Peña Nieto, amarga lección en la Ibero

Jesusa Cervantes
11 de mayo de 2012 · 25 Comentarios
Análisis

Estudiantes repudian visita de EPN a la Ibero.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- Enrique Peña Nieto detonó la indignación de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana cuando buscó justificar su actuación en la represión de San Salvador Atenco en 2006. Adelantó con ello lo que podría ser su gobierno en caso de llegar a la Presidencia de la República.

Por vez primera, desde que inició su campaña, Peña Nieto se vio ante un electorado real; las cámaras de televisión dejaron de favorecerle, la imagen del dicharachero, coqueto y activo a la hora de tomarse fotos con las mujeres, se desvaneció. Se evaporó.

Peña Nieto pospuso en más de una ocasión su visita a la Iberoamericana; buscó en su lugar los reflectores del programa de espectáculos de Maxine Woodside, pero este viernes, engallado por haber salido ileso de la entrevista con Carmen Aristegui, pisó territorio iberoamericano.

Desde su llegada a la Ibero, el aspirante priista fue abucheado por unos y vitoreado por otros; y aunque los estudiantes lo evidenciaron por su pobre lenguaje y su desconocimiento de algunas palabras (entre ellas la de “anomia”), los primeros minutos el mexiquense se mantuvo ileso.

Incluso echado para delante, decidió utilizar sólo 20 de los 40 minutos que tenía como exposición “para dar más tiempo a las preguntas”.

En todo el tiempo el fantasma de Atenco lo persiguió pero no atendía las preguntas. Ya se había despedido Peña Nieto cuando dio marcha atrás y, engallado, dijo que a pesar de haberse despedido quería responder a lo del caso Atenco.
“Sin duda dejé muy firme la determinación del gobierno de hacer respetar los derechos del Estado de México. Tomé la decisión de emplear la fuerza pública para mantener el orden y la paz… los incidentes se sancionaron… la acción fue en legítimo derecho de usar la fuerza pública para restablecer la paz y el orden…”, dijo ante un auditorio repleto de hombres, mujeres y maestros.

El cinismo de Peña Nieto enfureció a los estudiantes, quienes en cartulinas le restregaron que ellos sí tienen memoria, que son estudiantes y sí leen.

Muchos de los universitarios se quedaron con la certeza de que ante alguna demanda ciudadana, el hoy candidato priista podría recurrir a la fuerza pública en caso de llegar a la Presidencia, como ocurrió en Atenco, donde una veintena de mujeres fueron vejadas y algunas violadas.

También recordaron los feminicidios en el Estado de México durante el gobierno peñanietista y decidieron, literalmente, correrlo de la Ibero.

Afuera, en el auditorio, los estudiantes no dejaron de gritarle “¡Asesino!”, y más tarde el grito se transformaría en una definición: “¡Cobarde!”

Y es que, acorralado por la persecución de los estudiantes, Peña Nieto aceleró el paso de un edificio a otro buscando una pronta salida.

“Sólo las ratas se van por las alcantarillas”, gritó una joven llena de rabia y frustración porque no pudo encararlo. Otros, como los que se lo toparon a la salida del baño de hombres, donde por unos minutos se agazapó, celebraron porque al fin pudieron decirle en su cara el grito que todos coreaban: “¡¡La ibero no te quiere!!”

La visita a la Ibero, el recibimiento, el rechazo, la escurridiza escapada cual Houdini, corrió como reguero de pólvora en los medios cibernéticos.

La dirigencia nacional del PRI, sus “jilgueros”, los seguidores de Peña Nieto, no pudieron ocultar lo sucedido. Mientras, en Youtube se daban a conocer varios videos que los estudiantes subieron velozmente a la red social.

El candidato del PRI le dio certezas a los estudiantes y reforzó lo que previamente, en el noticiero de Aristegui, había comentado sobre el uso de la fuerza, cuando dijo que no estaba bien fundamentada la denuncia ciudadana en contra de Felipe Calderón por utilizar la fuerza pública como al Ejército para atacar al narcotráfico.

Peña Nieto dijo que siempre, actuando legalmente, el Estado tiene la obligación de mantener la paz y el orden. Así lo estableció en el noticiero y así lo refrendó en la Iberoamericana.
Los chicos de la Ibero, a quienes en tono de chunga la sociedad en general se refiere, demostraron que saben escuchar y tienen claridad en lo que no quieren: otro gobierno que con la ley en la mano puede caer en excesos. Y que con el estandarte de presuntamente mantener la paz y el orden se dé pauta para vejar a una población indefensa.

Más inteligentes que los políticos, más frescos y más valientes resultaron los estudiantes de la Universidad Iberoamericana.
Pero también hay que decir que Peña Nieto mostró temple en un inicio. Aceptó finalmente acudir a un terreno que, por el recibimiento tan caluroso y amoroso hacia Andrés Manuel López Obrador, se veía hostil.

El exgobernador mexiquense se atrevió pero nunca esperó que el repudio sería de esa magnitud, y menos que le daría la vuelta al mundo vía redes sociales.

Los estudiantes de la Ibero le dieron a este proceso un giro de 180 grados; difícilmente la siguiente encuesta de Roy Campos podrá decir que Peña Nieto tiene 20 puntos delante de su siguiente competidor.

Difícilmente el rector de la UNAM, José Narro, se podrá negar nuevamente a proporcionar espacios para los candidatos, pues es lo mínimo que se esperaría de esa casa de estudios.

Hace algunas semanas, el candidato Andrés Manuel López Obrador pidió el estadio para hacer un mitin y el rector se lo negó. Sin embargo, las universidades privadas se mostraron más gallardas y pusieron su granito de arena para el debate libre de ideas.

Esperemos que la UNAM siga esos pasos.

Pero así como muchos quieren ver a López Obrador en la explanada de la UNAM, como en 1988 y 1994 lo hiciera Cuauhtémoc Cárdenas, así gran parte del electorado quiere ver a Peña Nieto, a Josefina Vázquez Mota y a Gabriel Quadri.

Las universidades son espacios para debatir, son terreno de la democracia, y ahora los estudiantes de la Ibero lo demostraron a todo el país, y sobre todo, a Peña Nieto a quien, por cierto, el viernes nadie le pidió una foto.

Y así como lo sucedido en la Ibero fue inédito, también lo es la convocatoria anunciada por las redes sociales para una marcha-protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, con la que se buscaría expresar el rechazo ciudadano al candidato del PRI, Peña Nieto.

Los tuiteros están citando a lo que llaman “Primera marcha de información anti-Peña Nieto”, para el próximo sábado 19 de mayo, al mediodía.

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El poder de las televisoras

 

Jesusa Cervantes
27 de abril de 2012

 

 

Las instalaciones de Televisa Chapultepec.
Foto: Alejandro Saldívar

MÉXICO, D.F. (apro).- El poder fáctico, el poder que es capaz de doblegar a presientes de la República, el poder que con una sola amenaza puede sentar en la misma mesa a diputados de diversos partidos, así se les llama a las televisoras, a Televisa y TV Azteca.

Mucho se habla de ellas pero en realidad muchos desconocemos qué hay en juego como para que las televisoras sean tan arriesgadas, tengan un constante cabildeo en los tres poderes de la Unión e, incluso, cuenten ya con una “telebancada”.

Todo se reduce a dinero y poder. En 2007, ambas televisoras, como si fuera el Teletón, se unieron para mantener sus ingresos millonarios e incluso disputar una bolsa mayor. Para ello se opusieron a la reforma electoral de ese año.

Luego de las carretonadas de dinero pagadas a las televisoras y medios electrónicos en las elecciones presidenciales de 2006, y la consecuencia que tuvo en los resultados finales, como fue la distorsión del proceso por haberse alentado y financiado la campaña contra Andrés Manuel López Obrado, a quien se calificó de ser “un peligro para México”, los legisladores, presionados por la sociedad, decidieron cambiar las reglas del juego y del dinero.

Por lo que hace a medios electrónicos, éstos bloquearon toda posibilidad de que partidos políticos, organizaciones o ciudadanos, pudieran comprar tiempo en televisión o radio, en tiempos electorales. Y asignaron esta facultad únicamente al Instituto Federal Electoral (IFE).

