Esperemos tambièn que este año nos traiga el "milagro" de que màs y màs gente despierte , deje de creer en la tele y se una al movimiento de Resistencia Civil Pàcifica y juntos sigamos en esa lucha , esperemos no interminable , de conseguir por fin , un Mèxico màs justo , libre y democràtico , siempre de la mano de nuestro Presidente Legìtimo , Lic. Andrès Manuel Lòpez Obrador .
Muy feliz año a todos y a todas .
Empezamos con esta nota de La Jornada , que para variar , tiene que ver con la eterna , inmoral e infame corrupciòn que aqueja a PEMEX :
Líderes sindicales exigen hasta $70 mil por fichas de ingreso en la paraestatal, señalan
Impune, la venta de documentos para trabajar en Pemex, acusan
Para obtener una plaza definitiva hay que desembolsar de 250 mil a 300 mil pesos, denuncian
■ Además de dirigentes, participan sus esposas, hijos y otros familiares, afirman inconformes
■ Empleados de Minatitlán entregan a La Jornada documentos sobre esa “práctica común”
Patricia Muñoz Ríos
Una “ficha” (constancia) del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) para que una persona obtenga un empleo en Petróleos Mexicanos (Pemex) se cotiza a entre 50 mil y 70 mil pesos, ya que son vendidas “al mejor postor” por dirigentes y otros miembros de los comités seccionales de todo el país, que comercian impunemente con las mismas, denunciaron afectados; agregaron que miles de personas han sido defraudadas, ya que han entregado dinero a cambio de la promesa de una plaza en la empresa paraestatal, pero no les han cumplido.
En algunos estados, “esposas” y parientes de dirigentes seccionales se dedican a esta venta de “fichas” y plazas, lo cual es una práctica común, según revelan documentos entregados a este diario por trabajadores de la sección 10 de Minatilán, Veracruz, pertenecientes a la corriente denominada Grupo Democrático Insurgente, encabezada por Luciano López.
Entre la información proporcionada se encuentran copias de las “fichas” vendidas y escritos en los que aseguran que el secretario general en Minatitlán, Donaciano Tortugo González Hidalgo, reconoce públicamente la venta de “fichas” en la sección 10 y en la refinería General Lázaro Cárdenas del Río de Pemex, pero aclara que se ha llevado a cabo sin que estuviera enterado y que le “falsificaron” la firma.
La venta de “fichas” y plazas en este sindicato se ha convertido en negocio millonario para los líderes petroleros.
Según los datos proporcionados por esa corriente de trabajadores, en la sección de Minatitlán se vendieron en 2008 al menos 500 “fichas” de nuevo ingreso –que habrían dejado una ganancia de 25 millones de pesos, cotizadas a 50 mil cada una–; sin embargo, esto sería apenas el pago de la entrada a Pemex, ya que obtener una plaza definitiva tiene un costo entre 250 mil y 300 mil pesos.
La “ficha”, explicaron los trabajadores, es la constancia para que una persona pueda laborar de manera eventual en Pemex; la tiene que pagar cada vez que el sindicato lo requiera.
Sin embargo, “a veces, cuando una persona ya lleva varias fichas, se le hace descuento”.
En Minatitlán el caso salió a la luz por una denuncia de corrupción, ya que se difundió una constancia vendida en la que están involucrados el presidente del consejo de vigilancia de la sección 10, Jorge Wade González, y Jorge Arenas Méndez, ambos hombres de confianza del dirigente Donaciano González Hidalgo.
Señalan que familiares de Jorge Wade están inmiscuidos en estas operaciones, entre ellos su esposa, Reyna León, y su hijo del mismo nombre, Jorge Wade.
Para dar salida a esa denuncia, Tortugo González Hidalgo emprendió dos acciones: turnar el caso al consejo de vigilancia de esa sección –de la cual Wade es juez y parte– y quitarle la licencia sindical a Jorge Arenas Méndez y regresarlo a trabajar. Es decir, todo queda igual.
La corriente Grupo Democrático Insurgente denunció los hechos debido a que existe otra práctica común en el sindicato, que se refiere a que los trabajadores petroleros tienen “derecho” a una “ficha” de nuevo ingreso o plaza definitiva para sus familiares, por lo que demandan enérgicamente que “se cumpla con este beneficio con apego a los estatutos generales” del gremio.
