Atenco: ni perdón ni olvido ni silencio


Autor: Álvaro Cepeda Neri

“Los días 3 y 4 de mayo de 2006 un operativo policiaco, ordenado por los gobiernos federal, del Estado de México y el municipal de Texcoco, contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que apoyaban el derecho al trabajo de floristas locales, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia reciente de México.

“El operativo gubernamental dejó un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres violadas y abusadas sexualmente, torturas y cateos ilegales. Desde entonces se han acumulado irregularidades jurídicas escandalosas, que mantienen en la cárcel a 12 presos políticos, con condenas injustas como la impuesta a Ignacio del Valle, por 112 años de prisión; a Felipe Álvarez y Héctor Galindo, por 67 años, y a otras nueve personas: Óscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Inés Rodolfo Cuéllar y Eduardo Morales, que han sido sentenciados a 31 años, once meses y 15 días de prisión.

“Cabe mencionar que América del Valle y Adán Espinosa Rojas se encuentran en condición de perseguidos y que 52 personas siguen en proceso judicial, aunque en libertad”. (Manifiesto Libertad y Justicia para Atenco, La Jornada, 4 de mayo de 2009).

Atraído el problema judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno de los 11 ministros, una vez más –como en Puebla, con Mario Marín y en Oaxaca, con el perverso Ulises Ruiz– entró en sus ya constantes complicidades con los abusos del poder, sobre todo si es el presidencial y de los desgobernadores que tienen derecho de picaporte con ellos.

Los arreglos se hacen a través de sus gestores ante los secretarios de estudio y cuenta, incluso, directamente con los ministros, para que en el dramático caso de Atenco ni siquiera se mencione a Vicente Fox. Para colmo, al no imputar responsabilidades, jurídicamente absolvió de ellas a Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo, Abel Villicaña y Miguel Ángel Yunes, funcionarios federales y del Estado de México, en lugar de abrirles juicios penales y solicitar el juicio político.

Los seis, encabezados por Fox y Peña Nieto, están amparados por la impunidad del sistema presidencialista, intocable en su abuso del poder y que permanece, en manos de los panistas, como en los peores sexenios del priismo.

Por ello, las dos alternancias fallidas ejercen (porque el calderonismo y su manu militari son la continuidad del foxismo) muy arbitrariamente las facultades otorgadas por los legisladores, para desmantelar los derechos humanos en el contexto nacional que anuncia “una noche polar de una dureza y una oscuridad heladas, cualesquiera que sean los grupos que ahora triunfen”, que puede abortar el amanecer de un golpismo militar.

Y es que en cada represión a los ciudadanos –cuando plantean peticiones y manifiestan protestas, conforme a sus derechos constitucionales, para criminalizarlos y donde el aparato judicial encubre a presidentes municipales, gobernadores y al propio presidente de la República– triunfa la impunidad.

Ya son muchísimos los hechos de abuso del poder que generan injusticias, como la de Atenco, que sólo han dejado –en ese callejón sin salida, donde se ha interrumpido la vigencia de la Constitución y su observancia– que el pueblo corte de tajo el nudo de la corrupción política con su “inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

A la brutal violencia gubernamental, la complicidad de los tres poderes federales y sin ninguna instancia para cuestionar las decisiones del presiente de la República, de gobernadores y legisladores, cuyo factor común de la impunidad es la Suprema Corte y sus tribunales, no hay otra opción que la Nación aproveche las fiestas del bicentenario y del centenario para hacer valer su malestar social.

Éste plantea la alternativa de reforma política de fondo democrática y republicana del Estado o como ya tenemos gobernantes contrarios a los principios constitucionales, siendo un “gobierno emanado de la rebelión”, entonces deshacernos de ellos y someterlos a juicio político para restablecer la observancia constitucional.

Lo de Atenco es, como lo sucedido en los últimos cinco sexenios derechistas (De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón), tras el genocidio del 68 por el díazordacismo, más que suficiente para retomar la demanda de Hidalgo contra el mal gobierno, en la revolución de independencia; la de Juan Álvarez, en la revolución de Ayutla, para solicitar el restablecimiento de la política legal y legítima de la democracia y restauración de la república; y, la de Madero, Zapata y Villa, en la revolución campesina-obrera, para echar abajo a los malos gobernantes que han revertido las conquistas de 1810, 1954 y 1910.

