PAN y PRD: medio embarazados

Ricardo Rocha



Los dos partidos están como aquella ínclita prima que medio se embarazó porque medio le gustaba. Oficialmente.

De tal suerte que ahora asistimos a una tragicomedia de proporciones gigantescas. Ni las celebérrimas “Novelas cachondas” o El Libro Vaquero están generando tantas ventas y rating como este enredo de equivocaciones mentirosas y cínicas en que se han metido el partido en el poder federal y el mayoritario en el DF.

Para empezar, ¿qué es eso de que nos acostamos nomás hasta el próximo año? Y ya después, “cada quien con su nombre, por su lado, sin cruzar para hablarnos a la otra acera”, que diría el poeta. Porque para el 2012 volveremos a ser enemigos irreconciliables. Eso sí, con varios bebecitos que ya para entonces estarán en el kínder.

Vámonos por partes. A ver: no me digan que no es absolutamente hipócrita que al aprobar por abrumadora mayoría la posibilidad de alianza con los perredistas los dirigentes del PAN mexiquense digan que es para sacar al Estado de México del “régimen autoritario y retrógrado en que lo mantiene el priísmo”. Que no se hagan. Enrique Peña Nieto puede ser todo lo limitado que se quiera y compensarlo con cantidades monstruosas de dinero mediático, pero no es ni Ulises Ruiz ni Mario Marín. Así que de lo que se trata es de descarrilarlo con una derrota local e impedir que llegue a la Presidencia de la República como el candidato más adelantado que ya es ahora.

Por el lado de la dirigencia perredista, la hipocresía es todavía mayor porque, además de la discutible praxis en Sinaloa, Puebla y Oaxaca, donde se aliaron con el PAN para ganar con ex priístas, ahora se ayuntarán una vez más con aquellos a los que acusaron de haberles robado la presidencia en el 2006. Con una pequeña diferencia. Aquí no hay unanimidad. Por lo menos una parte del PRD y algunos aliados pelearán con uñas y dientes contra la alianza. Y en el mejor de los casos, el partido que supuestamente era el más representativo de la izquierda mexicana quedará fracturado. O más bien desgarrado. Y peor aún, con la presunta virginidad perdida, querrá volver a vestirse de blanco para el 2012. Un arreglo tan hojaldra que no sería capaz de firmarlo ni un autor de vodeviles. Vámonos respetando.

Lo que no reconoce ninguno de estos dos farsantes son las netas del planeta: el PAN, su fracaso como gobierno, que le impide reafirmarse, y el PRD, su incapacidad y cobardía para presentar una propuesta de cambio profundo en México. Así que, ¿por qué no se arrejuntan de tiempo completo y fuera máscaras?

Acepta que maniobró con tiempos judiciales para dar la concesión

Alardea Molinar de jugarreta en favor de Televisa-Nextel

Incurre en un “acto de corrupción” y Calderón lo sabe: Javier Corral

Confirman en la Cámara que se pedirá juicio político contra el titular de SCT

Interpondrá Iusacell denuncias ante la PGR y la Auditoría Superior

Reconoce Molinar que recibió notificación de no entregar títulos




Juan Carlos García
Corresponsal


Guadalajara, Jal., 4 de octubre. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, reconoció que sí fue notificado sobre la decisión del juzgado 16 del séptimo circuito en materia federal, radicado en Córdoba, Veracruz, emitida el pasado 30 de septiembre para evitar la entrega de los títulos de concesión del espectro radioeléctrico en 1.7 y 1.9 de banda ancha. Sin embargo, la calificó de “notoriamente improcedente” y allanada legalmente, de acuerdo con lo que le informó su área jurídica. Por ello decidió entregar los títulos de concesión desde el sábado. También defendió el precio al que se otorgó la licitación, e insistió en que los 180 millones de pesos pagados son solamente “el enganche”.

“Justamente el viernes fuimos notificados de la reversión de una actuación de un juez local que era claramente incompetente, pero aún así nosotros decidimos esperar a que otro juez revirtiera esa decisión; en el momento en que eso ocurrió, la unidad jurídica de la secretaría me señaló que no había ya ninguna otra suspensión o acción legal de un tribunal notificada a la secretaría, y que por lo tanto estaba expedito el camino para la firma y entrega de esos títulos”, expuso el funcionario federal, en rueda de prensa posterior a la inauguración de la conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), realizada en la Expo Guadalajara.

Molinar afirmó que la idea original era entregar esos títulos de concesión “justamente aquí”, pero como “una de las empresas más interesadas” prefirió que se los dieran antes, se optó por adelantar el anuncio para el sábado.

Telcel ya recogió los títulos

“Me informan, por cierto, que Telcel ya recogió esos títulos: hace unos minutos estuvo haciendo los últimos trabajos, se lleva el papeleo un cierto tiempo, pero que ya los recogió. Quedan pendientes los de Telefónica. Iusacell, Nextel y Telcel ya los tienen en su poder”, agregó.

Recordó que han existido 69 litigios interpuestos “por una empresa que considera que no se debería asignar ese espectro”, situación contraria a las consideraciones de la SCT y a los otros participantes en la licitación, lo que obligó a defenderse de los actos de autoridad.

Reiteró que los 180 millones 300 mil pesos que pagará Televisa-Nextel por el espectro son el enganche, pues además deberá pagar 18 mil millones de pesos por derechos y tendrá que desplegar una inversión de 18 mil 500 millones de pesos en los siguientes cinco años, lo cual generará cerca de 7 mil 500 nuevos empleos directos “en un sector muy bien remunerado”.

“Esta diferencia se compara con el tramo de diez megahercios, que fue un tramo sumamente competido, y en el cual el precio del ‘guante’ fue de 5 mil millones de pesos. Pero hay que comparar el ‘guante’ más los derechos para conocer el precio real del bien que se está adjudicando”, dijo. El precio mínimo del “guante”, es decir el enganche, fue fijado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “tomando como referencia el precio observado en una licitación de la frecuencia de 1.9 realizada en México años atrás, y actualizada por la inflación y otros factores de ajuste al presente”, explicó.

El secretario de Comunicaciones consideró que el mínimo fijado por Hacienda fue “el último precio de mercado conocido”, y aunque en la licitación de la banda de 1.9 un sector del espectro fue muy disputado y sus precios aumentaron, otro sector fue menos disputado porque la Comisión Federal de Competencia buscaba que pudieran entrar a concurso aspirantes nuevos o pequeños, lo que finalmente sucedió.

“Se ha dicho mucho que el precio de la 1.7 salió muy bajo un tramo respecto del otro. En realidad lo que ocurrió es que el haber puesto caps, que les llaman, o límites de acumulación de espectro, las empresas que tenían esos límites tuvieron que competir muy intensamente para poder obtener espectro, y se trataba de las empresas que ya estaban incorporadas en el mercado, mientras las empresas que no estaban en el mercado pudieron entrar a precios menores”, asentó.

Como hizo el presidente Felipe Calderón durante su discurso ante el pleno de la UIT, Molinar Horcasitas también defendió la licitación 21, al señalar que se trata de la mayor adición de espectro en el mercado mexicano en muchos años, lo que generará más competencia en ambas bandas y, a la larga, precios más competitivos en beneficio del consumidor.

Respecto a la posibilidad de que continúe un litigio legal por las licitaciones otorgadas, el secretario dijo que cualquier particular tiene derecho de acudir a los tribunales de justicia para defender los que considere sus intereses, pero también la SCT defenderá un avance en la industria de comunicaciones del país que va “justamente en la dirección señalada por la UIT”.

México SA

FCH: otro sabadazo

Molinar: farsante

Atraco consumado

Carlos Fernández-Vega

El vicepresidente y el presidente y de Nextel, Gustavo Cantú y Peter Foyo, junto con el secretario de Comunicaciones Juan Molinar Horcasitas, en la conferencia donde se anunció la entrega del título de concesión de la licitación 21 a Televisa-NextelFoto La Jornada

Que las comparecencias de funcionarios ante el Legislativo no sirven para nada lo demuestra fehacientemente el hecho de que mientras Juan Molinar Horcasitas se encontraba reunido con los inquilinos de San Lázaro, y ante ellos se comprometía a no desacatar ninguna medida legal emitida por un juez” en torno a la licitación 21, al mismo tiempo, el mismo día, prácticamente a la misma hora y sin informar públicamente sobre la decisión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes daba el albazo y entregaba los títulos de concesión a Televisa-Nextel como grupo ganador de esa misma licitación 21 (de hecho, el único consorcio participante), un traje a la medida del canal de las estrellas.

Por la puerta de atrás, como acostumbra el calderonato, el autodenominado gobierno federal dio cumplimiento a su verdadero compromiso (que nada tiene que ver con el interés nacional) con uno de los poderes fácticos, y con el silencio y la velocidad que ameritaban el acuerdo cocinado por debajo de la mesa entregó los citados títulos, mientras se distraía a propios y extraños con la supuesta comparecencia de Molinar Horcasitas en la Cámara de Diputados.

