitalino estaba a punto de fracturar al partido que dirigió hace 12 años, cuando el curso de colisión fue frenado por la iracundia del presidente Felipe Calderón, que forzó a un por lo menos momentáneo cese de las hostilidades entre el hombre que encarna, según la diatriba presidencial, “un peligro para México”, y las corrientes –Nueva Izquierda en particular– que lo consideran “un peligro para el PRD”.

En el Estado de México López Obrador ha llevado a un punto extremo su descalificación de las alianzas entre los partidos que lo apoyaron en 2006 y Acción Nacional. No evitó que se configuraran en varios estados, y en algunos las coaliciones triunfaron a contrapelo de la posición lopezobradorista. En el caso de Oaxaca la acritud antialiancista se edulcoró, gracias sobre todo a la índole del gobierno saliente y a las habilidades de Gabino Cué, quien logró la aquiescencia de Calderón y el disimulo activo de López Obrador, contrastante con su beligerancia en otras entidades.

En una singular percepción de la política mexiquense –donde son claros dos datos: que unidos PAN y PRD en torno de un candidato que no provenga de ninguno de esos partidos lograría vencer a Peña Nieto y que esa derrota podría anticipar la del gobernador saliente–, López Obrador ha radicalizado su posición. Como hizo en Iztapalapa el año pasado, ha tomado como propio el proceso preelectoral y está recorriendo la vasta entidad predicando la oposición a la alianza, sobre la base de la identidad del PAN y el PRI. No le falta razón, pero carece de ella, al mismo tiempo. Por lo tanto, ha ahondado su hostilidad a la unión de su partido con el blanquiazul. Anunció que si el PRD se coaliga con el PAN él impulsará una candidatura separada. Formalmente no podría hacerlo, porque la legalidad interna del perredismo lo impide. Y aunque López Obrador se benefició de la lenidad con que sus antagonistas están obligados a tratarlo, so pena de una ruptura definitiva, el exjefe de Gobierno ha querido aparecer respetuoso del estatuto y avisó ya de su propósito de irse temporalmente del partido, como si fuera dable pedir licencia para impulsar una candidatura ajena y aun opuesta a la que sostenga el PRD.

Nadie sabe cómo se instrumentaría tal permiso temporal. Lo que en realidad ocurriría es que las fuerzas contrarias a López Obrador, que dominan el partido, con Nueva Izquierda a la cabeza, quedarían ante la gran tentación de echar al perredista más conspicuo y, como sugiere burlón el protagonista de este episodio, quedarse con el cascarón. El PRD sin López Obrador, especialmente si su salida fuera brusca, forzada, rijosa, dejaría de ser lo que, a pesar de todo, ha sido: una opción para alcanzar el poder en pos de una política que sirva a las mayorías.

Pero la expulsión de López Obrador, que heriría de muerte a su partido, no beneficiaría mecánicamente al que lo acogiera, previsiblemente el PT, que ya lo considera su candidato presidencial, como lo evidencian los mensajes con que ese partido ocupa los tiempos a que legalmente tiene derecho y que fueron recientemente suspendidos. No habría necesariamente una migración de perredistas al PT, a menos que el ahínco y la astucia conocidos y reconocidos en López Obrador consiguieran un efecto semejante al que hizo delegada de Iztapalapa a Clara Brugada, sin necesidad de pasar esta vez por el riesgo de crear un minúsculo Frankestein que se llamara Juanito o respondiera a otro apelativo.

La rispidez entre Los Chuchos y López Obrador crecía por horas, al grado de la mofa contra el principal dirigente social del país, impensable en otras horas, cuando Felipe Calderón se retrotrajo al 2006, de manera inesperada, y dijo a Salvador Camarena, en entrevista radiofónica, que sigue creyendo que en ese año en que vivimos en peligro su principal antagonista era en efecto un peligro para México.

López Obrador percibió con claridad el desliz en que incurrió quien, para él, ha usurpado la Presidencia que cree haber ganado, y no cayó en la provocación calderoniana, que actualizó la denigración a su oponente asegurando que habría sido un gobierno catastrófico el que encabezara López Obrador. Y lejos de individualizar en él la invectiva, la extendió ofensivamente a sus seguidores, a quienes llamó fanáticos, “feligresía del odio”, distintos del mexicano común cuyo retrato convencional dibujó: es el que trabaja, lleva a sus hijos a la escuela y quiere vivir en paz y tranquilidad, como si fuera tan común la vida casi idílica que pinta, cuando la realidad muestra el esfuerzo cotidiano por sobrevivir en la inmensa mayoría de los mexicanos.

En vez de reaccionar abruptamente, con un impromptu como el que lo llevó a ordenar silencio a la chachalaca que veía en Fox, López Obrador esperó una horas, escribió su respuesta y la leyó pausadamente a modo de preámbulo a la presentación de su libro sobre la mafia que se robó a México.

“Es muy lamentable –dijo en una feria alternativa del libro, en la Alameda, el miércoles pasado– que Felipe Calderón, que fue impuesto por la funesta camarilla culpable de la tragedia nacional, en vez de pedirle perdón a los mexicanos por el desastre actual, siga optando por la mentira, la confrontación y la ofensa a millones de mexicanos que no se dejaron engañar y a los que llama ‘fanáticos’ y quienes, en uso de sus derechos y libertades consagradas en la Constitución, siguen expresando su decisión y trabajando para transformar a México por la vía pacífica, hasta derrotar en buena lid a la oligarquía y establecer una auténtica democracia que permita que las riquezas de México se distribuyan con justicia y se utilicen para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población.”

Dijo también que la descalificación en su contra es “tan burda y ofensiva (…) que ni siquiera me atrevería a usarla en contra de Calderón”. Sí lo hizo, en cambio, Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, quien achacó a Calderón el ser “un peligro para México”. Igualmente reaccionó contra el despropósito presidencial Jesús Ortega, quizá no con la contundencia que era de esperarse en quien coordinó la campaña presidencial de 2006 y enfrentó los efectos de aquella acusación. Pero no regateó su solidaridad a López Obrador. Y quienes estaban a punto de la ruptura han tenido por lo menos que aplazar sus querellas, unidos ante el evidente acto de autoritarismo y de intolerancia que, más allá de la coyuntura electoral mexiquense, puede afectarnos a todos.

Javier Corral y su batalla por la democracia

Miguel Ángel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 30 de agosto.- Lo sabíamos bien, pero los relatores de la OEA y la ONU lo han confirmado desde la solidez de su indagación institucional en México: “el vigor, la diversidad, la pluralidad en el debate democrático se encuentran seriamente limitados, entre otros motivos, por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les han asignado frecuencias de radio y televisión”.

Es decir, hay una relación directa entre monopolios de los medios electrónicos y democracia pobre. Por eso, la batalla que desde hace más de una década libra Javier Corral en contra de la concentración de privilegios en ese campo es claramente una batalla por la democracia. No es contra Televisa, como asume ese consorcio que todo lo domina y todo lo recibe, sino contra la precariedad del debate democrático.

Como diputado federal por segunda vez, Corral ha concentrado su esfuerzo reciente en explicar y tratar de impedir la entrega de una concesión de telefonía celular a Televisa, que ya reina en la televisión abierta, la satelital, la transmitida por cable, y acaba de adquirir nuevas frecuencias de televisión abierta (con las que dará alcance nacional al capitalino Canal 4), así como más de 20 kilómetros de fibra óptica a la Comisión Federal de Electricidad. Corral ha tratado de evitar que se consume la licitación 21 del espectro radioeléctrico, convocada desde el principio para favorecer al monopolio. Influyó centralmente en la solicitud aprobada por todas las fracciones en la Comisión Permanente para que el presidente de la República declarara desierta aquella licitación.

No ha sido escuchado, por lo que promueve ahora que se finque juicio político a Mony de Swan y Gonzalo Martínez Pous, cuyos dos votos en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) fueron más poderosos que los de tres comisionados más. El procedimiento se extendería al secretario de Comunicaciones Juan Molinar Horcasitas, si como es de preverse confirma el irregular fallo de la Cofetel, ya infectada de ilegalidad por el nombramiento de un comisionado, De Swan, que no satisface el requisito de contar con “desempeño sobresaliente” en telecomunicaciones, no obstante lo cual en la misma sesión en que tomó posesión como comisionado fue elegido presidente del organismo.

Corral imputa responsabilidades en el beneficio a Televisa no sólo a la Cofetel y la SCT, sino también a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), que “estableció barreras de entrada, entre ellas autorizar alianzas, pues no se favoreció la competencia; por el contrario, se disminuyó la posibilidad de que al menos hubiera dos competidores por el bloque de 30 mhz, en el que, finalmente, las dos empresas interesadas se unieron para obtener el espectro licitado… resulta contradictorio que la autoridad antimonopolios declare que la intencionalidad de las licitaciones no es recaudatoria, sino que se trata de fomentar la competencia, cuando (se) autorizó la alianza Televisa-Nextel, en lugar de dejar que ambas empresas pujaran por la asignación.

“El momento de mayor cinismo fue cuando se hizo claro que en el bloque de 30 mhz dedicado a nuevos competidores, no habría puja alguna, pues la única propuesta era la de la alianza Televisa Nextel. Era de obligada conducta en el ejercicio público introducir una regla ‘de igualación de precios’, a efecto de que el precio final por mhz para nuevos incumbentes se sujetara al precio final resultante de las pujas en los otros bloques. De esa manera, además de asegurar las mejores condiciones para el Estado, se habría asegurado equidad en el proceso.

“Pero la decisión de quién iba a ganar el segmento de 30 mhz y cuánto el monto a pagar de entrada estaba determinada desde antes que empezara la ahora famosa licitación que en el caso de Televisa-Nextel no tuvo subasta. Ese es el tamaño de la simulación que quieren envolver en el discurso de la competencia, cuando lo que hacen es reforzar el acaparamiento de espectro en manos de Televisa. Es una nueva claudicación” (El Universal, 24 de agosto).

Ese mismo día adquirió concreción la campaña de mofa y difamación que se esparce entre los bajos fondos de la prensa para desprestigiar a Corral y con ello fortalecer la posición de Televisa. El martes 24 la propia empresa asumió el cuestionamiento a Corral, que sería enteramente lícito, en bien del debate democrático, si no estuviera encuadrado en antecedentes y prácticas de intimidación. El tocayo de Corral, Javier Tejado, cerebro jurídico de Televisa, presentado ahora como director de Información, atribuyó al diputado intenciones diferentes a las explícitas, tendientes al provecho propio del legislador.

Tejado deforma los hechos con ánimo burlón. Dice que Corral trata de exhibir “el gran complot con el que supuestamente el gobierno federal (emanado de su propio partido) pretende favorecer al consorcio Nextel-Televisa al otorgarle una concesión para darle telefonía móvil. No he escuchado decir a Corral qué arreglo tendrá el gobierno federal con la empresa antes señalada. Sólo alcanza a hilar que es un abuso más de los poderes fácticos y señala que llevará a juicio político al secretario de Comunicaciones Juan Molinar y al presidente de la Cofetel, Mony de Swan, junto con no sé qué tantos funcionarios federales. Incluso, desliza todo tipo de insinuaciones contra el propio presidente de la República…

“Uno pensaría que el diputado Corral sabe de lo que habla. Lleva siendo 10 años legislador e incluso dirigió la Conferencia Parlamentaria en Telecomunicaciones. Desafortunadamente no ha producido ninguna legislación en telecomunicaciones. Pero eso es seguramente imputable también a los poderes fácticos… O quizá el diputado Corral está en realidad preocupado por construir una coalición que le permita contender por la presidencia nacional del PAN, para lo que puede servir juntar al panismo tradicional (resentido históricamente con las televisoras) y a una parte del neopanismo que se siente desplazado por el presidente Calderón y los suyos. Bajo ese escenario, lo de menos serán los consumidores mexicanos y los ingresos que por licitación reciba la nación. Siempre el beneficio personal por delante. Lo demás puede esperar”. (Reforma, 24 de agosto.)

