La legalidad en tiempos de Calderón
John M. Ackerman
El gabinete de Felipe Calderón nunca ha destacado por su profesionalismo, visión política o respeto a la legalidad, pero en la última semana hemos sido testigos de un par de burdas violaciones a la Constitución que generan profunda preocupación por lo que podría ocurrir durante este último tramo del sexenio. En el ocaso de su mandato y frente a las ínfimas posibilidades de victoria en 2012 para un candidato oficial, o incluso para un candidato ciudadano” avalado por el partido en el poder, el Presidente se encuentra cada día más desesperado y apuesta a enrarecer el ambiente político.
No fue casualidad que Genaro García Luna haya decidido saltar al Congreso de la Unión y violar olímpicamente la Carta Magna para recibir una “medalla al mérito” de manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Tampoco es gratuito que Ernesto Cordero haya decidido montar con recursos públicos un escenario para aceptar el apoyo de los 134 militantes calderonistas a su candidatura presidencial. Ambos actos fueron fríamente calculados como pruebas de soberbia e impunidad en preparación para el próximo año electoral. Si ambos ilícitos quedan sin castigo, o por lo menos sin una respuesta enérgica de la sociedad, quedará pavimentado el camino para el total abuso del Poder del Ejecutivo.
El artículo 37 de la Constitución no deja lugar a dudas al señalar que “la ciudadanía mexicana se pierde... por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente”. El texto no indica de manera “potestativa” que recibir una medalla de un gobierno extranjero “podría” ser causal del retiro de la ciudadanía, sino que es categórico al afirmar que esta sanción es consecuencia casi automática de tal acción. Esta disposición legal tiene razón de ser, sobre todo cuando se trata de un alto funcionario público, ya que el Congreso debe velar que un reconocimiento de este tipo no implique alguna “sumisión” a un gobierno extranjero.
Se antoja difícil que se puedan reunir suficientes votos en el Congreso para iniciar un procedimiento de juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública por ésta u otras violaciones a la ley. Asimismo, sería francamente imposible imaginar al Poder Ejecutivo tomando medidas encaminadas a sancionar a uno de los más poderosos integrantes del gabinete. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE), como garante de los derechos y las obligaciones ciudadanas, debe actuar inmediatamente en defensa del marco normativo. Debería iniciar de oficio un procedimiento para dar de baja al secretario del padrón electoral e incluso reconocer formalmente la pérdida de ciudadanía de García Luna, con base en el texto constitucional y ante la inacción de la Secretaría de Gobernación en la materia.
Al perder su ciudadanía, que no implicaría perder su “nacionalidad” mexicana, pues ésta nunca se pierde, García Luna inmediatamente quedaría inhabilitado para ejercer el cargo de secretario de Seguridad Pública. El artículo 91 de la Constitución dice explícitamente que para ser “secretario de despacho” se requiere “ser ciudadano mexicano” y “estar en ejercicio de sus derechos”, requisitos que ya no cumpliría el galardonado.
Aquí también surge la duda con respecto al premio Mujeres de Coraje recientemente recibido por Marisela Morales, actual procuradura general de la República, de parte del gobierno estadunidense de manos de Hillary Clinton. El requisito de un aval del Congreso es aplicable a cualquier ciudadano mexicano. ¿Morales habrá recibido autorización antes de aquella ceremonia en Washington?
La semana pasada Cordero también incurrió en una evidente violación a la Constitución. En un comunicado oficial de la Secretaría de Hacienda abordó asuntos estrictamente político-electorales que no tienen nada que ver con sus funciones legales: “El día de hoy [sic] he sabido de una carta que circula en México firmada por distinguidos panistas... Es un gran honor ser considerado como un posible abanderado de mi partido... Aspiraciones sí tengo...”
Estas declaraciones no fueron hechas espontáneamente en respuesta a alguna pregunta de los medios de comunicación, sino que fueron incluidas dentro de una comunicación formal emitida por el Poder Ejecutivo federal. Se encuentran entonces en flagrante violación del artículo 134 constitucional, que obliga a todos los servidores públicos a “aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” y prohíbe la utilización de recursos públicos para la “promoción personalizada de cualquier servidor público”.
De nuevo, le tocaría al IFE actuar de manera inmediata en este caso. Así como los consejeros han amonestado públicamente tanto a Enrique Peña Nieto como al Partido del Trabajo por promoverse de manera anticipada y al mismo Calderón por su intervención indebida en las elecciones locales de 2010, la autoridad también tendría que hacer algún señalamiento a Ernesto Cordero.
