El SME, Calderón y sus documentos secretos

José Antonio Almazán González


El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha sido, durante dos años cinco meses, una enorme piedra en el zapato del actual gobierno, que está obsesionado en dar un golpe mortal a la creciente resistencia social, imponer su contrarreforma laboral y sacar adelante sus planes privatizadores de la electricidad y la fibra óptica en la zona centro del país, antaño la región más transparente de México, hoy concentradora de 32.7 por ciento del producto interno bruto.

El plan de Calderón contra el SME –diseñado desde la óptica de un golpe de Estado, en un área exclusiva y estratégica para la nación– se propuso eliminar a un sindicato democrático y nacionalista, cuyo contrato colectivo de trabajo resume las mayores conquistas obreras en México. Parte medular de su estrategia aniquiladora consistió en ocultar información, documentos y expedientes, cuyo conocimiento, de haberse hecho públicos desde octubre de 2009, habrían destroncado su criminal proyecto. Sin embargo, como resultado de la heroica lucha del SME, recientemente se logró desclasificar cuatro documentos cuyos contenidos exhiben, pública y legalmente, el cúmulo de mentiras sobre las cuales se buscó sustentar el inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Vayamos por partes y comencemos a contar la historia.

El plan de exterminio, elaborado desde una perspectiva militar, contempló la toma de alrededor de 400 centros de trabajo calificados de estratégicos para la seguridad nacional (plantas de generación, subestaciones eléctricas, centros de operación y distribución, etcétera) y esperar, con soldados disfrazados de PFP con armas de alto calibre, la reacción violenta del SME para masacrar a los trabajadores electricistas. Así, con la presencia de agentes del Ministerio Público se buscaba que dieran cuenta de los delitos inventados de sabotaje, motín, rebelión, agresión física, daño del patrimonio a la nación, pandillerismo, privación ilegal de la libertad agravada, etcétera, cuyo resultado final sería el encarcelamiento masivo y selectivo de los trabajadores electricistas y la dirección del SME.

Asimismo, tanto en el terreno jurídico laboral como en el Legislativo, los documentos (expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas) que dan cuenta de la guerra de exterminio contra el SME fueron minuciosamente ocultados al amparo de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que facultan al gobierno a reservar información cuando su difusión pueda ocasionar riesgos para la seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional. O bien, como sin tapujos lo reconoció el comité de información de la SHCP el 12 de abril de 2010, cuando su difusión pueda “causar un serio perjuicio a… las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”. Por supuesto, se refieren al juicio de amparo promovido por el SME contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pues, como el gobierno reconoce. “debido a que la mayoría de los documentos contenidos en dicho expediente no han sido aportados en los juicios referidos en el párrafo anterior ni son del conocimiento de las partes actoras en los mismos, se ha concluido que su difusión causaría un serio perjuicio a las estrategias procesales de esta dependencia”. En otras palabras, las mentiras de Calderón quedarían al descubierto y corren el riesgo de perder el juicio y el amparo promovidos por el SME.

A la Cámara de Diputados fueron enviados el 13 de octubre de 2009 dos de los documentos reservados por Calderón: el informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y su diagnóstico. Pero eran los tiempos de la alianza entre el PAN y el PRI y no se promovió una controversia constitucional y menos aún prosperaron los esfuerzos de transparentar el proceso de la liquidación de Luz y Fuerza, exigiendo la desclasificación de su expediente completo. Ambos documentos fueron finalmente desclasificados el pasado 23 de febrero y de su análisis se desprenden conclusiones que tienen valor legal:

1) No existen razones que demuestren que la quiebra técnica de Luz y Fuerza obedeció al costo de los salarios y prestaciones de los trabajadores del SME. Por el contrario, del mismo análisis se desprende que la causa fundamental de su deliberada debacle financiera tuvo como origen el elevado precio de la energía comprada en bloque a CFE. 2) Como se lee en la página 12 del informe de la desincorporación, el gobierno preparó un plan contingente para reprimir al SME a partir de supuestos disturbios sociales y actos de sabotaje a la infraestructura eléctrica. 3) El gobierno nunca demostró la inconveniencia de Luz y Fuerza desde el punto de vista de la economía nacional y el interés público.

Finalmente los otros dos documentos desclasificados: la carta de la secretaria de Energía Georgina Kessel a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, del 28 de septiembre de 2009, validando la propuesta de extinción de Luz y Fuerza, y las Bases para su desincorporación, constituyen pruebas claras y contundentes en favor de la figura de patrón sustituto y la imposibilidad reconocida de concluir la extinción de Luz y Fuerza, pues se trata de bienes nacionales afectos exclusivamente a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Las mentiras de Calderón han quedado al desnudo y, por el mayor interés de la nación, el expediente completo de Luz y Fuerza debe ser desclasificado, para dar paso al patrón sustituto y restablecer la legalidad constitucional en materia eléctrica.