Dinero

Los intocables recurrirán al amparo

Hallaron el agujero para seguir sin pagar impuestos

Adicciones

Enrique Galván Ochoa

Los intocables se preparan a librar una batalla judicial vía juicio de amparo contra el aparente intento del gobierno para hacerlos pagar al menos algo más de lo que les corresponde de impuestos. Según el SAT, los 400 grupos empresariales más grandes del país tienen ventas anuales por 5 billones de pesos y sólo contribuyen con 1.7% de esa suma. Se defienden con el argumento de que los impuestos se pagan sobre utilidades, no sobre ventas brutas, y en ese punto les asiste la razón. ¿Y de cuánto sus ganancias? Algunas son monopolios privados y operan con 30% de utilidad neta y hasta más. Supongamos que el promedio fuera 20%. Tendrían que estar pagando actualmente 28% de ISR y 30 a partir de enero próximo. Estamos hablando de una suma que oscila entre 280 mil y 300 mil millones de pesos. Suficiente para tapar el agujero fiscal sin necesidad de subir los impuestos a las clases medias. Sin embargo, sólo pagan alrededor de 85 mil millones. Las nuevas reglas de la consolidación fiscal los podrían obligar a aportar algo más sustancial, pero los poderosos despachos de abogados a su servicio ya encontraron el punto débil: una supuesta acción retroactiva de la nueva legislación. Piensa mal y acertarás: ¿no habrán dejado este agujero deliberadamente los capos para permitir a sus socios empresarios que sigan viviendo en el nirvana fiscal?

El botin

Estamos en crisis, pero aun así será de 3 billones 179 mil millones de pesos el botín que el gobierno tendrá a su disposición el año próximo, gracias a los nuevos impuestos. Según los cálculos iniciales, supera con casi 8 mil millones el propuesto original de Calderón. De ahí saldrán las millonadas para gobernadores, partidos politicos, capos del Congreso, ministros de la Corte, alta burocracia, líderes de sindicatos adictos al régimen y los contratos para empresarios amigos. ¡Jauja, en momentos en que la población sufre los efectos de la devaluación!

Tiempo de cínicos

Apenas comenzaba la discusión del reformón fiscal cuando el PRI hizo publicar en algunos diarios, a página completa, una serie de compromisos por los que se obligaba a defender a los ciudadanos. Metió reversa. Cuando se votó en el Senado la catarata de impuestos, los priístas se salieron de la reunión, supuestamente para salvar su responsabilidad y dejar el peso de la decisión al calderonismo. Por ahí alguien los llamó “maricones”, ya ven que la finura no es algo que adorne los atributos de la clase política mexicana. El diputado Francisco Rojas dice que no son tan “maricones” y que su partido asume los costos políticos de apoyar el aumento, ante la necesidad de “privilegiar el interés de México”. ¿Y cuándo llegará el día en que políticos enriquecidos como Rojas carguen con el costo económico y nos permitan a los contribuyentes cargar con el costo político?

México SA

Corporativos deben al fisco 8 veces más de lo que se obtendrá por aumento del IVA

Cifras de la aberración

Carlos Fernández-Vega

En estos tiempos de anorexia fiscal”, alud de impuesto a los causantes cautivos y shock de las finanzas públicas, surge ostentoso, provocador y verdaderamente abominable el proceder de los grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: al cierre del tercer trimestre del presente año, 60 de ellos acumularon 232 mil millones de pesos no pagados al fisco por concepto de impuestos diferidos, es decir, un monto casi ocho veces superior al que la Secretaría de Hacienda obtendría por el incremento a la tasa del IVA (de 15 a 16 por ciento) aprobado por los mismos legisladores que prometieron a sus electores no aumentarles la carga tributaria si los favorecían con el voto.

¿Qué hacer con un gobierno que exige un mayor sacrificio tributario a sus ciudadanos para (versión oficial) sacar del hoyo a las finanzas públicas, y paralelamente permite a los grandes corporativos no sólo eludir y evadir “legalmente” al fisco, sino que les concede gruesos créditos fiscales que suelen no saldarse? ¿Qué hacer con un país que ya no aguanta ese ritmo, ni a quienes lo imponen? Doscientos treinta y dos mil millones de pesos permanecen lejos, muy lejos de las arcas nacionales en medio de la peor crisis del México moderno (así le llaman), con el consentimiento de quienes están obligados, por ley a proteger los intereses nacionales. Resulta aberrante.

De acuerdo con sus propios balances financieros, al cierre del tercer trimestre de este agitadísimo año, 60 corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores reportan impuestos diferidos (causados, pero no enterados) por 232 mil millones de pesos, un monto superior al presupuesto asignado a la educación pública en el país, o si se prefiere, casi seis veces mayor al subsidio que se canalizaba a Luz y Fuerza del Centro y que motivó al inquilino de Los Pinos (según la versión oficial) a decretar la extinción de esa paraestatal y dejar en la calle a 45 mil trabajadores.

La Jornada denunció ayer que el sector privado adeuda 453 mil millones de pesos en créditos fiscales, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Hacienda. Pues bien: la mitad de ese monto lo concentran 60 consorcios que cotizan en la Bolsa Mexicanas de Valores, donde de por sí no pagan impuestos. Los nombres de empresas y empresarios beneficiados con estas prácticas son más que conocidos: son los mismos que en los últimos 30 años han aparecido como usufructuarios del erario nacional, por medio de jugosos contratos, oportunos “rescates”, abundantes subsidios cambiarios, felices ganadores del circuito privatizador, etcétera, etcétera.

Lo primero que salta a la vista es el adeudo al fisco por impuestos diferidos de las empresas pertenecientes al hombre más rico de México y el tercero a nivel mundial: 70 mil 659.12 millones de pesos por ese concepto, distribuidos de la siguiente manera (todas las cifras son millones de pesos): Grupo Carso (4 mil 141.36), América Móvil (20 mil 540.06), Telecom (23 mil 284.72), Telmex (15 mil 417.16) y Telmex Internacional (7 mil 275.82).

Cemex, la empresa de Lorenzo Zambrano que se metió a especular con derivados y lo reventaron, que se le pasó la mano comprando cementeras aquí y allá, y que goza del crédito gubernamental para salir del hoyo, adeuda al fisco 38 mil 443.41 millones de pesos por impuestos diferidos. En orden de importancia le sigue Grupo México, el mismo de Pasta de Conchos, Cananea y el embate contra los mineros: su presidente y dueño es Germán Larrea Mota Velasco, hombre Forbes igual que los dos anteriores, y el consorcio adeuda al fisco 11 mil 183.3 millones de pesos.

En esa tercia de magnates y sus consorcios se concentra casi 52 por ciento de los 232 mil millones de pesos que 60 corporativos adeudan al fisco mexicano (cierre del tercer trimestre de 2009) por concepto de impuestos diferidos. Pero hay más deudores, igual de conocidos que los citados. Por ejemplo, Grupo Modelo, la cervecera nacional con mayores exportaciones del vital líquido, le debe al SAT 8 mil 222.37 millones de pesos, mientras Coca-Cola Femsa adeuda 2 mil 205.12 millones y Bachoco –el de los huevos del ex gobernador de Sonora– mil 868.93 millones.

Televisa (exentada fiscalmente en la ley de ingresos 2010 para que participe a gusto en su nuevo negocio) debe al fisco 2 mil 284.4 millones de pesos en impuestos diferidos; Tv Azteca es más modesta: debe 254.23 millones, pero si se incorpora el negocio de los abonos chiquitos, Elektra, entonces el saldo fiscal crece a 3 mil 365 millones. Industrias Peñoles y Grupo Palacio de Hierro (ambos propiedad de Alberto Bailleres, otro de los Forbes mexicanos) conjuntamente adeudan al fisco 6 mil 124.14 millones; ICA (el consorcio beneficiario de las concesiones carreteras salinistas, el “rescate” zedillista y las nuevas concesiones calderonistas) adeuda 2 mil 351 millones de pesos en impuestos diferidos, mientras el Grupo Posadas no ha pagado mil 373.96 millones por el mismo concepto.

En materia de supermercados, Wal-Mart, la explotadora de mano de obra infantil por excelencia, debe al fisco 5 mil 252 millones de pesos, y Soriana (que no hace mucho se quedó con la cadena Gigante) adeuda 7 mil 508.94 millones por impuestos diferidos. En tiendas departamentales ya citamos a Palacio de Hierro, pero Liverpool no se queda atrás: debe 3 mil 977.7 millones de pesos por el concepto referido.

Kimberly (presidida por Claudio X. González Laporte, el mismo que propuso un impuesto de 3 o 4 por ciento a medicinas y alimentos, y que destacó la urgencia y necesidad de que los mexicanos pagaran más impuestos) adeuda al fisco mil 869. En el mismo tenor, Altos Hornos de México, que encabeza Alonso Ancira, no ha pagado 6 mil 666 millones en impuestos; Grupo Industrial Bimbo (de la siempre pía familia Servitje, la cual tiene para financiar campañas electorales, pero no para pagar sus obligaciones fiscales) debe mil 848.4 millones de pesos por impuestos diferidos; Grupo Alfa de Monterrey no ha pagado 3 mil 809.6 millones; el Grupo Aeroportuario del Centro-Norte debe mil 128.73; y Realtur, propiedad de Olegario Vázquez Raña –el favorito de la feliz pareja Vicente Fox-Marta Sahagún–, no ha pagado mil 302.24 millones.

Se acabó el espacio, pero mañana seguimos con nombres y montos, mientras los contribuyentes cautivos se acostumbran a “saltarse” una comida, o varias, según atinada recomendación de Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social.

