Mi pancarta para la marcha
Marta Lamas
MÉXICO, D.F., 8 de mayo.- Supongo que hoy domingo encontraré a muchas caras amigas y conocidas en la marcha convocada por Javier Sicilia. También me toparé con desconocidos e, incluso, con adversarios políticos. ¿Por qué coincidimos? ¿Porque todos anhelamos la paz y a todos nos inquieta nuestra seguridad? ¿Porque nos duelen las muertes de inocentes? ¿Porque deseamos que la justicia sea una realidad en nuestro país?
Hace unos días Mauricio Merino reflexionaba atinadamente sobre el objetivo político de la marcha y señalaba que era imperativo construir una respuesta puntual “sin abandonar el proyecto democrático, sin vulnerar los derechos que hemos ganado paso a paso, y sin renunciar al imperativo de la igualdad y la cohesión social, para salir de la Plaza de la Constitución con más claridad y menos dolor del que hoy cargamos, solidarios, con el poeta Sicilia” (El Universal, 27 de abril). Merino proponía responder una serie de preguntas para definir qué queremos exigir con nuestra participación: ¿qué deben decir las pancartas que llevaremos?, ¿qué leyes queremos cambiar?, ¿qué reformas queremos conseguir?
Traté de seguir su sugerencia y me ha llevado un rato responderme qué es, más allá de manifestar mi dolor, mi repudio y mi indignación por lo que está ocurriendo, lo que quiero demandar. Como todos, anhelo la paz y la justicia, pero ¿cuál es la vía política para alcanzarlas? Como todos, deseo que termine la violencia, la corrupción y la impunidad, pero ¿por dónde empezar? ¡Qué difícil encontrar una demanda que se pudiera proponer colectivamente! Son tantos los terribles problemas que tenemos, y que además están vinculados entre sí: la desigualdad y la corrupción, los poderes fácticos y la impunidad, los ninis y la persistente carencia de oportunidades educativas y laborales de los jóvenes. El panorama es descorazonador.
Pero de cara a esta marcha, ¿cuáles serían algunas propuestas concretas que pudieran ofrecer un rayo de esperanza ante la pavorosa situación que estamos viviendo? Creo que algo que nos une a todos los que –pese a nuestras diferencias– marcharemos hoy es la urgencia de que el gobierno establezca un programa de acción distinto en la lucha contra el narco: que devuelva a los militares a las funciones que les corresponden, que depure los cuerpos policiacos (pero con programas de reinserción social) y que retome los señalamientos de expertos para poner la lupa, la energía y los recursos económicos en donde se deben poner: en la investigación sobre el enriquecimiento inexplicable y el negocio del lavado de dinero. La demanda podría ser sencilla –un cambio de estrategia–, pero implica aceptar algo que el gobierno de Calderón ha rechazado: tomar en cuenta a los especialistas que han estudiado la relación directa entre el crecimiento de la delincuencia organizada y la corrupción en el sector público.
Calderón ha manifestado una sordera impresionante ante voces autorizadas y con una sólida experiencia, como la de Edgardo Buscaglia. Este experto en temas de corrupción, delitos y droga lleva rato señalando que para conducir una guerra contra el narco son prioritarias las estrategias sociales y financieras, antes que las acciones militares. Buscaglia dice algo que todos sabemos: el mayor problema se encuentra en instituciones básicas como la policía y el sector judicial. ¿Cómo deshacer la intrincada red de complicidades, corrupción e impunidad? ¿Qué hacer para evitar que los policías que son despedidos por corruptos vayan a engrosar las filas de la delincuencia? Las cárceles ya no dan más de sí; ¿cómo establecer un programa de reinserción social que funcione? Además, Buscaglia insiste en que los altos índices delincuenciales y la corrupción están vinculados al círculo vicioso de la pobreza y que se requieren reformas legales e inversiones en seguridad social, servicios e infraestructura pública para detener el deterioro social. ¿Qué enfoque integrado de políticas públicas se ha diseñado para impulsar programas de política social que reduzcan las desigualdades? Sin una reestructuración de la seguridad social y fuertes inversiones en capital humano e infraestructura pública no se lograrán abatir el desempleo y la pobreza que impulsan a la delincuencia. Y sin un control hacendario riguroso no se pondrá freno a las especulaciones y negocios de los otros delincuentes, los de cuello blanco, que se aprovechan del desorden gubernamental para seguir engrosando sus bolsillos. ¡Son tantas las líneas de acción que habría que desarrollar para abordar integralmente las variadas dimensiones del nefasto problema!
Demandar un cambio de estrategia va de la mano de exigir que el gobierno federal se siente a una mesa de trabajo con especialistas en reformas anticorrupción (policiacas y judiciales) y en estrategias de investigación financiera y hacendaria. Pero además hay que exigir que se haga público el debate entre el gobierno y expertos como Buscaglia. ¿Qué es lo que ha llevado al gobierno a desestimar las críticas de Buscaglia, uno de los especialistas más sólidos en el tema? ¿Será que por cuestionar abiertamente la guerra emprendida por Calderón su expertise se vuelve descartable?
Por lo pronto, creo que ya sé lo que dirá mi pancarta: “Y además de todo, debate público con Buscaglia”.