Sólo 24 horas después de haber planchado y “legalizado” el nuevo negocio de la fábrica de sueños, en un nuevo sabadazo del gobierno calderonista (con el mismo estilo de aquel decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, también en octubre, pero de 2009), Molinar Horcasitas y Gerardo Sánchez Henkel, el director jurídico de la SCT, se animaron a convocar a una conferencia de prensa para “informar” que, como “no existe impedimento legal vigente” se entregaron los títulos de concesión a favor de Televisa-Nextel, “con lo cual culmina el proceso de la licitación 21”. De nada sirvió la advertencia que un día antes (en plena comparecencia en San Lázaro) le hicieron algunos diputados en el sentido de que existía una nueva resolución judicial (emitida el jueves 30 de septiembre y mostrada durante el encuentro) que ordenaba la suspensión de la entrega de concesiones derivadas de la licitación 21, y los mismos legisladores le preguntaron: “¿va a acatar la resolución?... Aquí está en mis manos, así como la vez pasada le enseñé una, ahorita es una del día de ayer. ¿Va a acatar la resolución? Aquí está, la conoce”.

Desde luego que no la acató. Por el contrario, Molinar junto con su director jurídico cínicamente presumió que, como no había sido notificado “formalmente” de tal resolución judicial, simplemente aprovechaba la “ventana de oportunidad” para entregar los referidos títulos de concesión. Y lo dijo frente al presidente y el vicepresidente de Nextel, Peter Foyo y Gustavo Cantú (Televisa como tal no estuvo representada), también participantes en la mencionada conferencia de prensa.

A todas luces, la urgencia de Molinar Horcasitas (obvio es que del inquilino de Los Pinos) era cumplirle a Televisa-Nextel, era demostrarle que respeta los acuerdos bajo la mesa. Una vez planchada la concesión (la que firmó el pasado viernes con la velocidad de la luz) que favorece a ese consorcio, lo demás no lleva prisa. Así lo explicó el director jurídico de la SCT (se respeta sintaxis original): “respecto a los títulos (de los demás participantes); son 26 títulos de concesión los que resultan de todo este proceso. Hay, a los otros concesionarios se les irán entregando en tiempo y forma (no corría prisa). Ayer (viernes primero de octubre) ciertamente ya no hubo posibilidad formal de concluir con la entrega del resto de los títulos, en razón de que, debo mencionarlo, los representantes de Nextel estuvieron siempre y en todo momento muy atentos a este proceso, precisamente, para aprovechar cualquier, precisamente el inicio, quedara allanado el camino de las suspensiones y medidas cautelares. Dicho de otra manera; estuvieron aquí desde la mañana, desde las 8:30 de la mañana… No existe impedimento legal para proceder a la entrega del resto de los títulos de concesión, ciertamente el lunes estaremos procediendo a la entrega de los títulos que correspondan a aquellos ganadores de la licitación que hayan satisfecho los requisitos correspondientes”.

Lo mejor del caso es que Molinar Horcasitas aseguró que la entrega de los títulos de concesión a Televisa-Nextel “no se hizo de manera furtiva”. Con este movimiento oscuro, con este nuevo albazo, flaco favor le hace a Televisa, a su presidente Emilio Azcárraga, cuando una licitación de por sí turbia y fuertemente impugnada se remata con un albazo, con una entrega de concesiones en lo oscurito, a toda prisa y sin notificar a los demás ganadores, a sabiendas que otra resolución judicial lo impedía. Los demás ganadores pueden esperar. Nunca la fábrica de sueños. Así, lo único que hizo Molinar Horcasitas fue añadir mierda al de por sí apestoso estercolero conocido como licitación 21.

Por cierto, este nefasto personaje no sólo acomoda las concesiones al gusto del cliente, sino que tiene el don de aumentar el tamaño de las cosas. En su comparecencia ante los diputados dijo lo siguiente: “en la licitación 21 sí se ha generado más competencia una vez que se puede asignar ese espectro, cosa que se hará en el momento en el que no exista ya ninguna suspensión o impedimento legal. Una vez que termine quedarían distribuidos: Iusacell, Unefon, con 37 por ciento del espectro en esas bandas; Telcel y Telmex seguiría siendo el dominante, con 51.9; Telefónica crecería y tendría ya 39.1, y una entrante, que prácticamente no prestaba servicios de telefonía móvil como Nextel, contaría, junto con su socio Televisa, con 21.8 por ciento del espectro. Eso sí es más competencia”. Claro, porque según sus números el reparto del pastel equivale no a 100, sino a 149.8 por ciento del espectro, y si se trata de justificar atracos, no duden que este personaje lo haría crecer al mil por ciento.

Molinar Horcasitas les fue a decir a los diputados que no desacataría “ninguna medida legal emitida por un juez… por el contrario, se presentarán ante los tribunales todos los argumentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para hacerlos valer en los tribunales, y la actuación que ha seguido la secretaría en ese terreno lo ratifica. Lo que se ha hecho es acudir ante los tribunales, exponer nuestras razones y defender el interés público ante cada uno de los jueces”. No. Lo que ha hecho es dar un descarado albazo.

Las rebanadas del pastel

Los inquilinos de San Lázaro deben estar felices. El secretario Juan Molinar Horcasitas no sólo les fue a decir sandeces y a evadir las preguntas, sino a mentirles descaradamente con una enorme sonrisa y una fingida indignación por “las calumnias recibidas”. Si no tenían elementos para enjuiciarlo, como en San Lázaro se ha propuesto, ya tienen de dónde agarrarse.

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El tribunal de la inequidad

John M. Ackerman

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha demostrado una vez más que la profunda desconfianza ciudadana en su actuación cuenta con firmes bases jurídicas. El pasado miércoles 29 de septiembre emitió una decisión sumamente paradójica e inconsistente que, aunque en el discurso busca defender la equidad” de las elecciones presidenciales de 2012, en los hechos agrava la desigualdad al limitar la presencia mediática del aspirante que se encuentra en franca desventaja en la materia.

El mismo tribunal que el año pasado se negó a sancionar al Partido Verde Ecologista de México por sus “informes legislativos” en pleno proceso electoral o a Demetrio Sodi por su ilegal “entrevista” en medio de un partido de futbol, ahora elabora verdaderas maromas jurídicas para cerrar el paso a la eventual candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Hoy se ordenan “medidas cautelares” para el anuncio del Partido del Trabajo (PT), cuando antes las autoridades se negaron a hacer lo mismo para las declaraciones ilegales de Juan Sandoval Íñiguez o los espots del Informe de Enrique Peña Nieto que se difundieron a lo largo y ancho del país. Otra vez se aplica el viejo dicho del dictador peruano Óscar Benavides, retomado después por Getulio Vargas y Porfirio Díaz: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.

Pero en esta ocasión al “enemigo” ni siquiera se le aplica la ley, sino una interpretación profundamente torcida de la misma. Los magistrados ordenaron al Instituto Federal Electoral (IFE) retirar el espot que resume los 10 puntos del proyecto alternativo de nación de López Obrador, con el argumento de que existiría “la posibilidad de posicionamiento de la imagen... de un ciudadano que puede participar como candidato en el próximo procedimiento electoral federal”. El “pequeño detalle” es que el artículo 35 de la Constitución señala que todo ciudadano tiene el derecho a “ser votado para todos los cargos de elección popular”. Así, de acuerdo con la lógica del tribunal, cualquier persona que aparezca en un anuncio partidista, aunque sea de manera involuntaria, estaría violando la ley al “posicionar su imagen”.

El TEPJF, entonces, ha abierto la puerta para que el IFE cancele unilateralmente la vasta mayoría de los anuncios partidistas actualmente transmitidos. También ha condenado a los partidos al extraño destino de utilizar en el futuro exclusivamente a animales, extranjeros o delincuentes con sus derechos políticos suspendidos como protagonistas en sus anuncios.

Es cierto que, técnicamente hablando, la sentencia todavía no entra al “fondo” del análisis de la legalidad del espot del PT. Sin embargo, sí marca la pauta para las eventuales decisiones del IFE y el TEPJF al respecto. Afirma, por ejemplo, que existe la obligación de garantizar la equidad de la contienda electoral desde hoy, y no esperar hasta que inicie formalmente el proceso electoral, en octubre de 2011. Asimismo, señala que no es necesario que un mensaje político mencione explícitamente las palabras “elección”, “precandidatura” o “candidatura” para que exista una violación a los principios constitucionales en la materia.

Este abierto reconocimiento de que en los hechos ya se ha iniciado la contienda para los comicios presidenciales de 2012 es un elemento rescatable de la sentencia. Si los magistrados realmente tomaran en serio sus propios argumentos, desde hoy tendrían que intervenir de manera enérgica para asegurar que ningún posible candidato “posicione su imagen” de manera indebida ante los electores.

