Carta al ministro Cossío
Rafael Landerreche
Para empezar déjeme decirle que yo mismo no sé muy bien por qué he decidido dirigirle esta carta a usted personalmente. En realidad debería ser para todos los ministros de la Corte y para el mismísimo Presidente de la República. Quizá es porque algunas declaraciones suyas se me quedaron grabadas especialmente. O quizá es porque algún conocido alguna vez me habló bien de usted y eso me dejó una casi inconsciente esperanza de que hablarle a usted no sea como hablarle a una tapia. Sea lo que sea, el hecho es que quiero dirigirle estas palabras.
Doy por supuesto que pensamos y vemos las cosas de manera muy diferente. Pero para llevar a cabo un acto de comunicación, aunque sea tan hipotético como éste, es necesario encontrar algún punto en común. Le propongo el siguiente. Para que en una sociedad haya paz y estabilidad es indispensable que se respete la ley o, como les gusta de decir a los abogados y a los políticos, se necesita la vigencia del estado de derecho. Eso, a nivel de principios; supongo que estaremos de acuerdo aunque sea en lo general. Y en el nivel de las percepciones de la realidad, pienso que podremos estar de acuerdo en que en México nos falta mucho para que eso se haga realidad. Fíjese que estoy formulando esta observación de la manera más moderada posible para no romper nuestro hipotético acuerdo. Dadas estas premisas, se sigue que es urgente que aquellos que tienen un papel especial en esto, como ustedes los ministros de la Corte, den claras lecciones de respeto a ese estado de derecho.
Pero entonces, ¿por qué diablos actúan ustedes como actúan? Mire, ya dejé salir el ex abrupto, cuando había empezado tan razonablemente, pero la verdad es que es difícil mantener la compostura ante lo que está pasando en México y ante lo que ustedes ministros hacen frente a ello. ¿Por qué carajos no pueden ustedes, ya no digo hacer honor a la justicia, sino por lo menos ser congruentes con ustedes mismos? Voy al grano: estoy hablando de sus contradicciones en el tratamiento de dos casos: el de la matanza de Acteal y el de Florence Cassez, la francesa acusada de secuestro. ¿Por qué ustedes hace un par de años ordenaron sacar de la cárcel a un montón de asesinos, algunos de ellos confesos, todos identificados no por un testigo ni por un par, sino por una multitud de testigos, alegando fallas en el debido proceso como argumento contundente e inapelable, y ahora, de pronto, descubren que también hay que tomar en cuenta los derechos de las víctimas y que ése es argumento suficiente para relativizar el principio del debido proceso? ¿Por qué en aquella ocasión concedieron un amparo simple y llano, dejando en total indefensión no a una persona ni a una familia, sino a comunidades enteras y solapando la más indignante impunidad, y ahora de pronto argumentan, como usted hizo el otro día, que cuando mucho concederán un amparo para efectos? ¿Por qué en el caso de una aberrante masacre de 45 personas no se les ocurrió que si había fallas en el procedimiento habría que ordenar la reposición del proceso en vez de simple y llanamente resolver que un crimen atroz quedara sin castigo? ¿Por qué hasta ahora se acuerdan de las víctimas? ¿Por qué no lo hicieron cuando eran decenas de indígenas que unánimemente declararon y reconocieron a los asesinos de sus familiares?
Quisiera concederles a ustedes ministros, aunque sea por unos momentos, el beneficio de la duda; en aras de esto voy a descartar algunas posibles respuestas a mis propias preguntas. Pues una explicación que se viene a la mente de inmediato es que no se acordaron de los indígenas precisamente porque eran indígenas. Pero eso implicaría racismo de su parte y no quiero consentir esos malos pensamientos. Otra explicación que se les ha ocurrido a muchos en nuestro país es que ustedes actúan así porque el Presidente se los pide. Pero Dios me libre de insinuar que los ministros de la Suprema Corte puedan ser así de ignorantes de la división de poderes y así de serviles ante el poder. No quisiera pensar esas cosas, señor ministro, pero déjeme decirle con toda claridad que eso piensa gran parte de los mexicanos y eso seguirá pensando a no ser que ustedes tengan, y demuestren que tienen, otra explicación realmente convincente.
Permítame ayudarlos con una explicación alternativa (aunque de entrada no me convenza mucho). Quizá para ustedes fue clave lo que acabo de escribir: que los sobrevivientes de Acteal declararon e identificaron a las víctimas unánimemente y una conducta así de los testigos es muy sospechosa en un proceso judicial. De hecho éste fue uno de los argumentos que utilizaron los abogados del CIDE en su defensa de los paramilitares: que había una lista de los asesinos y que los testigos los identificaban de acuerdo con esa lista. Pero ni los abogados del CIDE ni ustedes aparentemente se acordaron nunca de que estaban tratando con un caso sucedido en una comunidad indígena. Y el más elemental conocimiento de los usos y costumbres indígenas nos enseña que un caso así nunca se iba a tratar si no era comunitariamente. Y aunque los testigos conserven su responsabilidad personal, es simplemente impensable que en una comunidad indígena y en un caso así no fueran a tomar acuerdos antes de declarar. Muy diferente de los usos y costumbres de la modernidad occidental, ¿verdad? Pero precisamente por eso hubo un levantamiento armado y se derramó sangre: para que ustedes los jueces supieran esas cosas que siguen ignorando. Ahora bien, vamos a suponer que ese argumento fuera discutible (de hecho ustedes nunca lo discutieron). Pero, dígame, ¿qué legislación alternativa a los usos y costumbres de nuestro derecho positivo le permite a un jefe de policía montar un operativo de detención de presuntos culpables, filmarlo y exhibirlo ante millones de televidentes como cosa juzgada y seguir tranquilamente su camino? Y sin embargo usted se aferra a reconocer validez a ese proceso viciado, mientras en nombre de lo mismo dejó ir en total impunidad a los paramilitares asesinos de Acteal. ¿Sabe usted lo que es medir con dos varas diferentes?
Probablemente sepa usted que los sobrevivientes de la matanza de Acteal, Las Abejas, han llevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro camino muy diferente otro grupo ha presentado una denuncia contra Zedillo ante una corte de Estados Unidos ¿Sabe usted lo que eso significa? No es muy difícil interpretarlo: que en México no hay justicia. O si prefiere, se lo dejo en modo subjetivo: que la gente no cree que en México pueda obtener justicia. ¿Y sabe por qué no cree? Por actuaciones como la de usted, señor ministro.
