Peña Nieto, aval de violaciones de la Marina

Jorge Carrasco Araizaga
5 de abril de 2012


El aspirante presidencial priista, Enrique Peña Nieto.
Foto: Miguel Dimayuga


MÉXICO, D.F. (apro).- Con todo y las violaciones a los derechos humanos, algunas tan graves como la tortura y la ejecución ilegal, la Marina, Armada de México ya tiene el aval del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.

En un abierto respaldo a la estrategia violenta de Felipe Calderón, el pasado miércoles 4, durante su campaña en Veracruz, el priista elogió a esa fuerza armada no obstante el inocultable registro de violaciones a la dignidad humana cometidas por efectivos de la Armada.

“Tengo claro que la presencia de la Policía Naval, de la Armada de México en esta tarea, de manera muy especial en Veracruz, ha sido de resultados, ha sido significativa y ha logrado realmente una acción coordinada con las autoridades estatales”, afirmó.

Con ese aval, el candidato dijo que piensa dejar al Ejército y la Marina en las calles de ese estado “el tiempo necesario” para enfrentar la delincuencia en el país.

Del Ejército, aseguró que se retirará gradualmente, “sin ser una decisión que se tome de inmediato”, sino que habrá de valorar las condiciones como las que hay en Veracruz.

Lo mismo dirá de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y todo aquel lugar “donde sea necesario” que las fuerzas armadas estén fuera de sus cuarteles.

Uno de los datos más significativos desde que a principios de 2007 Calderón ordenó la salida de los militares de sus cuarteles para “toparse” con las bandas de delincuencia organizada, es la incorporación de la Marina como una de las instituciones que más violan los derechos humanos en México.

De acuerdo con la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que no se caracteriza por oponerse en los hechos a esa estrategia violenta, tan sólo en 2011, la Marina tuvo 495 quejas en todo el país por violaciones a los derechos humanos.

Y si entre 2007 y 2009 tuvo cuatro recomendaciones de ese órgano, ya en 2010 fueron seis y en 2011 otras seis. De esas 12 recomendaciones, siete fueron por privación de la vida.

A fines de 2010, la Marina hizo de Veracruz su principal centro de operaciones en la estrategia de Calderón contra algunos liderazgos del narcotráfico en México y desde este año tomó el control de la seguridad pública en el estado, en una evidente claudicación del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

El despliegue de la Marina en Veracruz ha tenido el claro objetivo de desarticular a Los Zetas, que durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán tuvieron el control delictivo en la entidad. Eso ha significado un reacomodo de la delincuencia no sólo en estado, sino en el corredor del Golfo de México.

Peña Nieto lo sabe y lo apoya. En 2007, esa organización mató a cuatro de sus escoltas cuando estaban a cargo de la seguridad de sus hijos que viajaban por la entidad. Fue una confusión, estableció la versión oficial.

Con su reconocimiento a la Marina, el candidato presidencial dio también un respaldo a Calderón. Y a la menor oportunidad, lo mismo hará abiertamente con el Ejército, la institución armada con más violaciones a los derechos humanos en México, según la CNDH.

Aunque ha hablado de una “academia nacional de policía”, Peña Nieto abrazó también la estrategia estadunidense de hacer del combate al narcotráfico una guerra. Y como tal, habrá de enfrentarse con militares.

Con Peña Nieto como sucesor de Calderón muy poco podrá cambiar en esa materia. Y más aún, cuidará las espaldas de aquellos quienes en las fuerzas armadas y la Policía Federal han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Nada de investigaciones y mucho menos juicios para establecer responsabilidades. Acaso, iría contra los más débiles en las cadenas de mando: la tropa, como si ésta se mandara sola en unas instituciones que se caracterizan por la verticalidad del mando y que comienza por su comandante en jefe, el presidente de la República.

jcarrasco@proceso.com.mx

El trabajo sucio de García Luna

Jorge Carrasco Araizaga
23 de marzo de 2012 ·


El titular de la SSP, Genaro García Luna.
Foto: Germán Canseco


MÉXICO, D.F. (apro).- Durante el régimen del PRI, cada gobierno tuvo sus encargados de hacer el trabajo sucio para la defensa del sistema autoritario y que se disfrazaba con el nombre de seguridad del Estado. Eso mismo es lo que han hecho los dos gobiernos del PAN con Genaro García Luna.

Cuando Vicente Fox, en 2001, le entregó la corrupta y temida policía de la Procuraduría General de la República –la Policía Judicial Federal– para convertirla en la Agencia Federal de Investigación (AFI) no hizo más que simular, con un simple cambio de nombre, la transformación de esa vieja corporación a una “policía científica e investigadora”.

Como en su momento hicieron los directores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) o el más conocido jefe de la Policía del DF, Arturo El Negro Durazo, García Luna se encargó de defender los intereses de los gobernantes en turno, también a nombre de la seguridad del país.

Con la diferencia de que ya no se trata de corporaciones perdidas en oscuros organigramas –pues eso cambió en el último tramo del sistema priista– las actuales instituciones de seguridad no difieren mucho en los métodos de “investigación” del antiguo régimen. García Luna se ha encargado de preservarlos.

Los montajes sobre detención de delincuentes y no delincuentes no los inventó el ahora secretario de Seguridad Público. Lo que sí, los perfeccionó acorde con la era mediática.

Durante el sexenio pasado, con un repunte del secuestro a cuestas y una fuerte presión en la opinión pública sobre las actividades de su esposa, Marta Sahagún, y los hijos de ésta, Fox le dio libertad a García Luna y a sus hombres para operar a sus anchas.