MÉXICO, D.F., 8 de mayo.- Supongo que hoy domingo encontraré a muchas caras amigas y conocidas en la marcha convocada por Javier Sicilia. También me toparé con desconocidos e, incluso, con adversarios políticos. ¿Por qué coincidimos? ¿Porque todos anhelamos la paz y a todos nos inquieta nuestra seguridad? ¿Porque nos duelen las muertes de inocentes? ¿Porque deseamos que la justicia sea una realidad en nuestro país?
Hace unos días Mauricio Merino reflexionaba atinadamente sobre el objetivo político de la marcha y señalaba que era imperativo construir una respuesta puntual “sin abandonar el proyecto democrático, sin vulnerar los derechos que hemos ganado paso a paso, y sin renunciar al imperativo de la igualdad y la cohesión social, para salir de la Plaza de la Constitución con más claridad y menos dolor del que hoy cargamos, solidarios, con el poeta Sicilia” (El Universal, 27 de abril). Merino proponía responder una serie de preguntas para definir qué queremos exigir con nuestra participación: ¿qué deben decir las pancartas que llevaremos?, ¿qué leyes queremos cambiar?, ¿qué reformas queremos conseguir?
Traté de seguir su sugerencia y me ha llevado un rato responderme qué es, más allá de manifestar mi dolor, mi repudio y mi indignación por lo que está ocurriendo, lo que quiero demandar. Como todos, anhelo la paz y la justicia, pero ¿cuál es la vía política para alcanzarlas? Como todos, deseo que termine la violencia, la corrupción y la impunidad, pero ¿por dónde empezar? ¡Qué difícil encontrar una demanda que se pudiera proponer colectivamente! Son tantos los terribles problemas que tenemos, y que además están vinculados entre sí: la desigualdad y la corrupción, los poderes fácticos y la impunidad, los ninis y la persistente carencia de oportunidades educativas y laborales de los jóvenes. El panorama es descorazonador.
Pero de cara a esta marcha, ¿cuáles serían algunas propuestas concretas que pudieran ofrecer un rayo de esperanza ante la pavorosa situación que estamos viviendo? Creo que algo que nos une a todos los que –pese a nuestras diferencias– marcharemos hoy es la urgencia de que el gobierno establezca un programa de acción distinto en la lucha contra el narco: que devuelva a los militares a las funciones que les corresponden, que depure los cuerpos policiacos (pero con programas de reinserción social) y que retome los señalamientos de expertos para poner la lupa, la energía y los recursos económicos en donde se deben poner: en la investigación sobre el enriquecimiento inexplicable y el negocio del lavado de dinero. La demanda podría ser sencilla –un cambio de estrategia–, pero implica aceptar algo que el gobierno de Calderón ha rechazado: tomar en cuenta a los especialistas que han estudiado la relación directa entre el crecimiento de la delincuencia organizada y la corrupción en el sector público.
Calderón ha manifestado una sordera impresionante ante voces autorizadas y con una sólida experiencia, como la de Edgardo Buscaglia. Este experto en temas de corrupción, delitos y droga lleva rato señalando que para conducir una guerra contra el narco son prioritarias las estrategias sociales y financieras, antes que las acciones militares. Buscaglia dice algo que todos sabemos: el mayor problema se encuentra en instituciones básicas como la policía y el sector judicial. ¿Cómo deshacer la intrincada red de complicidades, corrupción e impunidad? ¿Qué hacer para evitar que los policías que son despedidos por corruptos vayan a engrosar las filas de la delincuencia? Las cárceles ya no dan más de sí; ¿cómo establecer un programa de reinserción social que funcione? Además, Buscaglia insiste en que los altos índices delincuenciales y la corrupción están vinculados al círculo vicioso de la pobreza y que se requieren reformas legales e inversiones en seguridad social, servicios e infraestructura pública para detener el deterioro social. ¿Qué enfoque integrado de políticas públicas se ha diseñado para impulsar programas de política social que reduzcan las desigualdades? Sin una reestructuración de la seguridad social y fuertes inversiones en capital humano e infraestructura pública no se lograrán abatir el desempleo y la pobreza que impulsan a la delincuencia. Y sin un control hacendario riguroso no se pondrá freno a las especulaciones y negocios de los otros delincuentes, los de cuello blanco, que se aprovechan del desorden gubernamental para seguir engrosando sus bolsillos. ¡Son tantas las líneas de acción que habría que desarrollar para abordar integralmente las variadas dimensiones del nefasto problema!
Demandar un cambio de estrategia va de la mano de exigir que el gobierno federal se siente a una mesa de trabajo con especialistas en reformas anticorrupción (policiacas y judiciales) y en estrategias de investigación financiera y hacendaria. Pero además hay que exigir que se haga público el debate entre el gobierno y expertos como Buscaglia. ¿Qué es lo que ha llevado al gobierno a desestimar las críticas de Buscaglia, uno de los especialistas más sólidos en el tema? ¿Será que por cuestionar abiertamente la guerra emprendida por Calderón su expertise se vuelve descartable?
Por lo pronto, creo que ya sé lo que dirá mi pancarta: “Y además de todo, debate público con Buscaglia”.
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