“Ahora soy mucho más fuerte y buscaré ayudar a quien me lo pida”

Presa aprendí lo que significa la injusticia: Jacinta Francisco
Emir Olivares Alonso

“Los tres años que estuve en prisión no representaron una pérdida. Aprendí mucho, como el significado de la injusticia”, aseveró Jacinta Francisco Marcial, indígena ña-ñú que obtuvo su libertad luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) no encontrara “prueba plena” para culparla de un supuesto secuestro de seis integrantes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

En entrevista, aseguró que tras esta experiencia “ya no permitiré más injusticias de la autoridad en mi contra. Ahora soy mucho más fuerte”. La mujer, de 46 años de edad, sostuvo que aunque retornará a sus actividades cotidianas su vida ya no será la misma. “Comprendí la importancia de valorar, escuchar y ayudar a las personas; quiero ayudar y, en la medida en que pueda, así lo haré”.

En agosto de 2006, Jacinta fue encarcelada, luego de que el Ministerio Público Federal la acusó de participar en el supuesto secuestro de los agentes de la AFI en el poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro. El 19 de diciembre de 2008, un juez local la sentenció a 21 años de prisión por esos hechos. Pero su defensa legal –a cargo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– apeló del fallo y apenas hace unas semanas la PGR decidió no presentar conclusiones acusatorias en su contra, lo que propició su excarcelación.

Ayer, tras ofrecer una conferencia de prensa luego de su liberación (la madrugada del miércoles 16 de septiembre) Jacinta fue asediada por decenas de reporteros. Todos querían conocer sus impresiones y experiencias durante los tres años de reclusión, sus sensaciones al quedar libre, si guarda algún rencor contra quienes la acusaron o contra el juez que la sentenció.

“Lo primero que hice al salir fue dar gracias a Dios porque me permitía regresar a mi hogar, y lo hice bien, sana”, relató.

Leer nota completa :

Jacinta podría ser liberada después 14 septiembre: Centro Prodh

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que celebra el anuncio de la PGR, sobre la presentación de conclusiones no acusatorias en contra de Jacinta Francisco Marcial, acusada de secuestrar a seis ex agentes de la AFI; sin embargo, dijo, lamenta que la indígena otomí siga privada de su libertad.

“Lamentamos que siga Jacinta privada de su libertad, pese a este reconocimiento que hace la PGR, porque pone de relieve las graves deficiencias del sistema de justicia”, que se agudizan por las desigualdades existentes en la sociedad mexicana, sumadas a las discriminación en razón del género, pertenencia étnica y condición social de la acusada, comentó.

Entrevistado vía telefónica en “Fórmula Detrás de la Noticia” con Ricardo Rocha, el abogado dijo que se espera la liberación de Francisco Marcial, durante los días posteriores al desahogo de pruebas, que se celebrará el próximo 14 de septiembre.

“Como alude el comunicado de la PGR, creemos conveniente que esta institución, facilite los medios para que en la audiencia se presenten los ex agentes de la AFI que dicen haber sido víctimas del secuestro, y que si no se presentan de poco servirá este anuncio que hace PGR ayer, se va a postergar más el juicio”.

Por ello, agregó, “creemos conveniente que este anuncio se verifique en el tiempo y estamos confiando a que este comunicado sea de buena fe, vamos a vigilar que sea positivo”.

En cuanto a las otras dos mujeres que también fueron acusadas del secuestro de los ex agentes de la AFI, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señala que están convencidos de que el reconocimiento de inocencia de Jacinta, debe suponer también la excarcelación de Teresa González y de Alberta Alcántara, por lo que pugnan a que esta resolución se aplique también a ellas.

Arriaga Valenzuela destacó que la excarcelación de Jacinta es un acto de justicia pero no agota las exigencias que tiene el Estado mexicano en cuanto a Derechos Humanos, indicó que la liberación de la indígena también debería ir acompañada de una sanción a los responsables de la injusta aprehensión, incluido el juez de la causa que la sentenció a 20 años.

Asimismo, señaló que el Centro Pro verificará de que manera, la PGR adoptará algunas medidas para que hechos como este no se vuelvan a repetir, situación que es frecuente.

La PGR recula y abre vía para excarcelar a Jacinta Francisco

La indígena lleva tres años presa por presunta retención de seis federales

Gustavo Castillo García, Emir Olivares, Mariana Chávez y Alejandro Cruz

A poco más de tres años de encarcelamiento y un mes después de haber sido considerada “prisionera de conciencia” por Amnistía Internacional, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que “presentará conclusiones no acusatorias” en el caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial, acusada injustamente de ser presunta responsable del delito de “privación ilegal de la libertad” en contra de seis agente federales, por lo que inicialmente fue sentenciada a 21 años de prisión.

Luego de muchas críticas de organizaciones no gubernamentales y de organismos defensores de derechos humanos a la actuación del Ministerio Público Federal y del juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en Querétaro, un tribunal unitario ordenó la reposición del juicio y, por ello, la PGR dio a conocer ayer jueves que no mantendrá sus acusaciones contra Jacinta Francisco Marcial, quien fue encarcelada desde el mes de agosto de 2006.