Pero no sólo eso, determinaron que el único tiempo que se puede comprar en los medios electrónicos sea de 48 minutos por día. Además, que ese tiempo, el cual se le tiene que dar de manera gratuita al Estado, se le dé al IFE para que distribuya o regule lo que cada partido puede utilizar en su tiempo electoral.
El cambio a la ley puso en jaque a las grandes televisoras, tanto así que emprendieron una fuerte campaña en contra de la citada ley para que fuera bloqueada en el Senado de la República; instruyeron a sus jilgueros y a todos los agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

El entonces secretario de la CIRT, Andrés Massieu, fue el “operador político de la embestida”, y para ello elaboró una especie de manual en la que se expone la “línea” a segur.
Massieu estableció siete puntos básicos y los resumió en uno, el
cual tenía que repetirse en todos los medios, televisivos y de radio:
“La reforma presentada hace más caros los procesos electorales, dificulta crear nuevos partidos, crea un IFE controlado por los tres grandes partidos políticos y deja a la sociedad como rehén de los partidos que controlan el Congreso”.

Ese fue el estribillo que se repetiría en los medios electrónicos; pero no sólo eso, también instruyó Andrés Massieu a que se pidiera ayuda a una serie “de personalidades, a los cuales sería conveniente abrirles espacios”.

Los 44 jilgueros que hablarían en contra de la reforma electoral, propuestos por Andrés Massieu, fueron Luis Miguel Aguilar, Luis González de Alba, Alvaro Matute, Benito Nacif, Carlos Elizondo Mayor-Sierra, Francisco Abundis, Enrique Krauze, Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva y Denise Maerker, entre otros.

Finalmente la ley se aprobó, el malestar de las televisoras generó que en las siguientes elecciones para renovar el Congreso de la Unión construyeran su propia ‘telebancada’.
Es la misma ‘telebancada’ que hoy pretendió reformas a la Ley de Radio y Televisión para que las dos grandes cadenas le dieran la vuelta a la reforma de 2007 y pudieran vender espacios a partidos en tiempo electoral.

El mismo integrante de la CIRT que el 6 de septiembre de 2007 operó para desprestigiar la citada reforma electoral, es el mismo que hoy desde la Cámara de Diputados y ya como legislador federal también operó para que pasara la contrarreforma.

La crítica en la sociedad no se hizo esperar, por lo que los diputados tuvieron que dar marcha atrás, sin embargo, y a pesar de que se tenían que eliminar los artículos que abren la puerta de atrás para que las televisoras obtengan recursos millonarios de los partidos políticos, éstos no han sido anulados.
Es decir, la ley continúa viva y con posibilidad de que en las próximas elecciones federales vuelva a ser retomada.

Pero en resumen, que es lo que el ciudadano común y corriente tendría que saber para poder entender por qué las televisoras han adquirido tanto poder como para mover a todo un Poder Legislativo: pues porque sus comentarios a favor o en contra de un partido político tienen, hoy, un valor diario de ¡¡¡40 millones y medio de pesos!!!

Efectivamente, todo lo que esta detrás y que hace unirse a Televisa y TV Azteca, como en el Teletón, es el dinero.
Antes de la reforma electoral de 2007, los spots por día le generaban a las televisoras 29.66 millones de pesos; sin embargo, con la redistribución de los recursos que el IFE otorga a los partidos para esta elección federal de 2012, el valor casi se duplicó: 40.57 millones de pesos.

Esa gran suma de dinero es lo que las televisoras “están perdiendo” día a día desde que arrancaron las campañas presidenciales.

En otras palabras, desde el día que arrancaron formalmente las campañas para Presidente de la República, el 30 de marzo, al domingo 29 de abril, el duopolio televisivo ha perdido unos mil 258 millones de pesos.

Ese es el valor de las televisoras, ese es su verdadero poder. Por esa cantidad son capaces de crear su ‘telebancada’ y de “cabildear” duramente entre los diputado de todos los partidos para convencerlos y hacer que cambien la Ley de Radio y Televisión.

Todo, poder y dinero, a eso se reduce la importancia de las televisoras. Ahora podríamos entender por qué para las televisoras “Andrés Manuel era un peligro para México”.

La manipulación en pleno y todo a cambio de miles de millones de pesos que, por cierto, se quedan en manos de un par de dueños: Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego.


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Gobierno de traidores

Jesusa Cervantes
9 de marzo de 2012 · 17 Comentarios
Análisis


Calderón, Poiré, Galván, Saynez y Morales. Gobierno de traidores.
Foto: Germán Canseco


MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Vicente Fox se caracterizó por su gran corrupción e ignorancia supina, pero el de Felipe Calderón ha sido, sin duda, el de los traidores.

¿Qué puede esperarse de quien traiciona a su padre político?: podredumbre; Felipe de Jesús Calderón Hinojosa fue más allá cuando asumió por la puerta de atrás, con trampas y descalificaciones, en un mar de ilegitimidad, la Presidencia de la República: traicionó a la patria y a su gente.

Inundó de sangre el país, sumió en la desesperación a millones de mexicanos, en la angustia a padres de familia, entregándoles la muerte de 50 mil hijos.

Fox desdeñó la figura presidencial, bajo el argumento de ser menos rígido. Cayó en la ignorancia, enriqueció a su plebe y se mofó de los valores de la República. Sin embargo, Calderón lo rebasó: desdeñó lo único que puede salvar a este país: el respeto al ser humano en su totalidad.

Ya fuera por compromisos con el sector empresarial, por su ansia inagotable de cumplir con su ego, por soberbio o por su afección a la bebida, pero cayó en lo mas bajo. Y su mezquindad y desprecio por la vida y dignidad de los mexicanos han cerrado el círculo para que el crimen organizado se imponga en todos los aspectos.

No puede ser una exageración señalar lo anterior, cuando el crimen organizado, ya sea de cárteles de la droga o de funcionarios federales para cometer actos ilícitos, ha penetrado al corazón del país.

El crimen organizado no sólo otorga “seguridad” y “tranquilidad” en donde quiere y a la hora que quiere a lo largo y ancho del país, también maneja grandes presupuestos que se mezclan con el dinero lícito. Se sirve de la licitud para ‘blanquearse’.

Una muestra es Petróleos Mexicanos (Pemex). La empresa que durante décadas ha sostenido al país, pues la economía se petrolizó con el PRI en el poder, y que ahora es manejada por el “crimen organizado”.

A simple vista se pueden documentar hechos en donde Los Zetas, cártel del Golfo, el de Sinaloa o el del Golfo han participado en el robo multimillonario de gasolina y lo peor… de crudo.

Y si funcionarios de primer nivel no están vinculados con ello, entonces habría que encontrar una respuesta veraz que nos haga entender cómo logran vender el combustible a refinerías de otros países, cómo logran sacar de México millones de barriles de petróleo crudo. Sin la connivencia y corrupción del otro “crimen organizado”, el de los funcionarios, es difícil que esa situación ocurra.

Pemex cuenta con aviones no tripulados de luz infrarroja, sistemas de medición, monitoreo con GPS, en fin, tecnología de punta que se utiliza en países de primer mundo para evitar el robo de hidrocarburos, y no le sirve de mucho.

El robo es a gran escala. La novedad con Felipe Calderón es que, si con Vicente Fox se robaban la gasolina, con el actual presidente panista la sustracción tomó la vertiente del crudo.

Sólo en los cuatro primeros años de Calderón el robo ascendió a 19 mil 706 millones de pesos. Una cantidad exorbitante que únicamente el crimen organizado puede hurtar.

El traidor, Felipe Calderón, le ha dado a México no sólo dolor y muerte, también le ha robado el patrimonio a millones de mexicanos y lo ha puesto en manos del crimen organizado, de los cárteles de la droga, pero más que eso, ha dejado que éstos penetren más allá de las pandillas… los ha instalado en el gobierno.

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“Expedientes negros”, la apuesta de Calderón contra el PRI


Jesusa Cervantes
10 de febrero de 2012


MÉXICO, D.F. (apro).- En este mismo espacio, desde abril de 2011, luego en la revista Proceso en diversos ediciones, se dio cuenta de cómo el gobierno estaba preparando los expedientes negros para usarlos en contra del PRI.

Se dijo que de ellos daría cuenta el tiempo, y así fue. Los embates en contra de exgobernadores priistas y sus presuntas ligas con el narcotráfico, lavado de dinero o por presunto enriquecimiento ilícito, se cumplieron.

Felipe Calderón empezó a utilizar como método el chantaje en contra del PRI. Primero, en abril de 2011 mandó con un grupo de generales el aviso de que se estaban confeccionando los expedientes negros en contra de exgobernadores.

La petición fue que el PRI aprobara la Ley de Seguridad Nacional a cambio de guardar en el cajón –para otra mejor ocasión– los expedientes comprometedores.

El priista coahuilense Humberto Moreira tomó dato del encuentro que tuvo con los generales, quienes le dijeron que la Defensa Nacional (Sedena) ofrece datos que tiene sobre el tema, la Procuraduría General de la República (PGR) elabora los documentos, y algunos funcionarios del Poder Judicial ayudan a sustentarlos.