Las rebanadas del pastel

Ayer en este espacio tanto se comentó de comer, engullir, deglutir, devorar y conexos (siempre en relación a los dineros públicos), que suponemos provocó el hambre de algún duende de imprenta, quien sin más decidió zamparse las rebanadas del pastel.

cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx

Bicentenario fiscal

Marco Rascón

Frente a un Estado tan desprestigiado como el mexicano es fácil defender el no pago de impuestos.

Lo odioso de pagar impuestos puede unir a los extremos: el pueblo y las oligarquías, cuestionando la legitimidad del gobierno que pretende cobrarlos. El panista Felipe Calderón es una cabeza que rueda desarticulada de las extremidades legislativas y judiciales, que actúan separadas de él. Éste es un gobierno sin manos, que ya no ordena: obedece como zombi, pero tampoco camina.

Solos o unidos, pero poderosos, los gobernantes locales, sus diputados, legisladores y dirigentes de partido buscan desesperados más impuestos para el gasto corriente, ya no para el desarrollo, sino para el reparto de sus ducados y virreinatos.

En el Senado de la República, obediente al estómago de los gobernadores y sus intestinos, ya no discuten la Ley de Ingresos, sino los criterios del reparto en el Presupuesto de Egresos. Ésa es la base de la negociación senatorial; no tienen más visión que sus intereses locales, pues no son representantes populares, sino de los gobiernos los pusieron ahí.

Si gobernadores y partidos dominaron en los criterios de la Ley de Ingresos, en el Senado se fijan las condiciones para repartirse el botín de lo que exprimieron a los pocos causantes que quedan, pues los extremos sociales ya no pagan. El conflicto no tiene adjetivos: sólo es que la cobija es cada vez más corta, mientras el saqueo es cada vez más largo.

Desde su fundación como nación, hace 199 años, en México no existe la hacienda pública. Ojalá que reflexionáramos sobre el hecho de que ganamos la Independencia, ganándonos el derecho de saquear y ser saqueados, tal como hizo España durante la Colonia, con una visión criolla que se sintió propietaria –hasta nuestros días– del oro, la plata, las maderas, el petróleo, las selvas y hasta de los discapacitados que sirven y son negocios oligárquicos para exentar en pago de impuestos mediante el cobro de su filantropía. Esta falta de visión de una hacienda pública verdadera ha debilitado al Estado nacional, la soberanía, los derechos políticos y sociales de los ciudadanos y la independencia, y nos ha convertido en dependientes crónicos.

Hasta ahora los impuestos en México han sido un amasijo de ocurrencias basadas en las exigencias del gasto y la corrupción administrativa; también se trata de sacar tajada de los recursos escasos para beneficio de aquellos que se sienten legitimados por una fallida representatividad, por ello históricamente tenemos impuestos sin equidad, igualdad y justicia para su pago.

Lo contradictorio y paradójico que reúne a los extremos oligárquicos y populares contra los gravámenes es que los primeros tienen un principio: la necesidad de un Estado débil. Para la amplia base social cautiva, que paga vía el consumo, no existe confianza tributaria porque el Estado y sus políticos se sustentan en la amplia base clientelar disfrazada de política social que no fomenta la productividad, el empleo ni da valor al trabajo.

El gobierno dislocado de Felipe Calderón reclama recursos para mantener su guerra solitaria e imaginaria contra los enemigos que se matan solos y para llenar el boquete que dejó la caída de ingresos a raíz de la recesión. Es una lucha inmediatista por mantenerse a flote. Los priístas, que hoy pre gobiernan, tienen como preocupación dos cosas: mayores recursos para ellos y pasar la factura de la impopularidad de las nuevas cargas fiscales al otro.

Lo que dice representar a la izquierda asumió la doctrina fiscal más conservadora, inspirada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher para un Estado débil: no pagar impuestos, pero levantando la mano de manera vergonzante en favor de ellos, atrás del PRI y PAN, a cambio de recursos vía deuda para el Distrito Federal.

Una política social fuerte sólo puede provenir de un Estado económicamente fuerte, con recursos. Pero no. En el esquema fiscal actual la política social central se hace mediante la filantropía, financiada con redondeos en cajas de tiendas de autoservicio, teletones, fundaciones, etcétera, que son deducibles del impuesto sobre la renta (ISR) y que les ha reclamado Felipe Calderón a sus oligarcas.

Lo que debería ser una Ley de Ingresos, ligada a una visión estratégica y de largo plazo del gasto para estimular la educación, velar por la salud, la comunicación con objetivos culturales y de pluralidad democrática, la alimentación, y sobre todo la promoción de actividad económica y empleos, solamente es para cubrir ineficiencias y el sostenimiento de un sistema político y orden económico injustos.

El pantano fiscal, de repartirse un pastel cada vez más chico, lleva a reflexionar en que México ha desarrollado fuerzas sociales y de progreso, pero paradójicamente no desarrolló una verdadera burguesía. Por eso hoy tenemos como herencia una minoría de protegidos, subsidiados, exonerados, pero muy filántropos que dominan partidos y gobernantes, pero que obstruyen el desarrollo nacional, la democracia, la equidad y la eficiencia.

http://www.marcorascon.org/

SME: la expansión del conflicto

Luis Hernández Navarro

Pasan las semanas y el conflicto eléctrico está muy lejos de resolverse. El gobierno comienza a empantanarse en la guerra que declaró al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En los próximos días la situación se le complicará aún más.

Los trabajadores han conseguido avances relevantes en cuatro frentes de lucha: a) un núcleo muy amplio de sindicalizados se mantiene activo, b) el servicio eléctrico funciona con muchas deficiencias, c) en la lucha legal el gobierno ha sufrido contratiempos importantes, y d) los trabajadores han logrado que se reconozca, en los hechos, a sus dirigentes.

En días pasados el sindicato presentó demandas de amparo colectivas e individuales. Cerca de 34 mil trabajadores firmaron la solicitud. Eso significa que las cifras que el gobierno ha divulgado en la opinión pública sobre el número de empleados que habían aceptado su liquidación está en entredicho. La presencia de los sindicalizados en actos públicos es masiva.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha logrado normalizar el servicio eléctrico que proporcionaba la Comisión de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Conforme el tiempo pasa, lejos de disminuir o de estabilizarse, el número de apagones y su duración crecen, afectando empresas y hogares. En los hechos son superiores a los que se presentaban antes de la desaparición de la compañía.

Los ingenieros, que son empleados de confianza contratados para hacer las reparaciones, no se dan abasto. Muchos laboran más de 12 horas al día. Pero la falta de pericia y el desconocimiento de la materia de trabajo hacen que tarden, en promedio, seis veces más que lo que llevaba a un trabajador del SME garantizar el restablecimiento del suministro.

Con poca imaginación y mucha mala leche, gobernadores y autoridades federales acusan a los ex empleados de sabotear el servicio. Por supuesto, es falso. Los apagones se deben a fallas que ocurren de manera natural por la falta de mantenimiento, la pésima condición de las instalaciones y la falta de personal capacitado. Las lluvias agravan el problema.

Durante años, los trabajadores sindicalizados mantuvieron el servicio, a pesar del deterioro y la antigüedad del equipo. Cuando el gobierno los echó a la calle la CFE no contaba con los recursos humanos suficientes para que el sistema eléctrico en la ciudad de México, Hidalgo, Morelos y parte del estado de México funcione adecuadamente.

Pachuca ha sufrido apagones de siete horas. Hay problemas de suministro en Tepejí del Río y Tula. En el Distrito Federal explotaron dos bóvedas. En Naucalpan se quemó un transformador. En Xalostoc, municipio de Ecatepec, la producción se ha interrumpido por periodos que van de 30 minutos a más de 10 horas.

En la zona oriente de la capital hay fallas permanentes. En Nezahualcóyotl, en las subestaciones de Chimalhuacán, La Paz, Texcoco, Ecatepec y Chalco, entre otras, no hay personal suficiente para atender emergencias. Como dijo un trabajador eléctrico: “se les está haciendo agua el sistema”.

Mario Abredot, propietario de Química Foliar SA, en nombre de una comisión de 300 compañías, informó que los apagones registrados en la zona industrial de Naucalpan provocaron pérdidas de aproximadamente 100 millones de pesos al día a las más de 500 empresas, por lo que exigió al gobierno federal resolver el conflicto originado por la liquidación de LFC. Dijo también que lo único que quieren es energía eléctrica, un servicio confiable y de calidad. No les importa si es la CFE o LFC la que lo brinde.

El pasado 30 de octubre, una juez federal concedió al SME una suspensión provisional para efectos de que se detenga el procedimiento de extinción de LFC. Simultáneamente, tres demandas de controversia constitucional están en marcha. El argumento es que Felipe Calderón transgredió la facultad exclusiva del Poder Legislativo de regular la actividad del servicio eléctrico. Estas controversias serían interpuestas por el ayuntamiento de Tepango, Hidalgo; la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Cámara de Diputados.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no dictó resolución o laudo sobre la terminación de las relaciones laborales entre el SME y LFC. Al mismo tiempo, los electricistas pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que integre una comisión especial revisora del caso, en un esquema similar al de la comisión que fue creada para investigar el incendio de la guardería ABC, en Sonora.

Uno de los primeros objetivos del gobierno fue descabezar al sindicato, negándole la toma de nota al secretario general y auspiciando una dirección espuria. No ha podido hacerlo.

Utilizando el reconocimiento legal de la mitad del comité central que cuenta con representación legal, la dirección sindical está en activo. Se reunió con el secretario de Gobernación, participó en la reunión de la JFCA y encabezó la demanda de amparo colectivo contra el decreto de extinción que fue concedida provisionalmente. El sindicato y el contrato colectivo de trabajo siguen vigentes.