Hacerse de la vista gorda ante una violación tan evidente sería una invitación a una creciente intervención del Poder Ejecutivo en el proceso electoral federal. Las metáforas de jinetes y caballos utilizadas por Vicente Fox durante 2006 podrían quedar como simples cursilerías ante el masivo operativo estatal que se prepara desde ya en Los Pinos para imponer al candidato oficial. La sociedad y las instituciones no pueden permitirse el lujo que quedarse en las gradas como meros espectadores.
http://www.johnackerman.blogspot.com/
No fue casualidad que Genaro García Luna haya decidido saltar al Congreso de la Unión y violar olímpicamente la Carta Magna para recibir una “medalla al mérito” de manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Tampoco es gratuito que Ernesto Cordero haya decidido montar con recursos públicos un escenario para aceptar el apoyo de los 134 militantes calderonistas a su candidatura presidencial. Ambos actos fueron fríamente calculados como pruebas de soberbia e impunidad en preparación para el próximo año electoral. Si ambos ilícitos quedan sin castigo, o por lo menos sin una respuesta enérgica de la sociedad, quedará pavimentado el camino para el total abuso del Poder del Ejecutivo.
El artículo 37 de la Constitución no deja lugar a dudas al señalar que “la ciudadanía mexicana se pierde... por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente”. El texto no indica de manera “potestativa” que recibir una medalla de un gobierno extranjero “podría” ser causal del retiro de la ciudadanía, sino que es categórico al afirmar que esta sanción es consecuencia casi automática de tal acción. Esta disposición legal tiene razón de ser, sobre todo cuando se trata de un alto funcionario público, ya que el Congreso debe velar que un reconocimiento de este tipo no implique alguna “sumisión” a un gobierno extranjero.
Se antoja difícil que se puedan reunir suficientes votos en el Congreso para iniciar un procedimiento de juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública por ésta u otras violaciones a la ley. Asimismo, sería francamente imposible imaginar al Poder Ejecutivo tomando medidas encaminadas a sancionar a uno de los más poderosos integrantes del gabinete. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE), como garante de los derechos y las obligaciones ciudadanas, debe actuar inmediatamente en defensa del marco normativo. Debería iniciar de oficio un procedimiento para dar de baja al secretario del padrón electoral e incluso reconocer formalmente la pérdida de ciudadanía de García Luna, con base en el texto constitucional y ante la inacción de la Secretaría de Gobernación en la materia.
Al perder su ciudadanía, que no implicaría perder su “nacionalidad” mexicana, pues ésta nunca se pierde, García Luna inmediatamente quedaría inhabilitado para ejercer el cargo de secretario de Seguridad Pública. El artículo 91 de la Constitución dice explícitamente que para ser “secretario de despacho” se requiere “ser ciudadano mexicano” y “estar en ejercicio de sus derechos”, requisitos que ya no cumpliría el galardonado.
Aquí también surge la duda con respecto al premio Mujeres de Coraje recientemente recibido por Marisela Morales, actual procuradura general de la República, de parte del gobierno estadunidense de manos de Hillary Clinton. El requisito de un aval del Congreso es aplicable a cualquier ciudadano mexicano. ¿Morales habrá recibido autorización antes de aquella ceremonia en Washington?
La semana pasada Cordero también incurrió en una evidente violación a la Constitución. En un comunicado oficial de la Secretaría de Hacienda abordó asuntos estrictamente político-electorales que no tienen nada que ver con sus funciones legales: “El día de hoy [sic] he sabido de una carta que circula en México firmada por distinguidos panistas... Es un gran honor ser considerado como un posible abanderado de mi partido... Aspiraciones sí tengo...”
Estas declaraciones no fueron hechas espontáneamente en respuesta a alguna pregunta de los medios de comunicación, sino que fueron incluidas dentro de una comunicación formal emitida por el Poder Ejecutivo federal. Se encuentran entonces en flagrante violación del artículo 134 constitucional, que obliga a todos los servidores públicos a “aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” y prohíbe la utilización de recursos públicos para la “promoción personalizada de cualquier servidor público”.
De nuevo, le tocaría al IFE actuar de manera inmediata en este caso. Así como los consejeros han amonestado públicamente tanto a Enrique Peña Nieto como al Partido del Trabajo por promoverse de manera anticipada y al mismo Calderón por su intervención indebida en las elecciones locales de 2010, la autoridad también tendría que hacer algún señalamiento a Ernesto Cordero.
Hacerse de la vista gorda ante una violación tan evidente sería una invitación a una creciente intervención del Poder Ejecutivo en el proceso electoral federal. Las metáforas de jinetes y caballos utilizadas por Vicente Fox durante 2006 podrían quedar como simples cursilerías ante el masivo operativo estatal que se prepara desde ya en Los Pinos para imponer al candidato oficial. La sociedad y las instituciones no pueden permitirse el lujo que quedarse en las gradas como meros espectadores.
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