La contundencia del mensaje llevó al PRI a palomear una semana más tarde los cambios a la Ley de Seguridad, e incluso impulsarla, pero finalmente ésta no prosperó en la Cámara de Diputados gracias al movimiento del poeta Javier Sicilia.

Aquí mismo se informó, al igual que en Proceso, que los expedientes alcanzarían al perredista Pablo Salazar Mendiguchía, a la administración de Humberto Moreira, al tamaulipeco Eugenio Hernández y al mexiquense Arturo Montiel, aunque este último acudió a Los Pinos y pidió tregua.

Hoy el exgobernador chiapaneco Salazar Mendiguchía está en la cárcel bajo el presunto delito de enriquecimiento ilícito; detenidos algunos colaboradores de Moreira, y también se espera que, en un par de meses, se formalice una denuncia en contra del propio exmandatario de Coahuila.

Además, ya se dieron a conocer las alertas en contra de los exgobernadores de Tamaulipas Eugenio Hernández, Manuel Cavazos Lerma y Tomás Yarrington.

De este último recientemente se dijo que protegía a Los Zetas y, aunque todos han negado las acusaciones, lo cierto es que en la PGR los expedientes se siguen formando para salir a la luz pública.

La apuesta de Calderón es seguir con los expedientes negros.

Ya demostró al PRI y a su virtual candidato presidencial Enrique Peña Nieto que nada lo detendrá para impedir que el
partido tricolor recupere la Presidencia, por eso el exgobernador mexiquense insiste en que todo es parte de una “guerra sucia”, pero el dirigente nacional priista, Pedro Joaquín Coldwell, hace la distinción de que, su partido, no defenderá a quien haya cometido algún ilícito.

Hasta donde se ha podido verificar, hay expedientes que podrían seguir saliendo y ya no serán de exgobernadores, sino de mandatarios en activo. Esto también, al tiempo…

Y no se trata aquí de defender a los priistas. No. El punto es denunciar el uso faccioso de quien está en la Presidencia, de quien tiene el poder político, para corromper, intimidar o mantener la impunidad sobre determinados actos.

El PAN en el poder no ha sido menos sucio que las administraciones priistas; también ha sido corrupto, abusivo, genocida, cínico y ratero. Ha usado el poder para presionar, abusar o cubrirse de sus propios errores. Y mientras la ciudadanía se mantenga impávida ante este tipo de actuaciones, los actos así continuarán.

¡Qué bueno que salgan los expedientes!, ¡qué bueno que se juzgue a quienes cometen ilícitos, a quienes incitan a la mediocridad, a quienes mantienen monopolios, a quienes matan o roban, a quien provoca la pobreza o la impunidad!
Lo que no se vale es que esto sólo se observe en tiempos electorales, y menos que sea parte del discurso de la virtual candidata panista a la Presidencia, de Josefina Vázquez Mota, quien acusa al priismo de corrupto cuando en los doce años de gobierno su partido, el PAN, ha demostrado que sabe muy bien cómo hacer lo mismo que los priistas.

Es momento de que la ciudadanía lea bien el discurso de los candidatos presidenciales y observe que aquello que dicen algunos atacar, es parte de lo que han vivido y bebido desde que gozan del poder. Hayan sido más de 70 o 12 años en el poder presidencial.

Alguien venía preguntando desde abril dónde estaban los expedientes negros. Y la PGR los sacó. Pero ese no es el punto, el tema es que en 2006 se pensó en que el enemigo a vencer era Andrés Manuel López Obrador, y primero se le intentó desaforar; luego se le denostó por ser “un peligro para México.

Seis años después, los mismos panistas consideran que el enemigo a vencer es el PRI, y pues al PRI había que sacarle los expedientes negros. Y, conforme se acerque el mes de julio, el embate irá tomando otras formas y otras direcciones. Al tiempo.

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Mexicana de aviación… y la actitud deleznable del gobierno

Jesusa Cervantes
Análisis


Gastón Azcárraga, empresario.
Foto: Octavio Gómez


MÉXICO, D.F. (apro).- ¿Por qué si hay inversionistas, dinero y plan de negocios para Mexicana de Aviación, el gobierno federal se niega a darle una salida al conflicto que él mismo creó? ¿Qué intereses económicos y deudas políticas puede haber, que la vergonzante administración de Felipe Calderón rechaza una y otra vez, presiona una y otra vez, a quienes pretender echar al vuelo la aerolínea?

Más de 8 mil trabajadores fueron echados a la calle sin justificación ética o legal válida. Si Gastón Azcárraga, a quien el gobierno favoreció, quebró una línea área con más de 60 años de antigüedad, ¿por qué no la requisó, como sucede en otros países?

Porque quebrar a Mexicana de Aviación no sólo significaba echar a la calle a 8 mil empleados, también había convenios firmados con Estados Unidos y Canadá, donde los permisos para aterrizar y utilizar los slots o rutas estaban dados a la aerolínea.

Además hay dos concesiones para usar el espacio aéreo, un boletaje que se fue literalmente a los cielos, un fraude al fisco, un incumplimiento para crear un fondo de los trabajadores y una evasión del ISR (impuesto sobre la renta).

Pero así como hay grandes afectaciones por la eliminación de Mexicana, hay grandes beneficios. Por ejemplo, el boletaje de Interjet casi se duplicó, Volaris se elevó en una tercera parte y Aeroméxico también creció.

¿Cómo se benefició Interjet, la aerolínea de Miguel Alemán Velasco? Pues quedándose con más de 24 rutas que tenía Mexicana.

¿Y Aeroméxico? Aquí solo basta ver que la eliminación de Mexicana puede ser un pago a José Luis Barraza, quien en 2006 fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aquel organismo que mantuvo una campaña y spots en radio y televisión a favor de mantener las misma políticas, porque cambiarlas significaría un retroceso; aquel que sin decirlo explícitamente llamaba a votar por Felipe Calderón y en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy Barraza forma parte de los funcionarios de Aeroméxico, otra aerolínea que desea quedarse con algunas de las rutas de Mexicana.

Y Volaris, aunque menos beneficiada, ha podido aprovechar los “vacíos” que dejó la aerolínea.

Mientras tanto, el gobierno ha caído en el absurdo de querer cobrar a los nuevos inversionistas los impuestos que se deben y por los cuales un juez, de manera sorprendente, se negó a otorgar la orden de aprehensión bajo el argumento de que hay “incertidumbre, pues no se sabe quién cometió el delito (de evasión)”.

Varios inversionistas han aceptado pagar los millonarios impuestos que Gastón Azcárraga dejó de entregar al fisco, sin embargo el gobierno se sigue negando, y es que seguramente, desde su óptica, tiene más valor dejarle las rutas a Interjet o Aeroméxico que echar a andar a Mexicana.

Ya lo dijo el juez que lleva el concurso mercantil de Mexicana: “La actitud del gobierno ha sido deleznable”. Y sí, porque poco le ha importado todo el trabajo perdido, el robo al gobierno, la impunidad con que actúan algunos empresarios, la falta de ética y el cochinero con que se manejan lo servidores públicos de la dirección de aeronáutica, quienes no han exigido el cumplimiento de la ley al crear empresas fantasmas como la llamada Tenedora K, a la que irrisoriamente se le vendieron en mil pesos las acciones de Mexicana.

Y para que no olvidemos el modo sucio de trabajar de algunos banqueros, no se puede dejar de lado la acción de Banorte, que sin autorización –o quizá sí– del gobierno federal tomó 18 mil millones de pesos que Mexicana tenía en un banco de Estados Unidos.

Sin duda, la defensa y resistencia de los trabajadores de Mexicana es digna de reconocimiento, como lo es decir, con todas sus letras, que el gobierno de Calderón ha actuado a la mala, suciamente, traicioneramente, igual que lo hace el crimen organizado: presionando.

La inmoralidad política del gobierno, la falta de acción contundente de dirigentes políticos para exigir limpieza en el proceso o la defensa de los trabajadores es igual de vergonzosa, sin embargo, hay que decirlo, en los últimos 15 días un grupo de legisladores ha participado activamente, se ha documentado y ha podido hacer que esto avance.

Pero de nuevo, cuando el caso avanza, empiezan las presiones. No es raro que los nuevos inversionistas pidan el anonimato. No quieren ser presionados por el fisco, por el gobierno. No quieren ser amenazados. Y el trabajo limpio y consistente que ha realizado el juez que lleva el caso, Felipe Consuelo Soto, ha podido protegerlos de ello.

Aunque el gobierno puede seguir intentando aplastar a cualquier inversionista que pretenda rescatar a Mexicana, no hay que olvidar que el plazo para declarar la quiebra vence el próximo viernes 10. El juez puede obligarlo a que ello no ocurra, siempre y cuando deje en claro que solo él puede demandar el regreso de las rutas a Mexicana.

