Calderón y Gil Díaz: la desvergüenza

martes, 09 de enero de 2007

Francisco Gil Díaz.
MEXICO, D.F., 8 de enero (APRO).- "No son ni deben ser distintas la moral en el poder y la moral en la oposición. El sometimiento de la política a la ética es una radical afirmación del partido. A ella nos hemos atenido y nos seguiremos ateniendo?.
El párrafo precedente es autoría de Carlos Castillo Peraza, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) entre 1993 y 1996, pero lo escribió años antes de ostentar ese cargo -"jefe nacional", le llaman los panistas-, en la vorágine postelectoral de 1988, cuando en la Cámara de Diputados, erigido entonces en el absurdo Colegio Electoral, defendían sus triunfos los presuntos diputados, que así se les llamaba.

Castillo Peraza era, entonces, articulista del diario La Jornada, y el 22 de agosto escribió uno titulado "Sobre la marcha", que inexplicablemente se omitió en el libro El porvenir posible, una recopilación de escritos del panista editado, apenas en septiembre, por el Fondo de Cultura Económica y cuyos compiladores son dos de sus discípulos, uno sin filiación formal al PAN y otro prominente militante: Alonso Lujambio Irazábal, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), y Germán Martínez Cázares, secretario de la Función Pública.

Recojo el párrafo del artículo de Castillo Peraza no sólo porque condensa, como él mismo dice, una "radical afirmación del partido" en materia de ética, que es la misma en la oposición y en el gobierno, sino porque Felipe Calderón, quien ostenta hoy el cargo de jefe del Ejecutivo por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y Martínez Cázarez se asumen discípulos de las enseñanzas del muerto dirigente panista, identificado por ellos y otros de sus simpatizantes como un ideólogo imprescindible.

Si la moral en la oposición y en el gobierno es la misma, y en efecto es una "radical afirmación del partido", es legítimo preguntarse por qué no proceden ambos contra Francisco Gil Díaz, quien hace poco más de un mes dejó de ser secretario de Hacienda y, contra lo que dispone la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, aceptó formar parte del Consejo de Administración de HSBC Holding, institución financiera británica, cuya sucursal en México estuvo bajo la supervisión de ese funcionario.

Calderón, cuyo compromiso público con el cumplimiento de la ley fue una de sus banderas de campaña, ha guardado silencio y su empleado Martínez Cázares, que por ley debe ocuparse de este asunto fundamental, obligado por las circunstancias, apenas emitió un confuso comunicado, la tarde del viernes 5.

Esta conducta quizá explique por qué Martínez Cázarez omitió el artículo aludido de Castillo Peraza en el libro que confeccionó junto con Lujambio -quien también tiene conflictos de interés como presidente del IFAI, y amigo y asesor de Calderón-, además porque, dicho sea de paso, tal escrito desbarata la débil argumentación del PAN y Calderón para oponerse al recuento de votos de la elección del 2 de julio del 2006.

Escribió Castillo Peraza sobre la apertura de paquetes exigida en las elecciones del 1988 por parte de quienes formaban parte del Frente Democrático Nacional, que él detestaba: "Resulta notable la insistencia de los ahora disidentes en el sentido de ver actas y abrir paquetes electorales.. Se trata de una antigua demanda del PAN, que es parte de la tesis sostenida por Acción Nacional acerca de la plenitud de jurisdicción del Colegio Electoral para calificar las elecciones. La insistencia se justifica en la medida en que la demanda es legítima?.

Ahora no sólo no es legítima la apertura de paquetes, sino también es bastarda la exigencia básica de que la Secretaría de la Función Pública inicie una investigación para dilucidar si Diaz Díaz viola el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que prohíbe al funcionario abstenerse, hasta un año después de dejar su cargo, de solicitar y aceptar empleos, cargos o comisiones que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.

Sólo con su dicho, sustentado según él con opiniones de "juristas prestigiados", Gil Díaz alegó ayer, en un comunicado, que no viola tal artículo, que no es empleado de HSBC y que inclusive ni siquiera hablará en el Consejo de Administración de tal institución financiera, como si -además-- no existiera el antecedente de que, al dejar de ser subgobernador del Banco de México, se volvió empleado de Roberto Hernández, uno de los propietarios de Banamex, por cuya venta a CitiGroup en el sexenio de Vicente Fox, no pagó un solo centavo de impuestos, siendo él secretario de Hacienda.