Apuntaron que existen miles de defraudados que han entregado dinero en parcialidades a cambio de una “ficha” o plaza, pero nada han obtenido.
De hecho, han sido presentadas al menos 20 denuncias ante el Ministerio Público por ese motivo. El círculo se cierra con que a trabajadores que denunciaron estos hechos se les despidió injustificadamente.
Desde 1991 el contrato colectivo del sindicato petrolero autoriza a Pemex también a realizar subcontrataciones de trabajadores. En ese contexto, señalaron, empresas privadas llevan a cabo prácticas irregulares, ya que contratan personal para exploración y perforación en obras y servicios conexos y en nuevas obras de construcción y mantenimiento, así como en la distribución y el transporte, entre otros servicios.
En diciembre de 2003 hubo un acuerdo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, en el cual se denunció y documentó que la empresa Perforadora Central, subcontratista de Pemex, obligaba a los obreros, como condición para tener un empleo, a firmar contratos individuales en blanco y renuncias anticipadas, así como a afiliarse a sindicatos de protección.
Además se les negaba su derecho a tener antigüedad y al pago de prestaciones.
Y esta otra :
Los fondos que recibe Romero Deschamps subieron notablemente en las administraciones panistas
Dio Pemex al gremio petrolero más de mil millones para “apoyo de gastos”, en 15 años
En su primer año de gobierno, Calderón le otorgó 222 millones en efectivo con cargo a la paraestatal
Gabriel León Zaragoza
Como ningún otro líder gremial, el del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, ha recibido durante más de 15 años “apoyos económicos” para sus gastos de representación, los cuales superan los 409 millones de pesos.
Asimismo, obtuvo casi 150 millones para cubrir sus “gastos de viaje”, 239 millones para los “festejos por el Día del Trabajo y la expropiación petrolera”, así como 219 millones para “gastos” relacionados con la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Se trata de más de mil millones de pesos que salieron de las arcas públicas y de los que el dirigente nunca ha rendido cuentas.
Sin embargo, la cifra aún es mayor, porque se desconoce lo otorgado por Pemex al sindicato en 2008, debido a que la paraestatal ha clasificado como reservada –por tres años, a partir de éste– la información relativa a los recursos entregados al sindicato de 2001 a 2005, argumentando ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que dichos datos forman parte de una averiguación previa iniciada por una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación, y del expediente de un juicio de nulidad promovido por Raúl Muñoz Leos, ex director de Pemex, contra la inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos públicos y penalidad económica por 862 millones de pesos, impuestas por la Secretaría de la Función Pública.
Esta danza de millones en “apoyos” al sindicato está contemplada en el contrato colectivo de trabajo de la organización, e incluso ha experimentado un vertiginoso incremento desde la toma de posesión de Romero Deschamps, en 1993, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari “sólo” le entregó 8 millones 950 mil pesos en “ayudas”.
Sin embargo, en su primer año de mandato, Felipe Calderón entregó al STPRM 222 millones 36 mil 278 pesos para financiar desde sus “gastos de transporte” hasta sus celebraciones.
La falta de transparencia en el manejo de recursos públicos otorgados a los sindicatos, como el de Pemex, demuestra “incongruencia total” de los gobiernos federales panistas para combatir las prácticas corporativistas de corrupción, afirma Irma Eréndira Sandoval, especialista de la UNAM en temas de transparencia.
Expone que en la iniciativa calderonista de reforma energética se da continuidad a esta práctica, debido a que deja intacto el consejo de administración de Pemex, manteniendo en cinco la representación de los trabajadores en ese órgano y sin que sean elegidos mediante voto secreto, universal y directo.
Los gobiernos panistas “realmente no han alterado el status quo en la aplicación de las leyes laborales, en particular la democracia sindical. Se han caracterizado por mantener una tolerancia vergonzante ante la extendida corrupción que opera en el sindicato petrolero y otros, donde es claro el manejo opaco de los recursos públicos”, señala.