Y si el gobierno no lo hace, sólo el juez puede acusarlos de desacato. Después de ello vendrían acusaciones penales, administrativas y políticas contra los funcionarios de Felipe Calderón.

Si el juez se mantiene como hasta ahora, es posible que Mexicana vuelva a volar; que pilotos, sobrecargos y empleados de tierra recuperen sus empleos; que el mercado se nivele, y que los grupos de poder económico dejen de imponer sus reglas a los ciudadanos.

El caso de Mexicana ha sido una verdadera porquería. He aquí el entramado que el gobierno armó y dejó que armara Gastón Azcárraga:

El 20 de diciembre de 2005, el gobierno le vendió a Azcárraga las acciones de la empresa a cuando menos una tercera parte de su valor real. Después, éste creó el llamado Nuevo Grupo Aeronáutico, para poder evadir al fisco. Éste, a su vez, le vendió en mil pesos las acciones de Mexicana a Advent, pero antes las había “hipotecado”, es decir las había dado en garantía a Banorte por un millonario préstamo. Y luego Advent vendió las acciones a una empresa fantasma: Tenedora K.

Al final, pues, el gobierno está vendiendo una aerolínea donde una empresa tiene las acciones, otra las rutas otra y otra más la hipoteca… o mejor dicho un banco.

Pese a todo, y aunque los nuevos accionistas pagaran lo que se debe y reestructuraran la porquería de empresa que dejó Azcárraga y que permitió el gobierno, Felipe Calderón Hinojosa se niega a autorizar la venta.

Son demasiados los favores que el panista debe, y todo lo hace mal, pues no piensa en los mexicanos, sino en los empresarios y en los político-empresarios.

Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx

Nerviosismo en el PRI


Jesusa Cervantes
23 de diciembre de 2011 ·
Análisis


MÉXICO, D.F. (apro).- Los desaciertos políticos de Enrique Peña Nieto, a partir del error que cometió en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde fue incapaz de mencionar tres libros hubieran marcado su vida, han puesto en aprietos al PRI, que antes de ello, aseguraba por todos los medios que la Presidencia de la República volvería a estar bajo su mando.

Ahora, las infortunadas revelaciones de su ignorancia, la crítica que ha recibido por destacados escritores como José Emilio Pacheco o Carlos Fuentes, pero sobre todo las encuestas internas que han mostrado, por ejemplo, que el teet de la hija de Peña Nieto, Paulina, que tanto malestar generó entre la población en general, lo llevó a perder en el acto ¡10 puntos!

Las encuestas están generando algo más que malestar entre un sector de la militancia priista y quienes ayer pensaban que Peña sería un mal presidente de la República pero un excelente candidato, hoy lo están dudando.

El problema para los priistas es algo más que el ridículo en que ha quedado su candidato presidencial, lo que les está preocupando tanto a sus seguidores como a sus aliancistas –Elba Esther Gordillo y el Partido Verde–, es la falta de operación política que ha mostrado el exgobernador mexiquense y su incapacidad para imponerse a las nuevas directrices que está marcando el actual presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell.

Y es que la salida de Humberto Moreira –que ya era insostenible como presidente del pPRI– le ha pegado duro a Peña Nieto. En su partido se asegura que el encopetado candidato presidencial “negoció” la llegada de Moreira para ganarse la confianza y apoyo de “la maestra”. En el círculo político todos saben de la gran relación que hay entre Moreira y Gordillo e incluso que fue ésta quien en 2003 operó para que fuera el candidato del PRI al gobierno de Coahuila.

Sin embargo, los documentos que prueban que Moreira dejó a su estado sumido en una gran deuda, y no precisamente por impulsar obras para la ciudadanía, sino más bien para apoyar campañas de su partido, acabaron tumbándolo de la dirigencia priista y con él se fue también quien defendía a Peña Nieto de sus errores.

El poco tiempo que estuvo Moreira al frente del PRI fue suficiente para lograr la firma de una alianza electoral para la presidencia con el Panal, el partido de “la maestra” que, entre otras de las ventajas que ofrece es toda una infraestructura y organización distrital para hacer ganadores a los posibles perdedores en comicios.

Moreira también logró la suma del PVEM, sin embargo, la caída de el exgobernador de Coahuila y la llegada de Pedro Joaquín Coldwell, un hombre que nunca se ha caracterizado por su cercanía con Peña Nieto, no le ha sentado nada bien al candidato encopetado.

Resulta curioso, por ejemplo, que una de las primeras declaraciones del nuevo dirigente de partido fue que se revisarían las alianzas acordadas con el Panal y el PVEM; pero sobre todo que se haya rechazado lo que Peña Nieto ya había pactado con la maestra: que en las listas de legisladores plurinominales de Chiapas y de Sinaloa estuvieran en primer plano la hija de la lideresa magisterial, Mónica Arreola, y su yerno, Fernando González Sánchez.

La noticia desató la ira de “la maestra”, porque si algo no puede soportar es que se haga a un lado a su familia y, al parecer, la nueva dirigencia priista quiere replantear la negociación. Si no se llega a un acuerdo y Peña Nieto no mantiene a los familiares de Gordillo en primera línea de las candidaturas, seguro que “la maestra” le retira, en los hechos, su apoyo electoral.

Gordillo ya duda del “poder” del candidato presidencial priista, pues algo tan simple como el respeto a sus acuerdos con el Panal no los ha podido defender.

Por si fuera poco, Pedro Joaquín Coldwell ha tenido que decir en público que de ninguna manera el PRI pretende sustituir a su candidato presidencial. Esta aclaración llama la atención porque, si Peña Nieto es un candidato sólido, ¿por qué Pedro Joaquín hace eco a quienes dentro del priismo ven la sustitución como una opción?, ¿no sería mejor ignorarlos y en su lugar fortalecer y defender al candidato ya registrado?

Si a todo eso se le suma que Peña Nieto, quien sin el apuntador no atina a hacer comentarios inteligentes, no podrá salir a lo largo de dos meses en la radio y la televisión para repetir discursos que le impidan cometer desaciertos, pues entonces sí que está en un verdadero problema.

La declinación de Manlio Fabio Beltrones a participar en la contienda interna de su partido por la candidatura presidencial, en lugar de traerle beneficios le ha generado una gran desgracia a Peña Nieto: dejará de estar en el aire con discursos a modo del 18 de diciembre al 18 de febrero.

Esto, además de disminuir el constante bombardeo de su imagen para los electores, le generará un gran costo económico. Entre los que saben de medios de comunicación y spots de radio y televisión se dice que durante esos dos meses se dejaran de emitir ¡un millón y medio de spots! que ya estaban pagados.

Con la salida de Beltrones de la contienda Peña ganó la candidatura pero en la balanza las pérdidas son mayores: perdió un presidente nacional que daba la cara por él de manera constante, podría perder a la gran aliada que todos quieren, Elba Esther Gordillo y perderá presencia en los medios de comunicación durante dos meses claves.

Y si a todo ello se suman su incapacidad política, las críticas de la clase política, las dudas de los propios gobernadores del PRI sobre su candidatura y su arrogancia, entonces nadie puede descartar que Peña, antes del registro ante el Instituto Federal Electoral como candidato presidencial pueda contraer una enfermedad que lo imposibilite para continuar.

En estos dos meses venideros todo puede ocurrir, hasta un candidato sustituto.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

La sangrienta realidad

Jesusa Cervantes


MÉXICO, D.F., 13 de mayo (apro).- Los muertos de San Fernando, Ciudad Mier y Valle Hermoso, Tamaulipas. Los de “La Bestia”. Los de Monterrey, Nuevo León. Las fosas clandestinas de Durango y Zacatecas. Los huérfanos de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los inmigrantes masacrados en el corredor Guatemala-Chiapas-Veracruz-Tabasco-Tamaulipas. Los del corredor Chiapas-Oaxaca.

Los ejecutados en Sonora y Sinaloa. Los granadazos en los centros comerciales de Nayarit. Los asesinatos en la zona de La Laguna. Los cuerpos destazados de Guerrero y Morelos… Esa es la realidad que hoy vive México.

En los medios informativos no aparece todo lo que en el país acontece. Las comunidades lejanas no sólo están abandonadas, también están incomunicadas. Y de lo que se vive en esos lugares poco o nada se sabe.

Pero nadie como las organizaciones de derechos humanos para conocer y sentir lo que en verdad enfrenta nuestro país. Organizaciones que también padecen diariamente la amenaza y la injuria.

En días recientes, el director de una de estas agrupaciones dijo que aún falta por decir y reportear sobre los llamados “escuadrones de la muerte”, que recorren las ciudades del norte del país. Algunos, acusó, son formados por militares.