El alegato de Gil Díaz no basta, tampoco la innoble e irresponsable conducta de Germán Martínez, quien en el boletín que emitió dijo que la dependencia a su cargo "se mantiene atenta y dará curso, en el marco de los procedimientos que fija la ley, a las denuncias o quejas que los ciudadanos hagan de su conocimiento".

Por lo pronto, desde el viernes mismo, Martínez ya tiene una queja que resolver: Yo mismo la promoví, a través de Tramitanet de la SFP y cuyo acuse de recibo ocurrió a las 19:07 horas, para que proceda a realizar una investigación, de cuyo resultado estaré pendiente, siendo un asunto de inobjetable interés público.

No sé qué posición asumirá al respecto Martínez, pero ya dejó ver una conducta encubridora en los gastos del equipo de transición, del que él formó parte: El sábado, casi a escondidas, emitió un comunicado para afirmar, con el respaldo de su propio dicho, que los 130 millones de pesos se manejaron con rectitud. En tres meses se gastaron, nada más, 102 millones de pesos, además de los 30 millones del Estado Mayor Presidencial. ¡Hasta hubo un ahorro de 28 millones de pesos!
¿Para qué se usó tan voluminosa cantidad? Sólo hay que creer en la palabra de Martínez, porque no informó a detalles, tal como lo establecen los lineamientos del IFAI, por cuya falta este organismo seguramente no lo reconvendrá, al fin que lo preside un amigo: Alonso Lujambio, sí, otro discípulo de Castillo Peraza.

Vale la pena volver a citar a este prócer panista, guía del comportamiento ético de sus seguidores --para no citar a Manuel Gómez Morín o Efraín González Luna, de quienes ya nadie se acuerda--, quien en ese mismo artículo decía que las elecciones del 2 de julio de 1988 eran "una etapa más de la larga lucha por la democracia, por la sujeción de todos a la ley, por el respeto irrestricto de la voluntad popular".

Añadía: "Sabemos que el mínimo común denominador es la voluntad democrática, pero no olvidamos lo que ha sucedido en años anteriores. La posibilidad real de un nuevo y deseable comienzo obliga, exige acudir a la memoria. La historia, dijo alguien, es también la lucha de la razón para combatir el olvido."

Apuntes

Mario Marín, el troglodita que gobierna Puebla, está feliz: Mañana recibirá, en el estado que ve como su hacienda, a Felipe Calderón, quien durante su campaña, después de darse a conocer las conversaciones entre Marín y Kamel Nacif, en febrero, aseguró que en su gobierno no habría impunidad. Vaya, hasta fue al Congreso local para presentar, el 17 de febrero, una demanda de juicio político por la arbitrariedad contra Lydia Cacho. "No podemos admitir algo así, ni mucho menos acostumbrarnos a este tipo de hechos. Si no se pone un alto a quien hasta en las palabras tiene trato vejatorio, que mancilla, que ofende, que lesiona, la próxima víctima vejada y violada puede ser cualquiera de nuestras hijas, hermanas o esposas"... Calderón hasta aceptó la idea de su publicista español, Antonio Solá, para repartir una "tarjeta roja" de expulsión a Marín, justo en Huejotzingo, donde en 1996, al asumir la presidencia del PAN, chantajeó a Ernesto Zedillo para apoderarse del municipio. Claro, la ley es la ley y la Suprema Corte de Justicia de la Nación --cuyo nuevo presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, es amigo de Marín--, será la instancia que decida el futuro del gober precioso, mientras su debilidad llena los bolsillo de los empresarios de El Yunque poblano y, claro, de Televisa, que están más que puestos para celebrar, el lunes 15, el segundo Informe de Gobierno... mientras, sigue la chapuza del combate a narquitos en Michoacán y Tijuana, Baja California, con el disfraz castrense de Calderón incluido. Esto último es preciso no tomarlo a la ligera: El riesgo no es para el crimen, es para los ciudadanos.