Yucatán: santa alianza de PRI, PAN y clero contra los derechos humanos
Enrique Montalvo Ortega
En una maniobra que parece formar parte de una estrategia concertada de la derecha para hacer retroceder las constituciones políticas y los códigos penales de los estados de la República, los diputados yucatecos aprobaron el pasado 15 de julio una serie de reformas gravísimas, que de ninguna manera es exagerado calificar de monstruosas y aberrantes.
El resultado es que se reformaron la Constitución yucateca y el Código Penal para cerrar cualquier posibilidad de legalización del aborto, restringir el matrimonio a las parejas heterosexuales y eliminar la figura que permitía que solteros realizaran adopciones de menores, quedando ese derecho sólo para parejas heterosexuales. Además, el matrimonio se concibe jurídicamente como institución y no como contrato, y se corona a la familia tradicional, a la que se erige en institución, lo que sea que ello signifique.
La novedad es que para este caso se contó con el voto casi unánime de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) –sólo una diputada, del Partido de la Revolución Democrática, votó en contra–. Los cambios respondieron a una "iniciativa ciudadana" de la Red Pro Yucatán AC, que es una especie de Pro Vida local reciclada. Tal nivel de acuerdo, junto con el dictamen y propuestas más que complacientes con las posiciones clericales de parte de la bancada priísta y de sus diputados, ha llevado a los líderes de organizaciones civiles progresistas a denunciar que existe un acuerdo cupular con el clero con vistas a una alternancia en favor del PRI en las elecciones de 2012.
Pero veamos el procedimiento empleado por los diputados clericales de PRI y PAN. En primer lugar adoptaron la terminología sofista del "derecho a la vida" usada por el clero, que anula de entrada cualquier forma de reflexión y debate. Su estrategia consistió en tratar de presentar como naturales o resultado de la ciencia cuestiones que son de suyo discutibles, retomando así la argumentación religiosa del tema del aborto, pero tratando de otorgarle un soporte científico. A pesar de las diferencias entre científicos (médicos y biólogos) y hasta entre teólogos sobre cuándo empieza la vida, para los legisladores yucatecos el asunto está resuelto fácilmente: basta aceptar y proclamar la verdad "revelada" por el Vaticano y con base en ella legislaron por la conocida vía del fast-track, por supuesto sin que medie absolutamente debate ni que la sociedad pueda participar ni expresarse.
Sobre la base de esos malabarismos retóricos y falaces para apuntalar la decisión previamente negociada, la fracción priísta presentó la iniciativa que casi textualmente dio lugar a las reformas legales. Se dictaminó sin debate alguno la pena para las mujeres consideradas "criminales" por haber osado decidir sobre su propio cuerpo: "Tratándose de las sanciones a que se refiere este artículo, aplicables a las mujer que se procure su aborto, el juez queda facultado para sustituirlas por un tratamiento médico integral; bastará que lo solicite y ratifique la responsable".
¿Qué se pretende con esta pena aparentemente (pero sólo en apariencia) tan benévola, pero disciplinaria?, someter a las mujeres, convertirlas en seres obedientes, dispuestas a seguir las reglas de la religión católica impuestas por los legisladores del Estado supuestamente laico. El médico, suponemos siquiatra, vendría a cumplir así la función del confesor que absuelve. Una vez reconocida la culpa y solicitada la cura, se le enviaría al pabellón de normalización, para que la mujer desviada sea regresada al buen carril "por las instituciones de salud del Estado" con acciones que tendrán “como objeto (…) reafirmar los valores humanos por la maternidad, procurando el fortalecimiento de la familia”. Estamos ante la "terapia" de la fe en los valores religiosos impuesta por las instituciones del Estado laico, la vía del totalitarismo moralista. Mejor prueba de la santa alianza no podría existir.
La respuesta airada de la sociedad no se ha hecho esperar, pues cerca de 20 organizaciones civiles demandan a la gobernadora que vete las reformas regresivas. Las alianzas de la derecha comienzan a crujir ante una sociedad que despierta y exige participación. Es la hora de las definiciones.