Tejado concluye su mofa insidiosa dándose un tiro en el pie. Compara a Corral con el senador Joseph McCarthy, que no era otra cosa que un perseguidor de comunistas y no discutidor de políticas públicas. Y le recomienda ver una cinta con George Clooney, que los televidentes de los canales abiertos de Televisa no han visto ni verán jamás, porque está por encima de los estándares del monopolio.

Por medio de campañas como la que está en curso, y de análisis tramposos como el de Tejado, Televisa busca linchar a quien juzga su adversario, para mitigar el daño que puede causar la exhibición de sus provechosos vínculos con el gobierno. En esa campaña se ha traído a cuento, una vez más, el garlito tendido por Televisa Chihuahua al diputado, al que judicialmente le exige el pago de un adeudo que no contrajo Corral sino el PAN y que ese partido está dispuesto a cubrir. La embestida de Televisa ha puesto en riesgo el patrimonio familiar del diputado, que en efecto no ha podido llevar adelante ninguna ley de telecomunicaciones porque, sí, se han opuesto los poderes fácticos, pero ha contribuido a impedir que el abuso de la Ley Televisa se consumara plenamente.

Jesús Ortega y la claudicación del PRD

Miguel Ángel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 16 de agosto.- Al estilo de la señorita pueblerina que accede a bailar en una fiesta pero pide hacerlo “despacito, porque estoy de luto”, Jesús Ortega saludó de mano al presidente Felipe Calderón pero no lo vio a los ojos. Entornándolos, huidizos, el dirigente nacional del PRD faltó de ese modo a la resolución del X Congreso del PRD, celebrado hace tres años, en agosto de 2007, que ordena no reconocer bajo ninguna circunstancia a Calderón como presidente ni entablar negociación o diálogo con él.

Con su equívoca, sinuosa actitud ante Calderón, parecería que Ortega cumplía un acuerdo no divulgado con César Nava, con quien pactó las alianzas para el 4 de julio pasado. Y consumaba la posición de Nueva Izquierda, que desde siempre se opuso a que el partido ratificara la decisión de la Convención Nacional Democrática, que el 20 de noviembre de 2006 consideró a Andrés Manuel López Obrador presidente legítimo de México, y espurio a Calderón. La resolución del congreso perredista no utilizó esas palabras, pero fue asumida claramente en el mismo sentido.

Automáticamente, sin tener que decirlo, la resolución exceptuó a los gobernantes perredistas de no dialogar ni negociar con Calderón. Se entendió que sus responsabilidades institucionales, el hecho de ejercer funciones que comprenden a toda una entidad, los ponían al margen de la obligación de desconocer al presidente y, al contrario, se admitió como prudencia política su aproximación al Ejecutivo federal. Así lo hicieron, unos con mayor entusiasmo que otros, Amalia García, de Zacatecas; Narciso Agúndez, de Baja California Sur; Leonel Godoy, de Michoacán; Zeferino Torreblanca, de Guerrero, y Juan Sabines, de Chiapas. Aunque expuso que no se tomaría nunca la foto con Calderón, y perseveró en ese propósito, Marcelo Ebrard estaba obligado constitucional y legalmente a abordar con el presidente las designaciones del procurador de justicia y del secretario de Seguridad Pública.

Al paso de los años, la excepción cubrió también a quienes desde el Congreso, en ejercicio de responsabilidades constitucionales, debían tratar con el Ejecutivo. Ese fue el caso de Ruth Zavaleta y de Carlos Navarrete, cada uno de los cuales fue presidente de las cámaras, de diputados y de senadores.

Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Al acudir a la invitación presidencial a dialogar sobre seguridad, Ortega faltó de modo flagrante (a pesar de su renuencia facial) a un acuerdo de congreso del partido que encabeza. Se puede disentir y aun mofarse, dentro del PRD, de esa decisión, pero está firme y tiene tal vigencia que Alejandro Encinas (que disputó con Ortega la presidencia del partido) se amparó en ella para abstenerse de acudir a la misma reunión en que Ortega, llegando tarde, hizo más visible su saludo al presidente.

La situación del PRD y del Dia, la alianza a la que pertenece, así como la posición del principal perredista, que todavía lo es López Obrador, constituyen el marco de la actitud de Ortega, que puede costarle el cargo al que llegó tan trabajosamente y con los auspicios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y, lo que es peor, la pérdida del papel rector de la izquierda que el PRD ha llegado a tener. Y aun de su existencia misma.

Ortega vive una posición paradójica. Si bien su apuesta por las alianzas con el PAN resultó en general exitosa, tuvo un costo alto, por la resistencia que aun en los sectores moderados de su partido suscita el acercamiento político con la derecha explícita. A pesar de esa renuencia, el proceso electoral dejó fortalecido a Ortega. Pero ha ido quedándose solo, y su fuerza en los órganos de dirección partidarios tiende sistemáticamente a disminuir. Sería exagerado decir que Nueva Izquierda ha quedado desmantelada, pero no lo es afirmar que ha sufrido mermas considerables. La fuerza de esa corriente en el Distrito Federal ha girado en la última década en torno del senador René Arce y su hermano el diputado Víctor Círigo, que abandonaron a “los Chuchos”. También en el entorno cercano a Ortega se han producido bajas. Renunció a Nueva Izquierda el senador colimense Carlos Sotelo, y el presidente de la mesa directiva del Senado, Carlos Navarrete, se propone festejar ruidosamente la conclusión de su cargo en Xicoténcatl para mostrarse equiparado, ya no sometido a Ortega, y aun con mayores posibilidades que él para encabezar los restos de Nueva Izquierda o para aspirar a candidaturas de alto nivel.