Aunque es la hora de los poderes Legislativo y Judicial, la movilización sigue. Los trabajadores no han bajado la guardia. En sindicatos y organizaciones populares se discute la posibilidad de una huelga general. Las concentraciones y el brigadeo de los trabajadores no cesan. La solidaridad internacional crece. Los estudiantes universitarios apoyan a los obreros. Los electricistas están dispuestos a extender el terreno de la confrontación con el gobierno.

Así defendieron durante el pasado fin de semana los diputados del PT a la gente que confió en ellos dandoles su voto para evitar que una vez más se afectara a la población y se beneficiara a una minoría , en el marco de la aprobación del paquete fiscal para 2010 al cual se opusieron contundentemente ; desgraciadamente ningún medio , y ahora si sin honrosas excepciones , ha querido resaltar la ferrea defensa de los intereses del pueblo mexicano que llevaron a cabo los legisladores Obradoristas :

Tarea dificil la de los diputados y senadores Obradoristas , ya que cuando toman las tribunas son despedazados ácremente por los periódistas de derecha y cuando no lo hacen y deciden tratar de impedir las atrocidades del PRIAN con argumentos como sucedió el pasado fin de semana y una muestra de ello este video , son criticados por la prensa más liberal o cargada a la justicia social , es decir por la prensa de izquierda que ahora dicen que con el simple hecho de haber dado el debate y no haber tomado las tribunas , están combalidando la aprobación del engendro fiscal que mayoritearon los prianistas .

RAYUELA


A los diputados y senadores del PRIAN sólo les falta decir que subieron los impuestos por el bien del pueblo, al que dicen representar.

Transparencia de partidos

John M. Ackerman

Tanto César Nava como Manlio Fabio Beltrones buscan sacar provecho de la crisis económica y el rechazo a los partidos políticos para consolidar su poder. Nava ha propuesto triplicar el financiamiento privado para los partidos y reducir a la mitad el financiamiento público. Beltrones se ha pronunciado en favor de la reducción de la cantidad de diputados y senadores de representación proporcional. Si bien ambas propuestas se adornan con ropajes ciudadanos” y de “austeridad”, su efecto real empuja al fortalecimiento del control sobre el espacio público por los políticos profesionales y poderes fácticos de siempre.

Cierto es que año tras año los partidos derrochan grandes cantidades de dinero público. La Constitución ordena que en 2010 los partidos en su conjunto reciban más de 3 mil millones de pesos. En 2012, este monto rebasará los 5 mil millones de pesos. Frente a la ausencia de un verdadero régimen de transparencia para los partidos, el típico desaseo administrativo interno de estos institutos políticos y una actitud francamente omisa de las autoridades electorales, este dinero muchas veces termina utilizándose más para fines personales y clientelares que en función del interés público.

Pero la respuesta no se encuentra en mayor financiamiento privado o necesariamente en la reducción del público, sino en el establecimiento de un riguroso sistema de rendición de cuentas. En las próximas reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sería fundamental que se incluyera a los partidos como plenos “sujetos obligados” de la ley, tal como ocurre en la mayoría de las entidades federativas del país. Los ciudadanos deben tener el mismo derecho a saber en qué gastan los partidos que a tener información sobre las compras gubernamentales. Como “entidades de interés público” y receptores de financiamiento con cargo al erario, no existe pretexto alguno para que los partidos se mantengan alejados de la rendición de cuentas a los ciudadanos.

Sin embargo, en lugar de ello, el actual presidente de Acción Nacional ha presentado una propuesta profundamente engañosa y eminentemente populista que se orienta a que los grandes empresarios del país legalicen las enormes cantidades de dinero que ya de por sí entregan de manera “indirecta” a las campañas electorales de su partido.

Contribuye a la confusión el hecho de que grupos como la Asociación Nacional Ciudadana, surgida del movimiento por el voto nulo, impulsen una iniciativa paralela para reducir la cantidad de financiamiento público a los partidos. Si bien la propuesta “¡Ya bájenle!” no propone explícitamente aumentar el financiamiento privado, en los hechos empuja en ese sentido. Ante la drástica reducción de sus ingresos, a los partidos no les quedaría otra que buscar con desesperación patrocinadores legales e ilegales (la delincuencia organizada, por ejemplo) en el sector privado.

En palabras de los impulsores de esta iniciativa, el aumento colateral del financiamiento privado sería positivo, ya que la búsqueda de nuevos patrocinadores obligaría a los partidos a “acercarse a la ciudadanía”.

Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha dicho que “en la medida en que subsidiamos a los partidos políticos, les damos muy pocos incentivos para que se mantengan cerca de la ciudadanía”. Jorge Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostiene que “hay que buscar un equilibrio que haga que los partidos se acerquen a la sociedad a fin de buscar recursos para hacer sus campañas de acuerdo con las causas que defienden”.

Queda claro que la “ciudadanía” de la que hablan los expertos no se refiere a la población en general, sino únicamente a las personas más adineradas. Pero lo que necesitamos son mecanismos no para consolidar el de-sequilibrio estructural de la desigualdad económica, sino para revertirlo y obligar a los partidos a velar por las necesidades de las grandes mayorías del país, quienes no tienen para alimentar a sus hijos, y mucho menos para realizar donaciones a los partidos.

La propuesta de Beltrones para reducir la cantidad de diputados y senadores plurinominales también esconde la agenda. El senador busca mermar la actual pluralidad del Congreso y regresar a los tiempos de predominio total del PRI. Lo que sí tendría sentido sería la modificación de la forma en que se otorgan estas curules. Por ejemplo, el destacado jurista Diego Valadés ha propuesto asignar estos lugares a los candidatos uninominales que hayan recibido la mayor cantidad de votos en sus correspondientes distritos electorales, pero no les hayan alcanzado para ganar el distrito correspondiente por la vía uninominal. Así, absolutamente todos los representantes populares tendrían que hacer campaña y acercarse a la población.

P. D. Una cordial invitación al foro Opacidad y rendición de cuentas: el desafío del Estado mexicano, que tendrá lugar este miércoles 4 de noviembre, de las 9 a la 14:30 horas, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el cual contará con la participación de destacados políticos, analistas y funcionarios públicos.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

Fuera máscaras

León Bendesky

Dejemos fuera de plano toda pretensión de que hoy en México pueden instrumentarse buenas políticas económicas. Ni el gobierno ni el Congreso, ni los grandes empresarios y tampoco muchas de las organizaciones sociales con más poder están ya en posibilidad de reorientar esta economía y esta sociedad.

La esclerosis política está tan avanzada, el entramado de intereses es tan improductivo, y el entorno institucional tan disfuncional, que sólo se pueden hacer propuestas con horizontes cada vez más chatos y aplicar medidas de políticas más ineficaces y costosas.

La fiscalidad es la expresión más brutal de esta situación de cuasi parálisis en la que estamos metidos hasta el cuello. Es la esencia de los conflictos que invariablemente marcan el desenvolvimiento de la economía política.

Eso se sabe desde hace siglos, no finjamos. El colapso de las teorías económicas y de las acciones de gobierno que se están viviendo por todas partes del mundo no pueden ignorarse sin riesgos grandes. El país no resiste mucho más. La gota que desborde el vaso no está muy lejana.

Hoy es muy patente esta situación en México. La grave crisis actual y –dejémonos de falacias– aún habiéndose importado, lo que ha hecho es exponer de manera abierta la enorme fragilidad de esta economía y el límite absoluto de las reformas que se han denominado como estructurales, pero que han estado lejos de serlo verdaderamente.

Las empresas públicas, las formas de su gestión y la planeación que debería haber en ese sector son clave en la crisis. Igualmente lo son las repercusiones de las privatizaciones que se hicieron con bombo y platillo. La estructura de los mercados está distorsionada y la mayor competencia es un ingrediente de discursos gastados.

La única manera en que políticamente desde el gobierno y “técnicamente” desde Hacienda se ha sabido enfrentar la actual restricción fiscal, que es producto de la misma debilidad estructural del aparato productivo y de las cuentas públicas, es tapando un hoyo por aquí y otro por allá. El Congreso carece de miras para ir más allá, es parte integrante del perverso juego que todos juegan.

El debate sobre los impuestos de las semanas recientes no sólo pone en evidencia la incapacidad de pensar y hacer “buenas políticas”, sino que resulta muy ilustrativo de la pequeñez política de los partidos y la distancia cada vez más grande que tienen con los ciudadanos.

Un punto o dos de aumento del IVA, dos puntos al ISR, gravámenes a la telefonía, cambio del régimen de consolidación –pero, claro, sin “cancelar los beneficios de ese régimen”, dice el secretario Carstens (ver página de Internet de SHCP), gravámenes al tabaco o la gasolina. Tal desorientación a veces da la impresión de que los criterios pudiesen llevar a poner una carga fiscal a todos aquellos que usen zapatos color café sin agujetas.

Las limitaciones de una ley de ingresos como la que se va a aprobar son claras, ni siquiera va a lograr el objetivo político enmascarado y con miras a las elecciones de 2010, que es provocar otra recuperación espuria.

Esta política fiscal de hoyo por hoyo con impuestos desarticulados es una mala política, no hay más. Es lesiva para el consumo de la mayoría de la gente, no alienta la inversión, el ahorro y el empleo, tampoco la confianza. Lo que preocupa en el Banco de México, que es una estabilidad cada vez menos servible y la valoración de las agencias calificadoras tampoco aporta ya nada positivo.

Lo que se logrará es destruir más riqueza, cancelar oportunidades y agrandar costos en términos intergeneracionales.