Durante la pasado administración, cada que arreciaban las críticas al gobierno foxista o se encontraba en medio de una crisis, el ingeniero salía a dar “resultados”.

El más evidente ocurrió en septiembre de 2005. Cuando el gobierno de Fox estaba rebasado por la caída del helicóptero en el que viajaba el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, el ingeniero sacó un as de la manga: la liberación del exfutbolista argentino Rubén Omar Romano.

El rescate a cargo de la AFI se dio a conocer en el momento oportuno. Las versiones sobre un atentado por parte de la delincuencia organizada dominaban entre la opinión pública. Así es que había que salir, rápido, con una demostración de autoridad, de fuerza. García Luna hizo ese trabajo y de paso ponía a su corporación como una policía efectiva y eficiente.

En ese impulso político mediático fue que urdió el montaje de la detención de Florence Cassez. Era diciembre de 2005 y el gobierno de Fox requería dar muestras de tener el control de la seguridad del país porque en ese año había comenzado la vorágine de la violencia del narcotráfico.

Durante la campaña presidencial, el ingeniero le hizo el trabajo a Calderón. Servidor de un gobierno del PAN estaba interesado en mantener el control del poder por parte de ese partido.

Calderón lo premió y quiso encumbrarlo como superpolicía. Le dio la secretaría de Seguridad Pública, le entregó 36 mil hombres para la Policía Federal y le puso “los juguetes” de “una superpolicía científica e investigadora”. Pero no pudo darle el control de todas las policías del país a través del Mando Único ni la unificación de mandos entre las corporaciones policiacas federales.

García Luna tuvo casi todo, incluido el caro favor del duopolio televisivo. Pero ahora se encuentra en uno de los peores momentos de su carrera policial. Ha quedado expuesto como violador no sólo del debido proceso judicial, sino de la Constitución.

Ese señalamiento, hecho en el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz del caso Cassez, le puede hacer más daño que las intrigas palaciegas, las malquerencias de los militares o de las filtraciones periodísticas sobre sus alegados acuerdos con la delincuencia.

El ingeniero no entendió que por más hombres, recursos tecnológicos o protección política a su favor, en una separación de Poderes, sus actos como policía tarde o temprano serían revisados por otro Poder. Su jefe, Felipe Calderón, tampoco creyó que eso pudiera pasar.

Aunque no hay nada definitivo respecto al asunto Cassez, ya hay evidencias públicas de la actuación abusiva y manipuladora de la policía que comando García Luna. Y ya hay una mayoría legal de ministros que resolvió sobre la existencia de violaciones constitucionales, lo que prefigura, por lo menos, malos ratos para el secretario.

jcarrasco@proceso.com.mx

Cassez, el costo electoral

Jorge Carrasco Araizaga
8 de marzo de 2012


La francesa Florence Cassez condenada a 60 años de cárcel.
Foto: AP


MÉXICO, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en condiciones de asestarle a Felipe Calderón, en pleno proceso electoral, uno de los golpes más fuertes de su sexenio.

La revisión del amparo promovido por la ciudadana francesa Florence Cassez contra la sentencia de 60 años de prisión por su supuesta participación en la banda de secuestradores Los Zodiaco, le da la oportunidad a la Corte de responder a las severas y reiteradas críticas que ha hecho Calderón al Poder Judicial.

La propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea de amparar a Cassez y, en consecuencia, darle la “libertad absoluta e inmediata”, responde no sólo a su declarada posición de hacer de sus fallos una defensa de los derechos humanos.

También se explica por su cercanía con el ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza, quien en público y en privado le ha reclamado a Calderón sus pretensiones de influir en los jueces para que lo apoyen en su “guerra al narcotráfico”.

El 15 de diciembre pasado, durante su primer informe como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, teniendo a un lado a Calderón, Silva Meza señaló: “Entendemos que, a veces, pero cada vez con mayor frecuencia, las resoluciones del Poder Judicial, especialmente aquellas con un alto impacto social, político o mediático, causen dificultades para algunos actores políticos.

“Entendemos que, a veces, no se comprenden a cabalidad. Lamentamos que en muchas ocasiones sus fundamentos y consideraciones se vean como meros legalismos o tecnicismos judiciales. No compartimos que se desacrediten, sin fundamentos”.

La respuesta no pudo ser más directa. Calderón se la había pasado criticando a los jueces que “por corrupción” o “tecnicismos” liberan a los delincuentes que su gobierno agarra y agarra”.

Esa posición, sin embargo, no es la única en el máximo tribunal, en tanto que se trata de un órgano colegiado. Presidente de la Primera Sala de la Corte, Zaldívar requiere por lo menos dos votos más para su propuesta.

Sin entrar al fondo respecto de la responsabilidad o no de Cassez de las acusaciones de secuestro, delincuencia organizada y posesión de arma prohibida, la Primera Sala podría resolver por la forma en que actuó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) cuando detuvo a la ciudadana francesa, en diciembre de 2005.

Como lo ha dicho la defensa de Cassez, Zaldívar considera que la AFI violó los derechos consulares y de presunción de inocencia de la ciudadana francesa al lincharla en los medios de comunicación, en especial en los noticiarios de televisión.

En ese entonces, Genaro García Luna era el director de la AFI y Felipe Calderón estaba a un año de ocupar Los Pinos. Calderón hizo suyo el caso y, contra toda evidencia, sigue defendiendo a toda costa la actuación de quien ahora es su secretario de Seguridad Pública.

En los próximos días, Felipe Calderón presionará a la Corte para evitar el golpe y capitalizar electoralmente el caso. Pero si ampara a Cassez, el Poder Judicial le daría un severo golpe a la política de seguridad de Calderón, a las pretensiones del PAN de mantenerse en la presidencia y en particular a García Luna, como actor principal del montaje sobre la detención de Cassez.