Son muchísimos los Atenco por todo el país. A pesar de la moda por enaltecer los derechos humanos, las evaluaciones internacionales (como el reciente reporte de la Human Rigth Watch) y las investigaciones de organismos no gubernamentales mexicanos concluyen que los mexicanos más pobres, los trabajadores, campesinos, indígenas y quienes se atreven a manifestar su indignación o protestan contra los abusos del poder reciben más agresiones y remitidos a las instancias judiciales en lugar de impartirles justicia; son desaparecidos (hay miles de ellos) y declarados responsables para sancionarlos draconianamente.

Lo de Atenco fue la manifestación del despotismo sangriento de Fox y Peña Nieto, pisoteando el artículo 9 constitucional y, con la complicidad de la Suprema Corte sesionando en Pleno, cancelar el derecho a reunirse pacíficamente para protestar contra los actos de autoridad-autoritaria, como sucedió en Atenco.

El desgobernador Peña Nieto –que aspira a la candidatura presidencial, y de obtenerla, con fraude electoral, como Fox y Calderón– se convertiría en un nuevo Díaz Ordaz, con una notoria diferencia: ante la fealdad del rostro díazordacista, el ya clasificado como galán por las revistas del chisme social y del “corazón” sufriría la transformación de la bestia en un príncipe con el título del más Bello.

Su imagen de belleza está manchada por la sangre de quienes padecieron la embestida policiaca, sufren encarcelamiento y el homicidio del que fuera estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alexis Benhumea Hernández. Suficiente hechos penales para, al menos, destituir a Peña Nieto y sentenciarlo a cadena perpetua. Los tribunales mexicanos lo han absuelto y vive en la impunidad, hasta que las gestiones de llevarlo a la Corte Penal Internacional logren su enjuiciamiento.

Mientras tanto, ni silencio ni olvido, a la espera de que tampoco y mucho menos impunidad para Peña Nieto y sus cómplices de la cúpula del poder que ordenaron la salvaje represión de Atenco.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Calderón, uno más del montón



Autor: Álvaro Cepeda Neri

Felipe Calderón, ya en el cargo de presidente de la república, cuya tarea consiste en cumplir las obligaciones que como facultades le asigna la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha convertido en un presidente más del montón.

Esto a pesar de contar con un expediente –hasta antes de convertirse, con deteriorada legitimidad, en inquilino de Los Pinos, y que en un juego de palabras el columnista Julio Hernández definió como Los Vinos, tiempo en que este mismo tecleador escribía el apellido del panista: Calde-rón–, de haberse formado en la oposición derechista desde casi niño al lado de su padre y hasta su autodestape en Guadalajara al cobijo del ahora defenestrado Ramírez Acuña como un hábil político conservador (pero fiestero, dado a las bohemias con sus amigos, para cantar, charlar y beber).

Ha resultado ser un presidente del montón a partir de su difícil y escandalosa toma de posesión, impugnado por las izquierdas tras su pírrica y cuestionada victoria, más que en las urnas, en el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Federal Electoral y por el no ejercicio de las facultades de la Suprema Corte para “practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público” (artículo 97 constitucional). Parece haber llegado a un nivel de incompetencia que unos califican de miedo a gobernar y que, más bien, es no saber hacerlo: cada vez más se mete en callejones sin salida… o sin más salida que la constitucional: renunciar por causa grave (artículo 86).

Calderón no ha querido o no ha podido crecer políticamente para coordinar y dirigir desde uno de los poderes del Estado federal las políticas económicas, sociales y culturales que engloban, según el artículo 89 constitucional, sus facultades y obligaciones. Padece el “síndrome de Peter Pan” que desarrolló Dan Kiley en su análisis del fenómeno: El síndrome de Peter Pan. Los hombres que nunca crecieron.

La teoría nació a partir del celebrado cuento desbordante de fantasía, escrito por el periodista y escritor James M. Barrie: Peter Pan. Calderón busca constantemente evadirse, atrincherado en su papel de jefe nato del Ejército, con su gorra de cinco estrellas (ridiculizado por los caricaturistas) sin decidirse a ir al fondo del problema para resolverlo y sólo llenar las cárceles de narcotraficantes menores (los grandes capos de los cárteles, bien gracias, y hasta de mala leche enlistado en Forbes con 1 mil millones de dólares, el Chapo Guzmán, dejado fugarse al amparo del foxismo).