Por medio de un escueto comunicado de prensa, la dependencia que dirige Eduardo Medina Mora informó que, “inherente al proceso penal 48/2006, del índice del juzgado cuarto de distrito en el estado de Querétaro, instruido en contra de Jacinta Francisco Marcial y otros, por los delitos de secuestro y contra servidores públicos”, el Ministerio Público de la Federación realizó una objetiva valoración de las pruebas que integran la causa penal, principalmente las relacionadas con motivo de la reposición del procedimiento ordenada en el Toca Penal 27/2009, se advierte que “en el caso concreto se actualiza la existencia legal de la figura denominada duda razonable, concerniente única y exclusivamente a la responsabilidad penal de la procesada Jacinta Francisco Marcial”.

Por lo que una vez desahogados los careos procesales, en los que coadyuvará la PGR para su agilización y posterior al cierre de la instrucción que decrete el juez, se presentarán conclusiones no acusatorias.

Esta historia dio comienzo el 26 de marzo de 2006, cuando un grupo de policías federales y personal de la PGR sin uniforme realizaron un operativo contra la piratería en el tianguis del poblado Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro; cometieron abusos y destrozos, lo que provocó molestia de la gente afectada; ante esos hechos, el agente del Ministerio Público que dirigió el operativo y el jefe policiaco de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Gerardo Cruz Bedolla y Omar Evaristo Vega Leyva, respectivamente, dijeron que pagarían los daños, pero no cumplieron.

Cuatro meses después, en Santiago Mexquititlán se buscaba cumplimentar tres órdenes de aprehensión en contra de Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial, acusadas de privación ilegal de la libertad de seis agentes federales.

Actualmente, Jacinta Francisco tiene 46 años de edad y se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social Femenil, ubicado en San José el Alto, Querétaro.

Al conocer la decisión de la PGR, Guillermo Francisco Prisciliano, esposo de Jacinta, indicó que es necesario que las autoridades sean cuidadosas en la aplicación de la ley para que no vuelvan a cometer el mismo tipo de injusticia.

Por su parte, el coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, Bernardo Romero Vázquez, dijo que se trata de un triunfo social, aunque aclaró que una vez que la dependencia oficial confirme su decisión, pasarán al menos tres meses para que Jacinta recupere su libertad.

A su vez, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Jacobo Daciano destacaron que la decisión de la Procuraduría General de la República “es un acto de justicia que eventualmente restituirá en su libertad a una mujer cuyo único delito ha sido su condición de género, su identidad étnica y su circunstancia social de marginación”.

Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh –organización que lleva la defensa legal de la mujer–, aseveró que la excarcelación de Jacinta no conlleva al acceso de justicia que la gravedad del caso merece, pues también se debe incluir la reparación integral del daño, pues estuvo tres años presa sin haber cometido delito alguno, y la no repetición de hechos similares.

A su vez, Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), señaló que la hipótesis de que la mujer indígena habría participado en el plagio de los agentes policiacos era “inverosímil”, lo que pone en evidencia que el caso estuvo muy mal integrado, jurídicamente hablando.

De que se emperran se emperran estos cabrones , de verdad no tienen madre ni verguenza.

Reitera PGR acusaciones contra Jacinta Francisco

De acuerdo con la delegada de la PGR de Querétaro, Patricia Valdés existen elementos suficientes contra Jacinta, pues se trata de una averiguación que cuenta con testigos, reconocimiento de personas y la confesión de las tres indígenas presas.

Querétaro.- La delegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad, Norma Patricia Valdés, reiteró las acusaciones contra la indígena Jacinta Francisco Marcial, acusada de secuestrar a tres elementos de la AFI en el año 2006.

Mientras organizaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional (AI) anunciaron el inicio del activismo electrónico a fin de recibir apoyo mundial para Jacinta, quien cumplió tres años presa, la funcionaria insistió que se respetará la decisión de los jueces.

En entrevista, Valdés sostuvo que hay elementos suficientes contra Jacinta, pero insistió que serán las autoridades judiciales las que determinen su culpabilidad o inocencia de la indígena, presa junto con otras dos mujeres de Santiago Mexquititlán.

Subrayó que se trata de una averiguación que cuenta con testigos, reconocimiento de personas y la confesión de las tres indígenas presas, que aceptan que recibieron dinero a cambio de la libertad de los tres agentes, presuntamente secuestrados por tianguistas de la comunidad en un operativo contra la piratería en el 2006.

"No fueron algunos indígenas, se ha distorsionado un poco, fueron 200 personas, están las fotos periodísticas. no eran tres personas solas las que los secuestraron, fueron 200 personas de la comunidad de Amealco, que se encontraban en el tianguis", apuntó.

Valdés explicó que la falta de ratificación de las declaraciones de las víctimas, se debe a que uno de los agentes secuestrados falleció por enfermedad y uno más se jubiló, pero no porque existan irregularidades.

En tanto, el coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional en México, Antonio Tessada, anunció el inicio del activismo electrónico a favor de Jacinta, en la página www.alzatuvoz.org/jacinta.

En rueda de prensa, el abogado de Jacinta por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Prodh), Andrés Díaz, insistió, en las presuntas irregularidades del caso.