No sería la primera vez que García Luna quedara exhibido en el máximo tribunal del país.

Hace casi un año, en abril de 2010, la Corte lo hizo por primera vez cuando ordenó la liberación de las indígenas nañu Alberta Alcántara y Teresa González, detenidas en 2006 por la AFI de García Luna, acusadas de secuestrar a dos agentes de esa corporación durante un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro.

En ese caso, la liberación ordenada por la misma Primera Sala se debió a las graves irregularidades en el proceso, de manera similar a lo ocurrido con Cassez.

En un gobierno democrático, con una efectiva rendición de cuentas, García Luna sencillamente no tendría cabida. Ya por decisión personal o por orden presidencial, hace años que habría dejado de vivir del dinero público y de administrar los millonarios y sensibles recursos encomendados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Calderón, por el contrario, lo encumbró como funcionario. Le dio una fuerza de más de 30 mil hombres para su Policía Federal, lo equipó con el caro apoyo de Estados Unidos y lo protegió ante las reservas y abiertas críticas de las Fuerzas Armadas, en particular de mandos del Ejército.

Y aun cuando el desempeño de la SSP ha quedado en entredicho en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación –dependiente de la Cámara de Diputados–, Calderón ha preferido pagar un alto costo antes de deshacerse de su colaborador. Muy caros le han salido los servicios que le hizo durante la anterior disputa presidencial.

jcarrasco@proceso.com.mx

Calderón lo esperan una condena política y un juicio penal

Jorge Carrasco Araizaga


Con la Constitución en la mano, en entrevista con Proceso, el jurista Diego Valadés abre con bisturí al sistema político mexicano y pone en el banquillo al presidente Calderón y a su gobierno:

Calderón puede y debe ser enjuiciado penalmente por violación a la ley electoral en 2009.

El y su gabinete de seguridad tienen la responsabilidad política de una guerra con resultados nefastos.

El Congreso debe crear una gran comisión nacional de investigación de la violencia.

En una democracia consolidada, García Luna hace tiempo que estaría fuera del gobierno.

Tanto en sus acciones como en sus omisiones, el gobierno funciona sin control alguno.

El país vive una época de dilución institucional como nunca antes desde el siglo XIX.

Hoy, el eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.

MÉXICO, DF., 21 de mayo (Proceso).- A Felipe Calderón le aguarda un proceso judicial para cuando abandone la presidencia de la República: a su responsabilidad política por los 40 mil muertos que son el saldo, hasta ahora, de su estrategia de “guerra contra las drogas” se agrega una sentencia firme en su contra por violar la Constitución en materia electoral.

A partir del 2 de diciembre de 2012, ya sin la inmunidad presidencial, podrá ser sometido a juicio penal debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo responsabilizó de violar ,“sin equívocos”, la Constitución Política durante el proceso electoral del año pasado.

La decisión de actuar contra el ciudadano Felipe Calderón está en manos de la actual Legislatura en la Cámara de Diputados, explica el constitucionalista Diego Valadés Ríos, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Añade que el gabinete de seguridad nacional y el presidente de la República tienen responsabilidad política por la violencia que padece el país “en cuanto a que su función ha sido con resultados adversos a los objetos perseguidos”.

Sin embargo, aclara, ni los secretarios de Seguridad Publica, de la Defensa Nacional o de la Marina, ni el presidente, podrán ser juzgados penalmente por la violencia del sexenio, “pues no se puede decir que algún delito en particular se haya cometido por orden expresa de los secretarios y menos aún del presidente. La responsabilidad es política, no penal”.

Extracto de la entrevista que se publica en la edición 1803 de la revista Proceso, ya en circulación.

Policía federal, lo que faltaba

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 31 de octubre (apro).- Hasta ahora, la Policía Federal de Genaro García Luna había mostrado su lado oscuro por las insistentes acusaciones de protección al narcotráfico y su vulnerabilidad ante ataques sorpresa de los grupos armados de los cárteles de la droga. Pero el viernes, en Ciudad Juárez, se mostró abiertamente como uno más de los signos autoritarios del gobierno de Felipe Calderón: reprimió con disparos de arma de fuego una manifestación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Los estudiantes protestaban, precisamente, por la presencia de las fuerzas federales civiles y militares en su ciudad, donde ni el Ejército ni la Policía Federal han logrado imponer la autoridad del Estado en el que ahora es uno de los lugares más violentos del mundo. Estudiantes aglutinados en el Comité de Universitarios de Izquierda estaban en la onceava semana de protesta de lo que denominaron Kaminata Kontra la Muerte, cuando un efectivo de la Policía Federal disparó contra uno de ellos, identificado como José Darío Álvarez Orrantia, de la Facultad de Sociología, en momentos en que realizaba una pinta. La acción represiva no fue ninguna casualidad. En distintas ocasiones, ese grupo estudiantil ha tenido confrontaciones con la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial cuando Calderón se ha parado en Ciudad Juárez. De por sí grave, el hecho resulta todavía más preocupante porque Calderón quiere hacer de esa policía un modelo nacional de seguridad pública. En el menor de los males, al balear al estudiante, el efectivo federal demostró su falta de pericia en el manejo de la presión en situaciones de protesta social. En el peor, confirmó que el combate al narcotráfico se ha convertido en coartada para fortalecer el aparato represivo del Estado contra la protesta social. No es el caso sólo de la Policía Federal. Es lo mismo que han hecho el Ejército y la Marina, Armada de México, que junto con la Fuerza Aérea, en este gobierno se han hecho llamar Fuerza Armada Permanente. Punto central en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promueven los militares en el Congreso es que cuando el Ejército o la Marina participen en labores de seguridad pública sean los jefes castrenses y no la autoridad civil la que tome las decisiones, lo cual es todo lo opuesto a un régimen democrático de derecho. La que está llamada a cumplir esa función es justamente la Policía Federal, comandada por un general de división, pero que responde a la esfera de poder del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ni los militares ni la Policía Federal han podido hacer frente a la crisis de inseguridad. Ciudad Juárez es el más claro ejemplo. Primero, Calderón inundó la ciudad con miles de militares que terminaron repudiados por los abusos que cometían contra la población. Luego, los sustituyó con la Policía Federal. Los abusos de los federales resultaron peor, tanto que ahora hay quienes en Juárez piden el retorno de los militares. Así de desesperante está la situación. En el colmo, la Policía Federal ahora dispara contra civiles, ya no como víctimas en fuego cruzado en enfrentamientos con narcotraficantes, sino como abierta y franca represión. ¿Será esto también una manifestación del éxito de la llamada estrategia contra el narcotráfico? Calderón exacerbó la violencia. Oficialmente se reconocen ya unos 30 mil muertos. Y los próximos dos años prometen más. La ilegitimidad está costando mucha sangre en México.

