El retorno del dinosaurio

Javier Sicilia
7 de mayo de 2012 · 5 Comentarios
Análisis

El aspirante presidencial priista, Enrique Peña Nieto.
Foto: Eduardo Miranda

A la digna memoria de Regina Martínez.


MÉXICO, D.F. (Proceso).- En 1993 Steven Spielberg filmó la primera película de Jurassic Park. Basada en la novela homónima de Michael Crichton, la película narra la historia de un empresario y de una compañía científica que, a partir de segmentos de materia genética prehistórica encontrados en un pedazo de ámbar, comienzan a clonar varias especies de dinosaurios en Nublar, una isla cercana a Costa Rica, con el fin de crear un parque de diversiones. A punto de abrirlo, bajo la mirada de una pareja de científicos y de un matemático invitados para supervisar las instalaciones, una tormenta tropical y un sabotaje crean un profundo caos que nadie puede controlar.

El corolario de la película es doble. Por un lado, nos muestra la imposibilidad del hombre de controlar la contingencia, a pesar de su poder prometeico. Por el otro, el desastre de querer traer al presente un mundo que dejó de existir.

La ciencia ficción siempre ha mostrado de manera metafórica la realidad. En nuestro caso, la película de Spielberg tiene su mejor analogía en la posibilidad del retorno del PRI a la Presidencia de la República. Mundo extraviado y atroz en su tremenda desmesura, el PRI pertenece –en su ya larga analogía con la prehistoria– a un pasado lejano cuyas consecuencias sentimos, con todo el peso del horror y del crimen, en la fallida transición democrática y en la estúpida política de guerra de Calderón.

Aunque las elecciones que nos aguardan serán, como no hemos dejado de insistir, las de la ignominia, el retorno del PRI al poder sería, como el retorno de las criaturas prehistóricas de Jurassic Park, la peor de todas.

Cuando uno mira a Peña Nieto, no es posible dejar de mirar una cría clonada de la prehistoria priista: la lejanía de la nación, el ademán acartonado y perentorio de la presidencia imperial, el rostro hierático del tlatoani inalcanzable que reina desde una parafernalia mediática acordonada por el poder y el miedo. Especie de Díaz Ordaz sometido a un tratamiento de cirugía plástica, Peña Nieto y quienes lo rodean –no los mejores del PRI, por desgracia– tienen, en este sentido, algo del Rex y de los fascinantes Velocirraptores de Jurassic Park: monstruosos, pero contenidos en la aparente afabilidad de un parque de diversiones y, en el caso de los priistas, de las afables y espectaculares jaulas de Televisa y de los inanes constructores de imagen.

Así, el retorno del PRI al poder genera en el imaginario de algunos electores la posibilidad del orden de lo terrible, de la presencia atroz pero controlada de lo monstruoso que permitirá hacer convivir el horror con la racionalidad de la modernidad y domesticar la selva de la Isla Nublar en la que se ha convertido el país. Sin embargo, como lo muestra el segundo corolario de la película de Spielberg, la consecuencia será el caos total. Contra lo que muchos piensan, el PRI no controlará nada. Su monstruosidad terminará por desbordarse. A las bandas del crimen organizado, fruto de la larga prehistoria priista y de las estúpidas políticas panistas, se agregará la militarización del país.

Si en el gobierno de Felipe Calderón la tentación de la represión estaba en la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que le daría un marco jurídico y legal a la vida militar en las calles, con el PRI la tentación se convertirá en realidad. La negativa de Peña Nieto a confrontarse públicamente con los ciudadanos en el programa de Carmen Aristegui, su desprecio por el movimiento social más importante de los últimos años –de todos los candidatos él es el único que no ha tenido el más mínimo contacto con el MPJD–, la prisa de muchos priistas por la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional –han intentado varios albazos en la Cámara de Diputados–, su protección a delincuentes que participan en la vida política del partido y sus gobiernos, hablan de la manera en que gobernarán: un Estado brutal y destructivo que, so pretexto de perseguir a la delincuencia, criminalizará la protesta y reprimirá, como se hizo en Atenco, la democracia, mientras el crimen y los intereses más oscuros de la vida política y empresarial continúan bajo su cobijo una incontrolable marcha.