Tanto el IFE como el TEPJF tendrían que tomar medidas definitivas, por ejemplo, para parar el fraude a la ley que implica la difusión de las portadas de la revista Cambio con imágenes de Enrique Peña Nieto y Juan Molinar, así como los anuncios espectaculares del libro de Manuel Espino, entre otras groseras violaciones. También sería importante iniciar desde ya un monitoreo riguroso de la cantidad y tipo de cobertura que los principales medios están dando a los numerosos aspirantes a la Presidencia de la República. Así, se podrían detectar evidentes sesgos informativos y contar con elementos duros para prevenir y sancionar la ilegal donación en especie de espacios mediáticos a los precandidatos.

Sin embargo, todo parece indicar que las autoridades electorales continuarán con su estrategia de avestruz al simplemente ignorar la ley de la selva que cada día se expande más en materia electoral. En la sentencia del miércoles, el TEPJF señala explícitamente que ordena el retiro del anuncio de López Obrador porque fue transmitido durante los tiempos oficiales que le corresponden al PT. Mientras, amparados en una mal entendida “libertad de expresión”, todos los días las principales televisoras del país abiertamente afectan la equidad de la competencia sin que las autoridades electorales lleguen más que a imponer unas nimias multas simbólicas que no tienen impacto alguno.

El mensaje de ilegalidad e impunidad es claro: los que siguen las reglas del juego y transmiten sus mensajes por los canales formalmente establecidos serán castigados por el árbitro. En contraste, los que violan el sistema normativo serán premiados y tendrán grandes ventajas en la contienda electoral de 2012.

Posdata: invito a los distinguidos lectores de La Jornada a asistir al seminario organizado por un servidor, Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad, que tendrá lugar el próximo 18-21 de octubre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Destacados expertos, políticos y funcionarios públicos debatirán los temas medulares de marco jurídico en materia electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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Astillero

¡Que siga la fiesta!

Dos de octubre Patylú

Otros michoacanazos

FC: “Otro, otro” convite

Julio Hernández López

GIRA MEXIQUENSE. Durante su gira por el estado de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la verdadera intención de la alianza entre PRD y PAN para la elección de gobernador de esa entidad es dejarlo fuera de la contienda en 2012Foto La Jornada



La victoria ama a quienes se esfuerzan. Por ello, algunos de los miembros de la cúpula del poder mexicano se regalaron el pasado dos de octubre una fiesta como para no olvidar en el piso 51 de la Torre Mayor de la ciudad de México, en un muy privado club donde el licenciado César Nava (estrella del libro Camisas azules, manos negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, de Ana Lilia Pérez) y la cantante Patricia Sirvent, conocida como Patylú, contrajeron matrimonio civil. Fiesta, baile y pasarela política con Felipe Calderón y su esposa Margarita y con la baraja de héroes que han dado a la patria estabilidad, prosperidad y seguridad: los secretarios Blake y Lozano, por ejemplo; el senador Madero, que pretende ser nuevo presidente nacional del PAN y que en reciente fiesta familiar se disfrazó de su tío abuelo Francisco I., con banda presidencial al pecho; el procurador federal cuasi invisible, Arturo Chávez Chávez; el ex comisionado de Los Pinos en la paraestatal blanquiazul, Germán Martínez, y otros personajes de similar celebridad. Todos ellos, orgullosamente responsables del buen estado del país, de la paz y el desarrollo, danzando y celebrando al amparo del lema en latín de ese Club Piso 51: Amat victoria curam.

Ese mismo dos de octubre inolvidable, en Acapulco se estrenaba la criminalización regional exportable: una veintena de michoacanos eran secuestrados en el puerto guerrerense (y otros dos supuestamente habrían huido), sin mayor explicación que la muy genérica de que podrían ser víctimas de pugnas entre La Familia y el grupo del sobreviviente Beltrán Leyva. Luego se sabría que en Colima también habían levantado antes a otros michoacanos, como si de pronto el origen geográfico fuera motivo de agresión o lo michoacano estuviera sometido a un proceso de confusión y amedrentamiento. Michoacán adonde FC fue con motivo de la celebración del natalicio de José María Morelos y, disputando el micrófono y los reflectores de la ceremonia principal, que finalmente fueron asumidos por el gobernador Leonel Godoy, aprovechó una entrevista periodística para criticar con poco sentido federalista las circunstancias de esa entidad, demoliendo de palabra la institucionalidad policiaca y judicial que tan mal estaría, según el diagnóstico del panista nacido en ese estado, que requeriría corrección profunda, metido el hermano Calderón en la revancha electoral sabor cocoa contra el perredismo cardenista por el michoacanazo escandalosamente perdido.

A la misma hora en que en el Club Piso 51 los guerreros festejaban con denuedo, en la plaza principal de Guadalupe, Nuevo León, se confirmaban las palabras de la vidente Hillary que había hablado del sentido insurreccional de algunas acciones de los narcotraficantes mexicanos: el estallido de una granada lesionó a 12 personas e instaló en la percepción popular el hecho de que las agresiones ya no se darán solamente entre los “involucrados”, sino que ahora se afectará intencionalmente a personas inocentes. El ataque en la plaza pública de Guadalupe, y otros dos similares, hicieron al avispadísimo procurador de justicia de Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, abrir una línea de investigación respecto al hecho de que los narcotraficantes “están tratando de contrapuntear a lo que es la autoridad con la ciudadanía”, haciendo creer a ésta “que existe una violencia que en realidad no existe, haciéndole aparentar hechos falsos, para desestabilizar lo que en estos momentos que estamos viviendo de tranquilidad”.

Noches de fiesta del esforzado calderonismo mientras en varias entidades miles de ciudadanos duermen en albergues luego de haber perdido sus casas y propiedades, pero, como diría en http://bit.ly/bSfgUH el muy sensible secretario del trabajo, Javier Lozano, cuando le preguntaron a su arribo al Club Piso 51 si era adecuado participar en esos jolgorios de élite mientras los mexicanos sufrían por las inundaciones: no hay relación de una cosa con la otra, y si evitando bodas se pudieran evitar tragedias provocadas por fenómenos naturales, nadie se casaría. Madrugada de desvelos por la patria, frente a su cruda realidad, en la fiesta por la boda de César Nava y Patylú, mientras en Mazatlán, a las 5:15 del domingo, las instalaciones del diario El Debate recibían disparos de AR-15 y cuernos de chivo, en una cadena de agresiones al periodismo que ya ha alcanzado en aquella entidad a otro diario, Noroeste, y al semanario Riodoce.

Lo bueno es que la vocación por el guateque perdura. Como lo demuestra el que Felipe Calderón ya busca la manera de echarse “otro” festejo al estilo del bicentenario. El pasado 28 de septiembre, al darle las gracias en el Auditorio Nacional a quienes ayudaron como voluntarios en el espectáculo del 15, les dijo: “Yo no sé si les gustaría echarse otro. No sé si se pueda, ya me estoy atemperando en lo que digo. Pero yo creo que el pueblo de México, así como ocurre al final de los conciertos en este Auditorio Nacional, el pueblo de México viéndolos a ustedes cuando acabó todo, siendo ustedes los artistas, el pueblo de México, me da la impresión de que se quedó diciendo: ‘otro, otro’. Así que, algo tendremos que hacer. Ya veremos”... Lo dicho: La victoria ama a quienes se esfuerzan. ¡Que siga la fiesta!

Astillas

Con ánimo de abreviar, los panistas se han allanado a la alianza con el PRD chuchista en el estado de México. Ya están listos para postular algún candidato “ciudadano” o a alguien que aun cuando milite en cualquiera de los dos partidos garantice la suficiente indefinición como para permitir coincidencia. Lo malo para esos aspirantes a otro matrimonio político de conveniencia es que el factor López Obrador va ganando terreno en la exigencia de que no se realicen esas bodas y fiestas de falsedad evidente... Fidel Herrera busca sacarse la lotería por tercera ocasión, esta vez a causa de las inundaciones para cuya atención programa endeudar a Veracruz por 10 mil millones de pesos, en una canasta de fin de sexenio colmada de contratos, asignaciones, repartos y comisiones... ¡Hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Iusacell: SCT violó la ley en concesión a Televisa-Nextel

La firma del Grupo Salinas interpondrá más recursos contra la licitación 21

En los hechos, Molinar Horcasitas incurrió en desacato, dice el abogado

Intereses políticos en la apertura de telecomunicaciones, advierte experto

La SCT sí fue notificada por juzgado 16 para no entregar títulos a Televisa-Nextel

Aspecto de la comparecencia del secretario Juan Molinar Horcasitas ante comisiones del Senado el pasado 21 de septiembre


Miriam Posada García

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sí fue notificada por el juzgado 16 del séptimo circuito en materia federal de que no debería entregar el título de concesión a Televisa-Nextel. A pesar de ello, concretó esa cesión antes de hacerlo para Telcel y Telefónica, por lo que Grupo Iusacell interpondrá todos los recursos legales necesarios en contra de la adjudicación del espectro a precio de ganga, advirtió el abogado de la empresa, Salvador Rocha Díaz.

Añadió que también está vigente la medida cautelar en contra de la entrega de títulos en la licitación 21 dictada por un juez de Matamoros, por lo que el secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas y su equipo ya podrían estar en desacato.