El trabajo legislativo es insulso. Cómo se evalúa económica y financieramente un déficit fiscal esperado el año entrante de 2.5 por ciento del PIB, cuando en otras naciones este año ha llegado a proporciones varias veces superiores como medio de contener la recesión.

¿Dónde está el análisis de las distintas facetas de la crisis fiscal que padecemos? Estas no se reducen a una falta coyuntural de ingresos, es mucho más profunda. ¿Dónde quedaron las afirmaciones no muy lejanas de la salud fiscal de la economía mexicana? ¿Quién responde por eso?

Si alguien piensa que la incipiente recuperación en Estados Unidos nos va a jalar para librar la debacle de este gobierno, que lo considere otra vez. Basta ver con cuidado la evolución reciente de la actividad económica en ese país (informe del BEA del Departamento de Comercio de la semana pasada). Cualquier recuperación que haya en la economía mexicana va a ser débil, con mayor desempleo y subempleo, y de corta duración. (Véase el indicador adelantado de la actividad económica que produce el Inegi y que en agosto vuelve a ser negativo 6.9 por ciento). La irresponsabilidad política es enorme.

No podemos caer en este juego de modo miope. La ley de ingresos será onerosa y si el presupuesto de ingresos demuestra otra vez las pautas políticas que se han seguido los últimos 20 años el escenario será mucho más conflictivo. Gobierno y Congreso están alejados. La reforma política e institucional no funciona y el presupuesto federal de 2010 es una muestra del callejón sin salida en el que estamos metidos.

leon@jornada.com.mx

Revolucionarios y contrarrevolucionarios

Gustavo Esteva

Según Gianfranco Pasquino (Diccionario de política), una depresión económica, injertada en una disminución de legitimidad y una crisis de representatividad, crea las condiciones objetivas de una revolución. Y cuando ésta logra producirse, porque un grupo aprovecha esas condiciones para intentarla, la revolución misma consiste, según Pasquino, en la sustitución de las autoridades políticas existentes y en la realización de cambios profundos en las relaciones políticas, la Constitución, las leyes y la esfera socioeconómica.

En eso estamos. Todo empezó con un golpe de Estado incruento. Cuando Miguel de la Madrid tomó posesión desplazó a la antigua clase política y puso en su lugar a un grupo tecnocrático que desde entonces está en el poder, al servicio de los llamados poderes fácticos.

Lo que parecía un simple reacomodo en la cúpula se transformó pronto en un empeño de cambiar a fondo el régimen político. Se trataba de remover los obstáculos a la dominación capitalista que caracterizaban al híbrido peculiar que emanó de la Revolución de 1910, con un ajuste sustancial del sistema. Poco a poco, particularmente en la gestión de Salinas, se desmontaron los pilares fundamentales del antiguo régimen y se produjeron cambios sustantivos en las relaciones políticas, el ordenamiento jurídico-constitucional y la situación socioeconómica. Por eso, a pesar de su signo conservador, es un empeño de alcance revolucionario.

Como es obvio, el funcionario De la Madrid, el gerente Zedillo o el ilegítimo Calderón no son líderes de esta revolución. Se trata de simples personeros de intereses específicos y grupos mafiosos, los cuales intentan cambiarlo todo para que nada cambie, es decir, tratan solamente de mantener sus posiciones de poder y el predominio de las relaciones sociales capitalistas.

Calderón está apresurando la venta del país y necesita entregar la mercancía. Por su debilidad e ineptitud políticas, sin embargo, y por la creciente resistencia que enfrenta, sólo puede profundizar la “revolución neoliberal” mediante el uso de la fuerza y la violación sistemática de la Constitución, las leyes y los derechos humanos. A medida que la gente se moviliza ante el empobrecimiento general, el continuo despojo y la cooptación o desmantelamiento de sus organizaciones, el aparato gubernamental se ve obligado a recurrir cada vez más a la violencia.

Sólo en los años recientes la resistencia a la iniciativa neoliberal se convirtió en oposición política, que en el contexto resultó contrarrevolucionaria: sería reacción a la “revolución neoliberal”. Esta corriente política tiene un objetivo de corto plazo: impedir que concluya el desmantelamiento del antiguo régimen, y otro de largo plazo: restaurarlo. Se trata de reconquistar el poder político por la vía electoral, a fin de restablecer y actualizar lo que los neoliberales han liquidado. En esta posición han estado casi todas las tribus, mafias y corrientes del PRI, el PRD y la morralla, que a menudo entran en complicidad abierta con los neoliberales, aunque así contradigan el evangelio socialdemócrata que pretenden impulsar.

Estas dos corrientes políticas parecen abarcar la totalidad del horizonte político y concentran la atención pública y experta, pero desde 1994 surgió una tercera opción. Los zapatistas, que se vieron a sí mismos como mera antesala de la revolución, intentaron convertir las condiciones objetivas de ésta en auténtico proceso de cambio radical. A lo largo de 15 años han subrayado que su empeño es pacífico y democrático y que no busca la mera sustitución de las autoridades políticas ni reformas cosméticas. Plantean abiertamente que se trata de modificar la estructura de clases del país para poner fin a las relaciones sociales capitalistas, con la conmoción simultánea de ideologías e instituciones, mediante la reorganización de la sociedad desde su base –desde abajo y a la izquierda– al tratar de reconstruir un país que a estas alturas sufre una devastación peor que la de una guerra.

La lucha actual tiene lugar en medio de creciente polarización, que a menudo se acerca al clima de guerra civil que caracteriza generalmente los procesos revolucionarios. Por la medida en que Calderón multiplica sus provocaciones, consolida sus alianzas formales e informales y su base social y acelera el establecimiento del régimen autoritario, aumenta continuamente la violencia y se vuelve indispensable tomar posición.

En esta coyuntura, persistir en la obsesión electoral, con la ilusión de que por esa vía será posible evitar la amenaza autoritaria –que está ya cumpliéndose– y revertir la destrucción neoliberal, se está volviendo contraproducente. Quienes están resultando meros compañeros de viaje de los neoliberales descubrirían demasiado tarde la manera en que contribuyeron a fortalecer la gestión del grupo al que pretenden oponerse –antes de que ambos desaparezcan, en medio de fuerte olor a azufre.

gustavoesteva@gmail.com

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LOS LEGISLADORES QUE APOYAN A AMLO , ES DECIR , LOS DEL PT , LOS DE CONVERGENCIA Y ALGUNOS DEL PRD NO APOYARON TALES ATROCIDADES . UTILIZARON CUANTA ESTRATEGIA ESTUVO A SU ALCANCE PARA IMPEDIRLO : ARGUMENTARON EXTRAORDINARIAMENTE , INCISTÍAN EN DEBATIR , CABILDEARON , ETC. , AL FINAL , LAMENTABLEMENTE LA APLANADORA DEL PRI Y DEL PAN SE IMPUSO.

NO TODO SE PERDIÓ , PABLO GÓMEZ EN LA CÁMARA DE SENADORES CON SU GRAN EXPERIENCIA Y ÚNICAMENTE CON 6 VOTOS DE DIFERENCIA A FAVOR , LOGRÓ POR LO PRONTO QUE NO SE EXCENTARA A LA EMPRESA QUE GANE LA LICITACIÓN PARA COMERCIALIZAR LA FIBRA ÓPTICA [todabía , se supone que no se sabe quién va a ganar esta licitación (todos sabemos que televisa) y ya la quieren excentar por dos años para que no paguen impuestos ; esta iniciativa se la debemos a Francisco Labastida del PRI ; de verdad , el colmo .] . LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA VOLVIÓ A MODIFICAR PARA QUE SI SE LE EXCENTE Y SI AHORA QUE REGRESE A LA CÁMARA DE SENADORES NO SE LOGRAN VOLVER A REUNIR LOS VOTOS NECESARIOS , ENTONCES SI YA VALIÓ MADRE , UNA VEZ MÁS TELEVISA SE SALDRÁ CON LA SUYA .

SIGO SIN ENTENDER COMO ES QUE LA GENTE NUEVAMENTE EL PASADO 5 DE JULIO LES DIÓ SU VOTO A ESTOS CORRUPTOS PRIANISTAS , NO IMPORTA QUE LES HAYAN DADO DESPENSAS O DINERO COMO EN REALIDAD OCURRIÓ ; TOTAL , CON DECIRLE A LOS QUE LES PAGARON QUE HABÍAN VOTADO POR QUIEN LES DIJERON ERA SUFICIENTE .





Garantizan PRI-PAN el secreto de consorcios

Cobijan a grupos privilegiados por Hacienda

Eximen a empresas inmobiliarias de pagar el ISR

En banda ancha, la tv dobló a diputados: Corral

Por la exención no se recaudarán $6 mil millones

Ni siquiera los legisladores podrán requerir los nombres a Hacienda

Anonimato a empresas que no pagan impuestos

La asociación entre PRI y PAN incrementó sus beneficios fiscales



Enrique Méndez y Roberto Garduño

La asociación entre el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados no sólo incrementó en la ley de ingresos 2010 los beneficios fiscales a las grandes empresas, sino también aseguró que los nombres de las que no pagan impuestos se mantengan en secreto, al definirse que ni siquiera los legisladores podrán requerir las razones sociales a la Secretaría de Hacienda.

En contraste con el aumento a 16 por ciento en la tasa del IVA al consumo general, y de 28 a 30 por ciento en la del ISR, se exentó del pago de este gravamen a las desarrolladoras inmobiliarias, pero no a quienes compren una vivienda.