jcarrasco@proceso.com.mx

Calderón, un peligro para Michoacán

Jorge Carrasco Araizaga


MÉXICO, D.F., 15 de octubre (apro).- Muy a su estilo generador de odio, Felipe Calderón ya inició el proceso de sucesión en Michoacán. Sabedor de que su estado se podría convertir en escenario de una eventual narcoinsurgencia, apostó, con estrechez, por agudizar la descomposición con tal de no dejar pasar su última oportunidad para instalar al PAN en el gobierno.

Con el uso faccioso del aparato de justicia y el escándalo mediático logró que el diputado 500, el perredista Julio César Godoy Toscano, ya fuera condenado ante la opinión pública por su supuesta estrecha relación con Servando Gómez, La Tuta, uno de los jefes regionales de La Familia Michoacana.

El impacto en la población fue el mismo que logró Vicente Fox en el 2005 cuando, a través de una celada televisiva, exhibió la corrupción perredista con el empresario de origen argentino Carlos Ahumada.

La diferencia esta vez es que el uso político de la procuración de justicia ocurre en condiciones de la extrema violencia causada por el narcotráfico, particularmente en Michoacán.

En lo que va del sexenio calderonista, que coincide con el surgimiento de La Familia Michoacana, en el estado se han registrado cuando menos entre dos mil y dos mil 500 muertes relacionadas con el narcotráfico, incluidas decenas de efectivos de la Policía Federal del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el gran aliado y protegido de Calderón.

La peculiaridad de Michoacán es que ese cartel ha hecho de sus actividades delictivas una peligrosa mezcla de reclamo social y justificación religiosa.

Desde hace meses, en Morelia se han distribuido en zonas de concentración popular volantes en los que se advierte a la población que habrá acciones de violencia encaminadas al aparato estatal y no a la población civil.

Los más recientes empezaron a circular hace poco más de una semana, firmado por una organización que se hace llamar Pelotones Omega. En un lenguaje muy parecido al que usó La Familia Michoacana cuando se presentó ante la opinión pública en noviembre de 2006, los supuestos comandos advierten sobre una limpieza de delincuentes –incluidos funcionarios protectores– en el estado.

Pero con un peligroso componente más allá de la justicia por mano propia: “la justicia divina”. En el panfleto firmado por un supuesto comandante Miguel, se asegura: “Los estamos vigilando y cuando los tengamos a tiro, serán ajusticiados. No merecen perdón de Dios. Según la Biblia, no merecen el nuestro”.

Aún cuando se trate de una expresión más de La Familia, la decisión de Calderón de exhibir al ahora diputado federal Godoy Toscano marcó ya el proceso electoral del próximo año para elegir al sucesor de Godoy Rangel en el gobierno.

El diputado perredista, que hace unas semanas se burlaba de la Policía Federal por colarse a la Cámara de Diputados para alcanzar el fuero constitucional, está más que nunca obligado a demostrar su inocencia.

Serán meses en los que tendrá que ir contra la corriente y de linchamiento mediático. Suficiente tiempo para desacreditar la campaña electoral del PRD, que de por sí no tiene mucho de dónde sacar del gobierno de Leonel Godoy para repetir en la gubernatura.

Si el diputado 500 es desaforado por la Cámara de Diputados, Calderón habrá ganado la partida, pero también confirmado que tiene el aparato de justicia al servicio de la venganza política. De otra manera no se explica la protección que la PGR le da a otros políticos, incluidos de su partido y del PRI, que también están señalados por sus relaciones con el narcotráfico.

Nadie cree que en caso de ser cierto, Godoy Toscano sea el único legislador comprometido con la delincuencia organizada. Pero sí quien le habría dado a Calderón la posibilidad de hacer del michoacanazo una oportunidad para seguir sembrando odios en el país.

jcarrasco@proceso.com.mx

Bicentenario de un Estado fallido

Jorge Carrasco Araizaga


MÉXICO, D.F., 10 de septiembre (apro).- La convicción es generalizada: no hay nada que celebrar.

Los 200 años del surgimiento de México como nación nos alcanzaron en medio de una severa crisis del Estado mexicano.

Los mexicanos lo padecemos y el mundo es testigo.

Pobreza endémica, violencia inusitada, corrupción atávica y una desigualdad que avasalla en cualquier lugar del territorio, son expresiones de la debilidad en que se encuentra el Estado mexicano del siglo XXI.