Se acumulan, pues, los problemas que necesitan de las decisiones presidenciales y hasta quienes promovieron votar por él: banqueros, empresarios, financieros, dueños de medios de comunicación (Televisa y TV Azteca) y comerciantes de los casi monopolios de cadenas de supermercados no han resistido criticarlo duramente, remarcando su incapacidad para gobernar.

Y no se diga desde los sectores ocupados y justamente alarmados por la inseguridad por todo el territorio, al grado que en su cara le espetaron a él y a su grupo en el poder presidencial: “¡Si no pueden, renuncien!” Va ya para tres años y no hay resultados de la gestión presidencial.

Sin crecimiento político, Calderón ni siquiera aspira a ser un pasable jefe de gobierno, para desempeñar una de las dos caras del presidencialismo mexicano (la otra es la de jefe de Estado) y ser un buen coordinador de la administración pública federal con capacidad para, coordinando a presidentes municipales y gobernadores, dar solución a los problemas nacionales.

A la mitad de su mal gobierno sexenal, no da trazos de ir más allá de su retórica (para la que seguido no le alcanza su voz y se le nota el desafinado tono, que podrían pasarse por alto si tuviera otras características para fijarse en ellas, y cuya medianía ponen de relieve los periodistas de la caricatura, particularmente los del periódico La Jornada, como Hernández, el Fisgón, Rocha y Helguera, quienes lo presentan como la caricatura de Danny de Vito, quedándole grande hasta la vestimenta).

Calderón ya se acreditó como uno más de los presidentes del montón y sus promesas de campaña no pasaron de refranes insulsos, mientras más de 60 millones de mexicanos sobreviven cada vez en más empobrecimiento; los mexicanos, a los que la Constitución les dedica todo el artículo 2, como son los pueblos indígenas (muertos de hambre en sus comunidades, en éxodo por todo el territorio para ser objeto de discriminaciones y mendigando que les compren sus artesanías y todos ellos con sus derechos humanos pisoteados) sin tener atención eficaz para ayudarles; los trabajadores en la mira de contrarreformas laborales al estilo del draconiano Lozano Alarcón (que pretende el trono sexenal, en pleito contra Molinar Horcasitas, Vázquez Mota, Córdova Villalobos –si no lo mandan a Guanajuato–, Germán Martínez e incluso Medina Mora); los campesinos muriendo en el campo abandonado, mientras traemos del mercado estadunidense el 80 por ciento de los granos y otros alimentos, como concesión del Tratado del Libre Comercio, de Salinas a Calderón.

Millones de jóvenes rechazados en las escuelas de estudios superiores y los egresados sin empleo son carne de cañón del narcotráfico, las adicciones y fermento de la descomposición social.

Un panorama catastrófico que busca, como un volcán, salidas guerrilleras, delincuenciales y de un explosivo malestar que anuncia nubarrones antes, durante o después de las fiestas calderonistas y panistas del bicentenario y centenario de las revoluciones de 1810 y 1910.

Un escenario catastrófico es el que Calderón haya preferido no arriesgar nada frente a los empresarios, banqueros y dueños de la concentración de la riqueza, que sacan millones de dólares al extranjero, que se muestran (con los televisas y tv-aztecas) golpistas contra el Estado y que, además, se postre, pecho a tierra, para venerar a los mercados, para que sólo accedan a ellos los que tienen capacidad de compra, y el resto, más de 80 millones de mexicanos, víctimas de la pobreza, estén resistiendo toda clase de embestidas devastadoras.

Y en medio de todo eso el aumento de la militarización que apunta –si bien nos va con haber sacado de sus cuarteles a los soldados– a un autoritarismo militaroide y, en el peor de los escenarios, a la amenaza de un golpe de Estado ante la incapacidad política de Calderón y que éste nos deje, como remate de su mal gobierno, esa herencia.

A todo ello nos lleva Calderón como un presidente más del montón, muy parecido al Santa Anna de 1855, vísperas de la gloriosa revolución de Ayutla, sospechosamente pasada por alto, cuando fue el puente histórico entre 1810 y 1910, ya que en 1854 Florencio Villarreal, Comonfort y sobre todo Juan Álvarez (éste atrayendo a la causa de los liberales encabezados por Juárez) irrumpieron revolucionariamente para abolir el mal gobierno e implantar el buen gobierno republicano inserto en la tarea democrática.