Si bien la Cámara de Diputados avaló no gravar con 3 por ciento de IEPS a Internet, la medida se aplicará sólo si ésta no forma parte de un paquete en el que los usuarios tengan además servicio de voz e imagen. Y si se incluye con el servicio de telefonía y televisión restringida, la exención del impuesto especial será de sólo 30 por ciento.

También, ante la presión de las tabacaleras, se redujo el IEPS a cigarros a dos pesos por cajetilla; inclusive, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) defendió la reducción del impuesto, con el argumento de que aplicarlo afectaría a los más pobres y no contribuiría a reducir el tabaquismo. “Si siguiéramos esa lógica todos los vicios, todos los males del país los combatiríamos subiendo el precio de los productos”, alegó.

Desde la medianoche del sábado, y hasta las 6:10 horas de este domingo, el debate más ácido se centró en el privilegio que se otorgará a las empresas que participen en la licitación por el uso de banda ancha en el espectro radioeléctrico para telefonía celular.

Al calor de la discusión, Javier Corral (PAN) exclamó: “Aquí vemos una combinación ilógica de actores e intereses políticos, que lo único que discuten es quién se constituye y se erige en factótum de la relación con la televisión”.

El también presidente de la Comisión de Gobernación objetó que no sólo el PRI, sino su partido, Acción Nacional, negociaron volver a incluir el transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, para exentar a las empresas concesionarias de esa banda del pago por el uso del espectro. Corral Jurado sostuvo que los diputados se doblegaron ante el poder de la televisión, específicamente de Televisa, para favorecerla y que no pague 5 mil 800 millones de pesos por el aprovechamiento de un bien público.

“Los poderes fácticos son especialistas en blandir la amenaza de que el que se mete a legislar, a regular o a tratar de oponerse a sus intereses no sale en la televisión. Y el que no sale ahí no existe en política. Y esa lógica de chantaje ha llevado a una dinámica de cesión extraordinaria en detrimento de la política”, acusó.

Ante las críticas, el diputado Jorge Alberto Cano Vélez (PRI) terminó por reconocer que él es el autor del transitorio, y de inmediato Jaime Cárdenas (PT) dijo: “Cano Vélez es el prestanombres de Manlio Fabio Beltrones, que es el impulsor de esta iniciativa, y el autor intelectual es Televisa”.

Cano Vélez, ex secretario de Finanzas en el gobierno de Sonora, le exigió respeto. “Lo que usted dice aquí es ofensivo. Es tanto como si yo le dijera que cada que usa la tribuna todo se lo dicta (Andrés Manuel) López Obrador”. Cárdenas aprovechó el lance y entre los gritos de “¡títere del peje!”, que le endilgaron desde el Bronx priísta, reviró que sus opiniones no se las dicta el ex candidato presidencial del PRD, pero si así fuera, para él sería un honor. “¡No soy ningún títere, no soy ningún títere! ¡Títeres, ustedes! ¡Títeres de los poderes fácticos!”

Luego, Corral insistió en que la banda ancha constituye un negocio sin igual para los concesionarios. “No por algo se ha dicho, en el mismo gobierno, que el que esté fuera de la banda de 1,700 megahercios estará fuera del mercado por los siguientes 20 años. Y por eso es algo tan apetecible, tanto en México como en el mundo”, afirmó.

A pregunta de la diputada Enoé Uranga (PRD), aseguró que la figura de vacatio legis, incluida por el PRI para argumentar el no cobro del derecho, constituye “un abuso porque en realidad es un plazo de gracia a los más ricos de este país en materia de telecomunicaciones. Acá le han llamado eufemísticamente vacatio legis, porque no había manera alguna de enfrentar la realidad y decir que se trata de un plazo de gracia”.

Francisco Burelo (PRD) aseguró que la exención tendrá un impacto de 6 mil 800 millones de pesos anuales en los ingresos del gobierno federal. “Esta medida sólo beneficiará a los grandes monopolios de la comunicación. Esto va con los atentos saludos de los partidos mencionados para Televisa. ¿Qué se transó a cambio de estos casi 7 mil millones?”

La diputada Laura Itzel Castillo (PT) denunció que la mayoría de PRI y PAN en el Senado acordó no gravar con ISR las operaciones de las grandes empresas inmobiliarias, cuando los diputados habían suprimido ese privilegio fiscal.

“Si cuando el inmueble enajenado no es la casa habitación del contribuyente, y se trata del negocio de las desarrolladoras y financieras de vivienda (no se grava). La reforma que ustedes votaron eliminaba este privilegio. El Senado volvió a concederlo con el pretexto de que es uno de los sectores más golpeados por la crisis económica. Si embargo, el negocio de las Sofoles creció de junio de 2008 a junio de 2009 en 3 mil millones de pesos, mientras que la cartera vencida aumentó en más de 50 por ciento.” La mayoría ratificó la modificación del Senado con 392 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones.

La defensa para que ni siquiera el Congreso de la Unión conozca a las empresas que no pagan impuestos estuvo a cargo de Sebastián Lerdo de Tejada (PRI), quien consideró “un avance relevante” la adición de un transitorio al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para mantener esa información en secreto.

Dicho artículo define que las autoridades fiscales deberán proporcionar a la Cámara de Diputados la información que les solicite por actividad económica, sin nombre o dato alguno que permita la identificación individual del contribuyente, hasta que se establezcan las instancias de la propia cámara que garanticen la confidencialidad de los datos.

“Debemos garantizar a los contribuyentes la secrecía (sic) de sus datos de identificación y de localización, para su propia seguridad”, sostuvo. Los panistas alegaron el mismo principio.

Jaime Cárdenas reprochó que panistas y priístas “defiendan el mismo punto de vista, lo cual resulta sospechoso”. El petista afirmó que detrás de ese transitorio “está proteger a las grandes empresas”, y preguntó: “¿Quién gobierna a México? ¿Acaso los ciudadanos? No, es gobernado por los poderes fácticos, por las 422 empresas que no pagan impuestos y que no desean informarle a la Cámara”. Emilio Serrano (PRD) punzó: “¿Por qué ocultan más la verdad? ¿Por qué protegerlos más? ¿Son acaso socios y parte del negocio jugoso?”

Su compañero de bancada Armando Ríos Piter definió que con el aumento de los impuestos a la sociedad y las facilidades a los empresarios, la Cámara se convirtió “en un poder cada vez más débil”.

Como corolario, el PRI defendió que no le aprobó a Felipe Calderón su propuesta de gravar todo el consumo con 2 por ciento y que, si avaló el aumento al IVA, fue “para no poner en riesgo las tareas básicas del Estado”.

POR ESO LOS LEGISLADORES QUE APOYAN A AMLO DENTRO DE LAS CÁMARAS INCISTIERON HASTA EL CANSANCIO CON TODOS LOS MEDIOS QUE ESTUVIERON A SU ALCANCE , PARA QUE FUERAN ESTOS CONSORCIOS LOS QUE ASUMIERAN SU RESPONSABILIDAD Y SIMPLEMENTE SE LES OBLIGARA A PAGAR TODO LO QUE LE DEBEN AL FISCO ; LAMENTABLEMENTE DE NUEVA CUENTA EL PRI Y EL PAN PREFIRIERON QUE FUERA LA GENTE DE A PIE LA QUE ASUMIERA LOS COSTOS ........POR VIDA DE DIOS , YA NO LE CREAN A ESTOS PARTIDOS QUE EN CAMPAÑA SON CAPACES DE PROMETER LO QUE SEA , DESPIERTEN , ANALICEN , LEEAN , BUSQUEN FUENTES ALTERNATIVAS PARA INFORMARSE . CHINGAO .

Son parte del “boquete” de 300 mil millones para 2010; 45% son “controvertidos”

El sector privado adeuda $453 mil millones por créditos fiscales

Significan 1.5 veces las deudas que personas morales y físicas tienen en impuestos

Se incrementaron 44% en un trimestre los juicios contra el SAT, que pierde 40.5% de ellos

Víctor Cardoso

El sector privado del país adeuda al gobierno federal casi 453 mil millones de pesos por concepto de “créditos fiscales”, derivados particularmente de la actividad de grandes corporativos empresariales.

En momentos en que el gobierno federal busca encontrar fuentes de ingresos que cubran el “boquete fiscal” de 300 mil millones de pesos calculado para 2010, los “créditos fiscales” representan 1.5 veces los adeudos que personas morales y físicas tienen con el fisco.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Hacienda, un número no determinado de “créditos fiscales” se encuentra clasificado como controvertido, pero su monto se eleva a 258 mil 700.9 millones de pesos, lo que representa 45 por ciento del total.

Casi una cuarta parte de esos “créditos fiscales”, que suman más de 110 mil 127 millones, están declarados como “de baja probabilidad de cobro”. De éstos, casi 60 mil 705 millones de pesos están clasificados, de plano, como “insolventes”.

Paralelamente los contribuyentes ganaron en tribunales litigios en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que les permitieron evitar el pago de 31 mil 223.6 millones de pesos.

En su último reporte sobre las finanzas públicas y la deuda pública, la Secretaría de Hacienda hizo notar que el número de contribuyentes con algún tipo de “crédito fiscal” creció 6.67 por ciento durante el tercer trimestre del año respecto del mismo periodo anterior de este mismo año. Esto significa que el número de casos con algún tipo de “crédito fiscal” aumentó 98 mil 626 trimestre a trimestre. No obstante, el monto de ese mecanismo disminuyó en el mismo lapso en 15 mil 953.9 millones de pesos.

Según la versión oficial, “las actividades de auditoría a los contribuyentes continúan con el propósito, por una parte, de identificar conductas o prácticas evasoras u omisas de las obligaciones fiscales, y por otra, crear conciencia de riesgo ante el incumplimiento, mediante el fortalecimiento de la presencia fiscal”.