De las guerras intestinas del siglo XIX que costaron la mitad del territorio a la dictadura porfirista y del régimen autoritario del PRI que predominó en el siglo XX a la alternancia pactada de ese partido con el PAN, el Estado que se gestó hace dos siglos ha sido incapaz de generar uno de sus componentes básicos: la ciudadanía.

México tiene casi 110 millones de habitantes, pero más del 60 por ciento es una masa que apenas sobrevive. Y muchos millones de los que satisfacen con creces sus necesidades básicas constituyen otra masa más preocupada en diferenciarse de la otra.

La falta de ciudadanía permite y explica a una elite política y económica que en dos siglos ha dispuesto de los recursos de la nación sin someterse a un control real y efectivo.

Su voracidad y trapacerías explican en buena medida la impunidad histórica de México.

La clase media que el autoritarismo priista tuvo como válvula de escape ha sido avasallada en los tiempos de la alternancia, al tiempo que los poderes formales del Estado son cada vez más ricos. Es el costo de la democracia, dicen.

La creciente disposición de recursos por parte del Ejecutivo, Legislativo y Judicial no ha significado tampoco el desarrollo de ciudadanía, sino de una masa burocrática, cuyas elites se procuran jugosos beneficios sin más méritos que su capacidad de apropiarse lo que por derecho no es suyo.

Sindicatos, partidos políticos y aparatos locales de poder son parte de ese esquema.

El abandono del modelo solidario de desarrollo y la entrega de los recursos y bienes nacionales a privados nacionales y extranjeros, ha atentado también contra la formación de ciudadanos.

En tales condiciones, el bicentenario Estado mexicano generó su propio veneno: los poderes fácticos, representados por el narcotráfico y la televisión.

A manos del narcotráfico, el Estado mexicano ha dejado de tener presencia en crecientes zonas territoriales en todo el país. Además de territorio, otro de los componentes que explican a un Estado, el de México ha perdido a miles de personas que viven en torno a la ilegalidad y la violencia.

Ante la televisión, los Poderes del Estado han perdido autoridad. Están sometidos a la dictadura de la pantalla.

Beligerante, la televisión desafía y hace sentir su fuerza cuando se trata de que prevalezcan sus intereses, a costa de los de la nación. Forma y deforma, también en detrimento de la ciudadanía.

El Estado tampoco se explica sin la condición primordial de su surgimiento: el de garantizar la integridad de las personas y la posesión de sus bienes. Es su obligación de seguridad pública. Pero los 28 mil muertos que van en la "guerra al narcotráfico" del gobierno de Felipe Calderón hablan de un problema mayor: el de su incapacidad para garantizar la seguridad nacional.

La llamada estrategia contra las drogas, además, ha sido costosa para la dignidad de las personas. Otra función primordial del Estado es garantizar el respeto a los derechos humanos y en eso tampoco se ha consolidado en México en sus dos siglos de existencia.



jcarrasco@proceso.com.mx

Suprema Corte verde olivo

Jorge Carrasco Araizaga


MÉXICO, D.F.; 3 de septiembre (apro).- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le han dado vueltas y vueltas, pero pronto tendrán que definir si solapan a los militares violadores de derechos humanos o si sacan a México de la condición de casi paria internacional en la que se encuentra por negarse a acotar el fuero militar.

La disyuntiva es resultado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974, durante la guerra sucia contra la guerrilla en México.

Como parte del Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, cuyo máximo representante es la Suprema Corte, está obligado a cumplir con la sentencia en lo que le corresponde, pues la jurisdicción de la Corte Interamericana fue reconocida por México en 1998.

A pesar de que el fallo es muy claro respecto a la obligación de la Suprema Corte para hacer una interpretación constitucional de la jurisdicción militar, algunos ministros, encabezados por Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar, se valieron de una chicana –como se refieren los litigantes a las ardides para dilatar un asunto– para posponer la definición de la Corte.

Anguiano, quien incluso calificó a la Corte Interamericana de “prestidigitadora” por haberse metido con el fuero militar, introdujo la idea de que la Suprema Corte necesita un acuerdo que fije lo que deben hacer los ministros para tratar con los fallos de la Corte Interamericana.

En su sesión del jueves 2 de septiembre, el pleno de ministros fue una caricatura de sí mismo, pues varios de los jueces del máximo tribunal no encontraban la manera de justificar sus rodeos respecto a un tema que es central en cualquier país que se diga democrático: el control de los militares por parte del poder civil.

Los ministros saben que parte de esa responsabilidad está en sus manos, pues el caso Radilla es apenas el primero de una serie de juicios en los que muy probablemente se condene de nueva cuenta al Estado mexicano no sólo por la violación a los derechos humanos por parte del Ejército, sino porque éstas son investigadas en la jurisdicción militar y no por los tribunales ordinarios.

En octubre próximo se espera que la Corte Interamericana emita un nuevo fallo condenatorio al Estado mexicano por la detención ilegal y tortura por parte de militares y encarcelamiento por decisión de un tribunal castrense de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, también de Guerrero, en 1999.

Pero el caso Radilla es más que emblemático, pues a partir de él, –si es que la Suprema Corte lo avala–, los tribuales civiles mexicanos estarían en la condición de investigar los más de 400 desparecidos durante la guerra sucia, oficialmente reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las repercusiones alcanzarían también a las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército y la Marina en la “guerra” al narcotráfico de Felipe Calderón y que ahora están en la jurisdicción castrense.