Tampoco se habla de las fosas clandestinas “hechas por militares”, sostuvo. Y para mayores datos, señaló que en “la comarca lagunera” hay varias de esas fosas, aunque también hay que hablar de las ejecuciones en los penales, agregó.

Lo anterior es una estampa que se multiplica en diversas zonas del país y que, en resumen, forman parte de los resultados de esta absurda guerra sin razón declarada por Felipe Calderón Hinojosa desde que inició su sangriento gobierno.

En México no hay un estado libre de la barbarie del crimen organizado. No hay tranquilidad en la mayoría de los hogares. No se respira seguridad. La impotencia ya se convirtió en reclamo y, lo peor, la falta de entendimiento del gobierno se ha vuelto odio.

Avasalla el desdén del gobierno, y la inacción de los políticos genera rabia. La complicidad de todos los partidos da vergüenza. El cinismo del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, cuando afirma que el Instituto Nacional de Migración no es nido de criminales, provoca coraje, inevitablemente.

Los dichos de Calderón y los actos de la clase política (de todos los partidos) demuestran que no escucharon los 70 testimonios desgarradores del pasado domingo 8 en la plancha del Zócalo de la ciudad de México.

El dolor y maratón de tristeza no sólo fue por la desgracia que vivió el poeta Javier Sicilia, fue por todos los que tomaron el micrófono, llegados de todas partes de la República, y que condensaron el corazón desgarrado de México.

Difícil parece revertir ese rencor que, seguramente, anida ya en los huérfanos, en los hijos de militares que quedaron en el desamparo, en las mujeres que perdieron a sus hombres, en los padres a quienes les arrancaron un pedazo de vida.

Hay hombres, pocos, que ante tanto dolor mantienen un corazón amoroso, como Sicilia, pero no todos los mexicanos (los afectados) tienen esa forma de sentir.

Nadie quiere más muertos, nadie quiere más odios. Sin embargo el cinismo y empecinamiento de Felipe Calderón y su gobierno, de Genero García Luna (secretario de Seguridad Pública) y sus hombres, de los grupos criminales y sus seguidores, parece que trabajan en otra dirección.

Educación, programas sociales, valor al ser humano, alimentación, bienestar para todos y no para unos cuantos, salud, trabajo digno, salarios justos, esparcimiento sano y convivencia amorosa… quizá con un poco de todo esto la paz regrese a México.

Pero de la mano de todo ello deberán ir las acciones firmes de un hombre de Estado, de un grupo de personas que con mano justa, afable y calidad social, sea capaz de mirar por el bien del país.

Si hay un gobierno que se atreva a quitar a las televisoras ese poder nocivo, a los empresarios sus privilegios, a la clase política sus canonjías, a meter a la cárcel a los verdaderos ladrones de la paz, entonces quizá México pueda tener un respiro para volver a empezar.

Y si no hay un hombre o un puñado de hombres que puedan hacer todo esto, no hay problema, para eso esta la sociedad misma, que el pasado domingo 8 de mayo, en la Marcha Nacional por la Paz, dio muestras de su poder, incipiente aún, pero poder al fin… y ganas de cambiar la situación.

mjcervantes@proceso.com.mx

Calderón, a juicio

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 8 de abril (apro).- En una guerra existen protocolos para actuar, para el trato a los rehenes, para el trato a la prensa, existe, en suma, la Convención de Ginebra que marca la ruta para que uno y otro bandos actúen y tomen decisiones, y existe también La Haya para juzgar a quienes se considere criminales de guerra.

En México existe una guerra de un gobierno contra un sector de la población: los que forman parte del crimen organizado. Hubo una declaración unilateral anunciada el 6 de diciembre del 2006, pero lo que nunca existió fueron los protocolos que permitieran juzgar a quien, en nombre de esta guerra, cometiera abusos, violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos.

Felipe Calderón Hinojosa decidió sacar al Ejército de sus cuarteles y dijo que habría bajas, que cuatro años más tarde recibieron el mote de “daños colaterales”, pero lo que nunca dijo fue cómo evitarlos o quién juzgaría a aquellos que cometieran abusos.

Dejó, por ejemplo, que el Ejército se siga escudando en el fuero militar para que los atropellos de éstos no fueran juzgados. No hizo nada por profesionalizar a los policías federales de Genaro García Luna y sí, en cambio, ha dejado que el titular de la SSP federal siga actuando a pesar los señalamientos en su contra.

El problema no es que se combata al crimen organizado, el punto es que la forma de hacerlo no ha traído nada bueno y, lo peor, no ha disminuido la narcoviolencia. A García Luna se lo repiten legisladores de todos los partidos cada vez que acude a la Cámara de Diputados, pero por otro lado los mismos legisladores no hacen nada para detener el baño de sangre que existe en México.

Todos se llenan la boca diciendo que hacen su parte, que le han dado los instrumentos al Ejecutivo federal para acabar con el crimen organizado, que le aprobaron esta y tal ley, pero han sido incapaces de cuestionar otros aspectos; incluso no han podido ser un contrapeso para, como Poder Legislativo, poner un freno al Ejecutivo. Lo dejan ser omnipotente, como si cada una de sus decisiones no pudiera ser cuestionada o… juzgada.

No ha habido una discusión seria en la Cámara de Diputados para detener este baño de sangre, pero sí muchos momentos para criticar y cuestionar. Hechos que han sido menos que llamados a misa para los funcionarios federales como, por ejemplo, el propio Calderón o García Luna.

Nadie ha puesto sobre la mesa temas como la ausencia de protocolos para detener, para investigar o para combatir el crimen organizado a cargo de las Fuerzas Armadas, porque bien es sabido que éstas se encuentran violando la Constitución al participar en el combate al narcotráfico. No le han dado al Ejército las herramientas legales para actuar y es lo mismo que dejarlos actuar en la impunidad. Y de poner un alto a los abusos de las policías tampoco se habla o se trabaja en el Poder Legislativo.

Uno se pregunta, ¿existen averiguaciones previas contra los 35 mil muertos que lleva esta “guerra” de Calderón? Por supuesto que muchos de los fallecidos han tenido participación en el crimen organizado, pero otros tanto no y también han formado parte de esta masacre. Y como prueba están ahí los más de 70 muertos en San Fernando, Tamaulipas. ¿Quién los asesinó, el crimen organizado, las policías, el Ejército, el Poder Legislativo, el Presidente de la República, quién?

¿Por qué ni diputados ni senadores reparan en todo esto?

En los hechos, los legisladores de esta y la pasada Legislatura son cómplices de lo que está aconteciendo, ya que sólo se quejan y no hacen nada para decirle: “Ya basta, señor Calderón”, “ya basta de que los asesinatos se haya convertido en algo rutinario”.

Los legisladores se la pasan discutiendo asuntos menores frente a lo que vive el país. No se preguntan, por ejemplo, qué hacer, cómo ayudar a los 15 mil niños huérfanos que ha dejado esta guerra en Ciudad Juárez, Chihuahua. No se atreven siquiera a preguntarse cómo evitarán que el rencor de los vivos, que sufrieron alguna pérdida, los lleve a delinquir, a odiar, a golpear, a ver la violencia como algo natural y, por tanto, a reproducirla.

Piensan, quizá, que esta realidad nunca los alcanzará; pero un niño de 10 años al que en el 2000 le mataron a sus padres, ya sea por el fuego cruzado o porque formaban parte del crimen organizado, porque fueron “daño colateral”, porque eran policías que combatían a “los malos” o porque sus padres eran militares y cumplían órdenes del jefe supremo de la Fuerzas Armadas, contará al finalizar este sangriento sexenio con 16 años. Quizá mañana ese niño, hoy huérfano, sea su verdugo.

Legisladores y gobernantes sólo piensan en el 2012, en quién ocupará la silla presidencial. Pero ese año, quien gane, tendrá que lidiar con el odio y rencor que este gobierno ha hecho recrudecer, y se enfrentará con miles de jóvenes que están creciendo en una sociedad vejada.

Quizá mañana quieran llevar a juicio a los militares de este sexenio, quizá quieran llevar a la cárcel a cientos de policías que en medio de esta guerra han abusado del poder y violentado las garantías individuales de cientos de mexicanos. Pero ahora, ¿por qué no hacen nada, por qué no obligar al gobierno federal a detener este baño de sangre?

Si el gobierno federal vive en la indiferencia del clamor de la gente que pide a gritos un cambio en la estrategia anticrimen, en el Poder Legislativo se vive, sin atreverse a aceptarlo, una complicidad. Así fue desde el momento mismo en que permitieron a Felipe Calderón Hinojosa protestar como presidente de la República. Por el bien de la nación, de las instituciones, dijeron los priistas aquel diciembre de 2006; hoy, por esa misma razón, por el bien de la nación, debieran destituirlo y llevarlo a juicio.