Un día después de que la SCT anunció el otorgamiento del título de concesión a Televisa-Nextel sin definir si lo había hecho el mismo día que Molinar Horcasitas comparecía ante diputados y aseguraba que no iba a cumplir con ese trámite mientras hubiera un recurso legal abierto, o si lo había concretado durante la tarde o noche del viernes o el sábado por la mañana, Grupo Salinas aseguró que la dependencia sí recibió la notificación de suspensión de la licitación 21, que el 30 de septiembre pasado emitió el juzgado 16 del séptimo circuito en materia federal, radicado en Córdoba, Veracruz.

El mismo juzgado, puntualizó la empresa, hizo énfasis en que la medida cautelar dictada por el juez de distrito en materia de amparo y juicios federales, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, aún es válida y seguirá vigente hasta que “en su caso se declare en definitiva si el juez es incompetente”. Iusacell y su abogado señalaron que están a favor de la competencia en el sector telecomunicaciones, “siempre y cuando sea en igualdad de condiciones”.

La polémica licitación 21 alcanzó el punto máximo de cuestionamiento el sábado pasado, cuando la SCT entregó el título de concesión a Televisa-Nextel a pesar de más de una semana de declaraciones del titular de la SCT y su director jurídico, Gerardo Sánchez Henkel, sobre que no se concluiría la licitación si había un proceso legal abierto, que no se buscaría una “oportunidad” para entregar los títulos y que todo se haría con apego a la ley.

El académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ramiro Tovar Landa, comentó que con el otorgamiento de espectro a Televisa-Nextel por sólo 180 millones 300 mil pesos el Estado mexicano demostró que “reniega, a conveniencia, de la apertura y libre concurrencia en telecomunicaciones, y no es de descartar que existan objetivos políticos como motivo de sus decisiones”.

Calderón y Horcasitas cumplieron con EU

Con la imagen de un gobierno promotor de la competencia y el desarrollo de las telecomunicaciones, por haber entregado 30 megahercios (Mhz) de espectro a Televisa-Nextel en 180 millones 300 mil pesos, este lunes el presidente Felipe Calderón y su secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, inaugurarán la reunión de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo de Naciones Unidas.

El encuentro se celebrará a partir de este lunes, cuando el gobierno ya se quitó de encima el peso de haber entregado el título de concesión a Televisa-Nextel, caso sobre el que tenía puesta la vista el Departamento de Estado de Estados Unidos, que hace unas semanas envió una carta al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, en la que lo felicitaba por la licitación del espectro, pero le hacía notar que estarían pendiente de que el proceso llegara hasta su fin en los términos previstos en las bases de licitación, con la entrega del título de concesión a Nextel, empresa estaunidense, y a su socia, Televisa.

Pese al sin fin de amparos otorgados por diversos jueces federales , 65 para ser exactos , el gobierno federal entregò la concesiòn de la licitaciòn 21 ; son varias ya la voces que he escuchado decir que Calderòn serà el primer presidente que serà llevado a juicio y se le fincaràn responsabilidades penales y de no ser asì , entonces si serà el colmo , colmo , colmo de la impunidad .

Advierte Grupo Salinas que procederá legalmente contra la decisión “a todas luces ilegal”

Sabadazo de la SCT; entrega concesión a Televisa-Nextel

Molinar Horcasitas dice que directivos de la telefónica le pidieron “anunciar desde ya” la asignación; justifican que no fueron notificados

Gustavo Cantú y Peter Foyo, directivos de Nextel, con el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, ayer en conferencia de prensa donde se informó de la entrega de la concesiónFoto La Jornada



Susana González G.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) consumó la entrega de los títulos de concesión de la controvertida licitación 21 al consorcio formado por Nextel–Televisa, sin que valieran los reiterados exhortos del Poder Legislativo y las 69 demandas interpuestas ante el Poder Judicial por el Grupo Salinas para que interrumpiera el proceso, además de que aprovechó no haber recibido notificación alguna sobre la más reciente suspensión judicial que le impedía hacerlo.

Aunque en la licitación 21 se concursaron tres bloques de 30 megahercios cada uno, sólo Nextel-Televisa recibieron sus títulos de concesión para explotar una parte del espectro radioeléctrico por el que pagaron sólo 180.3 millones de pesos, el mínimo requerido por el gobierno federal, y que se ubica 28 veces por debajo de los más de 5 mil millones de pesos que en conjunto las empresas Telcel y Telefónica desembolsaron por otros dos bloques similares.

Una “ganga” que causa un daño patrimonial a la nación, según las reiteradas críticas que especialistas e investigadores en telecomunicaciones, empresas competidoras y legisladores de oposición hicieron a lo largo del proceso.


Nota Completa :

En entrevista con La Jornada, afirma que la democracia avanza en la zona

La izquierda en AL no es golpista, sostiene Lula

Desde el punto de vista social, hicimos una revolución que no ha terminado, apunta

Critica a las elites políticas de la región que se subordinaron al imperialismo

Se puede gobernar sin haberse sentado a comer con dueños de los medios, expresa

“Sueño con la reforma de la ONU y con contribuir al desarrollo de África”








Carmen Lira Saade

Brasilia. –Señor Presidente, ¿es golpista la elite política de su país y en particular la poderosa elite periodística de Brasil, como insinúan algunos medios que usted ha llegado a acusar?

–Para que un golpe de Estado fraguado desde el exterior tenga éxito –responde– necesita apoyo interno, apoyo que sólo elites políticas nefastas (que toda nación latinoamericana tiene en su seno) pueden dar. Pero hay que diferenciar: dentro de la elite existen varios sectores: uno se encuentra también con empresarios de alta calidad, empresarios con una fuerte visión nacional y desarrollista. Pero cuando yo digo elite política, me estoy refiriendo a aquellos que deciden el destino del país.

Y Lula rememora los momentos en que esos grupos pusieron en jaque a la gran nación brasileña, orillando al suicidio a un primer mandatario, el presidente Getulio Vargas (1954); acosando, casi hasta el derrocamiento, al gobierno de Juscelino Kubitschek (1956-61), y deponiendo a su sucesor Joao Goulart mediante un golpe militar (1964).

Lula es cauto, pero tras los enfrentamientos recientes que ha tenido con los medios, acaba hablando claro:

Entrevista Completa :

¡”Michoacanazo” y Ridiculazo!

Pocos episodios tan grotescos como el protagonizado por el gobierno federal y al que bautizamos como ¡Michoacanazo! Que comenzó el no muy lejano 26 de mayo del año pasado. Aquel martes, el otro cineasta, Eduardo Medina Mora, desplazó 35 equipos de camarógrafos —con sus respectivos agentes, claro— para capturar a otros tantos alcaldes y funcionarios del gobierno perredista de Leonel Godoy. El show mediático compitió en dramatismo pambolero con los de su archirrival, García Luna. Sin olvidar que, casualmente, habría elecciones unas semanas después en el estado natal del presidente Calderón y que quiere gobernar su hermana Luisa María.

Dos días después, escribí en este mismo espacio que era inevitable la especulación electorera y que por ello resultaba “fundamental, no sólo para Michoacán, sino para la salud de la República, que el gobierno calderonista documente las razones de todas y cada una de las detenciones. Más allá de los motivos de sospecha, tiene que haber acusaciones fundadas que partan de la constitucional presunción de inocencia y de la consiguiente carga de la prueba para quien acusa”.

El caso es que ni con eso ganó el PAN. Y peor aún, ahora se evidencia un ridículo esperpéntico porque, de 35 acusados, 34 han sido exonerados por los jueces. Eso sí, después de joderles la existencia durante todo un año en cárceles de alta seguridad. Y todavía más grave, la impunidad de un gobierno que primero condena y después virigua. Y que está usando su fuerza con fines políticos para intentar ganar elecciones. Un gobierno para el que todos somos culpables mientras no demostremos nuestra inocencia. Un gobierno que criminaliza lo mismo a los jóvenes del Tec que a los chavos de Salvarcar. Un gobierno que nunca le pidió perdón a los padres de Martín y Brian. Un gobierno que jamás ofrecerá siquiera una disculpa a los deudos de las víctimas inocentes de lo que él llama “daños colaterales” de su guerra. En pocas palabras: un gobierno impune.

Por eso asombran los destemplados desgarramientos de vestiduras de quienes se escandalizan porque Julio César Godoy anduvo prófugo y así se coló a San Lázaro para rendir protesta como diputado.

Apéndice de aquel despiporre tarasco, el medio hermano de Leonel fue acusado apenas nueve días después de ganar el 1er. Distrito también en julio de 2009. Pero mientras andaba a salto de mata, fue absuelto de cinco de seis delitos que le imputaron. Ya sólo le resta el de delincuencia organizada. Pero ahora resulta que el fuero lo protege, aunque la PGR dice que insistirá en desaforarlo y procesarlo. Por cierto, se le acusa de proteger al cártel de La Familia. Y hay quien jura y perjura que existe una grabación del capo Servando Gómez Martínez La Tuta dándole órdenes explícitas; pero nadie la ha mostrado en público.