Aunque fue presidente del partido –en los momentos en que Ortega adquirió el control del aparato perredista–, López Obrador es cada vez menos perredista. Cuenta mucho más con el PT para la promoción de su movimiento que con el PRD, del que no se ha marchado explícitamente en espera de las decisiones del año próximo. Ostensiblemente no ha querido militar en el partido encabezado por Ortega, al punto de que un día de estos los perredistas tendrán que optar por mantener a Ortega en el mando partidario o establecer condiciones que favorezcan la reaproximación de López Obrador. Ortega no se atrevió a enjuiciar con miras a su expulsión al excandidato presidencial, por su apoyo a un partido distinto al suyo, que en varios casos, como el paradigmático de Iztapalapa, contendió contra él. Pero Ortega ha desnudado su oposición a López Obrador. En el acto mismo en que reconoció a Calderón, en el campo Marte pronunció palabras que cuadran a muchas personas pero que en sus labios y en el contexto en que las dijo parecían destinadas a López Obrador, uno de los “fatuos e insolentes que hablan a nombre del pueblo”, pues esa es la imagen que Nueva Izquierda tiene de su todavía compañero de partido.

La decisión de rehacer el padrón perredista está mostrando la división o la escualidez del PRD. Sea por deficiencias técnicas, sea porque la militancia está decepcionada, la reinscripción camina lentamente, si es que camina. Una hipótesis contraria a Ortega es que los perredistas refrendarán su participación en el partido una vez que el líder nacional haya dejado de serlo, por lo cual las corrientes que se avinieron a aceptarlo como dirigente pese a las vicisitudes de su elección pretenderán forzarlo a retirarse cuanto antes, antes de diciembre como estaba pactado y, desde luego, antes de marzo en que se cumplen tres años de su discutida elección.

Herrera y Yunes, tal para cual

Miguel Ángel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 21 de junio.- Criados en las mismas tradiciones, conocedores de las trampas y los trucos para dominar al adversario, Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes protagonizan el rudo proceso electoral que concluirá en Veracruz –como en otras 14 entidades de la república– dentro de dos domingos. Herrera no es candidato, pero es el gobernador que mueve los hilos de las candidaturas del PRI. Estaba haciéndolo con la astucia que le permitió hacer una larga carrera. Pero esta vez topó con la socarronería de Yunes, que puso pájaros en el alambre (como quizá lo hizo muchas veces antes, cuando era priista) y sorprendió a Herrera en conversaciones comprometedoras que el candidato panista dio a conocer por interpósitas personas.

Aunque son casi estrictamente contemporáneos (Herrera nació en 1949 y Yunes tres años después), sus trayectorias políticas fueron distantes, hasta 1998, en que ambos creyeron que podrían alcanzar la gubernatura, que en esa ocasión estaba reservada para que Miguel Alemán Velasco alimentara sus sueños políticos, como si le fuera dable reproducir los que su padre hizo realidad: al pretender transitar del Senado a la gubernatura, como logró su progenitor, quizá lo asaltó la gana de continuar el camino hasta concluir en el Palacio Nacional. Pero Miguel Alemán Valdés lo había hecho a una edad muy temprana y en circunstancias en que más podía el azar –la fortuna al modo de Maquiavelo, no la que suma caudales– que el dinero.

Gobernador Alemán Velasco, parecería que Yunes y Herrera quedaban emplazados para seis años después, para 2004. En realidad era un despropósito del ahora panista, pues implicaba comparar su carrera con la de Herrera, mucho más prolongada y variada que la suya. Ambos fueron diputados, pero Herrera pisó la Cámara –todavía en el palacio del Factor, en Allende y Donceles– en 1973, mientras que Yunes estrenó curul casi 20 años después, en 1991. Ninguno de los dos alcanzó cargos de significación en el gobierno federal, pero Herrera estuvo en contacto con la política nacional desde muy temprano, lo cual le permitió hacer una carrera legislativa (cuatro turnos en la Cámara de Diputados y uno en el Senado), mientras que Yunes sólo volvió una vez a San Lázaro. Estaba allí, rabioso y lleno de rencor por no ser él quien ocupara el sitio, cuando Herrera ganó la candidatura de su partido y también triunfó en la elección constitucional, con pocos votos de diferencia y aun menor margen de credibilidad. Se le opuso entonces, desde el PAN, Gerardo Buganza, quien seis años más tarde dejó ese partido, agraviado porque Yunes fue el escogido por el presidente Calderón para enfrentar a un candidato priista de menor talla política que Herrera un sexenio atrás, y al cual era posible derrotar con holgura. Consideró tan honda la ofensa, porque con ella se privilegió a Yunes, que se fue del PAN y se manifestó partidario de Duarte, el candidato fácil al que iba a vencer. En las revelaciones que el PAN ha puesto a circular resalta el hecho, que puede ser calumnioso por provenir de Yunes, de que tal adhesión no fue gratuita, sino que tuvo una recompensa material.