Semejante al desastre de Jurassik Park, el regreso del PRI sería la instauración total del horror y el aplastamiento de cualquier signo de dignidad moral y racionalidad política. En un mundo que necesita de la unidad de la nación y de la humanización de la vida civil y política, el retorno de lo monstruoso sería darle carta de naturalización al cerebro reptil que tanto daño nos está causando. Detrás de la aparente domesticidad jurásica del priismo enjaulado en el uso mediático y calculado de su propaganda y de su táctica de campaña, aguarda la vida brutal del pasado presta a desbordarse en la del presente con un furor más incontrolable que en el mundo que le permitió ser.

El pasado es un complejo espejo que nos permite contemplarnos para rehacer el presente. Regresarlo al ahora sería, como lo muestra el segundo corolario de Jurassic Park, darle carta de naturalización a lo monstruoso en el centro de un país doliente que busca, contra la ignominia política y la criminalidad atroz, su regeneración humana.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.

“La movilización es para exigir, no para derribar el gobierno”

Nuestra lucha se enfoca a rehacer el tejido social: Sicilia

Lo que buscamos es un pacto ciudadano que ponga fin a la violencia

“Hay un Estado cooptado y corrompido por el crimen organizado”

“Millones no pueden entender una guerra mal planeada, mal dirigida”





Rubicela Morelos y Alonso Urrutia
Corresponsal y enviado



Cuernavaca, Mor., 5 de mayo. Al dar inicio la Caminata-Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia reivindicó el movimiento como una expresión social contra la violencia desatada por una absurda guerra que la sociedad no pidió y que ya ha cobrado 40 mil vidas. Subrayó que con esta manifestación se muestra que la sociedad ha comenzado a dejar el miedo y exige a las autoridades omisas y a los criminales poner alto a la violencia.

Afirmó que el movimiento no tiene como propósito derribar al gobierno o a las autoridades de los tres niveles, sino convocarlas a rehacer el tejido social, porque los integrantes del crimen organizado ya han infiltrado las estructuras gubernamentales y “actualmente hay un estado cooptado que necesariamente se tiene que reformar desde adentro”.

Durante la primera conferencia de prensa ofrecida al comenzar la movilización, Sicilia sostuvo que el gobierno debe entender que la seguridad nacional “no sólo es la violencia, no sólo es el Ejército en las calles; la seguridad nacional es educación y cultura, tantas cosas que no han hecho las autoridades”. Insistió en que una paz con miedo y terror, no puede llamarse paz.



NOTA COMPLETA :

Gobierno, políticos, clero y empresarios, responsables de este caos: Sicilia

La Redacción

MÉXICO, D.F., 13 de abril (apro).- El escritor Javier Sicilia atizó contra las cabezas políticas y sociales de México por ser corresponsables de la crisis de inseguridad que azota al país. Además, el poeta convocó a una segunda marcha nacional para exigir el regreso de la gobernabilidad.

En un discurso pronunciado esta tarde en Cuernavaca, Sicilia exigió la renuncia del gobernador de Morelos, Marco Adame, y de los presidentes municipales de Jiutepec y Temixco.

El presidente Felipe Calderón es culpable, acusó, por emprender una “guerra mal planteada, mal hecha y mal dirigida, que lo único que ha logrado, además de sumirnos en el horror y el crimen, es poner al descubierto el pudrimiento que está en el corazón de nuestras instituciones”.

Los partidos políticos, por su parte, “tienen gravísimas omisiones frente al crimen organizado. Esas omisiones han sido la moneda de cambio para acomodarse aquí y allá, erosionado las instituciones e hiriendo gravemente a la nación”.

Los gobiernos son responsables “porque en nombre de una guerra absurda están destinando presupuestos multimillonarios para alimentar la violencia y, al quitárselos a la educación, al empleo, a la cultura y al campo, están destruyendo el suelo en el que la sobrevivencia y la vida pública tienen su casa”.

Los empresarios no se salvan, ya que “han sido omisos al cuidar sus intereses particulares por encima de los de la gente que hace posible la vida de los pueblos”.

Y la iglesia católica es omisa debido a que “al reducir la vida del espíritu y la marea del amor de Cristo a una pobre moral sexual y al cuidado de la imagen ya muy deteriorada de su institución, ha descuidado el amor y el servicio a los pobres, y, semejante a la clase sindical y empresarial de nuestro país, ha buscado el poder, el clientelismo político y la riqueza humillando la Palabra”.