Yo, por cierto, no meto la mano al fuego por el señor Godoy, a quien no conozco. Menos aun por su partido, el PRD, tan nefasto como todos los otros. Pero sí sostendré que para mí es inocente hasta que no le demuestren lo contrario.

Desfiladero

¿Se prohíbe que AMLO sea candidato en 2010?

Jaime Avilés

Si en México existiera un verdadero gobierno, Gastón Azcárraga estaría preso, acusado de estafarle mil 500 millones de pesos a Banorte, mil millones al Banco Nacional de Comercio Exterior y 20 por ciento de sus salarios de cuatro años a los pilotos de Mexicana de Aviación, que era la principal aerolínea de nuestro país hasta que Vicente Fox se la regaló en 2005 para que la saqueara, la llevara a la quiebra y la dejara en los huesos.

Si en México hubiera instituciones que protegieran los intereses de los ciudadanos, también estaría en la cárcel el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, cuyo hermano, Javier, fue miembro del consejo de administración de Mexicana y cómplice de Azcárraga.

Si en México quedara en pie un vestigio del estado de derecho, los ex titulares de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Luis Téllez también estarían sujetos a proceso, como sospechosos de asociación delictiva con Gastón Azcárraga, ya que éste inició el desmantelamiento de la aerolínea durante las gestiones de ambos funcionarios.

Pero el aparato judicial está en manos del hampa y Azcárraga disfruta de su impunidad, mientras los pilotos, con más de 30 años de antigüedad laboral en promedio se encuentran en completo desamparo, y 8 mil empleados, entre sobrecargos, mecánicos y personal de tierra, perdieron su trabajo y sus ahorros, y decenas de miles de personas más que prestaban servicios a la industria turística en los puntos de las rutas de Mexicana, se quedaron sin visitantes y deberán cerrar sus negocios.

¿Quién va a salir en defensa de este conglomerado de víctimas? Nadie. El timonel y los navegantes de ese barco en pleno naufragio que llaman “gobierno federal” sólo piensan en conservar el poder a toda costa después de julio de 2012 y el pavor que sienten frente a la posibilidad de perderlo explica sus desesperadas acciones de esta semana pródiga en medidas y propuestas absurdas.

El plan de la mafia que nos oprime quedó claro en estos días y se puede resumir en tres puntos. Uno: el presupuesto de egresos de 2011 privilegiará las alianzas de Felipe Calderón con los actores políticos que lo ayuden a llevar a cabo un nuevo fraude electoral. Ejemplo, la SEP recortará 2 por ciento los gastos de educación básica, 20 por ciento los de cultura, 13 por ciento los de bachilleres y uno por ciento los de las universidades estatales, pero aumentará en 900 millones de pesos el subsidio que le otorga anualmente al sindicato nacional de maestros regenteado por Elba Esther Gordillo.

Dos: a pesar de todos los recursos que Tv Azteca interponga en su contra –y que han sido considerados válidos por diversos juzgados del país—, el “gobierno” le obsequiará 30 por ciento del espectro radioeléctrico a Televisa a cambio de 180 millones de pesos y apoyo total en 2012, mientras a la televisora del Ajusco, por cederle otra porción similar de ese mismo espectro, le exige la suma de 5 mil millones de pesos.

Tres: dado que tiene amplias posibilidades de alzarse con la victoria en 2012, Andrés Manuel López Obrador no podrá ser candidato presidencial bajo ningún concepto. Así lo proclamó entre líneas la sentencia del tribunal federal electoral, que obligó al IFE a retirar los mensajes que el Partido del Trabajo transmite en radio y televisión y que tienen por protagonista al máximo dirigente opositor del país, en los cuales éste explica los 10 puntos básicos de su programa político.

La ridícula, aberrante e injustificable decisión adoptada por los magistrados que preside María del Carmen Alanís, arguye que los mensajes de López Obrador “le restan equidad al proceso electoral”, cuando no hay ningún proceso comicial en curso y el tabasqueño no está llamando a votar por nadie. La moraleja es obvia: Peña Nieto puede cacarear en todos los canales las 24 horas del día, pero la mafia no permitirá que vuelva a figurar en las boletas el hombre al que más temen. En consecuencia, las redes ciudadanas deberán prepararse para combatir, una vez más, esta evidente redición de la maniobra que Vicente Fox intentó en 2004 con el desafuero.

Además, la del tribunal electoral no es una medida aislada. Pocos días antes que Maca y sus secuaces la dieran a conocer, en la ciudad de México, el gobierno panista de la delegación Benito Juárez anunció que a partir del próximo sábado “grupos de ciudadanos interesados en practicar tai-chi y otras actividades recreativas” ocuparán los espacios públicos que desde hace cuatro años, semana a semana, utilizan en parques y plazas cuatro círculos de reflexión que apoyan a López Obrador.

Estos grupos de estudio se llaman Buzón Ciudadano, San Simón Ticumac, Camellón por la IV República y La Moderna. Sus dirigentes convocan a todos los círculos obradoristas que puedan asistir, a la reunión que celebrarán el sábado 16 de octubre, a las 12 horas, en el parque de la colonia Postal, para rechazar la intentona de discriminación panista y preparar movilizaciones conjuntas.

¿Una televisión para Slim?

Hasta no ver no creer, pero los senadores han alcanzado al parecer un acuerdo para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, que obligaría al Estado a garantizar la existencia, por lo menos, de una red pública de radio abierta y otra de televisión, en ambos casos con cobertura nacional. Entre otras cosas, permitiría, por ejemplo, que las comunidades urbanas, rurales e indígenas tengan derecho a operar frecuencias radiales usando cualquier tipo de tecnología, y se financien con donativos, venta de productos y servicios, patrocinios y comercialización de 5 por ciento de su tiempo aire.

Todo esto y más lo explicó el pasado miércoles, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, el perredista Carlos Sotelo, durante un foro al que también fue invitado este columnista por parte del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier que sigue destruyendo el municipio de Cerro de San Pedro.

Sotelo informó en el auditorio Ponciano Arriaga que, de todas las estaciones de televisión que hay en México, Televisa controla 80 por ciento y Tv Azteca 13; si los números no mienten, el duopolio domina 93 por ciento de los canales existentes y 90 por ciento de la publicidad comercial que éstos exhiben, mientras 14 familias explotan 76 por ciento de las radiodifusoras y “cuatro grandes cadenas aglutinan casi la mitad del total de las emisoras (47.8 por ciento)”.

La reforma, por lo demás, abriría la posibilidad de que Teléfonos de México, que llega a 95 por ciento de los hogares del país, tuviera su propia cadena de televisión. Dado el abierto rompimiento de Carlos Slim con el usurpador de Los Pinos y ante la guerra sin cuartel que le ha declarado Televisa, cabría suponer que, en caso de convertirse en propietario de una cadena televisiva más grande que la de Chapultepec 18 y la del Ajusco juntas, el empresario de origen libanés podría darse el lujo de negarle su apoyo al copete de Peña Nieto o al pelele sustituto que tenga a bien designar Calderón, pero no adelantemos vísperas.

El próximo sábado se publicará aquí la dirección de una página en Internet para que se entrelacen las personas interesadas en montar una nueva obra de teatro de calle del autor de esta columna. Cada grupo actoral deberá estar compuesto al menos por ocho integrantes, con ganas de cantar, y de los cuales uno tendrá que tocar el acordeón. La idea es estrenar el espectáculo en las plazas públicas el 20 de noviembre a las seis de la tarde. Si les late, escriban desde ya...

jamastu@gmail.com

Los tropiezos de Calderón

Jesusa Cervantes


MÉXICO, D.F., 1 de octubre (apro).- A una semana de que el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaría el desafuero de Julio César Godoy Toscano por el conocido “michoacanazo”, el gobierno de Felipe Calderón cumplió su amenaza.

Esta tarde la PGR entregó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la solicitud para despojar de su fuero al hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que apenas protestó como el diputado número 500 el pasado 23 de septiembre.

Hace una semana, se detalló en este espacio la forma en que el expediente del aún legislador “viajó” por gran parte del país, debido a que diversos jueces primero otorgaban amparos a Godoy Toscano y, segundo, porque otros jueces negaban al gobierno de Calderón la entrega de una nueva orden de aprehensión contra Julio César.

Después de tanto andar con el expediente, finalmente a la PGR “llegó” una denuncia anónima el 27 de agosto de 2010, donde involucraba al diputado de tener nexos con el narcotráfico. Recordemos que esta “denuncia anónima” apareció en las oficinas judiciales justo dos días después de que un Tribunal Colegiado había exonerado en definitiva a Godoy Toscano de la acusación de junio de 2009. Esto quiere decir que la orden de aprensión es nueva y por otros delitos distintos a los de 2009, que motivaron la persecución del legislador durante un año.

De nuevo hacemos la referencia sólo para ilustrar cómo, al tropezar las pretensiones de Calderón con resoluciones en su contra, recurre a la estrategia mediática, prepara el terreno y luego asesta el golpe.

