Policía federal, lo que faltaba

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 31 de octubre (apro).- Hasta ahora, la Policía Federal de Genaro García Luna había mostrado su lado oscuro por las insistentes acusaciones de protección al narcotráfico y su vulnerabilidad ante ataques sorpresa de los grupos armados de los cárteles de la droga. Pero el viernes, en Ciudad Juárez, se mostró abiertamente como uno más de los signos autoritarios del gobierno de Felipe Calderón: reprimió con disparos de arma de fuego una manifestación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Los estudiantes protestaban, precisamente, por la presencia de las fuerzas federales civiles y militares en su ciudad, donde ni el Ejército ni la Policía Federal han logrado imponer la autoridad del Estado en el que ahora es uno de los lugares más violentos del mundo. Estudiantes aglutinados en el Comité de Universitarios de Izquierda estaban en la onceava semana de protesta de lo que denominaron Kaminata Kontra la Muerte, cuando un efectivo de la Policía Federal disparó contra uno de ellos, identificado como José Darío Álvarez Orrantia, de la Facultad de Sociología, en momentos en que realizaba una pinta. La acción represiva no fue ninguna casualidad. En distintas ocasiones, ese grupo estudiantil ha tenido confrontaciones con la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial cuando Calderón se ha parado en Ciudad Juárez. De por sí grave, el hecho resulta todavía más preocupante porque Calderón quiere hacer de esa policía un modelo nacional de seguridad pública. En el menor de los males, al balear al estudiante, el efectivo federal demostró su falta de pericia en el manejo de la presión en situaciones de protesta social. En el peor, confirmó que el combate al narcotráfico se ha convertido en coartada para fortalecer el aparato represivo del Estado contra la protesta social. No es el caso sólo de la Policía Federal. Es lo mismo que han hecho el Ejército y la Marina, Armada de México, que junto con la Fuerza Aérea, en este gobierno se han hecho llamar Fuerza Armada Permanente. Punto central en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promueven los militares en el Congreso es que cuando el Ejército o la Marina participen en labores de seguridad pública sean los jefes castrenses y no la autoridad civil la que tome las decisiones, lo cual es todo lo opuesto a un régimen democrático de derecho. La que está llamada a cumplir esa función es justamente la Policía Federal, comandada por un general de división, pero que responde a la esfera de poder del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ni los militares ni la Policía Federal han podido hacer frente a la crisis de inseguridad. Ciudad Juárez es el más claro ejemplo. Primero, Calderón inundó la ciudad con miles de militares que terminaron repudiados por los abusos que cometían contra la población. Luego, los sustituyó con la Policía Federal. Los abusos de los federales resultaron peor, tanto que ahora hay quienes en Juárez piden el retorno de los militares. Así de desesperante está la situación. En el colmo, la Policía Federal ahora dispara contra civiles, ya no como víctimas en fuego cruzado en enfrentamientos con narcotraficantes, sino como abierta y franca represión. ¿Será esto también una manifestación del éxito de la llamada estrategia contra el narcotráfico? Calderón exacerbó la violencia. Oficialmente se reconocen ya unos 30 mil muertos. Y los próximos dos años prometen más. La ilegitimidad está costando mucha sangre en México.

jcarrasco@proceso.com.mx