“Ayudas” pese al Pemexgate
Durante su gestión al frente del gremio petrolero, Romero Deschamps –quien ha sido indiciado en procesos penales por peculado y peculado electoral, además de estar involucrado en el Pemexgate– ha recibido “ayudas” económicas equivalentes a 20 millones 360 mil 347 días de salario mínimo. La cúpula del STPRM es el único gremio del país que recibe esta magnitud de recursos públicos.
Cuando asumió el cargo, el STPRM recibía 500 mil pesos del gobierno salinista por concepto de gastos derivados de las revisiones anuales del CCT. Sin embargo, de 1993 a 2007 esta cantidad se ha incrementado 176 veces, según un reporte del comité de información de Pemex, obtenido mediante el IFAI.
El documento revela que en todo el gobierno de Vicente Fox Romero Deschamps recibió más de 93 millones de pesos sólo para “gastos de viaje”, y 245 millones bajo el rubro de “apoyos económicos al comité ejecutivo general (CEG)”.
Detalla que en el primer año de gobierno de Calderón el CEG obtuvo 222 millones de pesos en efectivo y con cargo a Pemex, de los que más de 73 millones estuvieron contemplados en el “acuerdo CMC-029” del contrato colectivo.
Además recibió 22 millones 316 mil 687 pesos para sufragar los viajes realizados por el dirigente y su cúpula, lo que está estipulado en la cláusula 251 del CCT, que precisa beneficios para los 68 funcionarios del CEG e incluye “asesores sindicales y consejo general de vigilancia, cinco consejeros sindicales, 86 integrantes de las comisiones nacionales mixtas y 162 comisionados nacionales, así como a 12 comisionados adscritos directamente a las órdenes del secretario general”.
Mediante solicitudes informativas al IFAI, también se ha podido conocer que Romero Deschamps está registrado como empleado de planta sindicalizado nivel 28, y cuenta con una percepción neta mensual de 9 mil 778 pesos, a los que se suman 2 mil 137 por productividad, 2 mil 273 de apoyo para canasta básica y bonificaciones para gas doméstico y gasolina.
Impune, la venta de documentos para trabajar en Pemex, acusan
Para obtener una plaza definitiva hay que desembolsar de 250 mil a 300 mil pesos, denuncian
■ Además de dirigentes, participan sus esposas, hijos y otros familiares, afirman inconformes
■ Empleados de Minatitlán entregan a La Jornada documentos sobre esa “práctica común”
Patricia Muñoz Ríos
Una “ficha” (constancia) del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) para que una persona obtenga un empleo en Petróleos Mexicanos (Pemex) se cotiza a entre 50 mil y 70 mil pesos, ya que son vendidas “al mejor postor” por dirigentes y otros miembros de los comités seccionales de todo el país, que comercian impunemente con las mismas, denunciaron afectados; agregaron que miles de personas han sido defraudadas, ya que han entregado dinero a cambio de la promesa de una plaza en la empresa paraestatal, pero no les han cumplido.
En algunos estados, “esposas” y parientes de dirigentes seccionales se dedican a esta venta de “fichas” y plazas, lo cual es una práctica común, según revelan documentos entregados a este diario por trabajadores de la sección 10 de Minatilán, Veracruz, pertenecientes a la corriente denominada Grupo Democrático Insurgente, encabezada por Luciano López.
Entre la información proporcionada se encuentran copias de las “fichas” vendidas y escritos en los que aseguran que el secretario general en Minatitlán, Donaciano Tortugo González Hidalgo, reconoce públicamente la venta de “fichas” en la sección 10 y en la refinería General Lázaro Cárdenas del Río de Pemex, pero aclara que se ha llevado a cabo sin que estuviera enterado y que le “falsificaron” la firma.
La venta de “fichas” y plazas en este sindicato se ha convertido en negocio millonario para los líderes petroleros.
Según los datos proporcionados por esa corriente de trabajadores, en la sección de Minatitlán se vendieron en 2008 al menos 500 “fichas” de nuevo ingreso –que habrían dejado una ganancia de 25 millones de pesos, cotizadas a 50 mil cada una–; sin embargo, esto sería apenas el pago de la entrada a Pemex, ya que obtener una plaza definitiva tiene un costo entre 250 mil y 300 mil pesos.
La “ficha”, explicaron los trabajadores, es la constancia para que una persona pueda laborar de manera eventual en Pemex; la tiene que pagar cada vez que el sindicato lo requiera.