El jueves 30 de septiembre, a una semana de que el PRD en la Cámara de Diputados y Godoy Toscano pusieron en ridículo a la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno de Calderón emprendió una acción mediática: convocó la PGR a conferencia de prensa para anunciar que denunciaría ante la Judicatura Federal al juez que amparó a Godoy para que se le restituyeran sus derechos política y así tomar protesta como diputado federal.

El anuncio lo pudo haber hecho mediante un comunicado, pero el gobierno calderonista prefirió que se convocara a la prensa y exponer nuevamente al diputado ante los medios.

Ese mismo jueves, de gira por Michoacán, Calderón dijo que es el estado donde el crimen organizado a crecido con mayor celeridad. De hecho, ahí fue donde Calderón arrancó “su guerra” contra el narcotráfico, luego de que elementos del Ejército fueron emboscados por un grupo delictivo.

Así, mientras Calderón ubicaba a Michoacán como una de las entidades más peligrosas para vivir, pues ahí es donde esta asentado el crimen organizado y crece con mayor rapidez la delincuencia, por otro, el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, anunciaba una demanda contra un juez de ese mismo estado, que había concedido el amparo a un diputado michoacano, por cierto, hermano del gobernador de esa entidad.

Así, de un día para otro, Michoacán se convirtió en la entidad que acaparó los reflectores, incluso más que la peligrosa Chihuahua. Luego, vino el golpe de la PGR, solicitar el juicio de desafuero para juzgar a Godoy Toscano.

Todo esto se da en medio de un proceso electoral que arrancará próximamente y culminará el año que entra con la elección del nuevo gobernador en Michoacán, entidad de la que es originaria la familia Calderón y estado que pretendió gobernar Felipe Calderón y perdió de manera rotunda, pues ni sus paisanos lo quieren como gobernante; una entidad que hoy pretende gobernar la hermana “del Presidente de la República”, de un país en donde “al Presidente” nunca se le dice que no cuando algo quiere.

Quizá por todo esto es que el PRD asegura que el desafuero de Godoy Toscano, más que un asunto jurídico, es un tema político.

Así lo sostiene el propio inculpado y así lo hace parecer el cúmulo de errores que diversos jueces le han ido marcando al gobierno de Calderón, cuando a un año de que encarceló a 35 servidores públicos, no ha podido sostener la acusación en su contra, por lo que 34 ya están libres y exonerados.

La semana pasada se dijo en este espacio que no se pretende defender o culpar a Godoy Toscano, pues los medios de información no son jueces; únicamente indagan asuntos de interés nacional, de abusos, corrupción y todo aquello en donde quienes ostentan el poder abusan de él. Esto se reitera.

Pero quienes sí afirman que todo esto tiene que ver con el proceso electoral de Michoacán y el capricho de la hermana del Presidente de la República, es el PRD.

Tan convencidos están de ello que Jesús Zambrano, uno de los integrantes más respetados al interior del PRD, exigió a Calderón “que cese la persecución política”.

Incluso, a través de un comunicado, le pidió que “no confunda sus filias familiares muy entendibles por el afecto hacia su hermana Luisa María, con su función de Estado, con su alta responsabilidad a la que está obligado frente a todos los mexicanos”.

Sea persecución política, jurídica, de seguridad pública, o cómo le quieran llamar, lo cierto es que el “michoacanazo” no esta cerrado, no sólo por el ridículo en que han quedado la PGR y la SSP, sino también porque, todo parece indicar que el tema va unido a la elección del próximo gobernador.

Para Calderón, Michoacán es una espina política que trae clavada desde hace varios años, y parece que su hermana pretende sacarla para reivindicar en las próximas elecciones el desaire que los michoacanos hicieron a la familia calderón.



Mjcervantes@proceso.com.mx

Astillero

Golpismo directo e indirecto

¿Al estilo Honduras?

Desafuero mediático

Represión televisiva

Julio Hernández López


Le ha tocado el turno de la desestabilización a Ecuador. Uno a uno van siendo golpeados los países donde las urnas han permitido el desarrollo de proyectos nacio- nalistas y populares. Son fuerzas y litigios locales, aprovechados e impulsados por la central estratégica estadunidense que explora, ensaya y agrieta donde le es posible, con la intención de acelerar procesos irregulares de sustitución de presidentes que en una amplia gama de matices pueden ser adscritos a lo que se llama izquierda. En Honduras se estrenó el hipócrita estilo Obama, que se resiste a la aplicación cruda de los golpes y trata de disfrazarlos mediante la aceptación” de hechos consumados y el paso del tiempo. En Ecuador se aprovecha la resistencia de segmentos policiales y militares a la nueva ley de servicio público que un día antes aprobó la Asamblea Nacional, la cual reduce prestaciones y privilegios a los uniformados, que así encuentran bandera de oportunidad para insubordinarse y abrir el camino a la posibilidad de un golpe de Estado.

En México también se han vivido las consecuencias de esas políticas del bushismo-obamismo, que sólo han tenido modificaciones cromáticas y tácticas. Los intereses dominantes de México encontraron respaldo pleno en los centros de poder de Estados Unidos para impedir que en 2006 se estableciera un gobierno federal que significaría reto y riesgo para ese entramado de altos privilegios. Lo que menos podía permitir el poderoso vecino es que a un lado de su frontera se instalara una admi- nistración progresista que de alguna manera extendiera la presencia e influencia de los aliados sudamericanos cargados a la izquierda. Prefirieron, por eso, inflar una opción menor pero, por ello, manejable, sobre todo a la hora de instalar en México la lamentable “guerra” contra el narcotráfico, que tuvo objetivos de control social, reducción de derechos y garantías, desman- telamiento institucional, abatimiento de lo que quedara del “estado de derecho” y emplazamiento de redes militares activas para enfrentar previsibles insurrecciones.

Ese golpismo indirecto, o no confeso, tiene en países como México vertientes que hasta ahora no han requerido el uso de las armas de fuego. Ha bastado el uso de los instrumentos de conformación de las percepciones nacionales, sobre todo de las televisoras de alcance nacional, marcadamente Televisa. Las fuerzas armadoras de la distorsión nacional se han constituido en jueces y verdugos, que sentencian y ejecutan mediante la utilización manipulada de sus pantallas, frecuencias y páginas, en un abanico mediático que a conveniencia pagada por los poderes facciosos promueven versiones falsas que acaban convirtiendo en “verdad” a fuerza de repetición, y difaman, persiguen y excluyen a quienes presentan posiciones distintas u opositoras. Televisa, en especial, ha demostrado una capacidad de represión selectiva que beneficia sus empresariales intereses y los del gobierno de golpismo electoral que hoy despacha desde Los Pinos.

Así, desde las pantallas de la compañía presidida por Emilio Azcárraga Jean se han fabricado telenovelas de nota roja como la de Salvador Cabañas y el Bar Bar, lo mismo que se ha atacado con saña a quienes pretenden instaurar una tercera cadena nacional televisiva o a quienes, como el diario Reforma, han insistido en las gangas con que Televisa y Nextel se están haciendo de nuevos negocios en materia de telecomunicaciones (Iusacell asegura que por esas concesiones deberían haberse pagado 5 mil millones de pesos, no 180 millones 300 mil pesos, lo que a juicio de la empresa de Ricardo Salinas Pliego “es un robo”). Televisa también ha mostrado su talante persecutorio en cuanto la periodista Carmen Aristegui trata a fondo en su noticiario radiofónico temas que resultan molestos para la firma cuyo emblema es El canal de las estrellas; igual agresión continua se mantiene contra el diputado panista Javier Corral, quien ha sido un persistente e informado denunciante de los excesos de dicha televisora.

Otro episodio de golpismo indirecto está a la vista en el caso de la corriente social que impulsa nuevamente a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. A lo largo de más de cuatro años se ha practicado en su contra un desa- fuero mediático, televisivo: no sólo se le ha construido una leyenda negra, sino que se le ha reducido a la condición de invisible. Lo que no es transmitido en las pantallas de las televisoras “no sucede”, de tal manera que al obstruir sistemáticamente la presencia de AMLO en las vitrinas electrónicas, se le pretende condenar a una muerte cívica y política. En ese libreto de exterminio visual se ha incluido la polémica decisión dividida del tribunal electoral federal de retirar del aire los pocos minutos que López Obrador podría estar en pantallas conforme a tiempos oficiales del Partido del Trabajo. No todos los golpes son mediante las armas de fuego.