Hacienda expuso que de enero a septiembre de este año se alcanzaron indicadores de recaudación satisfactorios. En los tres meses del reporte se realizaron, según la dependencia, 67 mil 640 actos de fiscalización y se obtuvieron ingresos procedentes de la aplicación de multas fiscales por 3 mil 282.5 millones de pesos.

Por ejemplo, menciona que se logró una “rentabilidad de fiscalización” de 37.7 pesos recuperados por cada peso invertido en actos de verificación fiscal, lo que representó un retroceso de 3.3 por ciento respecto del trimestre inmediato anterior, cuando la rentabilidad era de 39. Otro indicador señalado por la dependencia federal es la “efectividad de la fiscalización”, en la cual, de cada 10 casos, poco más de nueve resultaron con observaciones determinadas por los auditores.

Vivir en tribunales

Pero los contribuyentes cada vez menos se cruzan de brazos frente a las observaciones de los auditores fiscales, y cada vez más recurren a tribunales para evitar tanto la aplicación de multas como el pago de impuestos. Los registros de Hacienda dan cuenta de que los juicios contra el SAT aumentaron 44 por ciento de un trimestre a otro, al pasar de 17 mil 873 juicios entre abril y junio de este año a 25 mil 705, esto es, 7 mil 832 litigios más.

Pero no sólo eso: la efectividad de los abogados de la Secretaría de Hacienda no se demuestra, pues de esos juicios han perdido en primera instancia 10 mil 404, es decir, 40.5 por ciento del total. En la segunda instancia la situación no muestra mejoría, pues obtuvieron resultados negativos en 4 mil 279 casos.

Peor aún, el número de casos perdidos en primera instancia creció en 3 mil 206 entre el segundo y el tercer trimestres del año, esto es, un aumento de 44.5 por ciento. En la segunda instancia el crecimiento de los reveses a la autoridad fiscal fue de 40 por ciento, es decir, mil 219 casos perdidos más.

PRI Y PAN consuman la canallada :

Los medios en su misma tesitura , tratando de ocultar que sólo los diputados del PT y del PRD más allegado a Andrés Manuel López Obrador , hicieron hasta lo imposible para evitar que se consumara este atraco al pueblo de México .

Hoy , ante lo inevitable , los merolicos de los noticieros a pesar de su "enojo" , empiezan a justificar el alza de impuestos con la misma monserga del PRIAN , alegando que no había alternativa si queriamos que el gobierno federal fuera viable económicamente hablando ; en su cobardía no se atreven adecir que sí había alternativa y esta era simple y llanamente obligar a las 422 mega empresas de este país a pagar impuestos . ¿por que ? pues por la simple y sencilla razón de que ellos trabajan para esos mega empresarios , como es el caso de los merolicos de televisa y azteca y otros por que esos megaempresarios son los máximos anuncianetes en sus medios de comunicación , es un circulo vicioso .

Tanto PRD como PT presentaron sus iniciativas para el presupuesto de ingresos del 2010 , donde ambos partidos aseguraban que si los megaempresarios pagaran impuestos conforme a la ley y no el 1.7 % que han pagado durante los últimos 10 o 15 años , se recaudarían 300 mil millones de pesos y si el gobierno federal recortara sus gastos al 50 % , incluyendo los salarios de los altos funcionarios , se recaudarían otros 200 mil millones de pesos anuales y si el boquete fiscal ocasionado por la voracidad e incompetencia de Calderón y sus cuates es de 380 mil millones , esto quiere decir que todabía sobrarían 120 mil millones para impulsar actividades productivas que reactiven la economía . Pues no , que se chingue la gente , prefirieron aumentar el IVA al 16 % y el ISR al 30 % . Las iniciativas del PT y del PRD ni siquiera fueron dictaminadas , nada más por que al PRI y al PAN no se les pegó la gana ; es decir , absolutamente nadie se enteró de su existencia .

Incisto , esto que comento se está tratando de ocultar en todos los medios ; en las crónicas , los reporteros sólo dicen : " sin tomas de tribunas se aprobó la ley de ingresosos ".......CANALLAS .

Por lo anterior mucha gente no se dará cuenta que una vez más fueron traicionados por el PRI y por el PAN gracias , repito , a la complicidad de los medios de comunicación que a toda costa están tratando que la gente no se de cuenta que absolutamente todo lo que AMLO dijo acerca de por que se robaron la presidencia en el 2006 está sucediendo a pié juntillas y por ende evitar también a toda costa que su movimiento crezca como la ha venido haciendo desde hace mucho tiempo ya .










Grandes contribuyentes sólo pagarán 25% de los impuestos que adeudan desde 2004

Diputados confirman alzas a IVA e ISR y beneficios a empresarios


Pese a que se retrae del debate, la aplanadora del PRI, PAN y Verde impone el paquete

Es obvio que los hombres del dinero renovaron su alianza con el tricolor, afirma Ricardo Monreal








Josefina Vázquez Mota, César Nava y otros integrantes de la bancada panista en la Cámara de Diputados votan durante la sesión sabatina en San Lázaro en la que se discutió el paquete económicoFoto Francisco Olvera




Roberto Garduño y Enrique Méndez

Como en sus mejores tiempos, la aplanadora legislativa que integran PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados ratificó el incremento en las tasas de IVA e ISR, que afectarán el consumo y el salario, y confirmó los beneficios fiscales a los grandes contribuyentes, que en 2010 sólo pagarán 25 por ciento de los impuestos que adeudan desde 2004.

El costo político de las decisiones hacendarias que han asumido en días recientes condujo a esos tres partidos a retraerse del debate. Desde la reunión vespertina de la Comisión de Hacienda, en la que se dictaminó la minuta del Senado, hasta la noche en el pleno, la discusión fue conducida por PRD, PT y Convergencia, que reprocharon con dureza “el nuevo golpe al bolsillo de millones de ciudadanos”.

“Noche de zopilotes”

La aprobación de los impuestos fue reprochada por el vicepresidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano (PRD): “este día parece terminar como un día amargo y triste para el país. Y termina como una noche de traiciones o, como dijo uno de los personajes de la Decena Trágica: es una noche de zopilotes. Con su decisión se puede estar prendiendo la chispa que incendie mañana las praderas de la patria”.

Su compañero de bancada Adán Augusto López Hernández pintó la actitud del presidente Felipe Calderón ante los empresarios. “El ciego que vegeta en Los Pinos un día casi les suplica que paguen impuestos. Al siguiente les dijo que está bien su Teletón, su redondeo y su filantropía, pero que deben pagar impuestos y, finalmente, con la complicidad de ustedes, termina pidiéndoles perdón”.

Aun así, la mayoría desechó las propuestas de no gravar más consumo y salarios y, en cambio, ratificó las modificaciones que el Senado hizo a la Ley del ISR en torno a la consolidación fiscal de las empresas, el incremento de ese gravamen de 28 a 30 por ciento para personas físicas y morales, que se votó por 338 votos en favor, 103 en contra –de éstos, 23 de priístas– y cinco abstenciones, mientras el IVA queda en 16 por ciento.

El debate, que se inició a las 19 horas en el pleno, dio como resultado la devolución a Xicoténcatl de cuatro artículos que a su vez fueron modificados por los senadores en su sesión del viernes:

Uno de ellos es el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, donde los senadores definieron que los componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida y las aportaciones voluntarias y complementarias equivalentes a 20 salarios mínimos elevados al año son bienes susceptibles de embargo.

En el mismo artículo se define que la reserva de confidencialidad a la que están obligados los funcionarios públicos no se aplicará cuando se proporcione al Congreso información fiscal de contribuyentes para realizar estudios de evaluación económica.

De la Ley Federal de Derechos se regresaran las modificaciones del Senado a la minuta del artículo 244-E, para incluir nuevamente la exención del pago de derechos a las empresas que participen en las licitaciones del espectro radioeléctrico en telefonía celular.

En la Ley del IEPS los diputados decidieron no perjudicar a las empresas tabacaleras y suprimir la decisión del Senado de aplicar dos pesos adicionales por cajetilla. Ese sobreprecio se diferirá hasta 2014.

Y en la Ley de Ingresos de la Federación se devolvió el artículo 17, que suprime la facultad que delega el Legislativo al Ejecutivo en materia de impuestos al comercio exterior.

Esos artículos deberán ser discutidos en el Senado para modificarlos, o en su caso aceptarlos. En tanto ello ocurre, la Cámara enviará al Ejecutivo el paquete fiscal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Si los senadores no aceptan los cambios, los artículos no se aplicarán en la Ley de Ingresos 2010.

Al recibir la minuta, la presidencia de la mesa directiva envió el paquete a la Comisión de Hacienda para elaborar un dictamen conjunto con las modificaciones del Senado a 17 artículos.

La inexperiencia legislativa del presidente de la comisión, Alberto Becerra Pocoroba, dificultó el desahogo del trámite porque se llegó a proponer que los artículos de todo el paquete fiscal serían reservados para su discusión ante el pleno.

Alfonso Navarrete Prida (PRI), quien no pertenece a la comisión, debió intervenir para aclarar que constitucionalmente sólo se podían dictaminar los artículos devueltos por el Senado y las reservas de los impugnados.

Antes, la Junta de Coordinación Política acordó agilizar el trámite para que en el pleno camaral cada partido fijara su postura sobre el paquete fiscal y se diera el debate en lo particular con una lista de seis oradores, tres a favor y tres en contra, por cada una de las reservas. En el caso de las alusiones personales o rectificación de hechos, no se concedería la palabra a más de seis.