Si los ministros se imponen a sí mismos reglas para decir cómo deben cumplir los fallos de la Corte Interamericana es casi seguro que se amarren las manos, como lo hicieron cuando fijaron los lineamientos para investigar los casos de graves violaciones a los derechos humanos y que no van más allá del mero señalamiento de involucrados, pero no responsables, como ha ocurrido en los casos de Atenco, Lydia Cacho, Oaxaca –aunque ahí sí mencionaron al gobernador Ulises Ruiz– y la guardería ABC.

El año pasado, la Corte tuvo ya una primera oportunidad de sentar precedente y acotar el fuero militar, pero una mayoría de ministros se impuso para negar el amparo a Reynalda Morales Rodríguez, quien mediante ese recurso pretendía que los tribunales civiles investigaran el asesinato de su esposo y otros tres hombres en la sierra de Badariguato, Sinaloa, en marzo de 2008.

Los hombres fueron ejecutados por militares sin que mediara advertencia alguna, pero gracias a la decisión de la Corte el caso se mantiene dentro de la jurisdicción militar.

México es casi una excepción en América Latina. Durante décadas, la mayoría de los países de la región estuvieron gobernados por dictaduras militares.

Bajo los nuevos gobiernos civiles, han sido los Congresos mediante reformas constitucionales o las propias Cortes a través de interpretaciones constitucionales los que han acotado el fuero militar.

El común denominador de esas reformas e interpretaciones ha sido que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas por la justicia civil, pues los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben que los militares se investiguen a sí mismos.

No sólo en el ámbito latinoamericano México está aislado en ese tema. En las agencias y grupos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas han sido constantes las sugerencias de países de todo el mundo –incluso de Asia y África– para que México abandone esa práctica que es ya una vergüenza internacional.

jcarrasco@proceso.com.mx

Militares desmoralizados

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF, 13 de agosto (apro).- La recomendación de la CNDH a la Sedena y a la PGR por el asesinato de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey ratificó lo innegable: el Ejército es uno de los principales violadores de los derechos humanos en México y el gobierno de Felipe Calderón ahonda las ilegalidades para ocultarlo.

El señalamiento cayó en mal momento para el Ejército, pues al interior de esa fuerza es cada vez más compartido el desánimo por el desgaste que ha tenido en el gobierno de Calderón.

Los militares no sólo saben que no van ganando lo que inicialmente se llamó “guerra” al narcotráfico, sino que en extensas zonas del país se rechaza su presencia por los abusos a los derechos humanos que han cometido efectivos del Ejército al amparo del combate a la delincuencia organizada.

Ni siquiera la sospechosa ejecución de uno de los jefes del cártel de Sinaloa, Ignacio Nacho Coronel, en un operativo realizado por el Ejército, el 29 de julio pasado, elevó la moral de aquellos jefes y oficiales que aún tienen años de carrera militar por delante y sobre quienes seguirán pesando los señalamientos en su contra como violadores a los derechos humanos.

Aun cuando ningún militar sea procesado por la justicia civil por las violaciones cometidas en la gestión de Calderón –como es casi seguro que así sea–, en los próximos años el Ejército cargará con acusaciones como las documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el asesinato de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en marzo de este año.

A pesar de los obstáculos del propio Ejército, la PGR y la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, el organismo determinó que el doble asesinato se debió al uso arbitrario de la fuerza por parte de la unidad “Néctar Urbano 4”, al mando de un comandante identificado por la CNDH como AR2, quien iba al frente de 19 efectivos.

Si bien la Comisión no pudo definir quiénes fueron los responsables de la muerte de los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, precisamente porque esas dependencias le regatearon la información, quedó clara la manera en que las autoridades castrenses y las civiles federales y estatales trataron de encubrir a los militares implicados.

Se alteró la escena de los hechos, se les sembraron armas a las víctimas, se ocultó información, se dieron datos falsos y se intentó manipular a la opinión pública para hacer ver a los estudiantes como miembros del grupo de delincuentes con los que se enfrentaron los elementos del Ejército en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey.

Al igual que las procuradurías estatal y General de la República, el Ejército debe responder en 15 días a las recomendaciones de la CNDH, hechas públicas el 12 de agosto, respecto al establecimiento de las responsabilidades y sus sanciones.

La “guerra” en que los metió Calderón ha resultado demasiado costosa para los militares. No sólo para el Ejército. También lo será para la Armada de México. El creciente protagonismo de sus infantes de Marina comienza a ser un lastre en violaciones a los derechos y dignidad humana.

A los militares no les queda más que defender a Calderón hasta el último día de su gobierno. No sólo por respeto a la institucionalidad, sino porque al hacerlo se protegen a sí mismos.

De otra manera no se puede entender lo dicho el pasado viernes 13 por el director del Colegio de la Defensa Nacional, el general Roberto Gustavo García Vergara:

“Que quede claro, esta guerra también se está ganando, porque todos podemos, porque nos asiste la ley y la razón, pero más que nada porque nadie, nadie tiene el derecho a rendirse, nadie tiene opción para desviar el rumbo y mucho menos a perder la fe en México y en su presidente”.

El general García Vergara no sólo habló para el exterior. Lo hizo para quienes dentro del Ejército ven más desaciertos que éxitos en la “guerra” a la que los mandó Calderón.

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

La Corte fatua

Jorge Carrasco Araizaga


MÉXICO, D.F., 18 de junio (apro).- Poco les faltó a varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle perdón al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y a su actual titular, Daniel Karam, por haberlos investigado por la tragedia de la guardería infantil ABC.

De haber alargado sus deliberaciones en busca argumentos para justificar a esos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, habrían terminado por responsabilizar a los padres de los 49 menores muertos y los 104 heridos en el incendio por llevarlos a una guardería que no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad.

Como representantes del tercer Poder, esos ministros quedaron como integrantes de un poder de tercera.