Herrera sirvió lealmente a Alemán y consiguió que su juicio pesara ante Roberto Madrazo y Elba Ester Gordillo, secretaria general del PRI, para ganar la candidatura, postergando a Yunes. Éste consolidaba entonces su acercamiento a la lideresa magisterial, en la Cámara de Diputados. Su conocimiento de la ley y de sus trampas, su agresividad sin escrúpulos, lo hicieron un ariete necesario en la batalla interna por el dominio del Congreso, preámbulo a la contienda por la candidatura presidencial. Gordillo arrastró consigo a Yunes en su caída, cuando diputados oaxaqueños y mexiquenses fueron la punta de lanza contra la profesora que, desposeída del liderazgo en la Cámara, quedó en posición precaria, pues siguió siendo secretaria general del partido, enemistada con el presidente del mismo, su antiguo y circunstancial aliado, y pillada en la operación de estar creando un partido para su uso personal, Nueva Alianza.

En el extremo del pragmatismo, una vez echada del PRI y emergida del clóset, es decir, asumido su papel en el Panal, que durante un tiempo pretendió disimular, ella misma y su partido se asocian con el mejor postor. Ella, priista sin duda en 2000, se aproximó a Vicente Fox y logró concesiones para su equipo. Pero con Calderón estrechó los lazos, al punto de que sus indispensables servicios electorales –cruciales para que el candidato panista llegara en 2006 a la silla presidencial– fueron recompensados con la cesión de una franja de la administración. En ella descolló el ISSSTE, que fue entregado a Yunes, quien en la administración anterior había llegado a ser subsecretario, un rango del que estuvo lejos durante su militancia priista.

Esa militancia había cesado simultáneamente con el despido de Gordillo. Por un tiempo Yunes se mantuvo sin partido, quizá en espera de los movimientos de piezas que su jefa tenía que realizar, y luego se convirtió en panista, como quien se cambia de calcetines. Vio con disgusto que en 2007 el Panal hiciera alianza con el PRI en Veracruz, por la cordial relación que a despecho de Yunes mismo mantenían Herrera y Gordillo. Y procuró crear la plataforma desde donde llegaría al gobierno del estado por el camino sesgado de un partido al que desdeñó y persiguió cuando fue secretario de Gobierno, el cargo más relevante a que lo condujo el PRI, bajo Patricio Chirinos, es decir, bajo Carlos Salinas.

Durante los tres años en que encabezó el instituto de la seguridad social de los empleados públicos (a los que sometió a un infamante nuevo régimen de pensiones), sus dos jefes, Calderón y Gordillo, acordaron postularlo en Veracruz. Aquél dispuso que el PAN lo eligiera, y ésta puso a su disposición el Panal. Mucho antes de esas operaciones, Yunes hizo campaña en Veracruz con gran descaro. Fingiendo que realizaba obras sociales en beneficio del personal federal que trabaja en ese estado, pagó propaganda intensa y onerosa, y viajó con gran frecuencia a su entidad natal, no como oriundo de Soledad de Doblado que visita a los suyos, sino como precandidato. Tal vez se le acuse, en estos días, de ese gasto realizado en precampaña y para responder al golpe mediático y político que implica mostrar a Herrera como dispendioso sultán que abre generosos cofres y escarcelas (no los suyos, que los tiene, sino los del poder público) para lograr que sus candidatos hagan campañas cómodas (“dale a todos”, sugiere a un aspirante perplejo por tantas reclamaciones de apoyo de sus multiplicados coordinadores de campaña).

Pobre sociedad veracruzana, apresada entre Escila y Caribdis, entre un gobernador prolongado en un candidato dócil y débil y un voraz ejercedor del poder tope donde tope. Queda a los veracruzanos la opción de Dante Delgado, tercero en discordia, sufridor de la ruindad de Yunes, quien lo encarceló y buscó además infamarlo con acusación de delitos patrimoniales, que libró cabalmente. Sus defectos, especialmente el predominio personal sobre el partido que fundó, son inocultables, pero comparado con Herrera y Yunes es una alternativa digna de ser valorada.

Casi todos contra la alianza (y Gabino Cué)

Miguel Ángel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 14 de febrero.- La alianza del PAN y los partidos del Dia (Diálogo para la Reconstrucción Nacional: PRD, PT, Convergencia) ha obtenido ya su primer triunfo, antes del que probablemente obtenga en los comicios del 4 de julio. Pudo forjarse pese a la diversidad y peso de las voluntades en sentido contrario.

Coincidieron en oponerse a la coalición oaxaqueña, aunque por razones distintas, los contendientes de la elección presidencial de 2006, cabezas de la polarización surgida entonces y que perdura al día de hoy. Andrés Manuel López Obrador ha emitido una condena generalizada a las alianzas de sus partidos cercanos con el PAN y con el PRI. Incluyó en esa advertencia a Oaxaca, aunque a todas luces se ha resignado a que Gabino Cué sea el candidato de una coalición indeseable. No le será inconveniente contar con el apoyo de Cué como gobernador, pues él ha sabido mantenerse próximo a su movimiento pese a haber anunciado, en cumplimiento de una condición panista, que sostendrá un trato institucional con Calderón (como lo hacen, por lo demás, otros gobernadores que fueron postulados por el PRD).

Felipe Calderón tampoco quería la alianza oaxaqueña, si bien no por decisión propia, sino por acuerdo con el mismísimo gobernador de esa entidad. Alejandro Almazán, reportero del semanario emeequis, oyó de amigos de Manlio Fabio Beltrones la siguiente versión, difundida por el propio líder del PRI en el Senado. En septiembre pasado, Beltrones visitó en su oficina a Beatriz Paredes para disuadirla de apoyar el paquete económico tal como había sido enviado de Los Pinos, en especial el incremento de impuestos. Al terminar su alegato, la presidenta del tricolor se limitó a pedir al sonorense: “Deberías decirle todo eso a Ulises”. El gobernador de Oaxaca se encontraba en el mismo edificio, en una oficina vecina y, quizá a moción de la presidenta, se asomó al sitio donde ella y Beltrones dialogaban: “Tenemos que apoyar el IVA, ya lo hablé con Calderón”, anunció, a lo que el pragmático sonorense preguntaría: “¿Y qué vamos ganar?”: “Que no haya alianza del PAN y del PRD en Oaxaca. Yo no puedo salir de mi estado con una derrota, sería mucho desmadre. Además, eso afectaría al partido para 2012”.