Astillas

De visita en Morelia para conmemorar el natalicio de Morelos, el hermano de la Cocoa Calderón Hinojosa, quien busca ser candidata panista a gobernar Michoacán, defendió la validez y consistencia de las acusaciones hechas casi un año y medio atrás contra 35 funcionarios y presidentes munici- pales que, salvo uno, han sido declarados judicialmente inocentes y puestos en libertad. Con profunda convicción, el panista fraterno dijo que sí había elementos probatorios de la culpabilidad de los ahora exonerados, pero habló de que en el país existe “un fenómeno del andamiaje, cobertura social o política que facilita obviamente la acción de los criminales”... Viendo lo de Ecuador, ¿cuánto poder concentraría en sus manos el jefe máximo de una policía única en México?... El ERPI reitera que no tiene en su poder a Diego Fernández de Cevallos, sobre quien circulan insistentes versiones de que ya se ha pagado su rescate... Y, mientras el espirituoso gobernador de Jalisco reconoce haber ido a la casa del jefe de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, la madrugada del día de la megamarcha en su contra, con unas copas previas y otras tomadas en ese domicilio, ¡feliz fin de semana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

México SA

CFE: corruptores sin corrupción

Mágicos delitos sin delincuentes

ABB: sobornos sin sobornados

Carlos Fernández-Vega

En este México lindo y querido en el que cotidianamente se registran asesinatos sin asesinos, responsabilidades sin responsables, saqueo sin saqueadores, violaciones sin violadores y atracos sin atracadores, brinca a la palestra una empresa pública de clase mundial” y aporta una perla adicional a ese arraigado cuan oscuro país de los delitos sin delincuentes, del nadie sabe, nadie supo: en la Comisión Federal de Electricidad hay corruptores, pero no corruptos. Así es: la CFE es una empresa de soborno mundial, aunque su director general, Alfredo Elías Ayub, asegure que de eso nada sabe y nada supo.

Como en su momento se comentó en este espacio (28 de noviembre de 2009), prácticamente en el mismo momento en el que Felipe Calderón condecoraba a Alfredo Elías Ayub y destacaba su gran labor en sus diez años al frente de la Comisión Federal de Electricidad, en Estados Unidos el Departamento de Justicia procedía judicialmente en contra de dos empresarios (uno mexicano, otro estadunidense) acusados de encabezar una red de corrupción en la CFE, “cuyo objetivo era amarrar contratos con la paraestatal mexicana”. Aún con la condecoración al pecho, el funcionario pintó su raya y se apresuró a declarar lo siguiente: “quiero dejar muy claro que tuvimos conocimiento de esto ayer (lunes 23 de noviembre de 2009), y de inmediato presentamos la denuncia ante la Procuraduría General de la República para que se investigue a fondo; pero ese contrato viene desde 1997 y yo entré como director en 1999”. De hecho, la paraestatal indica que el 24 de noviembre de 2009 se presentó la denuncia correspondiente ante el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia (averiguación previa número PGR/AP/MELDCSPCAJ/SP/M-XXVI/136/2009).

Eso dice, pero lo cierto es que de 1999 a la fecha la paraestatal firmó cuando menos 374 contratos (51 por ciento de ellos por adjudicación directa) con la trasnacional que otorgaba los sobornos. Lo más llamativo del caso es que de 1997 a 2010, cinco han sido los titulares de la Secretaría de la Función Pública (antes de Contraloría y Desarrollo Administrativo) y ninguno de ellos, como tampoco Elías Ayub, tuvo conocimiento del asunto que se comenta (versión oficial). En dicho periodo, por esa dependencia del Ejecutivo pasaron Arsenio Farell Cubillas (1995-2000), con Zedillo; Francisco Barrio Terraza (2000-2003); Eduardo Romero Ramos (2003- 2006), este par con Fox; Germán Martínez Cázares (2006-2007) y Salvador Vega Casillas (2007 a la fecha), esta dupla con Calderón, y nadie metió la mano para investigar esa red de corrupción, la empresa que pagaba sobornos y los nombres de los funcionarios que los recibían, a cambio de otorgar jugosos contratos con la CFE.

En noviembre pasado, una vez destapado el estercolero, Elías Ayub exigió (así lo dijo) a la Procuraduría General de la República (ya con Arturo Chávez Chávez en la oficina principal) que investigara todo lo relacionado con el caso; “eso es lo que le pedimos a la PGR: que investigue”. Casi un año después, esta dependencia del Ejecutivo nada sabe, nada supo. Ahora bien, si este asunto se hizo público no fue gracias a la CFE, su órgano de control interno o la Secretaría de la Función Pública. No, el destapador de caños fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos (ver La Jornada del 24 de noviembre de 2009, en nota de David Brooks), y la Comisión de Valores de aquel país (SEC) la que siguió el hilo, investigó y ayer presentó cargos en contra de la empresa trasnacional ABB Group (con sede en Zurich, Suiza, que aquí opera como ABB de México, la que sobornó a cambio de los jugosos contratos con la Comisión Federal de Electricidad) por violar el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero “por haber utilizado a subsidiarias para pagar sobornos a funcionarios en México y obtener negocios con empresas de energía propiedad del gobierno mexicano…”

Tras conocer la decisión del Departamento de Justicia y de la SEC, la trasnacional ABB Group de inmediato se declaró “voluntariamente” culpable por “violar las disposiciones del gobierno de Estados Unidos contra el soborno” (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), por lo que aceptó, de acuerdo con su propio comunicado de prensa, pagar poco más de 58 millones de dólares por concepto de “devoluciones, intereses y sanciones” y así “resolver los cargos derivados” del Departamento de Justicia y la SEC por “los contratos de desempeño en México desde 1997 hasta 2005, y la participación de algunas de sus filiales en el programa de la ONU Petróleo por Alimentos en Irak de 2000-2004.”

Entonces, la investigación de actos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad no la realizó esta paraestatal, ni su órgano de control interno. Mucho menos la Secretaría de la Función Pública, amén de que la Procuraduría General de la República acumula casi un año sin notificar cómo va la investigación “exigida” por Alfredo Elías Ayub. No, no fueron las legalmente encargadas por el gobierno mexicano, sino dos instancias del gobierno estadunidense las que aportaron luz sobre dichas corruptelas: ya se sabe en dónde, cómo, para qué y quién pagó los sobornos, pero en la magia gubernamental del nadie sabe, nadie supo, los sobornados mexicanos nunca existieron. Eso sí, por una mera casualidad de la vida a mediados de agosto pasado el director de operación de la CFE, Néstor Moreno Díaz, pidió “licencia” de su cargo. Un mes después, a escasos días de que la SEC se manifestara en el caso de ABB Group, este personaje presentó su “renuncia definitiva” al cargo que ocupaba en la paraestatal.

Alfredo Elías Ayub argumenta que de esos contratos no sabe nada, porque se firmaron en 1997 y él llegó en 1999 a la dirección general de la CFE, por nombramiento de Ernesto Zedillo. Pues bien, Vicente Fox lo ratificó en el cargo, y Calderón hizo lo propio. Once años lleva en el puesto. Cuando en noviembre de 2009 se destapó el caño de los sobornos, la trasnacional ABB acumulaba 338 contratos con la paraestatal (sólo del 28 de diciembre de 2005 al 29 de octubre de 2009) por un monto de mil 430 millones de pesos; casi un año después, ese número se había incrementado a 374 (de los que 190, 51 por ciento del total, fueron adjudicados directamente, de acuerdo con información del Ifai) y a mil 600 millones los dineros involucrados.

Las rebanadas del pastel

Queda claro, pues: en la mágica versión oficial (la del nadie sabe, nadie supo) existen empresas corruptoras, pero no funcionarios corruptos; hay quien soborna, pero no quien se deja sobornar.

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Golpismo derrotado

Es meridianamente claro que la mafia policial que se insurreccionó ayer en Quito y que durante casi todo el día mantuvo secuestrado al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, no actuó en defensa de conquistas laborales de los efectivos policiales, como lo pregonaron los alzados. El descontento entre los uniformados de la fuerza pública por la reciente aprobación legislativa de una nueva ley de servicio público, que en última instancia los favorece, tuvo que ser resultado de una labor de envenenamiento y desinformación con propósitos subversivos y golpistas.

Los instigadores están también al descubierto: hermandades corruptas enquistadas en la institución policial, sectores oligárquicos y de la llamada comunidad de inteligencia de Estados Unidos. El vínculo visible de los segundos con los policías insurrectos es el aventurero Lucio Gutiérrez, militar golpista en 2000, electo presidente dos años más tarde, feroz represor en 2004, defenestrado por las movilizaciones populares del año siguiente y, desde entonces, gestor de intereses injerencistas y empresariales.

En cuanto a la participación de instancias gubernamentales estadunidenses, debe recordarse que en 2008 el periodista canadiense Jean Guy Allard documentó la infiltración de la policía ecuatoriana, por la embajada de Washington en Quito, mediante el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones.

Así pues, aunque la intentona ostenta el rasgo atípico de haber sido emprendida por la policía y no por las fuerzas armadas, es claro que lo que se frustró ayer en Ecuador fue un clásico golpe de Estado de la derecha oligárquica contra un gobierno progresista, con sentido popular y democráticamente constituido.

La involución que ha vuelto a colocar en el panorama regional esos ejercicios de violencia y barbarie tiene un arranque preciso: el cuartelazo perpetrado en Honduras en junio del año pasado, el cual logró trastocar en forma perdurable el orden institucional, debido, principalmente, a la complacencia que encontró en la comunidad internacional y, muy especialmente, en el gobierno de Barack Obama.