Por la manera en que salieron al paso de su obligación constitucional de investigar las graves violaciones a los derechos fundamentales de los gobernados que por acto u omisión cometen las autoridades, como fue en el caso de la guardería, demostraron a quién sirven.

Con un estrecho legalismo respondieron a la ignominia que representó no sólo para los padres de los bebés, sino para la sociedad, la manera en que se comportaron las autoridades del IMSS, del gobierno de Bours y de la anterior presidencia municipal antes, durante después de la tragedia.

Como la Constitución no precisa en su artículo 97 los alcances de las investigaciones que haga la Corte para casos como el de la guardería ABC, la matanza de Aguas Blancas o los asesinatos en Oaxaca y en San Mateo Atenco, en el estado de México, los ministros se dieron unas reglas con las que se amarraron las manos.

El intento del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para hacer una nueva interpretación de esa facultad y posibilitar así el establecimiento de responsabilidades desde los más altos niveles de gobierno, se topó con esas reglas como si fueran letra sagrada, imposible de modificar.

Las reglas son un candado impuesto por el sector más conservador de la Corte para no hacer efectiva esa facultad constitucional y sancionar a los funcionarios que violan de manera grave los derechos humanos.

La mayoría conservadora que domina a la Corte, integrada por seis de los once ministros a la que se le suman otros ministros según el tema en conflicto, se ha encargado de mantener al Poder Judicial cercano al Ejecutivo para garantizar el actual estado de cosas, que desde la perspectiva judicial está caracterizado por la impunidad ante el ejercicio abusivo del poder.

Ese grupo echó a la basura no sólo el proyecto de Zaldívar, sino una costosa investigación de medio año, que entre otros datos arrojó que de mil 480 guarderías subrogadas por el IMSS al momento de la tragedia, como lo era la estancia infantil ABC, sólo el 0.3 por ciento cumplía con todos los requisitos para su funcionamiento.

En el caso de la supervisión por parte del IMSS, la investigación demostró que se trataba de un “mero control administrativo” que se cumplía en el 88.7 por ciento de los casos. Pero en el caso de protección civil, sólo la mitad tenía constancia vigente y sólo 407 (el 27.5 por ciento) tenía vigente el visto bueno de bomberos.

Nada de eso fue importante para una mayoría de ministros que también pasó por alto que el esquema de subrogación de guarderías del IMSS responde más a intereses mercantilistas en beneficio de personas cercanas al poder que a la prestación de un servicio.

Encabezado por el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el conservadurismo va de la mano de los intereses personales de algunos ministros, algunos más claros que otros.

Para quienes quieren llegar al máximo cargo del Poder Judicial cuando Ortiz deje la presidencia en diciembre próximo, su votación en esta investigación tendrá que ser tomada en cuenta en el Poder Ejecutivo, pues es claro que esa decisión no se queda sólo entre los once ministros.

A la suma de voluntades entre sus pares, quien quiera ser el próximo presidente de la Corte deberá contar el respaldo entre los otros dos poderes políticos, el Legislativo y, sobre todo, el Ejecutivo.

Es claro que la Corte hace política no sólo porque es uno de los tres Poderes del Estado, sino porque sus ministros son designados por el Senado a propuesta del presidente de la República.

Al resolver el caso ABC, los ministros que claramente apoyaron a los funcionarios del Ejecutivo Federal y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, fueron Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Sergio Valls Hernández. Parcialmente lo hicieron José Ramón Cossío Díaz y Jesús Gudiño Pelayo.

Esta vez, las excepciones fueron el autor del dictamen, Arturo Zaldívar y los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.



jcarrasco@proceso.com.mx

La agresión de García Luna contra Proceso

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

En la guerra del presidente Calderón contra bandas del crimen organizado parece no haber límites. Ni siquiera el del respeto a las garantías constitucionales, entre ellas las libertades de expresión y de prensa. Una vez más, Proceso es víctima de la violación de sus derechos fundamentales: funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal, al frente de la cual está Genaro García Luna, exhibieron ejemplares de este semanario junto con supuestas evidencias con las que presentaron ante los medios de comunicación a seis presuntos miembros de La Familia michoacana. Ejemplares de las ediciones 1705, 1707 y 1708, así como de la edición especial número 25 (El México narco, segunda parte) fueron desplegados en una mesa delante de los detenidos, junto con armas de alto poder, paquetes de dinero, bolsas de droga, celulares, documentos personales, llaves de autos, carteras… Insólito, el hecho no ocultaba la intención de quienes lo planearon y ejecutaron: colocar a la revista como parte de la logística del citado cártel de narcotráfico.

En su enfrentamiento con La Familia, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pretendió incluir a Proceso como parte de la logística de la organización delictiva.

Así lo hizo ver en dos ocasiones la semana pasada, cuando se difundió la detención de una célula al servicio de Servando Gómez Martínez, La Tuta, uno de los líderes intermedios del grupo que en el último mes le ha provocado a la Policía Federal (PF) más de 40 bajas, entre muertos y heridos.

La primera referencia a este semanario se hizo en las instalaciones del centro de mando de la PF en Iztapalapa, el 29 de julio, cuando el jefe de la División Antidrogas de la corporación, Ramón Pequeño, presentó a la prensa a seis presuntos integrantes de la organización, entre ellos Armando Quintero Guerra, alias El Licenciado, a quien señaló como el operador financiero de La Tuta y su hermano Flavio Gómez Martínez.