Encargado de consolidar ese compromiso, Fernando Gómez Mont acudió el martes 9 de febrero al comité nacional panista. Su alegato contra la coalición fue estrepitosamente derrotado: 40 votos apoyaron la alianza e hicieron al gobierno incumplir su oferta al PRI. Despechado o colérico, o ambas cosas a la vez, Gómez Mont dejó de ser panista. Pero eso no ha impedido que Ulises Ruiz, que había llegado a ese pacto con Calderón, mueva otras bazas en este juego en que tanto le importa no perder.

Está aplicando sus recursos y su fuerza a la izquierda y a la derecha de la coalición. Héctor Sánchez y su partido Unidad Popular han vuelto a la escena, en que se les asignará un papel semejante al que protagonizaron en 2004. Sánchez abandonó entonces el PRD y creó un partido local que lo postuló a la gubernatura. La estrategia surtió efecto: la votación de ese partido de última hora, que escindió a uno de los partidos de la alianza, fue equivalente al número de votos con los que Ruiz aventajó formalmente a Cué. Sin embargo, es posible que esta vez su presencia no sea suficiente para minar a los opositores en la medida necesaria. Las más recientes encuestas dan al candidato de la oposición una ventaja de 10%, superior cinco veces al margen por el que hace seis años fue derrotado.

Por la derecha, dentro del PAN también desplegó Ulises Ruiz su fuerza. Aun después de conocidas las decisiones del comité estatal panista y de su comité nacional, se buscaba sacar avante la candidatura de Huberto Aldaz Hernández. Es un ingeniero agrónomo que en el gobierno foxista dirigió el Instituto Nacional Indigenista y fue encargado de clausurarlo para dar paso a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Luego fue diputado federal y ahora es delegado de la Sedesol en Oaxaca. Según sus partidarios, es mejor opción que Cué. Aun si tuvieran razón al comparar las trayectorias y personalidades de ambos, es claro que la fuerza del actual senador, ya formalizado candidato, es superior a la de Aldaz, por lo que postular a éste significaría mermar la potencia que se espera de la unión de partidos.

Tras la renuncia de Gómez Mont, con lo que ella implica de distanciamiento entre el PAN y el gobierno, queda por ver la actitud de la Sedesol. Mediante mecanismos administrativos y políticos, esa secretaría puede hacer que Aldaz acate la decisión de su partido y se sume a la candidatura de Cué. Pero cabría la posibilidad de que los aldacistas buscaran una alternativa para no apoyarlo. Esa posibilidad, sin embargo, generaría otra disputa interna. Se trata del Partido Nueva Alianza, que en algún momento esbozó su propósito de unirse a la coalición pero desistió porque su precandidata Irma Piñeyro no tendría posibilidad de ser elegida frente a Cué. Dada la cercanía y entreveramiento del PAN y el Panal en otras entidades, una disidencia panista sería bien recibida por el partido de Elba Esther Gordillo, aunque tuviera que dirimir la candidatura entre Piñeyro y Aldaz.

Es probable que el aldacismo sea parte de la estrategia de Manuel Espino contra la alianza. Además de predicar contra ella, ha trabajado para impedirla. Y es que Espino sostiene una relación política extraña con Ruiz, quien patrocina reuniones políticas del antiguo dirigente panista. Un encuentro continental sobre seguridad –segunda edición de otro que realizó en Colombia la Organización Demócrata Cristiana de América (presidida por Espino y a la que pertenece el PAN)–, efectuado en 2008 en Ciudad Juárez, fue financiado por el gobierno priista de Chihuahua… y por el de Oaxaca. La oficina de prensa de Ruiz, además, organizó la presentación en Oaxaca del más reciente libro de Espino, Volver a empezar.

Con todo y ese conjunto de amagos y estorbos, la coalición en Oaxaca va. Se avizora tan formidable su empuje que ello explica el despliegue de toda suerte de recursos para impedirla.

¿Mediación? No, gracias

Miguel Ángel Granados Chapa



MÉXICO, D.F., 17 de enero.- El gobierno federal es reacio a la mediación como un instrumento para la solución de conflictos. Enfrenta una guerra con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que le ha costado serias pérdidas materiales y económicas, y cuando se le abre la posibilidad de dialogar con un grupo insurgente al que no consigue vencer porque ni siquiera puede situarlo, rehúsa en los hechos la mediación respectiva, para no tener que pagar el costo de admitir que fuerzas suyas hicieron desaparecer a dos miembros de esa agrupación guerrillera.

Debido a ese talante autoritario, para cuya configuración contienden dentro del gobierno federal dos líneas duras, una más que la otra, se ha permitido rechazar desdeñosamente otra tentativa de mediación, la que intentaron cinco personas de alto relieve en la vida pública, que aceptaron una invitación del Sindicato Mexicano de Electricistas para mediar en su conflicto con las autoridades que, tras debilitar al gremio electricista, decretaron de modo unilateral e inconsulto la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

El 30 de noviembre pasado, dirigentes del SME solicitaron al rector y director general de las dos mayores, más antiguas y más productivas instituciones de enseñanza superior pública y a los líderes de las fracciones senatoriales con mayor representación en su cámara, que integraran un grupo de mediación entre los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro y el gobierno federal.

El rector de la Universidad Nacional, José Narro Robles; el director del Instituto Politécnico Nacional, José Enrique Villa Rivera, y los coordinadores de los grupos del PAN, Gustavo E. Madero; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, se reunieron el 7 de diciembre “con el objetivo de analizar la propuesta formulada públicamente por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas”, y resolvieron que era necesario “reunirse con los involucrados para conocer sus planteamientos antes de tomar una determinación”.

