Señalan que PRI y PAN han erosionado la soberanía nacional

Hipócritas, políticos a quienes sorprende la presencia de agentes de EU: expertos

Laura Poy Solano

Domingo 14 de agosto de 2011, p. 7

La decisión del gobierno del presidente Felipe Calderón de darle “carta abierta” a agentes de seguridad estadunidenses para que actúen en operativos en el país no sólo erosiona aún más la soberanía nacional, sino también pone en evidencia la “hipocresía” con que actúa la clase política, que hoy se dice sorprendida, aunque es responsable de aprobar esos acuerdos a espaldas de los ciudadanos, aseguraron especialistas en seguridad nacional y sociología política.

Guillermo Garduño Valero y Telésforo Nava Vázquez, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, señalaron que si bien no es nueva la presencia de agentes estadunidenses en el país, “es muy preocupante que el gobierno federal facilite aún más las condiciones para que operen en territorio nacional”.

Garduño Valero, experto en seguridad pública y fuerzas armadas, indicó que desde hace “décadas los presidentes de México han colaborado activamente con las agencias de seguridad estadunidenses, y más aún, se ha permitido una creciente dependencia tecnológica en tareas de capacitación de policías y miembros del Ejército, así como el establecimiento de modelos de seguridad pública diseñados por expertos estadunidenses”.

Es evidente, agregó, que “carecemos de una doctrina que refuerce una visión propia de lo que debe ser la seguridad nacional, con acceso a nuestro propio abastecimiento de tecnología y equipamiento”.

Hoy día “todo depende de la agenda que marque el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, pues son estadunidenses quienes diseñan, aprueban y establecen los objetivos centrales que se seguirán en México a través de nuestros cuerpos de seguridad”.

Por separado, Nava Vázquez, especialista en sociología política y movimientos sociales, indicó que tanto en los gobiernos priístas como en los panistas “ha existido cercana colaboración con agencias como la DEA (antidrogas) y la CIA (Agencia Central de Inteligencia), pero hoy constatamos que las administraciones panistas no sólo han seguido esta tradición, sino que la han profundizado”.

Con la llegada al poder de los gobiernos neoliberales, tanto del PRI como del PAN, la soberanía nacional “ha sido totalmente erosionada, no sólo desde lo económico y financiero, sino en resguardar, como es su deber, la protección de la nación frente a otras naciones potencialmente agresivas, pues han generado condiciones de extrema vulnerabilidad en materia de seguridad nacional”.

Por lo anterior, consideró que el Senado, responsable de vigilar la política exterior del gobierno federal, “debe llamar a rendir cuentas a los responsables de establecer estos acuerdos, y fomentar un amplio debate sobre los criterios que se deben aplicar para tener intercambios de capacitación con otras naciones en temas de seguridad, aunque bajo ninguna circunstancia se debe permitir la participación de agentes extranjeros en el país ni definir con ellos operativos contra el narcotráfico”.


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Exige enjuiciar a funcionarios que han asumido compromisos a espaldas del Congreso

Calderón, “traidor a la patria” por avalar intervención extranjera en México: Bartlett



Andrea Becerril

Domingo 14 de agosto de 2011, p. 7

El presidente Felipe Calderón puede ser juzgado “por traición a la patria”, por haber permitido la presencia de militares extranjeros en territorio nacional y avalar que el gobierno de Estados Unidos tome el control del espionaje mexicano y de todo el sistema de información y comunicaciones con el pretexto de combatir el narcotráfico, advirtió Manuel Bartlett Díaz, ex secretario de Gobernación.

Eso “es gravísimo”, recalcó el también ex legislador, porque los agentes y militares estadunidenses pueden interferir en materia política. “¿Por qué no, si están utilizando los sistemas más adelantados de espionaje?”, insistió.

Agregó que la debilidad ha llevado al gobierno de Calderón a posibilitar una intervención cada vez mayor de Estados Unidos, con el riesgo de que ese país asuma también la conducción política nacional.

Demandó que el Senado actué de manera firme para detener “esa entrega” de México a los intereses de la nación vecina.

El político priísta consideró que el hecho de que Calderón haya firmado una carta de entendimiento secreta con el presidente Barak Obama, en la que se pacta la operación directa en México de agentes de la DEA, la CIA, la FBI y el Pentágono viola la Constitución, ya que no tiene facultades para hacerlo.

Resaltó que el Ejecutivo y los miembros de su gabinete de seguridad niegan todo, pese a que la información sobre los arreglos secretos con el gobierno de Estados Unidos es cada vez mayor.

Ahí están los cables de Wikileaks divulgados por La Jornada y las revelaciones del New York Times, que dan cuenta de la “entrega, sin la menor resistencia”, apuntó el ex legislador.

De entrada, detalló, Calderón asumió la estrategia que Washington le impuso para el combate al narcotráfico y ha aceptado “que pongan en práctica las mismas tácticas que en Afganistán –país invadido por tropas estadunidenses–, que han sido un absoluto fracaso”.

Senador en la pasada legislatura, Bartlett recalcó que el gobierno federal guarda silencio frente a la acusación en medios extranjeros acerca de la complicidad con Estados Unidos, con el fin de “darle vuelta” al marco jurídico mexicano, “para buscar caminos violatorios de la ley”, que avalen esa presencia militar en el territorio nacional.

“Eso es traición a la patria, y se le puede juzgar por ello”, insistió, ya que el Ejecutivo convino buscar caminos para violar la Carta Magna.

Añadió que aun cuando Obama sostuvo que sólo ayudan al gobierno mexicano con información, es obvio que sus agentes no sólo espían a los narcos y saben todo lo que pasa en torno al crimen organizado, sino que se involucran también en lo económico y lo político y van asumiendo el control del sistema de comunicación del país.

De acuerdo con las fuentes que cita el New York Times, el gobierno de Obama decidió mandar a sus agentes y militares a México porque no estaba dispuesto a entregar un equipo tan sofisticado a las policías mexicanas, “que son corruptas. Pero lo que eso significa es que el sistema de información, de vigilancia de todos los movimientos de las comunicaciones en un país, lo tienen ellos”.

Se trata, apuntó Bartlett, de “la entrega del control político, económico y social del país; no hay que olvidar que en las guerras contemporáneas, es la información la que dirige todo”.

Ante esa situación, el silencio de Calderón es “ominoso” y obliga al Senado a asumir sus facultades en materia de política exterior y actuar, abundó.

Expresó que la actuación del Senado no debe limitarse a “comparecencias rídiculas” en las que los funcionarios sólo dicen lo que quieren, los legisladores los cuestionan duro, pero aquéllos niegan todo y se van tranquilamente.

“Se necesitan acciones concretas, reales del Senado, donde, a excepción de unas cuantas voces, los demás actúan como paleros”, apuntó.

Se podría empezar, expuso, “con someter a juicio político a los funcionarios que han permitido la operación de los agentes de Estados Unidos, que han asumido compromisos a espaldas del Congreso para una virtual invasión extranjera”.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks