CORRUPTO ENTRE LOS CORRUPTOS.

Se descubren más corruptelas De Francisco Gil Díaz

martes, 09 de enero de 2007


MEXICO, D.F., 8 de enero (LA JORNADA).- La zaga de impunidad que cubrió la actuación pública del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quedó nuevamente exhibida una vez que el banco inglés HSBC dio a conocer en Londres, que el nuevo integrante de su consejo de administración es, también, consejero asesor de la empresa J.E. Roberts Cos. Inc., una compañía estrechamente ligada a negocios de compra de cartera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

-¿Qué es J.E. Roberts? "J.E. Roberts es uno de los principales accionistas de Fénix", señala Mario Di Constanzo, responsable de la Hacienda Pública del equipo de Andrés Manuel López Obrador".

Explica: "Es una administradora de cartera. Fénix le compra su cartera al IPAB y le compra activos. De hecho Fénix es quien le vendió los bienes, las casas de 30 mil pesos, a los hijos de Martha Sahagún".

Apunta: "Esto quiere decir que Francisco Gil Díaz también tiene graves conflictos de interés porque él era presidente de la Junta de Gobierno del IPAB como secretario de Hacienda y ahora se sabe que era consejero, miembro de la junta de gobierno de esta empresa J.E. Roberts, accionista principal de Fénix".

HSBC Holdings Plc confirmó la designación de Gil Díaz como integrante de su consejo de directores a partir del 2 de enero pasado, mientras en México la Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso de arraigo en contra del ex secretario de Hacienda por presunto desacato y abuso de autoridad.

El banco inglés, del que ahora es integrante Francisco Gil, es propietario de la cuarta institución bancaria en importancia del país tras la compra de Bital durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox, y es también uno de los mayores beneficiados del llamado rescate bancario. A su paso como titular de la Secretaría de Hacienda, Gil Díaz solicitó en dos ocasiones la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el rescate bancario, y en una tercera pidió la intervención de la Corte para frenar la fiscalización que este órgano realizaba a la empresa ISOSA, por el controvertido uso de casi 10 mil millones de pesos en recursos públicos obtenidos al amparo del fideicomiso Aduanas 1.

Las confrontaciones con la ASF fueron prácticamente una constante durante la gestión de Gil Díaz al frente de la Secretaría de Hacienda e impidieron transparentar el proceso por el cual el quebranto bancario derivó en deuda pública. Y esta asciende actualmente a más de 1.2 billones de pesos.

Francisco Gil Díaz dejó un largo rastro de obstáculos interpuestos a la transparencia y la rendición de cuentas. El caso más sonado, que también propició la intervención de la Corte a petición de la Secretaría de hacienda bajo su cargo, fue el que involucró a la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), una compañía creada en 1993 en cuya creación participó el ex secretario de Hacienda del ex presidente Fox, cuando se desempeñó como subsecretario de Ingresos de esa dependencia en el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Por tres años consecutivos, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones para determinar la causas por las cuales ISOSA obtenía sus ingresos del cobro de los Derechos de Trámite Aduanero sin reportarlos a la Tesorería de la Federación.
El monto de las observaciones sumaba 9 mil 985 millones de pesos hasta 2004, cuando inició la querella en la Corte, interpuesta por la Secretaría de Hacienda bajo el argumento de que esos recursos eran privados.

Casi dos años después, en agosto de 2006, la Corte emitió una resolución que obligó a la ASF a suspender los trabajos que realizaba para dejarlos en el estado en que se encuentran. El auditor superior, Arturo González de Aragón, comentó: "hasta ese momento todavía alcanzamos a observar otros 800 y tantos millones de pesos".

Con todo y que la resolución de la Corte determino que los recursos observador por la ASF son privados, en los reportes oficiales sobre el proceso de liquidación de ISOSA, iniciado antes de concluir el gobierno anterior, se informa que se realizó una devolución de 2 mil 457 millones de pesos. Mario Di Constanzo señala que esa situación crea confusiones y levanta suspicacias: "¿Por qué si eran privados se reintegraron a la Tesorería de la Federación?, se pregunta.

Por su parte, González de Aragón fijó su posición y la de la Auditoría Superior al respecto: "Logramos recuperar el 25 por ciento de toda la cantidad observada por la ASF y estoy cierto, estoy seguro de una sola cosa, si nosotros no hubiéramos intervenido, no se recupera un solo peso".

La zaga de operaciones y manejos opacos durante la gestión de Francisco Gil Díaz al frente de la Secretaría de Hacienda es tal, que llegó a trascender el ámbito de las posiciones políticas de los partidos y conjunto a tirios y troyanos.

El 9 de junio de 2006, una comisión del Senado de la República, en la que participaron legisladores del PAN, PRD y PRI interpusieron una demanda en la Secretaría de la Función Pública en la que acusaron a los miembros de la junta de gobierno del IPAB y a la Secretaría de Hacienda, de haber eludido un fallo de la Suprema Corte y convertir en deuda pública, pagarés del rescate bancario que presentan irregularidades y significan para los contribuyentes un quebranto por 72 mil 700 millones de pesos.

La investigación continúa, comentó Mario Di Constanzo, por lo cual la responsabilidad de Francisco Gil Díaz aún no concluye, pues la Ley establece que debe pasar un año después de dejar el cargo y el ex secretario de Hacienda "es todavía un funcionario público sujeto a investigación".

En la presentación de la trayectoria seguida por su nuevo consejero, HSBC Holdings Plc describe cada uno de los cargos desempeñados por Francisco Gil Díaz tanto en el sector público como en el privado. Incluso destaca su afición por "el ciclismo de montaña, el "surfing" y el esquí alpino" en sus tiempos libres. Pero el proceso de arraigo abierto en su contra en la PGR, permite atisbar que "quizás se trata de la cara más delictiva del gobierno de Fox".