El acuerdo, con las firmas de todos los coordinadores parlamentarios, garantizaba que los diputados argumentaran los artículos a discusión, y se calculó que la lista de oradores sería de más de 150, y una sesión de más de 12 horas.

Así se reinició la sesión ordinaria en el pleno, donde el procedimiento para conducir los trabajos fue objetado por el PT. Jaime Cárdenas, Laura Itzel Castillo y Porfirio Muñoz Ledo argumentaron que el acuerdo sentaría un grave precedente para la libertad de expresión de los legisladores, porque limitaba su participación y la defensa de sus argumentos.

Ante la insistencia de los petistas, los coordinadores de PRI, PAN, PRD y PVEM se retiraron del acuerdo, para que el debate se desarrollara con lo definido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en el cual se señala que el presidente de la mesa directiva someterá a consideración de los diputados si las reservas se admiten a discusión y, si es así, se abrirá una lista de tres oradores a favor y en contra.

Sin considerar la reacción del PRI y el PAN, el efecto que perseguían los petistas se diluyó porque a partir de entonces esos partidos manejaron la sesión a su medida: debatieron sólo los artículos de su interés y dejaron que PRD, PT y Convergencia expusieran los efectos perniciosos del paquete fiscal.

Antes del cierre de esta edición, Óscar González (PT) exigió a los diputados del PRI y el PAN no convertirse en rehenes de los empresarios. “Si es así, las ideologías de los partidos se agotarán. No busquen patrones, su patrón es el pueblo de México, por eso están aquí. Sus patrones no son esos señores del dinero, a menos que hayan acordado que les den para sus campañas, ¡y al pueblo de México que se lo cargue el diablo!”

Muñoz Ledo reclamó al gobierno federal que, en lugar de remediar la evasión de impuestos de los grandes contribuyentes, persiste la supremacía de la Secretaría de Hacienda “que practica el ocultismo y se niega a cumplir el deber de la transparencia” al no explicar qué empresas no pagan.

Los impuestos, alertó, no resolverán el colapso financiero que se avecina. “Nos hemos extraviado en el toma y daca entre los poderes públicos. Estamos ante la perspectiva de un Estado fallido cuando las instituciones se entregan a los poderes particulares. Vivimos una comedia de equivocaciones. ¡Este es un vil mercadeo político contrario al interés nacional!”

Ramón Jiménez (PRD) subió a tribuna con una cartulina para explicar lo que los alumnos del segundo semestre de Economía de la UNAM aprenden: más impuestos equivale a menos consumo y menos empleo. Y reprochó el binomio PRI-PAN: “como dos amantes, se enamoraron, y el enlace estuvo a cargo del obispo (Carlos) Salinas de Gortari. Se pelearon transitoriamente y ahora están en la etapa del besuqueo político. Hay que darle gracias al obispo Salinas”.

De madrugada, entre diputados somnolientos, un priísta que observó el rejuego de la protección a los grandes contribuyentes ironizó: “el que esté libre de intereses que tire el primer dictamen”.








Procede acción de inconstitucionalidad contra el aumento del IVA a 16 por ciento, aseveran diputados del FAP.

“El desaseo marcó toda la negociación del paquete fiscal”, denuncian diputados

Los perredistas Guadalupe Acosta y Alejandro Encinas en San Lázaro con los priístas Francisco Rojas y David PenchynaFoto Francisco Olvera




Enrique Méndez y Roberto Garduño

En medio de acusaciones de desaseo en el proceso legislativo, por incumplir la obligación –definida en la Constitución y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso– de presentar iniciativa para incrementar el impuesto al valor agregado (IVA), la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las cinco minutas en materia fiscal que devolvió el Senado.

El caso más relevante de violación a la ley tiene que ver con ese incremento, porque en ningún momento de la discusión del paquete fiscal el Ejecutivo federal o alguna de las cámaras del Congreso presentó, como establece la Constitución en sus artículos 71 y 72, la iniciativa para subir la tasa del IVA de 15 a 16 por ciento.

En el mismo caso se encuentra el artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, el cual, con la introducción de un artículo transitorio, concede privilegios fiscales a las empresas que participen en la competencia para el uso del espectro radioeléctrico en telefonía celular.

Óscar González Yáñez (PT), secretario de la comisión, anunció que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad contra el ajuste en el IVA para impedir su aplicación, y aseguró que la irregularidad en el proceso abre la puerta al derecho ciudadano de ampararse.

Facultad para iniciar leyes

El artículo 71 señala en sus fracciones I, II y III que el derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente, a los diputados y senadores federales y a las legislaturas de los estados.

El segundo párrafo, además, define que “las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates”.

Mientras, el segundo párrafo del artículo 72 confirma: “aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente”.

Como este diario publicó, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, presentó a diputados priístas la propuesta de elevar el IVA en un encuentro realizado en la oficina del funcionario ubicada en avenida Constituyentes.

En ningún momento del proceso el Ejecutivo envió una propuesta por escrito que, primero, fuera conocida por el pleno de la Cámara de Diputados para que la presidencia de la mesa directiva, a su vez, la turnara a la Comisión de Hacienda para su dictamen.

El transitorio al artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos no formaba parte del cuerpo de la iniciativa presidencial, sino que el PRI lo introdujo, también sin mediar propuesta formal. Tampoco fue conocido por el pleno camaral para darle turno a la comisión.

Para confirmar la irregularidad en el aumento al IVA, el diputado Martín García Avilés (PRD) solicitó al secretario técnico de la Comisión de Hacienda, Alejandro Minor Castillo, copia de la versión estenográfica de la reunión de trabajo del 19 de octubre pasado, en la cual se aprobó el dictamen a la miscelánea fiscal.

El funcionario de la comisión respondió en un oficio: “por instrucciones del diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (presidente de la comisión), me permito comunicarle lo siguiente: la comisión aprobó la propuesta que incrementa en un punto porcentual la tasa general del IVA para quedar en 16 por ciento; sin embargo, dicha propuesta no derivó de una iniciativa presentada a esta soberanía, sino que fue el resultado de los trabajos de análisis y discusión entre los distintos grupos parlamentarios, por lo que no es posible remitir a usted la copia certificada que solicita”.

Ninguna de las adiciones se ajustó a lo señalado en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, porque “en la sesión en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley, podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados”.

Ayer, en la reunión de la comisión, González Yáñez expuso que la violación constitucional y al reglamento del Congreso permitirá que “sí proceda la acción de inconstitucionalidad contra el aumento al IVA. Los amparos interpuestos por los particulares se multiplicarán. Siempre debe haber iniciativa, y sin ésta no hay dictamen. Lamentablemente, el desaseo marcó toda la negociación del paquete fiscal”.

El despertar

El dedo en la llaga

José Agustín Ortiz Pinchetti

¡Calderón imita a AMLO! Después de décadas, el gobierno descubre que los grandes consorcios no pagan impuestos, que los pagan los causantes cautivos, las pequeñas y medianas empresas y la gente pobre. Inesperadamente, repite casi palabra por palabra lo que dijo Andrés Manuel. Es inaceptable que haya grandes corporaciones que exigen al gobierno recortar gastos y apenas paguen, en promedio, 1.7 por ciento de impuestos”.

Los “grandes consorcios”, como les llama Calderón, están irritados por su ingratitud. ¿No fueron ellos quienes lo llevaron a la Presidencia de la República mediante un fraude? ¿No son ellos quienes lo sostienen?

Calderón, a querer o no, ha puesto el dedo en la llaga. Pero, ¿por qué hasta hoy?

Podría ser porque ni él ni Agustín Carstens, ni sus equipos, han entendido la magnitud del problema. Todo esto hablaría de una ineptitud atroz. ¿Quién puede creer que no sabían que Roberto Hernández había evadido 3 mil millones en impuestos por la venta de acciones de Banamex? ¿Qué no habrán leído los informes del auditor mayor de la Federación, quien hablaba de 500 mil millones de pesos de elusión? ¿Qué no conocen las críticas del FMI, el BM y docenas de expertos sobre la situación de México?

Otra alternativa: se trata de una declaración demagógica. Intentan transferir los costos políticos de los nuevos impuestos a entes abstractos, consorcios de los cuales no hay cifras ni nombres ni se describen sus mecanismos de evasión. Si es así, ¿desaparecerán las pequeñas reformas que se iban a hacer al régimen de consolidación?

Calderón, quien es de mecha corta, se enfureció por la reacción de los magnates, quienes encontraron un formidable aliado en Manlio Fabio Beltrones, quien bloqueó la reforma que los afectaba.

Como sea, Calderón está atrapado. La gente está despertando. Nos damos cuenta que el país lleva 27 años sin crecer, que vienen años peores. No saldremos mientras la economía esté atrapada por grupos de interés, cuyos monopolios la asfixian. Esas revelaciones refuerzan la posición de AMLO, quien ha sostenido que sólo podremos salir de las dificultades financieras si se reduce el gasto corriente en 100 mil millones de pesos, si se obliga a pagar impuestos a los más ricos, quienes eluden 400 mil millones.

Excelente texto de Arnaldo Córdova , lamentablemente muchos no se toman la molestia de leer periódicos honestos y verases , y los que por alguna razón lo llegan a hacer , no creen en lo que ahí se publica , gracias al eterno linchamiento de los medios vendidos y oficialistas en su contra .