El 10 de diciembre escucharon de los líderes del SME, y al día siguiente del secretario de Gobernación, “sus planteamientos, propuestas de solución y posibilidad (o disposición) de participar en una mesa de diálogo y negociación sobre el tema”. El grupo entró en receso en las semanas siguientes (lapso en que Villa Rivera concluyó su función al frente del IPN, no obstante lo cual continuó en esta tarea, a que había llamado a título individual). El 8 de enero el grupo emitió una declaración en la que, tras referir los antecedentes (narración de que provienen las palabras entrecomilladas de los párrafos anteriores), condicionaron su participación:

“Desafortunadamente –dijeron los miembros del quinteto– se han empezado a producir reacciones de violencia con las que nadie puede coincidir y se han expresado diversas declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno federal y de dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas en las que se evidencia el estancamiento del diálogo.”

Por ello, sólo continuarían en la encomienda “si se aceptan públicamente por las dos partes y a más tardar el martes 12 a las 18 horas” siete criterios: “que las partes reconozcan expresamente su voluntad de respetar las resoluciones firmes (…) del Poder Judicial de la Federación”; “que en la defensa de sus posturas y sus derechos los trabajadores se conduzcan en todo momento en los cauces de la legalidad, la institucionalidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía, evitando actos de violencia y que pongan en peligro el servicio de energía”; “que el gobierno federal esté dispuesto a buscar alternativas de apoyo a los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a las prestaciones que conforme a derecho se lleguen derivar de las resoluciones firmes del Poder Judicial de la Federación (…) a fin de atender las necesidades básicas de los trabajadores no indemnizados hasta el momento”; “que en todo momento se respeten los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro”; “que el gobierno federal considere cubrir conforme a la ley a todos los trabajadores sindicalizados (…) la parte proporcional del aguinaldo (…), el fondo de ahorro retenido y los salarios de semanas devengadas”; “que el gobierno federal ponga en práctica los procedimientos necesarios para que los trabajadores sindicalizados recuperen sus pertenencias resguardadas en los centros de trabajo”; y “que la representación sindical acepte llevar a la consideración de los trabajadores (…) las propuestas que oficialmente presente en la mesa de diálogo y negociación el gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación”.

De inmediato, al día siguiente, una asamblea del SME aceptó los criterios fijados por el grupo de ciudadanos interesados en que el conflicto sea resuelto. Pero el gobierno federal tuvo una reacción adversa. Algo en el documento citado irritó a los funcionarios; o se suscitó un litigio dentro del gabinete respecto de la intervención de Fernando Gómez Mont en vez de que el asunto lo condujera el secretario del Trabajo. El hecho es que el martes 12 el gobierno arrojó fuera de la situación a los presuntos mediadores, del modo más descortés posible. El subsecretario Gerónimo Gutiérrez convocó a los líderes del SME a una cita el viernes 15, en Gobernación, para “reanudar de manera directa el diálogo iniciado el 11 de octubre del año pasado.

Ni Gómez Mont ni Gutiérrez tuvieron la deferencia de agradecer en ese momento al quinteto interesado en la solución del conflicto sus buenos oficios. Por ello los cinco acusaron recibo del desdén. En un comunicado en que dieron “por concluida nuestra labor en este asunto”, simplemente relataron que “el día de ayer nos enteramos, inicialmente por los medios de comunicación, de la invitación del gobierno federal para instalar una mesa con la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas con el propósito de establecer un diálogo directo con la misma”.

También informaron que en la entrevista con Gómez Mont el 11 de diciembre “se exploraron inicialmente algunas de las propuestas que posteriormente se incluyeron en el documento enviado a las partes por los suscritos y se planteó que contribuyéramos a la construcción de soluciones al conflicto”. Sin embargo, concluyeron, “para que proceda una labor de mediación, debe existir la aceptación plena de las partes involucradas, condición que en sentido estricto no se considera en la comunicación oficial que fija la postura del gobierno federal en la que se agradece la participación del Grupo”.

¿Mediadores? No, gracias. Esa parece ser la consigna de las autoridades federales. Estiman de seguro que sus personeros se bastan solos para aproximarse a sus metas, que no incluyen la solución de conflictos, sino el exterminio del enemigo.

Calderón, como Echeverría, contra el sindicalismo

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Una grave frustración de la transición democrática mexicana ha sido el gatopardismo, el que las cosas cambian sin cambiar, y en que los gobernantes surgidos de la alternancia se diferencian de los anteriores en que son exactamente iguales. Tal engaño queda patente una vez más con motivo del ataque del presidente Calderón al Sindicato Mexicano de Electricistas, análogo y en cierto modo prolongación del que emprendió Echeverría contra la Tendencia Democrática de los trabajadores electricistas. El 11 de octubre de 2009 es equivalente, como acto autoritario violento, al 15 de julio de 1976. En cada una de esas fechas se buscó suprimir, eliminar de la escena pública a agrupaciones gremiales combativas que existían por la voluntad de sus miembros y no dependían por lo tanto de la voluble voluntad gubernamental.

La historia del golpe de Echeverría a los electricistas es la historia reciente del sindicalismo en ese ramo (y llegó a su culminación, por cierto, una semana después de la agresión contra el Excélsior de Julio Scherer; he sostenido, por otro lado, que la expulsión del célebre periodista del diario desde el que estaba transformando a la prensa mexicana, fue parte de una estrategia para silenciar atropellos como el que estaba en curso contra los electricistas democráticos).