Como es usual en la presentación de los detenidos por las fuerzas federales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) colocó a los presuntos narcotraficantes detrás de una mesa con todo lo que la dependencia reportó como asegurado al momento de la detención. Junto con dos fusiles cuernos de chivo, una pistola Pietro Beretta, cartuchos, fajos de billetes, teléfonos celulares, llaveros, equipo de radiocomunicación y una memoria USB con los reportes sobre la venta de droga y extorsión, expuso cuatro ediciones recientes de Proceso.

En esas revistas, todas del mes de julio, se ha dado cuenta de las dificultades de García Luna y la PF en Michoacán y cómo La Familia se convirtió en lo que el gobierno de Felipe Calderón ha reconocido como su enemigo más peligroso.

Catalogadas en la presentación de Ramón Pequeño como "documentación diversa", las revistas fueron mostradas junto con estados de cuenta, un título profesional y otros documentos que –de acuerdo con el funcionario–, además de seis vehículos incautados, era lo que llevaba consigo la célula.

Además de las imágenes captadas por la prensa, la propia SSP difundió el video de la presentación, en el cual aparecen las revistas en primer plano en varias ocasiones.

Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1709 que empezó a circular este domingo 2 de agosto.

Tribunal electoral, la servidumbre

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, DF, 19 de junio (apro).- A pesar del millonario gasto que ha representado su actual conformación, el Poder Judicial sigue al servicio de los intereses del poder político.

Con creces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha convertido en una lamentable muestra de la adhesión ciega de sus actuales integrantes a los propósitos particulares de quienes los nombraron magistrados.

Su fallo del pasado 12 de junio para modificar el resultado de la elección de la candidata del PRD a delegada en Iztapalapa ahondó la desconfianza hacia la actual Sala Superior del Tribunal y, peor aún, abrió un escenario más de confrontación en la de por sí delirante clase política mexicana.

Sin que nadie oficialmente se lo pidiera, ni siquiera Silvia Oliva, la beneficiaria del fallo, el TEPJF decidió atraer uno de los tantos recursos promovidos por la ahora candidata y así abrir la puerta para cambiar el sentido de los resultados que habían sido convalidados por la Sala Regional del Distrito Federal del propio Tribunal.

Uno tras otro, los recursos de Oliva habían sido desechados por improcedentes hasta que el magistrado Manuel González Oropeza encontró "de importancia y trascendencia" que la Sala Superior analizara las quejas por las alegadas irregularidades en esa elección interna del PRD.

Después, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, como autor de la resolución, se encargó de anular 47 casillas, hacer un nuevo recuento y revertir el triunfo de Clara Brugada, candidata de Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto se aprobó sin discusión. Ninguno de los magistrados argumentó su voto. Los siete llegaron a la sesión con el acuerdo de aprobar el proyecto por unanimidad.

Conscientes de que su fallo desataría una nueva crisis en el PRD, los jueces electorales mostraron su talante de servicio. En la persona de Oliva, el primer beneficiario fue la tribu de Nueva Izquierda, encabezada por el presidente del PRD, Jesús Ortega Martínez, quien también debe su cargo a un fallo de los mismos magistrados.

Fue esa corriente, precisamente, la que logró colocar a González Oropeza como su pieza en el TEPJF, la única del PRD. Los otros seis magistrados fueron designados por el PAN y el PRI, empezando por la actual presidenta del Tribunal, María del Carmen Alanís, promotora del voto de Felipe Calderón en la elección presidencial del 2006, en su calidad de amiga de infancia de Margarita Zavala.

El PRI, pero sobre todo el PAN, son los otros beneficiarios que, por esa manida vía judicial, arremete en el principal bastión del PRD en el Distrito Federal, que es decir el del todo el país. Ese es "el rebase por la izquierda" advertido por Calderón.

La justificación de los magistrados fue que en esas casillas hubo personas ajenas al partido y por lo tanto, de acuerdo con los estatutos del PRD, debían anularse. Del mismo argumento de anulación de un calculado número de casillas se valieron los magistrados para darle el triunfo a Ortega, por encima del también lópezobradorista y exjefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas.

Como entonces, la duda es si las irregularidades fueron del tamaño que dicen los jueces electorales. En ambos casos, conociendo las prácticas electorales del PRD, heredadas del PRI y replicadas también por el PAN, hay motivos de sobra para pensar que las violaciones pudieron haberse presentado en más de 20% de las casillas y proceder por lo tanto a la anulación de la elección.

Los magistrados electorales podrán revestir jurídicamente su decisión, pero nunca convencer que no obedecieron a razones políticas. La operación se le ha atribuido al exsecretario particular de Calderón y candidato del PAN a la Cámara de Diputados, César Nava, y al presidente del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, otro de los promotores de la llegada de Alanís al Tribunal.

El resultado, calculado, fue otra reacción destemplada de López Obrador, cuya propuesta de "cambalache" con el candidato del PT para "ceder" su eventual triunfo a Brugada, aportó más argumentos para los delirios de sus opositores políticos y mediáticos.

Desde la reforma judicial que entró en vigor en 1995, el Poder Judicial ha tenido crecientes recursos y ha visto crecer su estructura, incluido el Tribunal Electoral. El objetivo era que esa instancia, que durante el autoritarismo del PRI era un poder "de tercera", se convirtiera en un sólido tercer Poder.

Sojuzgados por décadas al poder político, los jueces mexicanos no saben ser independientes. Ahora, en tiempos de democracia electorera, no sólo responden al Ejecutivo, también al Senado.

Los jueces también hacen política y, este caso, los desnuda. A ellos hay que imputarles los actuales obstáculos para alcanzar el equilibrio de poderes en México.

Como nadie más, ellos saben que este tipo de fallos son inconcebibles en un régimen democrático, donde el Poder Judicial probadamente actúa con independencia de los otros dos poderes.