En una maniobra que parece formar parte de una estrategia concertada de la derecha para hacer retroceder las constituciones políticas y los códigos penales de los estados de la República, los diputados yucatecos aprobaron el pasado 15 de julio una serie de reformas gravísimas, que de ninguna manera es exagerado calificar de monstruosas y aberrantes.
El resultado es que se reformaron la Constitución yucateca y el Código Penal para cerrar cualquier posibilidad de legalización del aborto, restringir el matrimonio a las parejas heterosexuales y eliminar la figura que permitía que solteros realizaran adopciones de menores, quedando ese derecho sólo para parejas heterosexuales. Además, el matrimonio se concibe jurídicamente como institución y no como contrato, y se corona a la familia tradicional, a la que se erige en institución, lo que sea que ello signifique.
La novedad es que para este caso se contó con el voto casi unánime de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) –sólo una diputada, del Partido de la Revolución Democrática, votó en contra–. Los cambios respondieron a una "iniciativa ciudadana" de la Red Pro Yucatán AC, que es una especie de Pro Vida local reciclada. Tal nivel de acuerdo, junto con el dictamen y propuestas más que complacientes con las posiciones clericales de parte de la bancada priísta y de sus diputados, ha llevado a los líderes de organizaciones civiles progresistas a denunciar que existe un acuerdo cupular con el clero con vistas a una alternancia en favor del PRI en las elecciones de 2012.
Pero veamos el procedimiento empleado por los diputados clericales de PRI y PAN. En primer lugar adoptaron la terminología sofista del "derecho a la vida" usada por el clero, que anula de entrada cualquier forma de reflexión y debate. Su estrategia consistió en tratar de presentar como naturales o resultado de la ciencia cuestiones que son de suyo discutibles, retomando así la argumentación religiosa del tema del aborto, pero tratando de otorgarle un soporte científico. A pesar de las diferencias entre científicos (médicos y biólogos) y hasta entre teólogos sobre cuándo empieza la vida, para los legisladores yucatecos el asunto está resuelto fácilmente: basta aceptar y proclamar la verdad "revelada" por el Vaticano y con base en ella legislaron por la conocida vía del fast-track, por supuesto sin que medie absolutamente debate ni que la sociedad pueda participar ni expresarse.
Sobre la base de esos malabarismos retóricos y falaces para apuntalar la decisión previamente negociada, la fracción priísta presentó la iniciativa que casi textualmente dio lugar a las reformas legales. Se dictaminó sin debate alguno la pena para las mujeres consideradas "criminales" por haber osado decidir sobre su propio cuerpo: "Tratándose de las sanciones a que se refiere este artículo, aplicables a las mujer que se procure su aborto, el juez queda facultado para sustituirlas por un tratamiento médico integral; bastará que lo solicite y ratifique la responsable".
¿Qué se pretende con esta pena aparentemente (pero sólo en apariencia) tan benévola, pero disciplinaria?, someter a las mujeres, convertirlas en seres obedientes, dispuestas a seguir las reglas de la religión católica impuestas por los legisladores del Estado supuestamente laico. El médico, suponemos siquiatra, vendría a cumplir así la función del confesor que absuelve. Una vez reconocida la culpa y solicitada la cura, se le enviaría al pabellón de normalización, para que la mujer desviada sea regresada al buen carril "por las instituciones de salud del Estado" con acciones que tendrán “como objeto (…) reafirmar los valores humanos por la maternidad, procurando el fortalecimiento de la familia”. Estamos ante la "terapia" de la fe en los valores religiosos impuesta por las instituciones del Estado laico, la vía del totalitarismo moralista. Mejor prueba de la santa alianza no podría existir.
La respuesta airada de la sociedad no se ha hecho esperar, pues cerca de 20 organizaciones civiles demandan a la gobernadora que vete las reformas regresivas. Las alianzas de la derecha comienzan a crujir ante una sociedad que despierta y exige participación. Es la hora de las definiciones.
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