Dato: ¿En qué se ocupó el Poder Legislativo esta semana? En ver de qué manera impedían la difusión de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Senadores de PRI y PAN, de la comisión bicameral del Congreso de la Unión, votaron en contra de que se televisara la visita del tabasqueño. Y en cámara, los priistas afines a Enrique Peña Nieto estallaron en cólera cuando se enteraron que el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez --también priista--, lo recibiría. Algo más en que se ocuparon los senadores fue en votar para que llegara Marisela Morales a la Procuraduría General de la República, quien en más de una ocasión ha sido acusada de manipular expedientes: por ejemplo, el desafuero de El Peje o el expediente del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Habrá que esperar si en el camino a la Presidencia del 2012 no surgen de PGR “expedientes negros” contra políticos. ¡No más sangre! ¡Alto a la impunidad! Comentarios:

mjcervantes@proceso.com.mx

Legislatura con mordaza

Jesusa Cervantes


MÉXICO, DF, 11 de febrero (apro).- Felipe Calderón Hinojosa arrancó su mandato en medio de una Legislatura, la LX, convulsionada, en donde diputados del PRD y del PAN se liaban a golpes y los primeros tomaban la tribuna; poco faltó para que Calderón no ingresara al recinto de San Lázaro y protestara como presidente de la República, y lo logró gracias al respaldo y acuerdo con los priistas.

El encono entre perredistas, que reclamaban el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y los panistas, que se decían ganadores y respetuosos de la legalidad, se mantuvo a lo largo de los tres primeros años del gobierno calderonista. De 2006 a 2009, los enfrentamientos y reclamos se hicieron presentes en todo momento y no hubo nunca poder que lograra coartar las expresiones de uno y otro bando.

Hoy, a mitad de la segunda legislatura que enfrenta Calderón, los panistas hallaron eco en el PRI para cerrar el paso a las tomas de tribuna, así como a las críticas y reclamos vía exposición de mantas, cartulinas o altavoces.

En la actual legislatura el número de legisladores afines a López Obrador disminuyó y algunos, los más fieles, llegaron bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), ocho para ser exactos, suficientes para poner de cabeza al resto de panistas, priistas, a los de Nueva Alianza (Panal) o del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que no han podido ganarles un solo debate pero sí fulminarlos a la hora de las votaciones.

Después de un año y medio de tomas de tribuna y exhibición de mantas, en donde se le he dicho de todo a Calderón, desde espurio hasta borracho, la dupla PAN-PRI encontró una nueva forma de parar en seco a los ocho “rijosos petistas”: confeccionando un nuevo “reglamento-mordaza”.

Efectivamente, las limitaciones a la libertad de expresión y el atropello del gobierno contra la periodista Carmen Aristegui fueron aplicadas en sintonía con el nuevo reglamento que ambos partidos aprobaron el pasado 15 de diciembre e hicieron entrar en vigor el 1 de enero.

El objetivo del nuevo reglamento, que limita drásticamente la “libertad” de cada legislador a expresarse como mejor le parezca y de acuerdo con su estrategia política, tiene como centro que las sesiones en el pleno se conduzcan sin sobresaltos, sin tomas de tribuna, sin suspensiones momentáneas, sin reclamos, sin crítica desde una manta, sin reclamos desde una cartulina; en síntesis, sin que se exponga al Poder Ejecutivo.

Eso fue lo que sucedió el 4 de febrero, cuando los petistas Gerardo Fernández Noroña, Mario Di Costanzo y Jaime Cárdenas desplegaron una enorme manta que condenaba un supuesto alcoholismo de Felipe Calderón.

A los legisladores se les aplicó el nuevo reglamento para acallarlos, aunque finalmente la sesión se suspendió, no por la entrada en vigor de las nuevas reglas, sino porque los panistas se dejaron llevar por el impulso, el enojo y olvidaron la serenidad que todo político debe aprender, yéndose a los insultos y jaloneos contra los petistas. Un acto que también descontroló a los priistas quienes, divididos, acudieron en ayuda de uno y otro bando.

Uno de los daños colaterales por la presencia de Calderón en el poder es este nuevo reglamento, a través del cual se quiere acallar las voces críticas e incluso se pretende meter en orden a los diputados, aun en contra de la propia Constitución, la cual establece que ningún legislador podrá ser reconvenido por sus dichos.

En su artículo 8º, fracción XVIII del reglamento de marras, se obliga a diputados y diputadas a “retirar cualquier expresión material que hayan utilizado para su intervención en el pleno, una vez que éste haya concluido”; es decir, nadie podrá dejar expuesta manta, muñeco, cartulina o los objetos en los que se apoye para manifestar sus cuestionamientos.

Pero todavía peor, si el presidente de la Mesa Directiva lo conmnina a hacerlo, o algún legislador que se sienta ofendido exige el retiro de la manta y esto no se hace, al diputado que se esté manifestando se le ¡¡cerrará el micrófono!! y, si continúa con su actitud, se le descontará entonces un día de dieta.

Y si persiste en su manifestación, el presidente de la Mesa Directiva, como si fuera un acto dictatorial, “ordenará” el retiro de “las expresiones”.

El mismo artículo establece en su fracción XVII que los legisladores están obligados a “permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así como en las reuniones”. Esto implica que si un diputado siente que con alguna acción o expresión que realice otro en su contra se le está impidiendo hablar, entonces se podrá callar a quien le reclama.

La violación a la libertad de expresión de los legisladores no es sólo el único acto de autoritarismo fijado en el nuevo reglamento, existe otro no menos grave: la permisividad de “reuniones secretas” y, por supuesto, la obligación de la “secrecía” de los legisladores.

Desde cuándo, se podrá preguntar cualquier ciudadano, los actos de los diputados federales, que llegaron ahí con el voto de los ciudadanos, pueden realizar “reuniones secretas” como si fueran una hermandad. Se les olvida a los legisladores de PRI y PAN, autores de este nuevo reglamento, que sus actos deben ser “públicos” y no a “escondidas”.

¿Dónde quedó la esencia del Parlamento, que tiene su origen en los debates públicos del Senado romano? Olvidan que los Congresos son justamente para eso, para parlar, acordar a vista de todos y no para hacer leyes en privado, acuerdos en corto.

Estas “sesiones secretas” reconocidas y aceptadas en el nuevo reglamento no son sino una manifestación cínica de los acuerdos y modificaciones que, en privado, se hacen a las leyes.

Es el reconocimiento legal a reuniones como las ocurridas al inicio del sexenio, cuando se acordó la ley del ISSSTE sin que nadie se hubiera enterado cómo, cuándo y dónde se confeccionó para luego llevarse al pleno y ser votada con el pacto previo entre panistas y priistas.

“Sesiones secretas” es la nueva sección que tiene el reglamento, las cuales --según el artículo 8-- así las deben mantener los legisladores que en ella participen. Es decir, no pueden ni deben hablar sobre lo que ahí se discute, se acuerde o se firme.

Nada más absurdo y bárbaro para un Parlamento.

Y ni qué decir de los documentos que de ahí salgan, serán considerados “confidenciales” o “reservados”; ¡la transparencia de un Congreso tirada al cesto de la basura!

El embate contra la periodista Carmen Aristegui no fue un asunto aislado, que tenga que ver únicamente con una presión del gobierno hacia un particular para negociar su concesión; no, va más allá, se trató de una política de Estado que permea a otros poderes como el Legislativo.

Operada por el PAN y aceptada por el PRI, la conducción de las próximas legislaturas, de mantenerse este nuevo reglamento, serán recordadas por la represión y opacidad que en ellas prive.

Cuando algún diputado se sienta ofendido o considere que el Presidente en turno, que el secretario en turno o cualquier funcionario está siendo ofendido, puede invocar el artículo 115 y exigir una moción de orden, con el argumento de que se está “faltando el respeto al orador”, o que se está generando “alteración del desarrollo de una sesión”; con ello logrará acallar cualquier señalamiento incómodo o que lo exhiba.

Aunque el nuevo reglamento es a todas luces violatorio de la libertad de expresión, será difícil que los ocho diputados del PT y algunos del PRD lo echen abajo, a pesar de que existen 89 “observaciones”.

El nuevo reglamento no sólo pretende que las sesiones del pleno se realicen sin sobresaltos, esto también incluye las reuniones de comisiones y comités. En una palabra, se está proponiendo un Parlamento sumiso, sin posibilidad de reclamo, y en donde a las minorías se les aniquile su libertad a disentir de las mayorías y expresarlo como mejor lo consideren.