Sin embargo, “a veces, cuando una persona ya lleva varias fichas, se le hace descuento”.
En Minatitlán el caso salió a la luz por una denuncia de corrupción, ya que se difundió una constancia vendida en la que están involucrados el presidente del consejo de vigilancia de la sección 10, Jorge Wade González, y Jorge Arenas Méndez, ambos hombres de confianza del dirigente Donaciano González Hidalgo.
Señalan que familiares de Jorge Wade están inmiscuidos en estas operaciones, entre ellos su esposa, Reyna León, y su hijo del mismo nombre, Jorge Wade.
Para dar salida a esa denuncia, Tortugo González Hidalgo emprendió dos acciones: turnar el caso al consejo de vigilancia de esa sección –de la cual Wade es juez y parte– y quitarle la licencia sindical a Jorge Arenas Méndez y regresarlo a trabajar. Es decir, todo queda igual.
La corriente Grupo Democrático Insurgente denunció los hechos debido a que existe otra práctica común en el sindicato, que se refiere a que los trabajadores petroleros tienen “derecho” a una “ficha” de nuevo ingreso o plaza definitiva para sus familiares, por lo que demandan enérgicamente que “se cumpla con este beneficio con apego a los estatutos generales” del gremio.
Apuntaron que existen miles de defraudados que han entregado dinero en parcialidades a cambio de una “ficha” o plaza, pero nada han obtenido.
De hecho, han sido presentadas al menos 20 denuncias ante el Ministerio Público por ese motivo. El círculo se cierra con que a trabajadores que denunciaron estos hechos se les despidió injustificadamente.
Desde 1991 el contrato colectivo del sindicato petrolero autoriza a Pemex también a realizar subcontrataciones de trabajadores. En ese contexto, señalaron, empresas privadas llevan a cabo prácticas irregulares, ya que contratan personal para exploración y perforación en obras y servicios conexos y en nuevas obras de construcción y mantenimiento, así como en la distribución y el transporte, entre otros servicios.
En diciembre de 2003 hubo un acuerdo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, en el cual se denunció y documentó que la empresa Perforadora Central, subcontratista de Pemex, obligaba a los obreros, como condición para tener un empleo, a firmar contratos individuales en blanco y renuncias anticipadas, así como a afiliarse a sindicatos de protección.
Además se les negaba su derecho a tener antigüedad y al pago de prestaciones.
Y esta otra :
Los fondos que recibe Romero Deschamps subieron notablemente en las administraciones panistas
Dio Pemex al gremio petrolero más de mil millones para “apoyo de gastos”, en 15 años
En su primer año de gobierno, Calderón le otorgó 222 millones en efectivo con cargo a la paraestatal
Gabriel León Zaragoza
Como ningún otro líder gremial, el del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, ha recibido durante más de 15 años “apoyos económicos” para sus gastos de representación, los cuales superan los 409 millones de pesos.
Asimismo, obtuvo casi 150 millones para cubrir sus “gastos de viaje”, 239 millones para los “festejos por el Día del Trabajo y la expropiación petrolera”, así como 219 millones para “gastos” relacionados con la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Se trata de más de mil millones de pesos que salieron de las arcas públicas y de los que el dirigente nunca ha rendido cuentas.
Sin embargo, la cifra aún es mayor, porque se desconoce lo otorgado por Pemex al sindicato en 2008, debido a que la paraestatal ha clasificado como reservada –por tres años, a partir de éste– la información relativa a los recursos entregados al sindicato de 2001 a 2005, argumentando ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que dichos datos forman parte de una averiguación previa iniciada por una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación, y del expediente de un juicio de nulidad promovido por Raúl Muñoz Leos, ex director de Pemex, contra la inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos públicos y penalidad económica por 862 millones de pesos, impuestas por la Secretaría de la Función Pública.
Esta danza de millones en “apoyos” al sindicato está contemplada en el contrato colectivo de trabajo de la organización, e incluso ha experimentado un vertiginoso incremento desde la toma de posesión de Romero Deschamps, en 1993, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari “sólo” le entregó 8 millones 950 mil pesos en “ayudas”.