La nación, la Constitución y los trabajadores

Arnaldo Córdova

Nuestra Constitución, tan imperfecta y atrasada como es en casi todas las materias, define a la nación mexicana como una sociedad dedicada al trabajo y es por ello que en su artículo quinto consagra la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo. Por supuesto que no se revela en ello la idea de una sociedad de trabajadores, como llegó a sugerirse en los amplísimos debates en torno a este artículo en el Constituyente de 1916 y 1917. De hecho, no hay Constitución en el mundo que no haga lo mismo. Pero el artículo 123 contempla a esa misma sociedad como dividida en clases de individuos dedicados a diferentes tareas. En él no se habla de clases, desde luego, sino de factores de la producción”.

Si se le examina con atención, el 123 no sólo protege los intereses de los trabajadores asalariados, sino también los intereses de los empleadores, dadores de trabajo, empresarios, patronos o como quiera llamárseles. A los primeros, se les debe garantizar lo mínimo para desempeñar su labor como un factor de la producción; a los segundos, no se les puede exigir lo que no pueden dar, asimismo, como un factor de la producción que son. En ambos sentidos, el derecho del trabajo se ha desarrollado sin grandes contradicciones, como no sean las que surgen de la intervención de las autoridades del Estado que vienen a desequilibrar y destruir lo que en ese artículo es también esencial: el equilibrio entre ambos factores.

El problema surge cuando se trata del sector público de la economía, a cargo y bajo administración de los órganos del Estado. Se ha dicho hasta la saciedad que en el tipo de relaciones que se da en la empresa pública el Estado se convierte en “privado”, vale decir, en “patrón”. Muchos iuslaboralistas han puesto en entredicho esa noción. Al maestro Antonio Martínez Báez, otro de nuestros grandes constitucionalistas, en alguna ocasión le oí decir que ni al Estado ni a sus órganos se les podría jamás definir como “privados”. Lo público y lo privado son conceptos antinómicos, totalmente diferentes y se refieren a esferas perfectamente distintas de la actividad social.

Cuando el Estado tiene que litigar con un privado, me explicaba en algún momento, no es que deje de ser Estado, sólo se pone en igualdad de condiciones con el privado para que se haga la justicia. En un conflicto así, nunca podrá dejar de alegarse el interés público. El Estado no se equipara a la condición del privado, sólo deja de utilizar su poder para que la relación sea de igualdad. Cuando se utiliza el poder presidencial para fines arbitrarios, como los que hemos presenciado en el absurdo decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, ni siquiera hay una relación jurídica. Hay sólo un acto de fuerza ilegal y contraria al orden constitucional. En ese acto incalificable, como quiera que se le vea, se trató a los trabajadores no como un factor de la producción, sino como simples objetos desechables sin ninguna función jurídica o productiva.

La frase de ese monaguillo de sacristía que ocupa la Secretaría de Gobernación, “primero liquídense y luego veremos”, jurídicamente bastante idiota, lo dice por completo. En las relaciones de trabajo, lo supone el 123, hay derechos, responsabilidades y obligaciones. Todos ellos se echaron por la borda al “extinguir” LyFC. No se trató del estanquillo de la esquina, en el que el dueño le dice a su único empleado, pues aquí acabó todo porque ya no puedo seguir. Se trata de una empresa pública, encargada por la ley de dar un servicio público. Si la empresa ya no funcionaba el servicio seguía y los encargados de atenderlo eran sus trabajadores, al igual que sus administradores.

Hacer responsables a los trabajadores por el mal desempeño y las pérdidas de la economía es sólo un pretexto canallesco y ruin. El SME ha descarrilado esa especie al mostrar palmariamente todos los latrocinios que los gobiernos priístas y panistas consumaban a costa del erario de la compañía que era de la nación. En ello no se le tomaba opinión alguna al sindicato y, además, se le obligaba a trabajar sin los materiales adecuados para el desarrollo de su función. No hay una fracción especial del 123 que haya que citar. Todo el artículo y su espíritu jurídico y de sentido que lo informan han sido violados.

De hecho y sin fundarse en la Constitución, el gobierno panista, con su decreto, planteó un conflicto (o una diferencia) como lo señala la fracción XX del 123, sin hacer referencia a la misma y sin cumplir con lo que señala: si el sindicato era culpable de la mala marcha de la compañía, como se afirma en el decreto y fuera del mismo, debió haberse planteado ante una Junta de Conciliación y Arbitraje y esperar su resolución para dictar el decreto. La fracción XXII del mismo artículo especifica que si un obrero es despedido, el patrón, en este caso el gobierno federal (puesto que el servicio persiste y la empresa se extinguió), estará obligado a elección del trabajador a cumplir con el contrato (ya inexistente) o a ser indemnizado. En el primer caso, debió habérsele dado la opción de seguir en su trabajo.

El caso es que ni siquiera la misma Ley Federal del Trabajo fue cumplida en este atraco a las instituciones y a la sociedad desde el Estado. Alega una causa de fuerza mayor que es la incosteabilidad de la empresa, pero esa causa se alega para terminar las relaciones del trabajo según el artículo 434 de la Ley. El mismo precepto establece la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación; entonces debió haberse ventilado ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, señala la fracción III del siguiente artículo, el 435. No se puede echar a la calle a los trabajadores sin permitirles ejercer su derecho a elegir entre la indemnización o la reinstalación en el trabajo. Es su derecho, pero los gobiernos derechistas no tienen noción ninguna de lo que son los derechos de los ciudadanos.

Una nota divertida la acaba de dar el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Carlos Loperena Ruíz, al que se le ocurrió decir que la sustitución de La CFE a LyFC no es posible porque quien se quedó con los bienes de la empresa extinguida es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y que si, finalmente, se hace cargo del servicio, las relaciones de trabajo se habrán extinguido. El abogado Loperena no debe entender que aquí se trata de un servicio público y no de un inventario de cosas o bienes, como cacahuates o chiles (cosa, la verdad sea dicha, a cargo del SAE). Tal vez cree que si él desecha una computadora de su despacho también puede echar a la calle a su secretaria. Así entiende la derecha el derecho y la abogacía.

Las mentiras y la productividad en LFC

Antonio Gershenson

Las mentiras no son ninguna novedad, especialmente con el régimen actual, que empezó desde la campaña electoral ofreciendo el oro y el moro. Es más: contrastamos más esas mentiras diciendo y diciéndonos la verdad. Pero ahora se dieron vuelo, y lo vamos a ver más en detalle.

Toda la campaña contra Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se basa no sólo en decir falsedades, sino en ocultar hechos plenamente oficiales, firmados incluso por representantes directos del gobierno federal.

El 16 de marzo de 2008 se firmó un convenio de productividad entre los representantes de LFC y del SME. Firmaron también, como testigos de honor, los secretarios de Energía, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público. Esta última tienen mucha razón de ser, pues la ausencia de inversión pública en la mencionada paraestatal ha sido uno de los elementos básicos de la falta de productividad.

En este convenio se establece, entre otras cosas, lo siguiente:

Si “se determinara, en su caso, que los procesos pueden ser desarrollados con un menor número de trabajadores en las respectivas áreas, el personal que quede sin actividad será reubicado en aquellas áreas que requieran más personal en términos del propio proceso de reingeniería, previa capacitación... la plaza que deje el trabajador que sea reubicado no genera una vacante”. Esto implica una reducción gradual del personal.

“Las partes se comprometen a implementar un programa de capacitación, para que el personal desarrolle y ejecute nuevas y múltiples funciones.” Esto muestra que la afirmación, durante la campaña contra este sector de la industria eléctrica, de que si a un chofer se le baja una llanta, no va a arreglarla él solo, es de mala fe, pues ya había un proceso en marcha para cambiar esa situación.

“El sindicato se compromete a coadyuvar con LFC en el objetivo de disminuir las pérdidas de energía no técnicas, hasta alcanzar, al 30 de noviembre de 2012, un nivel de pérdidas similar al resto del sector eléctrico nacional.” También estaba en proceso esto, por lo que las palabras oficiales en el sentido de que había más de estas pérdidas en LFC que en el resto del sistema también ocultaban que esto estaba ya también en proceso de corrección. También, “el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procederá a la asunción de la deuda de LFC.”

¿Por qué los funcionarios han silenciado todo esto? Y debemos agregar que se estableció, en el mismo convenio, que la ya existente Comisión Mixta Permanente de Productividad, en la que participan LFC y el SME, va a trabajar al respecto, y ha estado evaluando resultados. Según fuentes sindicales, el nivel de cumplimiento que resultó de estas reuniones y evaluaciones, y de un balance general de resultados 2008, fue superior a 90 por ciento. No he visto desmentidos ni otras versiones.

Tampoco están entre los hechos públicos anteriores a la liquidación las acusaciones de ineficiencia. Los hechos públicos van por otro lado.

Pese a que las elecciones en el SME –que fueron un hecho de la vida interna de ese sindicato– habían sido en junio de este año, el 5 de octubre la Secretaría del Trabajo niega la toma de nota de los candidatos que resultaron elegidos, incluido el secretario general.

En señal de protesta, hubo una marcha del SME a Los Pinos el 8 de octubre.

Dos días después, el sábado 10 de octubre, se produce la ocupación masiva, por fuerzas policiales y militares, de los centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro. El día siguiente, domingo 11, se decreta y comunica en el Diario Oficial la liquidación de LFC.

Por más que, entre tantas mentiras, se dijo que no se trataba de una privatización, la mayor parte de quienes sustituyeron a los miembros del SME en su trabajo son empleados de empresas privadas de fuera del área central, todo indica que contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se habla, en lo general, de los apagones del pasado. Pero los funcionarios ocultan hasta cuándo pueden extenderse los apagones –algunos de varios días y de áreas extensas– que se han producido desde que un grupo de personas de la CFE y muchos empleados de sus contratistas privados están a cargo de la misma región.

Este es el pretendido sustento de las agresiones contra LFC y contra el SME.