OJO : Estas mujeres fueron liberadas , no por gracia del gobierno de Guanajuato ; lo que aquì sucediò fuè que las las presiones tanto locales como internacionales fueron brutales , a grado tal que el legislativo guanajuatense hasta cambiò su constituciòn .

Sigan votando por el PRIAN.

“Soy libre porque soy inocente”, exclamó una de ellas

Excarcelan a las siete campesinas presas por aborto

Entra en vigor en Guanajuato atenuante al homicidio por parentesco

“Las leyes del estado discriminan a la mujer”, señala Yolanda Martínez

Rechaza el apoyo del gobernador Oliva; “me hicieron mucho daño”

Yolanda Martínez Montoya (con el puño en alto), acompañada de su hermana María de los Ángeles, al salir del centro de Readaptación Social de Puentecillas, en la capital de Guanajuato, donde estuvo presa más de seis años acusada de homicidio en razón de parentesco por haber abortadoFoto Carlos García



Carlos García
Corresponsal


Guanajuato, Gto., 7 de septiembre. “Soy libre porque soy inocente. Se me hizo justicia”, dijo Yolanda Martínez Montoya cuando ella y otras seis mujeres que sufrieron abortos espontáneos salieron de los penales de Guanajuato y Valle de Santiago, donde purgaban sentencias superiores a 25 años, acusadas de asesinato.

Este martes entró en vigor una atenuante al delito de homicidio en razón de parentesco, que redujo de 35 a ocho años de cárcel las penas a las mujeres que den muerte a un recién nacido. Con esta reforma al Código Penal, a partir de las 17:30 horas fueron liberadas una por una las campesinas María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón, Bonifacia Andrade y Susana Dueñas Rocha.

La mayoría de las mujeres no hablaron con los reporteros que las esperaban fuera del penal de Puentecillas. “Sólo quiero estar con mi familia”, dijeron al abordar camionetas del gobierno del estado que las llevaron a sus hogares en los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato y San Luis de la Paz.


“Se hizo justicia, tarde o temprano. No nos vamos a dar por vencidas. Falta mucho por hacer y por cambiar”, pues las leyes de Guanajuato “son inequitativas y discriminatorias” para las mujeres, dijo Yolanda.

Entre lágrimas y sonrisas, la joven originaria de la comunidad Las Trancas, en Dolores Hidalgo, repetía que era inocente y recriminaba haber estado más de seis años en prisión por un delito que no cometió.

Agregó que no aceptó que la llevaran a su casa en camionetas del gobierno estatal panista, porque quería salir “con la frente en alto” del Centro de Readaptación Social (Cereso).

Las campesinas recibieron, por conducto de funcionarios, ofertas del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, entre ellas apoyo para mejorar sus viviendas, dijo Martínez Montoya.

“No quiero nada. Quiero ser yo. No quiero estar ligada a ninguna persona que tenga que ver con el gobierno, porque me hicieron mucho daño. No quiero nada de ellos”, afirmó la dolorense.

–¿Lo que ofreció el gobierno fue a cambio de silencio?

–Podría ser. Se deduce por lógica –replicó.

Alma Yareli Salazar, absuelta por un magistrado de una sentencia de 27 años de cárcel el 9 de junio, esperaba desde la madrugada del martes la salida de sus ex compañeras. ‘‘Yola, somos libres, somos inocentes” dijo llorando a Yolanda, a quien abrazó fuertemente cuando salió.

Con el puño en alto, Yolanda gritó: “¡Soy inocente, soy inocente!”, y agradeció el apoyo del Centro Las Libres –cuyas activistas se apostaron en el penal a partir del primer minuto del martes– por encabezar la defensa pública y legal de las siete mujeres.

El 31 de agosto, el Congreso estatal aprobó la modificación al artículo 156 del Código Penal para atenuar las penas del delito de homicidio en razón de parentesco.

“A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea a consecuencia de motivaciones de carácter sicosocial, se le impondrán de tres a ocho años de prisión”, señala la reforma propuesta por el gobernador Juan Manuel Oliva a raíz de señalamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el caso de las siete presas.

Las jóvenes denunciaron públicamente que el Ministerio Público las obligó a incriminarse y aceptar en las averiguaciones previas que ellas “escucharon que los productos lloraron” para culparlas por homicidio, cuando en realidad tuvieron abortos espontáneos en los últimos meses de su embarazo.

En agosto de 2009, La Jornada publicó que en Guanajuato había mujeres que sufrieron abortos y fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco, por lo que fueron sentenciadas hasta a 35 años de cárcel, pese a que el Código Penal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión y una multa hasta de 30 días de salario mínimo.

Oliva Ramírez aún niega que su gobierno criminalice a las mujeres que abortan, pero en el libro Algunas consideraciones al suicidio y formas de violencia intrafamiliar, la Procuraduría General de Justicia del estado incluyó los testimonios de internas que tuvieron abortos y fueron sentenciadas por homicidio “en agravio de sus hijos en proceso de gestación”.

¿JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA?

EN NOVIEMBRE PRÒXIMO SE CUMPLIRÀN DOS AÑOS DE QUE EL OBISPO ONÈSIMO CEPEDA INTERVINIERA DE MANERA ILEGAL EN LA VIDA POLÌTICA DE ESTE PAÌS , JUSTO CUANDO ESTABA EN SU APOGEO LA CRISIS POR EL FRAUDE ELECTORAL DE JULIO DE ESE MISMO AÑO ; ESTE PELAFUSTAN INTERVINO ILEGALMENTE MOSTRANDO SUS PREFERENCIAS POR LA EXTREMA DERECHA DE ESTE PAÌS Y APROVECHANDOSE DE LA INFLUENCIA QUE EJERCE EN BUENA PARTE DE LOS MEXICANOS , PRETENDIÒ Y EN BUENA MEDIDA LO LOGRÒ , POSICIONAR UNA IDEA NEGATIVA DE AMLO ENTRE SUS SEGUIDORES Y DEMAS PARTE DE LA POBLACIÒN POCO O MAL INFORMADA , YA QUE EN AQUELLOS DÌAS LA ESTRATEGIA DEL PAN , DE FOX , DE CALDERÒN , DE LA IGLESIA, DE LOS EMPRESARIOS , DE TELEVISA , DE TV AZTECA , DEMAS MEDIOS DE COMUNICACIÒN Y EN GENERAL DE LA EXTREMA DERECHA YUNQUISTA DE ESTE PAÌS TENIAN COMO PRINCIPAL OBJETIVO ECHARLE ENCIMA A LA OPINIÒN PÙBLICA A AMLO Y CREARLE UN CLIMA DE ANIMADVERSIÒN , ALENTANDO LA IDEA DE QUE EL PEJE ESTABA PERDIENDO EL CONTROL , QUE NO SABIA PERDER Y NO SE CUANTAS PENDEJADAS MÀS .

AHORA , A DOS AÑOS DE ESAS ESTUPIDAS DECLARACIONES , CUANDO EL DAÑO YA ESTA HECHO , "LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA" DE ESTE PAÌS , APENAS EMITE UN FALLO QUE PARA COLMO DE MALES NI SIQUIERA ES DEFINITIVO.......YA PARA QUE .

El prelado ahora deberá pagar los gastos y costas del proceso, resuelve tribunal colegiado

Leonel Cota gana otra batalla legal en el juicio que interpuso Onésimo Cepeda

Alma E. Muñoz


En una etapa más del conflicto entre el ex presidente nacional del PRD Leonel Cota Montaño, y el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, el noveno tribunal colegiado en materia civil del Distrito Federal falló en favor del ex gobernador de Baja California Sur en la demanda que en su contra interpuso el prelado, quien solicitaba una indemnización por 750 millones de pesos después de que el primero emitiera críticas en su contra en 2006.

Cota Montaño informó que la resolución emitida el 3 de septiembre pasado obliga al prelado y a la diócesis de Ecatepec a cubrir los gastos y costas que se derivaron del proceso y que, de acuerdo con información del PRD, equivaldría a 8 por ciento del total de indemnización solicitada por el religioso, es decir, 60 millones de pesos.

La resolución, que no es definitiva pues aún puede apelar el obispo, deriva de la inconformidad que interpuso el partido después de que en agosto del año pasado la juez 35 en materia civil, Sandra Luz Díaz Ortiz, le ordenara indemnizar al jerarca católico con 2 millones de pesos, aunque siete meses después la décima sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) determinó que la cifra se redujera a 100 mil pesos.

En el sol azteca no se rechaza saldar esta deuda, como tampoco publicar, como están obligados, un extracto del fallo en su página de Internet, y no se descarta que el ex gobernador sudbajacaliforniano pudiera contrademandar al obispo Cepeda Silva por el mismo delito por el cual éste lo denunció.

Se informó que tras la resolución, el prelado deberá hacerse cargo del pago de servicios de abogados generados durante el proceso judicial que se prolongó durante más de dos años.

El origen

La pugna entre Cota Montaño, el obispo y el PRD empezó en noviembre de 2006, cuando el prelado calificó de “estupidez” las críticas que hizo el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador al Instituto Federal Electoral a propósito de los comicios del 2 de julio de ese año.

Onésimo Cepeda le envió, en esa ocasión, un mensaje al ex jefe de Gobierno capitalino “(…) la estás regando; no la riegues porque te vas a quemar”.

Cota Montaño, entonces presidente del PRD, como respuesta calificó al prelado de cínico, y en un noticiario televisivo lo definió como “reaccionario” y “mercader de la religión y la política”.

Tanto el jerarca católico como la diócesis de Ecatepec, de la cual éste es titular, decidieron, entonces, demandar por la vía civil al ex gobernador y al PRD por daño moral, y pidieron una indemnización de 750 millones de pesos. Después de que el TSJDF determinó que el pago por concepto de reparación de daño moral debía quedar en 100 mil pesos, el obispo llevó el caso hasta los tribunales federales mediante un juicio de amparo, en espera de que la autoridad revirtiera dicha sentencia.

A raíz de las palabras pronunciadas por Onésimo Cepeda en contra de López Obrador, la Secretaría de Gobernación amonestó al religioso, y el PRD se congratuló por este hecho, mediante un comunicado en el que reiteró su acusación contra el prelado y argumentó que el partido no lo considera “una voz autorizada de la Iglesia y sí, en cambio, creemos que (su actuar) es una de sus manifestaciones más grotescas y corruptas”.

Advierte Álvaro Delgado sobre la capacidad del Yunque para infiltrar hasta al PRD
javier ramírez

* Ni el movimiento de AMLO está exento, afirma

* Miembros de NI actúan “acompasadamente con la derecha en general”, asegura

Guadalajara, Jal., 16 de mayo (apro).- La organización clandestina El Yunque “es como la humedad; tiene esa capacidad de infiltrarse en organismos de todo tipo, y el PRD no está desprovisto de eso, ni siquiera el movimiento de resistencia civil que encabeza López Obrador”, advirtió el periodista Álvaro Delgado.

Durante su participación en el foro “El Estado laico en peligro”, efectuado el martes pasado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el periodista afirmó que los integrantes de la corriente Nueva Izquierda, que encabeza Jesús Ortega, “sin necesidad de ser miembros juramentados del Yunque, actúan acompasadamente con la derecha en general”.

“No son muy eficaces para otras cosas pero para apoderarse de la burocracia sí”, precisó el autor de La Ultraderecha en el podery El Ejército de Dios.

Organizado por el Movimiento Ciudadano, integrado por 36 agrupaciones, durante el foro Álvaro Delgado recordó que Jesús Ortega, quien a pesar de ser oriundo de Aguascalientes, en esa entidad el PRD, en 19 años, “no ha ganado jamás nada: ni un ayuntamiento, ni una diputación; es el partido del 7%”.

Ante un numeroso público que abarrotó el auditorio “Salvador Allende”, Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, señaló que la Constitución no es un manual de buenas maneras, “sino que garantiza derechos que es preciso defender de manera cotidiana”.

Agregó que en la medida en que las autoridades actúen con apego a las leyes, habrá paz pública y gobernabilidad; además, recordó que los ciudadanos tienen la obligación de llamarle la atención a la autoridad que viole la Constitución.

En ese contexto, dijo, “la actuación del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, no es un acto aislado, es ya un patrón de comportamiento de autoridades, particularmente de Acción Nacional; sólo que Emilio ha hecho ostentación y ha actuado de manera escandalosa, diferente a como lo han hecho otras autoridades a nivel federal, en los estados y en los municipios”.

Agregó que en ese comportamiento está muy clara la subordinación, en los tres niveles de gobierno, a la jerarquía de la Iglesia católica; el uso patrimonialista de los recursos públicos, y el propósito de acabar con el laicismo.

Delgado apuntó que llamar “gober piadoso” a Emilo González Márquez es un error, porque implica un acto de generosidad que él no merece. “En realidad es todo lo contrario: pérfido e intolerante, vulgar y frívolo, aspirante a autócrata: es un fantoche”, recalcó.

Dijo, además, que tanto el PAN como el presidente Felipe Calderón solapan al gobernador de Jalisco, y que “el sello de esta connivencia es la impunidad”.

El periodista comentó que los clericales del PAN son manipuladores que hacen creer “que el Estado laico es sinónimo de antirreligión, y peor aún, en el caso de México y de Jalisco, de anticatolicismo”, lo cual es falso, ya que el Estado laico garantiza la libertad religiosa y la protección de todas las creencias, remarcó.

Por su parte, la historiadora Elisa Cárdenas Ayala expuso, a partir de su especialidad, lo que llamó “el cordón umbilical” que aún mantiene el país desde la Independencia. Explicó que el nacimiento de México como nación “está marcado por una voluntad muy fuerte de emancipación política, por una voluntad de afirmación e independencia, y por la imposibilidad de cortar el cordón umbilical”.

Agregó que “quienes supieron romper políticamente con el Imperio, no tenían manera, pero tampoco la intención, de romper con la que era llamada ‘la religión de la patria’”.

En seguida leyó parte del acta constitutiva de la federación, de 1824, que en su artículo cuarto dice: La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

“Eso explica, en parte, lo que hoy ocurre”, dijo.

En tanto que el también historiador Daniel Molina aseguró que “nadie, en su sano juicio, puede decir que en México existe persecución religiosa. Las iglesias, y en particular la Iglesia católica mexicana, disfruta en la actualidad de las mayores libertades que ha disfrutado en toda su historia”.

Indicó que el quiebre del Estado laico ocurrió con la reforma al artículo 130 que impuso Carlos Salinas. Fue él quien “le devolvió todo ese poderío que hoy la Iglesia trata de manipular tratando de llevarnos, otra vez, al enfrentamiento”, aseveró.

Molina expresó que cuando el Estado laico recibe la embestida del clero, “nosotros sentimos legítimamente que se está atacando nuestra libertad de conciencia”.