Sin embargo, en su primer año de mandato, Felipe Calderón entregó al STPRM 222 millones 36 mil 278 pesos para financiar desde sus “gastos de transporte” hasta sus celebraciones.
La falta de transparencia en el manejo de recursos públicos otorgados a los sindicatos, como el de Pemex, demuestra “incongruencia total” de los gobiernos federales panistas para combatir las prácticas corporativistas de corrupción, afirma Irma Eréndira Sandoval, especialista de la UNAM en temas de transparencia.
Expone que en la iniciativa calderonista de reforma energética se da continuidad a esta práctica, debido a que deja intacto el consejo de administración de Pemex, manteniendo en cinco la representación de los trabajadores en ese órgano y sin que sean elegidos mediante voto secreto, universal y directo.
Los gobiernos panistas “realmente no han alterado el status quo en la aplicación de las leyes laborales, en particular la democracia sindical. Se han caracterizado por mantener una tolerancia vergonzante ante la extendida corrupción que opera en el sindicato petrolero y otros, donde es claro el manejo opaco de los recursos públicos”, señala.
“Ayudas” pese al Pemexgate
Durante su gestión al frente del gremio petrolero, Romero Deschamps –quien ha sido indiciado en procesos penales por peculado y peculado electoral, además de estar involucrado en el Pemexgate– ha recibido “ayudas” económicas equivalentes a 20 millones 360 mil 347 días de salario mínimo. La cúpula del STPRM es el único gremio del país que recibe esta magnitud de recursos públicos.
Cuando asumió el cargo, el STPRM recibía 500 mil pesos del gobierno salinista por concepto de gastos derivados de las revisiones anuales del CCT. Sin embargo, de 1993 a 2007 esta cantidad se ha incrementado 176 veces, según un reporte del comité de información de Pemex, obtenido mediante el IFAI.
El documento revela que en todo el gobierno de Vicente Fox Romero Deschamps recibió más de 93 millones de pesos sólo para “gastos de viaje”, y 245 millones bajo el rubro de “apoyos económicos al comité ejecutivo general (CEG)”.
Detalla que en el primer año de gobierno de Calderón el CEG obtuvo 222 millones de pesos en efectivo y con cargo a Pemex, de los que más de 73 millones estuvieron contemplados en el “acuerdo CMC-029” del contrato colectivo.
Además recibió 22 millones 316 mil 687 pesos para sufragar los viajes realizados por el dirigente y su cúpula, lo que está estipulado en la cláusula 251 del CCT, que precisa beneficios para los 68 funcionarios del CEG e incluye “asesores sindicales y consejo general de vigilancia, cinco consejeros sindicales, 86 integrantes de las comisiones nacionales mixtas y 162 comisionados nacionales, así como a 12 comisionados adscritos directamente a las órdenes del secretario general”.
Mediante solicitudes informativas al IFAI, también se ha podido conocer que Romero Deschamps está registrado como empleado de planta sindicalizado nivel 28, y cuenta con una percepción neta mensual de 9 mil 778 pesos, a los que se suman 2 mil 137 por productividad, 2 mil 273 de apoyo para canasta básica y bonificaciones para gas doméstico y gasolina.
Y esta ùltima que tiene que ver con nuestra seguridad y que todo mundo advirtiò que violava nuestras garantìas individuales , pero que al hombresito de los pinos le importò un soberano cacahuate y la aprobò :
El PRD advirtió en el Senado que es violatoria de derechos humanos
Ignoró Calderón señalamientos y firmó la ley de seguridad pública
El PRD advirtió en el Senado que es violatoria de derechos humanos
Ignoró Calderón señalamientos y firmó la ley de seguridad pública
Define bases de coordinación entre los gobiernos para combatir el crimen
Ángeles Cruz Martínez
Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual define las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el combate a la criminalidad, además de que formaliza la regulación de las estructuras de prevención y combate del delito.
La ley establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública será encabezado por el presidente de la República, lo que antes hacía el titular de la Secretaría de Gobernación.
Ahora el titular de esta dependencia, los secretarios de Seguridad Pública federal, Defensa Nacional y Marina, el procurador general de la República, los gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública forman parte del consejo y podrán invitar a representantes de la sociedad civil para que expongan experiencias y conocimientos que contribuyan a los fines en la materia.
Los Pinos informó ayer que el presidente Felipe Calderón firmó la ley aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 9 de diciembre, a pesar de los señalamientos del senador perredista Ricardo Monreal respecto de que contiene disposiciones “violatorias” de los derechos humanos, las cuales, además, se contraponen con la miscelánea penal, pues se asigna a los agentes policiacos facultades que competen al Ministerio Público.
El legislador también destacó ante el pleno del Senado que con la participación de las fuerzas armadas en un órgano civil, en este caso el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se violenta la Constitución.
El nuevo ordenamiento señala como atribuciones del consejo promover la aplicación de políticas en materia de atención a víctimas del delito, la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las instituciones de seguridad pública, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas en la materia.
Respecto al secretariado ejecutivo del sistema, plantea que tendrá autonomía técnica de gestión y presupuestal, y para el ejercicio de sus funciones contará con los centros nacionales de Información, de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación.
Se crea el Centro Nacional de Información, el cual se encargará de diseñar, administrar y resguardar la integridad de las bases de datos criminalísticos y de personal, así como de homologar, bajo criterios técnicos, las bases de datos del sistema.
También se regula el Sistema Único de Información Criminal, que incluye la base nacional de datos sobre probables responsables de delitos, indiciados, procesados o sentenciados, la que, además, es de consulta obligatoria en las actividades de seguridad pública. Incluye los antecedentes criminales, medios de identificación, recursos y modos de operación de los delincuentes, entre otros.
Otro aspecto que incorpora la nueva ley es el funcionamiento de los centros nacionales de Acreditación y Control de Confianza y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como las bases del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Pericial y Policial, como parte de los instrumentos con que se pretende garantizar la confiabilidad de los integrantes de los cuerpos policiacos y el desarrollo de acciones específicas encaminadas a reducir la criminalidad en los tres niveles de gobierno.
Ángeles Cruz Martínez
Hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual define las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el combate a la criminalidad, además de que formaliza la regulación de las estructuras de prevención y combate del delito.
La ley establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública será encabezado por el presidente de la República, lo que antes hacía el titular de la Secretaría de Gobernación.
Ahora el titular de esta dependencia, los secretarios de Seguridad Pública federal, Defensa Nacional y Marina, el procurador general de la República, los gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública forman parte del consejo y podrán invitar a representantes de la sociedad civil para que expongan experiencias y conocimientos que contribuyan a los fines en la materia.
Los Pinos informó ayer que el presidente Felipe Calderón firmó la ley aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 9 de diciembre, a pesar de los señalamientos del senador perredista Ricardo Monreal respecto de que contiene disposiciones “violatorias” de los derechos humanos, las cuales, además, se contraponen con la miscelánea penal, pues se asigna a los agentes policiacos facultades que competen al Ministerio Público.
El legislador también destacó ante el pleno del Senado que con la participación de las fuerzas armadas en un órgano civil, en este caso el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se violenta la Constitución.
El nuevo ordenamiento señala como atribuciones del consejo promover la aplicación de políticas en materia de atención a víctimas del delito, la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las instituciones de seguridad pública, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas en la materia.
Respecto al secretariado ejecutivo del sistema, plantea que tendrá autonomía técnica de gestión y presupuestal, y para el ejercicio de sus funciones contará con los centros nacionales de Información, de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación.
Se crea el Centro Nacional de Información, el cual se encargará de diseñar, administrar y resguardar la integridad de las bases de datos criminalísticos y de personal, así como de homologar, bajo criterios técnicos, las bases de datos del sistema.
También se regula el Sistema Único de Información Criminal, que incluye la base nacional de datos sobre probables responsables de delitos, indiciados, procesados o sentenciados, la que, además, es de consulta obligatoria en las actividades de seguridad pública. Incluye los antecedentes criminales, medios de identificación, recursos y modos de operación de los delincuentes, entre otros.
Otro aspecto que incorpora la nueva ley es el funcionamiento de los centros nacionales de Acreditación y Control de Confianza y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como las bases del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Pericial y Policial, como parte de los instrumentos con que se pretende garantizar la confiabilidad de los integrantes de los cuerpos policiacos y el desarrollo de acciones específicas encaminadas a reducir la criminalidad en los tres niveles de gobierno.
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