A partir de que el Estado mexicano se convirtió en propietario de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, se modificó no sólo la estructura empresarial de ese ramo sino, por consecuencia, también su organización laboral. Hasta aquella fecha, existían tres agrupaciones de trabajadores de la electricidad: el sindicato nacional, que contrataba con la CFE y estaba organizado a la manera tradicional cetemista, en torno a un hombre fuerte, Francisco Pérez Ríos, cercano a Fidel Velázquez; una federación de 52 pequeñas agrupaciones sindicales, dirigida por Rafael Galván y que en ese mismo 1960 se transformó en Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM); y el Mexicano, que durante décadas había sido la contraparte laboral de la Mexican Light and Power.

A mediados de esa década, y por razones técnicas y políticas, se inició un movimiento unificador de las empresas y los sindicatos. Por un lado, se hizo necesario integrar la industria, conectar sus heterogéneas porciones. Por otra parte, se pretendió fundir en un solo gremio, bajo la égida del sindicato cetemista, a las agrupaciones del ramo. Cuando la Impulsora Eléctrica Mexicana, surgida de la compra de las pequeñas empresas con las que contrataba Galván, quedó fusionada con la CFE, el sindicato nacional quiso dar una tarascada al STERM, y peleó y ganó la titularidad del contrato colectivo. Para que la derrota no fuera tan abrumadora, y en lo que a poco se reveló como una trampa, Echeverría propició la fusión de los dos sindicatos y así nació, el 20 de noviembre de 1972, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), bajo la conducción de Pérez Ríos. La denominación del gremio naciente anunciaba la pretensión de incorporar a sus filas a los miembros del SME, pues mientras éste existiera haría vano el propósito de llamar único al SUTERM.

Fue imposible la convivencia entre las dos formas de sindicalismo. Se generó una Tendencia Democrática dentro del SUTERM, que paulatinamente fue perdiendo presencia y fuerza, aun en los sitios donde había regido el antiguo STERM. En ese tiempo murió Pérez Ríos, única forma de que abandonara su posición de secretario general, que había ocupado durante décadas. Lo reemplazó automáticamente, sin elección porque ese modo no formaba parte de sus usos y costumbres, el secretario del Trabajo del comité, Leonardo Rodríguez Alcaine. Treinta años después, a la muerte de este líder, transitó por la misma ruta su secretario del Trabajo y pariente, Víctor Fuentes del Villar, que llega ya a los cuatro años de su indiscutido liderazgo.

En más de medio siglo, sólo tres dirigentes, con los que el gobierno pueda entenderse. Por eso convino al gobierno desbaratar el enclave democrático en el SUTERM y sentar las bases para la supresión del SME. La Tendencia Democrática inició una huelga en reclamo de prestaciones y respeto a su representatividad, y la noche del 15 de julio de 1976 una embestida militar, junto con miles de esquiroles, rompieron el paro obrero y echaron a la calle a los antiguos galvanistas, en operaciones de las que parecen calcadas las de ahora.

Previamente, el gobierno de Echeverría había puesto en liquidación a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, con la que contrataba el SME. El proceso se echó a andar de manera tortuosa, lenta, y a él se resistió el sindicato, que veía como desenlace la inclusión de sus miembros en el agrupamiento dirigido por Rodríguez Alcaine. Por esa capacidad de no rendirse la liquidación no prosperó, se quedó en mera denominación, pues la empresa siguió operando normalmente. El gobierno de Miguel de la Madrid pretendió reavivar el procedimiento liquidador pero se topó de nuevo con la fortaleza sindical, que en 1987 realizó una huelga, breve pero suficiente para probar su potencia. A ella apeló Carlos Salinas cuando, en busca de votos verdaderos, demandó los del SME, y se comprometió a poner fin al estado legalmente precario en que operaba la empresa. Por eso creó, ya al cabo de su mandato, el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que ahora está en jaque.

Fox llegó al gobierno con la intención de eliminar esa empresa y diezmar a su sindicato. Para eso estableció un régimen absurdo, en que LyF compra cara, a CFE, la energía que debe vender barata. Esa extravagancia financiera obliga a subsidiar el funcionamiento de la empresa que surte de fluido eléctrico a la porción central del país, la más productiva en el conjunto nacional. A remediar ese déficit se destinan sumas como los 42 mil millones de pesos que este año debió aportar el gobierno a una empresa que deliberadamente ha sido deteriorada, crítica situación que se atribuye al abuso de sus trabajadores y su organización gremial. Ciertamente, el contrato colectivo suscrito por el SME es ventajoso para sus trabajadores en muchos sentidos, pero en general contiene cláusulas que deberían regir en muchas otras empresas públicas y privadas, cuya mano de obra es maltratada y frente a cuyas magras prestaciones las de los electricistas parecen de lujo.

Pero no lo son menos las del SUTERM, aunque cuando es necesario hacerlas disminuir la acción se realiza sin que nadie proteste porque el sindicato carece de activa vida interna y se controla de arriba abajo. Por eso el año pasado aumentó en cinco años el término para las jubilaciones, algo que en el sindicato del Seguro Social significó una afrenta a la que se opusieron los damnificados. Se mantienen, sin embargo, gajes como los que, practicados en el SME, irritan a sectores sensibilizados por la propaganda: la cláusula 67 del contrato entre el SUTERM y la CFE exonera de pago a sus trabajadores. Siendo que el consumo doméstico promedio es de 285 kilovatios, es gratuito para ellos el suministro de 350, y el excedente se cobra a sólo un centavo por kilovatio.

El lance actual contra el SME dista de haber concluido. Ni siquiera ha entrado en su fase final. Mientras no lo declare la autoridad laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje, subsisten las relaciones de trabajo entre el sindicato y la empresa en liquidación. Y aun si se decretara su terminación, apenas se encargue formalmente de la operación la CFE, tendrá que responder a las obligaciones laborales como patrón sustituto.

Digo, si de respetar la ley se trata.