Desde el momento en que los golpistas hondureños fueron beneficiados con una benevolencia que contradice los principios democráticos de los gobiernos que les otorgaron reconocimiento diplomático y que se negaron a adoptar sanciones contra el régimen emanado del golpe contra el presidente Manuel Zelaya, se extendió una patente de impunidad que puede alentar atentados semejantes contra el orden constitucional en otros países latinoamericanos.

Por fortuna, en el episodio de ayer en Ecuador, el golpismo resultó derrotado, con una cuota de sangre pequeña, pero de cualquier forma lamentable, y después de muchas horas de tensión y zozobra en la sociedad. El ejército se deslindó de los sublevados y, a la postre, tomó por asalto el hospital policial en el que mantenían secuestrado al mandatario, lo liberó y lo transportó hasta el palacio presidencial de Carondelet, donde Correa fue objeto de un recibimiento apoteósico de sus seguidores. De esta manera quedó restablecido el orden democrático en la nación sudamericana.

La intentona dejó ver, por otra parte, un patrón golpista que viene afectando a diversas naciones de la región desde 2002, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez fue temporalmente derrocado y secuestrado por militares desleales, lo que se repitió en escala menor en Bolivia en 2008 y que un año más tarde logró subvertir el orden democrático en Honduras. Tal fenómeno plantea uno de los más graves desafíos a la legalidad y a la democracia en el subcontinente y amenaza con causar una regresión histórica que podría borrar lo conseguido en materia de normalización democrática desde hace cinco lustros, cuando colapsaron las dictaduras militares que se enseñoreaban en la mayor parte de las naciones centro y sudamericanas.

El corolario inevitable de la violenta y peligrosa jornada que hubo de padecer ayer Ecuador es que no debe otorgarse impunidad a los golpistas y que las aventuras de subversión política emprendidas desde el aparato gubernamental deben ser rigurosamente castigadas conforme a derecho. Cabe esperar que el gobierno de Rafael Correa actúe en ese sentido en los próximos días y que la derrota experimentada ayer por la derecha oligárquica sea factor de fortalecimiento para las instituciones democráticas ecuatorianas, que sirva para superar las fracturas en el partido gobernante y que impulse la consolidación del proyecto de justicia social, soberanía y democracia que actualmente se aplica en el territorio de esa nación.

Rescatan al presidente ecuatoriano Correa tras 14 horas de asedio

Fracasa el golpe


Bajo presión nada, con diálogo todo: Correa

Policías sublevados agreden al presidente con disparos de gas lacrimógeno

Irrumpen unos 500 soldados en el hospital donde estuvo retenido cerca de 12 horas

El mandatario responsabiliza a Lucio Gutiérrez; “vi a sus infiltrados”, acusa

Un comando de 500 militares sacó en una silla de ruedas, en medio de un tiroteo y cubierto con una máscara antigases, al presidente Rafael Correa del hospital de la Policía Nacional, en Quito. Al nosocomio había sido trasladado tras el ataque de agentes amotinados con los que intentó dialogar. Los inconformes supuestamente rechazaban la eliminación de sus bonificaciones económicas. Integrantes de la fuerza aérea participaron en la asonada. Se informó que hubo dos muertos y 74 heridos


Partidarios del presidente ecuatoriano Rafael Correa se cubren de las balas cuando militares chocan con policías golpistas fuera de un hospital donde éstos retenían al mandatario, ayer en Quito. Los soldados penetraron en la instalación y rescataron a CorreaFoto Reuters


Quito, 30 de septiembre. “Jamás cedimos, jamás aceptamos negociar nada, bajo presión nada, con el diálogo todo”, afirmó esta noche el presidente ecuatoriano Rafael Correa al relatar ante miles de ciudadanos los momentos más críticos del secuestro al que fue sometido hoy por un grupo de oficiales que le “exigió revocar” la Ley Orgánica del Servicio Público, aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional.

Minutos antes, cuando eran las nueve de la noche en Quito (igual horario que en la ciudad de México), varios comandos militares terrestres se abrieron paso al hospital de la policía nacional con disparos de fusiles para rescatar al mandatario y llevarlo en un automóvil rodeado de vehículos militares hasta la sede del Poder Ejecutivo, el Palacio de Carondelet, donde fue recibido entre vítores y cantos patrióticos por militantes de Alianza País, el partido que lo llevó al poder en 2006 y que respalda la “revolución ciudadana”.

“Gran culpa de todo esto la tienen los conspiradores de siempre, los que no lograron ganar en las urnas”, dijo Correa vestido con el mismo traje que vistió en la mañana cuando se presentó ante los policías del Regimiento Quito número 1 a tratar de convencerlos de que desistieran de su sublevación en rechazo a la nueva legislación, que forma parte de una serie de reformas legales en las que se ha sumergido Ecuador desde que en 2008 fue aprobada la nueva Constitución.

En respuesta, los policías agredieron al mandatario, lo insultaron y lanzaron gases lacrimógenos e intentaron quitarle la máscara antigas que llevaba y casi lo asfixian, por lo cual fue llevado al hospital contiguo.

Desde la sede presidencial, hacia la una de la tarde, un contingente se dirigió hacia el hospital encabezado por miembros del gabinete y otros funcionarios para demandar la liberación de Correa, pero después de una hora de marcha, los uniformados –muchos de ellos miembros de escuadrones de motociclistas– recibieron a la gente con gases lacrimógenos, piedras y golpes. Estos enfretamientos se repitieron a lo largo de la jornada.

A esa hora, los pronunciamientos políticos de legisladores y magistrados eran en favor de la defensa de las instituciones que Ecuador trata de reconstruir después de una década caracterizada por la inestabilidad y los cambios presidenciales. La oposición guardó silencio la mayor parte del día hasta que desde Brasilia, Gutiérrez habló a los medios para rechazar su involucramiento, al tiempo que sugirió la disolución del Congreso y la anticipación de comicios presidenciales.

El alzamiento de los uniformados se extendió en varias ciudades. Riobamba, Latacunga, Guaranda, Ambato, Cuenca, Loja, Santo Domingo, Ibarra, Machala y Manta.

Aunque se habló en general de que militares participaron en el intento de asonada, el único cuerpo claramente identificado fue el de la fuerza aérea, que ocupó el aeropuerto internacional de Quito para obligar a la cancelación de operaciones, las cuales fueron reabiertas al anochecer, según la autoridad local de aeronáutica civil.

El mando militar y policial manifestó su pleno respaldo al presidente Correa, pero el jefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas, general Ernesto González, declaró que “no estamos condicionando, estamos solicitando que la mencionada ley (que elimina bonificaciones a los uniformados) sea revisada y si es el caso en las instancias correspondiente, sea derogada”.

Correa responsabilizó esta noche directamente al coronel retirado del ejército, Lucio Gutiérrez, quien gobernó al país entre 2003 y 2005, año que en fue derrocado por un levantamiento popular. “Vi a los infiltrados por Lucio”, dijo el presidente al referirse al diálogo que sostuvo en las primeras horas del día, antes del amotinamiento de los policías en cuartel policial.

En el espectacular operativo de rescate, la irrupción de unos 500 soldados –según el recuento de la televisión pública ecuatoriana que transmitió en directo y en cadena nacional los hechos– desató un tiroteo en las inmediaciones del nosocomio, que se prolongó durante una hora y que junto con los otros acontecimientos del día arrojó un saldo de 74 heridos y dos muertos.

El rescate y traslado de Correa tardó alrededor de 30 minutos. En las imágenes televisivas se pudo ver que una persona en silla de ruedas era llevada de un lugar a otro, pero no quedó claro de quién se trataba hasta que lo confirmó el viceministro del Interior, Edwin Jarrín. “Lo sacamos, lo sacamos”, dijo a medios locales y extranjeros, mientras en la televisión se observaba aún la movilización militar en la zona del hospital, ubicado en el sur de Quito.

Tras celebrar que había logrado salir del hospital con vida, Correa confesó sobre su cautiverio: “se me salieron las lágrimas, no de miedo, sino de tristeza”, porque los hechos, explicó, sólo se deben al “temor a la revolución ciudadana”, es decir, el programa de gobierno basado en la recuperación de recursos naturales, austeridad administrativa y alianzas con países afines como Venezuela y Bolivia.

El retorno de Correa estuvo acompañado de una movilización de miles de personas que desde el mediodía –cuando se supo que el presidente estaba secuestrado– acudieron a Carondelet a defender la institucionalidad política.

“No ha tocado una prueba durísima”, resumió Correa por la noche, ante los ciudadanos. “Un grupo de oficiales muy cortés se entrevistó conmigo en el hospital para exigir la revocación de la ley, lo que corresponde a la Asamblea. Les respondí que no haría eso, que salidría con dignidad de ahí o como cadáver”.

“Como en una función de opereta, los policías secuestraron a su comandante en jefe”, dijo Correa en tono reflexivo. “Hoy es un día triste. Fueron unos cuantos, pero no habrá perdón ni olvido. Además, la ley no será revocada”, agregó. Unos minutos más tarde, terminó su discurso con una advertencia: “Esta revolución ciudadana no la para nadie. ¡Hasta la victoria, siempre!”