¿Fascista, dictatorial, presidencialista, castrante? Sí, eso podría llegar a ser el nuevo reglamento si estos aspectos no se modifican.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Los verdaderos agravios

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 4 de febrero (apro).- “Los mexicanos están cansados de estos circos mediáticos; fue una ofensa a la institución presidencial; una falta de respeto a los propios legisladores”... y así proseguía la lista de reclamos, y todo por una manta desplegada por legisladores petistas en la que aludían a un presunto alcoholismo de Felipe Calderón.

El mensaje desató la furia del panismo en contra de los irreverentes, groseros y rebeldes diputados. Los aliados del poder salieron en defensa de quien los puso en una curul.

Cierto es que nadie justifica la ofensa como método en los debates políticos y legislativos pero, aceptando que el calificativo de “borracho” sea una ofensa --en todo caso, ello no evidencia más que ignorancia de lo que implica la enfermedad del alcoholismo--, el epíteto puede pasar a segundo término si hacemos una lista de los verdaderos agravios que muchos mexicanos han padecido desde el 1 de diciembre de 2006.

El malestar por la “manta de la discordia” en San Lázaro no tiene siquiera comparación con la burla de Calderón hacia numerosos casos, entre ellos el de las madres de los jóvenes de Salválcar en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A un año de aquella brutal ejecución, las madres no tienen siquiera la autopsia de sus hijos asesinados. Y la burla es que en lugar dar respuesta a las demandas de las madres, Calderón les construyó “una cancha”. ¿No es acaso eso una verdadera ofensa?

Y la muerte de 49 niños en Hermosillo, Sonora, en una guardería subrogada por el gobierno federal, en donde lentamente, por falta de aire o por quemaduras, se les apagó la vida. ¿Tampoco ese hecho indigna?

Desde que se produjo la tragedia, no recuerdo a un solo diputado federal del PAN que haya levantado la voz en contra del gobierno federal que encabeza Felipe Calderón, en primer lugar por su permisividad y la evidente corrupción para que se careciera de mínimas medidas de protección civil, acciones que pudieron evitar las muertes de decenas de los pequeños.

Más aún, los 35 mil muertos generados no por la decisión del gobierno federal de pretender acabar con el narcotráfico, sino por la falta de previsión de lo que esa “guerra” desencadenaría, escenario en que se coloca en peligro la vida de “sus gobernados”. ¿No es esta una falta de respeto a los derechos humanos de parte de Calderón Hinojosa?

Y qué decir de la ausencia de enjuiciamiento a los políticos entreguistas y omisos del PAN que, en bandeja de plata, dieron a empresa españolas el derecho, por 20 o 30 años, a explotar las riquezas nacionales, como sucedió con los ya famosos contratos de servicios múltiples (CSM) de Petróleos Mexicanos (Pemex). ¿Ese hecho no equivale a reírse de los mexicanos?

Y el aumento al IVA que aprobaron panistas y priistas en el mismo recinto en donde hoy se dicen “ofendidos”, ¿no es eso pitorrearse de los mexicanos?, ¿no fue eso una burla hacia ellos cuando fueron justamente los diputados quienes pidieron el voto para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y, ya sentados cómodamente en una curul, se atrevieron a subir los impuestos?

Y no es una ofensa que cada uno de los 500 legisladores, que por una manta se sintieron agredidos, gane como “mínimo” cien mil pesos al mes mientras hay 6 millones de mexicanos en pobreza extrema. ¿O esto tampoco es una burla?

Los panistas se ofendieron, se indignaron, se alteraron, se sintieron agredidos cuando vieron que su jefe máximo era señalado como “borracho”.

La ira blanquiazul apenas y pudo contenerse por un simple señalamiento, nada comparado con la muerte y destrucción que Felipe Calderón y varios de sus secretarios de Estado han dejado desde aquel 1 de diciembre de 2006.

Y también se puede hablar de los obreros de Lázaro Cárdenas, Michoacán; de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro; los mineros de Cananea, Sonora; de los muertos de Coahuila; de las decenas de niños mexicanos que mueren de una parasitosis curable en las zonas más pobres del país; de la psicosis en que vive gran parte de la población del norte del país por la escalara de narcoviolencia… Y la lista puede ser interminable si el recuento tiene que ver con los actos de la figura presidencial en manos del PAN, pero a los diputados del blanquiazul, que mes con mes reciben 100 mil pesos, vehículo, viáticos, boletos de avión, dinero para “gestiones” y muchas cosas más, nada de esto los ofende o los pone iracundos.

Cierto que la ofensa no es el mejor método para el debate político, pero los panistas tampoco han debatido de verdad, lo que han hecho en esta Legislatura es mantener un contubernio con el PRI y, con su mayoría aplastante, burlase día a día de los mexicanos, aunque claro, hay sus excepciones, pero –tristemente-- son las menos.

Del gobierno calderonista pocas cosas no indignan. Lo mismo sucede con los políticos, pero en lugar de exaltarse por una manta, deberían reclamar por la inequidad, la violación a derechos humanos, pobreza y muerte que se viven en el país y, consecuentemente, actuar desde San Lázaro para acabar con todos esos agravios.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

La manta de la discordia

Jesusa Cervantes


MÉXICO, DF, 4 de febrero (apro).- “¡No la saques!”. Fue la súplica que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, hizo al petista Gerardo Fernández Noroña minutos antes de que se desencadenara el zafarrancho en el pleno de sesiones de San Lázaro.
La petición del priista buscaba evitar que la gran manta del diputado petista, en donde se destacaba el presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón, fuera expuesta en la sesión del pleno.
Sin embargo, nada convenció a Fernández Noroña, quien desde que arrancó la actual Legislatura fijó como parte de su política frenar mediáticamente lo que los votos petistas no pueden en el pleno.
Poco antes del mediodía, cuando los diputados discutían en el pleno la aplicación del nuevo reglamento que rige las sesiones y mediante el cual se pretende “el buen comportamientos de los legisladores”, el priista Ramírez Marín envió una tarjeta a Fernández Noroña, quien desde su curul argumentaba contra la normativa.
Una frase de súplica, “¡No la saques!”, fue lo que leyó Noroña, quien reviró al mensajero, “No, no pasa, si eso ya lo anuncié”, en referencia a que horas antes, desde su cuenta de Twitter, el petista adelantó que habría una “sorpresita” en la sesión del jueves pasado.
Aun antes de que se difundiera el polémico mensaje, el presidente de la Mesa Directiva ya sabía que Fernández Noroña había logrado introducir al recinto --como lo ha hecho en gran parte de las sesiones-- la manta en contra de Felipe Calderón y en que se advertía: “¿Tú dejaría a un borracho conducir tu auto? No, verdad?, ¿y porqué lo dejas conducir el país?”
Y lo supo porque los petistas Fernández Noroña y Jaime Cárdenas llevaban dos días argumentando en contra del nuevo reglamento de sesiones con el presidente de la Mesa Directiva; en especial, los “candados” que se busca imponer a las minorías, como PT, Convergencia o Nueva Alianza (Panal), para evitar que sus manifestaciones deriven en el caos del salón de plenos.
El nuevo reglamento que, según una de sus fracciones, advierte que entrará en vigor desde el 1 de enero –aunque en otro apartado, dice que se hará valer hasta en tanto no se hayan subsanado las observaciones--, se aplicaba por primera ocasión la mañana del jueves 3.
Sin embargo, los petistas no convencieron a Ramírez Marín de que no hiciera válido el nuevo reglamento y éste no pudo hacer desistir a los petistas de que no desplegaran su manta.
Fernández Noroña y Jaime Cárdenas habían acordado desplegar la manta frente a la presidencia por unos diez minutos, independientemente del tema que en ese momento se estuviera discutiendo en el pleno.
Pero la ocasión para exponer su protesta no pudo ser mejor: el presidente de la Mesa Directiva, con base en el nuevo reglamento, negaba al diputado del PT, Mario Di Costanzo, una proposición de punto de acuerdo en torno a los derechos de los trabajadores de la Cámara.
Según el nuevo reglamento, no se harán “proposiciones” cuando se trate de “gestiones” sobre un tema, y en cambio éstas se canalizarán al área correspondiente.
Con esta nueva regla se impide que algunos temas se den a conocer a la ciudadanía desde la “máxima tribuna” que, por cierto, es transmitida en vivo en televisión por cable.
Mientras se debatía el impedimento para presentar la proposición, en su curul otra petista, Laura Itzel Castillo, se afanaba en la lectura del orden del día cuando se dio cuenta que el PAN presentaría una proposición de una “gestión”.
La preferencia de uno a otro partido para ejercer o coartar el derecho de iniciativa de un legislador fue lo que empujó a Fernández Noroña y Jaime Cárdenas a desplegar la manta.
Y como nunca, desde que Calderón asumió el gobierno, una manta de la oposición generó tan virulenta reacción entre los panistas, quienes consideraron que, el mensaje impreso, ofendía a la Presidencia, a las instituciones, a los legisladores y a la ciudadanía en general, pues se estaba tildando de “borracho” al jefe del Ejecutivo.
Ni tomas previas de la tribuna, ni el intercambio de insultos entre la oposición y Acción Nacional habían generado esta enconada respuesta, situación que Ramírez Marín detectó a tiempo.
Cuando el priista vio la reacción de los panistas, quienes lanzaban insultos a los petistas a la vez que avanzaban hacia ellos, llamó a receso por 15 minutos, descendió rápidamente de la presidencia y, como virtual muro de contención a la rabia panista, se colocó frente a la manta y los petistas.
Su objetivo era impedir que petistas y panistas se liaran a golpes; el movimiento de Ramírez Marín fue sobreentendido por varios priistas, quienes también se dirigieron en apoyo al presidente de la Mesa y, de rebote, a los petistas.
Del otro extremo, los panistas avanzaban, en tanto otros, como Manuel Clouthier y Julio Castellanos, discutían acaloradamente los pleitos internos de la fracción.
Mientras Ramírez Marín dialogaba y buscaba convencer a los petistas, un par de perredistas subió rápidamente para también sujetar la manta que señalaba a Calderón como un “borracho”. Ellos también avizoraban que la disputa terminaría a golpes.
En tanto, la coordinadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, pedía calma a sus legisladores y que permanecieran en el recinto, en lo que ella dialogaba con el presidente de la Mesa Directiva y demandaba respeto al presidente de la República, pero los panistas estaban indecisos, pues del otro lado Francisco Javier Ramírez Acuña los llamaba a abandonar el recinto.
En ese momento se evidenciaron las fisuras al interior de la fracción del PAN, pues mientras uno de sus líderes pedía que abandonaran el recinto, la coordinadora oficial les solicitaba que se mantuvieran en el salón de sesiones.
Aparte, el diputado panista Julio Castellanos --el mismo que hace algunos meses pidió que se sancionara o expulsara a Manuel Clouthier de su partido por declarar que Calderón no estaba haciendo nada para detener el narcotráfico en Sinaloa— discutía acaloradamente con el legislador sinaloense.
Finalmente, el vicecoordinador del PRI, José Ramón Martell, propuso que se suspendiera la sesión por no haber condiciones para continuarla, pues en ese momento el PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habían decidido abandonar el salón.
Sin embargo, el mensaje ya había sido dejado en claro: con o sin reglamento, la minoría legislativa que encabeza Andrés Manuel López Obrador seguirá utilizando cuantas veces sea necesario sus métodos de manifestación.
Así, los 16 diputados del PT --más otros 60 legisladores del PRD que respaldan a López Obrador-- no son suficientes para ganar una votación en San Lázaro, pero sí para evidenciar --y llamar la atención mediáticamente-- acciones que la aplastante mayoría asume y que, desde el punto de vista de ellos, van en contra de la Nación.

2010, año sangriento
Jesusa Cervantes


MÉXICO, D.F., 31 de diciembre (apro).- En medio de la narcoviolencia y altos niveles de crueldad concluye uno de los años más sangrientos del sexenio calderonista.

El aumento del crimen organizado en México ha ido aparejado de escenas cada vez más espeluznantes. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el 12 de diciembre: el hallazgo de tres cuerpos mutilados en la carretera de Acapulco. El hecho no resulta novedoso de no ser porque las tres personas fueron desolladas de la parte superior del cuerpo. Como trabajo de filigrana, quienes lo realizaron hicieron cortes precisos para arrancarles la piel de la cara y, cual si se tratara de mascaras, fueron presentadas y colocadas sobre las barras de concreto de la carretera con sus respectivos narcomensajes.

Esta parte, oscura y repulsiva del narcotráfico, es lo que la población va conociendo día tras día; es lo que la autoridad y los medios de comunicación muestran. Pero del otro lado de la moneda está el beneficio que deja tanta ejecución y crueldad al crimen organizado: el blanqueo de sus ganancias, de su dinero sucio y lleno de sangre.

Las ejecuciones son producto de enfrentamientos entre diversas organizaciones criminales que, a su vez, se disputan el territorio y el mercado para la venta de estupefacientes. Si la lucha es tan cruenta es porque el negocio para los narcotraficantes vale la pena, porque la plaza es buena, porque la venta de droga les resulta gratificante. Siendo así las cosas, todo parece indicar que, a mayor violencia, mayores ganancias.

Y si las ganancias son multimillonarias, ¿por qué el gobierno no habla de ello? ¿Por qué no ataca el lavado de dinero en México? ¿Por qué ni siquiera, cuando aborda el tema, ofrece cifras creíbles? ¿Qué hay detrás del silencio y la inacción gubernamental?

Las cifras que dan el gobierno y organismos internacionales son diametralmente opuestas. Por ejemplo: de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), cada año se lavan 10 mil millones de dólares producto del narcotráfico; según el la consultora internacional Mancera, Ernst and Young la cantidad asciende a 24 mil millones de dólares. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de entre 8 mil y 25 mil millones de dólares, pero para expertos independientes, como la firma estadunidense “No Money Laudering”, el lavado es de alrededor de 45 mil millones de dólares al año.

Y siendo cantidades impresionantemente, ¿por qué el gobierno no habla de esa parte que también genera el crimen organizado, porqué sólo muestra la parte escandalosa y terrible de la muerte?

Quizá el gobierno evita hablar del lavado de dinero porque, como dicen los expertos, toda la economía mexicana está inundada de ese dinero ilícito. Porque ese dinero es el que circula en casas de cambio, bancos, casas de bolsa, empresas de seguros, subastas de arte v venta de joyas, de inmuebles de aeronaves, de yates, de autos, de aparente explotación de minerales, conglomerados de medios de comunicación y, lo más novedoso, por las agrupaciones religiosas.

Y sin olvidar a los sindicatos, fideicomisos, obras de gobierno y, por supuesto, de campañas políticas. Por lo menos es lo que sostienen especialistas, como Edgardo Buscaglia.

A partir de esto, podemos entender que “los señores del dinero en México” tendrían que ser investigados, pues quizá, sin saberlo, sus grandes empresas están siendo utilizadas para lavar multimillonarias sumas de dinero. ¿Será por esto que el gobierno no habla de esa otra parte del crimen organizado? Porque si verdaderamente investiga llega hasta su propia casa pasando por todos los poderes fácticos del país.

En 2008, el gobierno federal anunció al Poder Legislativo que presentaría su iniciativa sobre el lavado de dinero, pero tuvieron que pasar dos años para que cumpliera. Apenas en agosto pasado, Calderón envió su iniciativa contra el blanqueo de dinero, pero ésta no ha podido avanzar en la Cámara, cuyos legisladores no han tenido la capacidad política para concretar la política de su jefe: el Presidente la República.

¿O será a caso que esto es una farsa y en realidad no se pretende atacar el problema, justamente porque se podrían afectar grandes consorcios y diversos sectores de la sociedad? No lo sabemos. Lo único que vemos es que mientras el gobierno más se tarda en atacar lo que da vida al crimen organizado, su sistema financiero, las nuevas formas de lavar dinero siguen apareciendo y con altas posibilidades de que aquí en México se estén poniendo en práctica.

Por ejemplo, según la Internacional Compílanse Association, ICAM, un instituto académico con sede en Londres y que en forma asociada con la Universidad de Manchester imparte capacitación en materia de criminalidad financiera y políticas sobre el combate al lavado de capitales, la forma más novedosa de lavar dinero es a través de actividades aparentemente religiosas y que tienen representación en diversos países de Latinoamérica.

Es decir, parte del lavado de dinero se realiza en organizaciones que dicen ser religiosas Si esto efectivamente es así, entonces el gobierno de Calderón debiera incluir en su iniciativa la indagación de los recursos que “mueven” las 7 mil 554 asociaciones religiosas que existen en el país y que tienen registro en la Secretaría de Gobernación.

No es novedad que algunas membresías de carácter religioso en México no sólo se dedican al culto, sino que han participado en algunos delitos, como por ejemplo la introducción de un buen número de extranjeros al país, muchos de los cuales lo hacen con documentos que se han detectado como falsos.

Entonces, si el gobierno quiere acabar con la narcoviolencia, con el desollamiento de jóvenes atrapados por el narco, con los mutilados, descabezados y ejecutados, debe empezar por atacar esta parte de la cadena del crimen organizado: el blanqueo del dinero sucio, que por cierto, no sólo es producto de la venta de estupefacientes. También está el secuestro y tráfico de indocumentados, por ejemplo, acontecimientos que, por cierto, son con los que esta cerrando el gobierno calderonista.