La ciudadanía también tiene parte de culpa: “Todos y cada uno de ustedes y de nosotros tenemos graves omisiones y complicidades criminales maquilladas de legalidad que nos han sumido en el caos y, como le dijo el poeta Mandelstam a Stalin, nos hacen ya no sentir el suelo bajo nuestros pies”.

Estas críticas, que emitió Javier Sicilia en la plaza de Cuernavaca y que envío a la revista Proceso, se suman a la convocatoria de una segunda marcha para exigir a las cúpulas de este país su compromiso por salvar a la nación.

Por la omisión en la captura de los asesinos de sus hijos, Sicilia exigirá al gobernador de Morelos, Marco Adame, que presente su renuncia. También al alcalde de Jiutepec, Miguel Ángel Rabadán, y al de Temixco, Nereo Bandera Zavaleta.

La marcha es convocada también por padres de la guardería ABC, las madres de los asesinados en Salvarcar, los deudos de los muertos de Pasta de Conchos, Emilio Álvarez Icaza, el sacerdote Miguel Concha, Miguel Ángel Granados Chapa y Alberto Athié. La cita será el domingo 8 de mayo en el zócalo de la ciudad de México.

El objetivo de la marcha es firmar un pacto con las autoridades en Ciudad Juárez, la ciudad con más violencia. En dicho acuerdo se logrará el compromiso para recuperar la gobernabilidad y la seguridad.

López Dóriga, la inmoralidad mediática

Javier Sicilia


MÉXICO, D.F., 13 de diciembre.- Poco antes de la maquillada transición democrática, cuando el gobierno señoreaba abiertamente al país como una dictadura, los medios noticiosos –en particular los de Televisa, encabezados entonces por Jacobo Zabludovsky– estaban perdidos en los principios y en la moral. El apetito del dinero y la indiferencia por la dignidad habían actuado para dar a México medios cuyo único objetivo era aumentar el poder del gobierno, el lucro de las empresas mediáticas y el envilecimiento de todos.

En esos tiempos, el Excélsior de Julio Scherer y –después del golpe perpetrado por el gobierno de Echeverría– la revista Proceso, que se fundó con el apoyo de una ciudadanía indignada, eran la excepción. Sus batallas, su periodismo de investigación, su devoción por la verdad, su negativa a pactar con los poderes, no sólo mantuvieron viva la voz de la nación, sino que sentaron las bases de lo que ahora es la libertad de prensa en nuestro país.

En medio de esa libertad, Proceso, dirigida ahora por Rafael Rodríguez Castañeda, ha seguido el mismo camino y continúa siendo una referencia incómoda para el poder y para esos medios que, como los auspiciados por Televisa, no han dejado de ser lo que siempre han sido: la vergüenza de este país. No es otra cosa lo que López Dóriga –ese periodista inescrupuloso, continuador del Zabludovsky del antiguo régimen– mostró cuando –días después de la publicación del reportaje de Ricardo Ravelo Testigo estelar (Proceso 1777), y de la publicación de un capítulo del libro de Anabel Hernández Los señores del narco (Proceso 1778)– divulgó y magnificó en su noticiario que Sergio Villarreal, El Grande –testigo protegido que en el reportaje de Ravelo había manifestado conocer a Calderón a través del senador Guillermo Anaya–, decía haber dado al periodista 50 mil dólares para que guardara silencio con respecto a su persona.

Se trataba –como lo dijo el propio López Dóriga en un alarde de servilismo avalado por los periodistas que lo acompañaban en el programa Tercer Grado– no de una noticia, sino de un lección: mostrarle a Proceso, primero, que la fuente de Ravelo, El Grande, que dice conocer al presidente, se volvía ahora contra él; segundo, que si en ese caso la fuente mentía, también mentía en relación con sus declaraciones sobre Calderón y Anaya; tercero, que Proceso, el cual recurre a testimonios de testigos protegidos, se ha convertido en un semanario corrupto que tiene relaciones con el narcotráfico y que utiliza cualquier tipo de información para desprestigiar al gobierno; cuarto, que a partir de ese momento todo lo que ha dicho o diga Proceso es sospechoso de falsedad. Se trataba, bajo una moralina seudoperiodística, de linchar a Proceso, de desprestigiarlo, de reducirlo a un periodismo de calumnia, a un pasquín que dejó de ser lo que fue para mentir.

La evidencia más clara de esta bajeza está en la manera en que el propio López Dóriga manipuló los argumentos que Ravelo utilizó en su reportaje Testigos protegidos: creerles a conveniencia (Proceso 1778). Según Ravelo –palabras que el propio López Dóriga utilizó para darle esa supuesta lección a Proceso– los testigos protegidos “mienten”. Lo que, sin embargo, López Dóriga omitió es, primero, que mienten porque “en manos de las autoridades sufren presiones económicas, malos tratos y frustración”; segundo, que cuando esos mismos testigos “se refieren a funcionarios poderosos del gabinete federal no se les toma en cuenta”; tercero, que “con frecuencia los testigos protegidos se quejan de que en la SIEDO son obligados a declarar en contra de gente que no conocen…”.

Ni López Dóriga, quien sí ha difamado muchas veces para servir a sus patrones –recordemos sus ataques contra el diario Reforma por denunciar los beneficios obtenidos por Televisa y Nextel en la asignación de frecuencias radioelectrónicas y la reciente divulgación de una supuesta corrupción entre directivos de la industria farmacéutica y del Seguro Social porque así convenía a esa empresa televisiva–, ni quienes lo acompañaban en Tercer Grado tuvieron el profesionalismo de verificar si los señalamientos de El Grande sobre su encuentro con Calderón eran falsos; ni si la acusación de ese testigo protegido contra Ravelo era el producto de una coerción de la SIEDO para golpear a Proceso.

Reunidos en el foro televisivo, Dóriga, Marín, Maerker, Gómez Leyva y Micha habían dejado de ser periodistas para convertirse en los inquisidores de Proceso, en servidores de esas Iglesias degeneradas llamadas Gobierno y Televisa, y en verdugos impolutos de un periodismo que no ha dejado de denunciar sus corrupciones y desaciertos. Habían dejado de honrar la palabra, a la que un día sirvieron con dignidad, para volver al viejo objetivo de los medios verdaderamente corruptos: aumentar el poder autoritario del gobierno, el lucro de las empresas mediáticas de las que viven y el envilecimiento de todos.

A los que hacemos Proceso nunca nos ha interesado caminar apoyándonos en los pobres privilegios de los que saben arreglárselas con el poder. Nuestra ambición es y ha sido dar testimonio y gritar cada vez que es posible en nombre de aquellos a quienes los poderes aplastan. Eso, para honra de la verdad, jamás podrán acallarlo.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.

La legalidad criminal

Javier Sicilia


MÉXICO, D.F., 1 de diciembre (Proceso).- Cada vez se hace más claro que lo único que distingue a la clase política del crimen organizado es la impunidad. Mientras que al criminal se le asesina o –en el caso de que el Ministerio Público y el juez cumplan con su tarea– se le procesa y sentencia, el político no sólo puede cometer durante su estancia en el poder todo tipo de ilícitos, sino que a su salida queda tan impoluto como una virgen. Nadie, a pesar de la documentación en su contra, osa destituirlo; nadie tampoco osa hacerlo comparecer ante la justicia cuando ha dejado el encargo. Se trata del ancestral método que señoreó la vida política del país cuando la revolución se institucionalizó y procedió como una dictadura, sólo que ahora de manera cínica y cobijada bajo el argumento de la democracia, el fuero y la “salud” de la vida partidista.

Donde volvamos el rostro, sea al PAN (Calderón, Molinar Horcasitas, por nombrar sólo a quienes tienen evidencias claras en su contra), al PRI (Mario Marín, Eduardo Bours, Arturo Montiel, Salinas de Gortari) o al PRD (Amalia Hernández, Zeferino Torreblanca), vemos con profundo horror que el poder y sus intereses están por encima de la ley y que sus actores son tan criminales como los políticos que los cobijan.

El caso más claro, por las evidencias documentadas en su contra, es el de Ulises Ruiz. Durante su gobierno, como lo ha mostrado Pedro Matías (Proceso 1776), se asesinó a 200 personas, entre “luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas”, se realizaron “600 detenciones” ilegales, “siete desapariciones forzadas”, innumerables secuestros, 380 torturas y una creciente espiral de violencia. Ahora que lo deja –en medio de spots apologéticos con cargo al erario, es decir, a la ciudadanía que tanto agravió, y un informe de gobierno triunfalista– se agregan a esos delitos el no cumplimiento de las “mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros”, “nueve solicitudes de juicio político [y] 40 controversias constitucionales por la destitución de funcionarios [y] discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios”. Ulises Ruiz, como muchos de nuestros políticos, gobernó como un criminal impune y se va como tal.

Lo más grave de todo es que Ruiz no es –como la Iglesia ha tratado de hacer con Marcial Maciel– un criminal solitario. Detrás de su impunidad está la complicidad de los funcionarios de su partido que no lo llaman a cuentas, de los partidos opositores que, tratando de evitar lo que a los suyos les corresponde, callan y del Poder Judicial que, en estos casos, siempre mira hacia otra parte. En suma, detrás de Ruiz está el contubernio mafioso de todos para mantener el cascarón roto y vacío de la vida institucional. Su rostro entre nosotros es el del crimen legalizado, la imagen invertida del otro crimen que cínicamente dicen perseguir.

Con ello, el mensaje que lanzan a los jóvenes es el mismo que el de los narcocorridos o el de los reportajes que exaltan la vida de lujo de los capos: el del poder, al que se llega mediante la malversación de la ley y que da derecho a todo.

Desde el instante en que Ruiz salió impune del gobierno –una continuación de la manera en que Calderón llegó al gobierno, ha gobernado y saldrá de él; una continuación también de lo que sucede con Mario Marín y otros tantos– las instituciones políticas se pusieron al margen de la ley.

Se me puede objetar que las instituciones son útiles y que para que existan y pueda haber cierto orden y justicia debe haber componendas. Ciertamente habría mucho que decir sobre esos asuntos, pero lo que es seguro es que nada de lo que perpetúa la mentira puede ser útil. Después de todo, las instituciones políticas pasan –son construcciones históricas– y la justicia y la ley –que son explicitaciones jurídicas de lo que debe ser el amor que, cuando existe, no necesita de ellas– permanecen. La justicia no desaparecerá porque a las organizaciones de la alta política del país se les denuncie en lo que son. La verdadera justicia vive de la verdad y muere con la mentira. Sigue viviendo –una larga y añeja enseñanza de la historia—lejos de los palacios de gobierno, de las instituciones burocráticas del Estado y de los partidos, es decir, en las márgenes de lo que el poder –sea legal o ilegal– privilegia, vive en quienes son capaces de hablar con verdad y actuar con ella.

Esto quiere decir también que en las márgenes de la vida institucional existen ese tipo de hombres y mujeres, pero sólo serán dignos de ella si, contra la injusticia disfrazada de necesidad, las cobardías de las democracia burguesa y sus partidarismos hipócritas, contra la impunidad de los Ulises Ruiz, de los Marín, de los Molinar Horcasitas, de los Montiel, de los Bours, de los Torreblanca… y sus cómplices, realizan la justicia que la sociedad reclama.

Sólo allí, en actos que pongan a los criminales de la vida política en el lugar que la justicia reclama, quienes aún amamos a este país volveremos a creer en las instituciones. Mientras tanto nos sentimos rehenes no sólo del crimen organizado, sino de nuestros propios políticos y gobernantes. Una política sin ética es sólo la perpetuación, por otros caminos, del crimen.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz. l

Las consecuencias de la ilegitimidad

Javier Sicilia


MÉXICO, D.F., 7 de septiembre.- La democracia en el México moderno ha sido tan incipiente como inestable. El primer momento en que pudo haberse logrado, se hundió con la usurpación de Victoriano Huerta, la Revolución Mexicana y el establecimiento de una dictadura de partido. El segundo está por hundirse con el sospechoso ascenso de Felipe Calderón a la Presidencia y la absurda guerra que desató contra el crimen.

Aunque uno y otro momentos tienen características diferentes –el primero fue burdo golpe de Estado que concluyó en la guerra y el establecimiento del poder del grupo de Sonora sobre los cadáveres de sus enemigos; el segundo, cuyas consecuencias aún no vemos, se fincó en un juego mediático y de manipulación de votos, que derivó en una guerra contra el crimen, en la ingobernabilidad y en un conjunto de facciones políticas, llamadas partidos, que se disputan no el gobierno, sino el poder para administrar esa misma ingobernabilidad–, ambos muestran que la crisis de nuestra democracia tiene que ver con la ilegitimidad.

Cuando no hay legitimidad –ya sea por usurpación violenta o por fraude electoral–, no hay manera de consensuar. Se gobierna con la fuerza o se vive la guerra. Calderón decidió gobernar con las dos: inventó una guerra para gobernar con la fuerza. Pero, al igual que Huerta, terminó rodeado por la guerra. El primero huyó –las razones políticas de las facciones que se le opusieron eran tan moralmente sólidas, y la poca fuerza armada que tenía a su lado tan débil, que no había forma de permanecer–.

Calderón no lo ha hecho. Las razones de su guerra son absurdas en el orden político, pero moralmente correctas. Sin embargo, las consecuencias son igualmente atroces. En medio de una guerra que día con día se le va de las manos y cuyos costos son cada vez más espantosos; en medio también de su incapacidad para generar consensos políticos, el país no sólo vive el horror de los enfrentamientos entre los cárteles y los que éstos libran contra el Ejército y la policía, sino también el horror de las guerras mediáticas de los faccionalismos partidistas. Lo que en la época de Huerta era, para decirlo con Emilio Rabasa, La Bola, que luchaba por conquistar una grandeza negada: la democracia, en la de Calderón es una Bola sin rostro que lucha por lo más pueril: el poder y el dinero.

En esas condiciones, 2012 se anuncia atroz. ¿Habrá condiciones para un ejercicio verdaderamente democrático que lleve al poder no sólo a un presidente legítimo, sino capaz de hacer los consensos político que requiere el país y pacificarlo? ¿Surgirá, en medio de la ingobernabilidad, la tentación en Calderón de crear un estado de excepción y, a la manera de Fujimori, intentar prolongar su estancia en el poder? ¿O esa tentación surgirá en el mismo Ejército que, imposibilitado para tener un marco legal en esta guerra, querrá tomar su propio camino? ¿El crimen organizado logrará penetrar de tal forma las filas del gobierno y de los partidos políticos que lo que tendremos será un presidente coludido con la barbarie? ¿Asistiremos –como sucedió bajo las consecuencias de la usurpación de Huerta– al ascenso de un grupo de poder que se perpetuará en él mediante la corrupción y la fuerza o, en otras palabras, veremos el retorno de un PRI que administrará la corrupción de las instituciones que creó y que la mediocridad de Fox no supo cómo desmantelar y refundar? ¿Qué sucederá con la izquierda que no logra reunirse; con los grupos disidentes que, como la izquierda de AMLO, el zapatismo chiapaneco o las guerrillas radicales, tienen aún un proyecto político? ¿Cómo jugarán sus cartas en medio de esta Bola más oscura que la de los tiempos de la Revolución?

Es imposible decirlo. Las consecuencias de la ilegitimidad abren un panorama sombrío que no anuncia un futuro promisorio para la democracia y la reconstrucción de un país que entró en el caos.

El lector, sin embargo, tendrá sus esperanzas. La mía es tan incierta y absurda como la de cualquier otro que en medio de la oscuridad del país camina a tientas en busca de una puerta, mientras imagina cómo puede llegar a ella: creo, después de escuchar las conclusiones de los “Diálogos por la Seguridad” a los que convocó Calderón, que su estancia en el poder es más dañina que su ausencia. Calderón debería irse, o bien, las Cámaras debieran destituirlo y colocar en su lugar a un presidente interino cuya legitimidad permitiera crear los consensos que salvaran la vida democrática y las elecciones del 2012. Esos hombres aún existen en nuestra vida política. Sin embargo, ¿las facciones tendrían el valor y la estatura moral de hacerlo? y, en ese caso, ¿tendrían –lo que no tuvieron los hombres de la Convención de Aguascalientes– la altura política para respetarlo y respaldarlo?

¿Quién podría saberlo? Sin embrago, prefiero hacer un esfuerzo de razón que aceptar una política de poder cuya ilegitimidad nos tiene sin sueño. Una buena regla de conducta es pensar que aún hay espíritus libres que pueden encontrar una salida razonable a lo irracional.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

Querétaro y la barbarie carcelaria

JAVIER SICILIA

Desconcertada ante la violencia desatada por un gobierno inepto y una sociedad devorada por la economía y el consumo, una buena parte de la sociedad y de la clase política cree que para erradicarla se necesita una violencia tan extrema como la que despliega el crimen, es decir, una vuelta a la ley del talión, un endurecimiento de la ley y del castigo ejemplar. Esta política, cuyos resultados –el video que recientemente se nos presentó sobre los sucesos de Nayarit es un horrible ejemplo de ello– son la humillación, la violencia vengativa y el despliegue innecesario del poder –en síntesis, la antítesis de la justicia y de los derechos del hombre–, están instaurando la barbarie y la contraproductividad en nuestro país.

Los Cereso, contraviniendo su nombre –Centros de Readaptación Social–, se han convertido en sitios para la venganza y la humillación, sitios donde la violencia legal da rienda suelta a la impotencia y el odio de una ciudadanía asediada por el crimen.

La actual administración de los Cereso de Querétaro es un ejemplo de ello. Hasta recientes fechas, es decir, hasta el cambio de administración que llegó con el nuevo gobierno, esos Cereso estaban administrados por el ingeniero Juan José Pedraza, un hombre que, a diferencia de la mayoría de los administradores carcelarios del país, cree en la vocación que el sistema penitenciario lleva en su nombre. Desde su llegada, en 2004, se abocó a la tarea de hacer de esos Cereso verdaderos centros de readaptación: contra el control, la disciplina; contra la orden y el temor, la construcción de valores.

“Trabajamos –declaró en una entrevista (Conspiratio 01, septiembre-octubre 2009) con lo que llamamos ‘energía ligada’, que (contraria a la ‘energía móvil’, la de la orden y el control) (…) se orienta hacia la disciplina que busca la ‘energía autónoma’”, es decir, la construcción de la responsabilidad en el interno. Para ello desarrolló un programa basado en el deporte, el teatro, la lectura, la poesía, la dignificación alimentaria, la confianza, etcétera, con el que obtuvo resultados magníficos en el orden de la dignificación y la readaptación social (véase la entrevista citada y el Sistema de readaptación social en el estado de Querétaro).

Por desgracia, la lógica de la barbarie sobre el débil y el réprobo, que ha acompañado a la venganza a lo largo de la historia y que en nuestro país se ha vuelto la temperatura de las buenas conciencias, lo vio muy mal. Los ataques al trabajo de Pedraza han conducido, con el cambio de administración, no sólo a un retorno a la barbarie penitenciaria, sino a la venganza sobre aquellos internos que colaboraron estrechamente con el programa de Pedraza y son un ejemplo de sus logros.

Cinco internos, a los que conozco y de los cuales puedo dar fe de su readaptación, buen comportamiento, trabajo creativo y servicio a la comunidad –Sergio Velarde Muro, Paulo Ortiz Villalpando, Luis Eduardo Lozano Alegría, Manuel García Ibarra (El Chino) y Faustino Ayala Guillén– han sido enviados, sin motivo alguno, por una simple venganza y abuso de poder, al “módulo cerrado”, es decir, al módulo de los criminales violentos y endurecidos. Despojados de su humanidad, de su dignidad de hombres que han transformado sus vidas; sometidos a todo tipo de humillaciones, controles y órdenes gritadas a cada momento, estos hombres son un ejemplo de adónde nos están conduciendo la exaltación de la barbarie y el ánimo de venganza.
Esta realidad es atroz, destruye la escala de valores y comienza a considerar el endurecimiento de la violencia legal como un bien. Cada vez más –la nueva administración de los Cereso de Querétaro lo muestra–, en medio de la violencia que nos rodea –sea de los criminales o del gobierno, es decir, ilegal o legal–, hay más hombres y mujeres que, ya sea por ambición, por una especie de idolatría ante la justicia ciega del talión, porque confunden la firmeza de alma con la insensibilidad o porque, como Eichmann, carecen de imaginación, se acomodan muy bien a la barbarie, la ven con indiferencia y como un instrumento útil para dignificar la abstracción llamada sociedad.

Es necesario, en nombre de la dignidad, del respeto a la verdadera justicia y a la readaptación, que esos hombres, injusta y vengativamente castigados, sean sacados de los “módulos cerrados” y devueltos a la dignidad y al estatus humano que habían alcanzado. Yo lo pido, lo exijo como hombre y ciudadano de este país. De lo contrario, la justicia en los Cereso de Querétaro será una continuación del crimen que quiere erradicar. Simone Weil escribía que “Un Estado bajamente civilizado puede llevar a aquellos que somete, a esa descomposición moral que (...) destruye brutal y definitivamente la continuidad de la vida espiritual”.
Nunca enfrentaremos civilizadamente el horror del crimen con la injusticia y la venganza. Sólo lo haremos creando, como lo hizo Pedraza, métodos que se corresponden con la justicia y la dignidad de lo humano. Una justicia que niega esto será siempre una justicia bárbara que, como las consecuencias de la ley del talión, nos dejará un día a todos ciegos y baldados.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.