Gravísima responsabilidad

Jorge Carrillo Olea

Entre las negras cosechas que la guerra calderoniana heredará está la depreciación de las instituciones. La procuración de justicia y la seguridad pública están en el fondo del pozo de lo impresentable, por más alegatos siempre inteligentes pero nunca sustentables de Alejandro Poiré.

De acuerdo con el todavía proyecto de ley de seguridad nacional, las fuerzas armadas seguirían el mismo rumbo. Se les pretende dotar de tal cauda de atribuciones claramente inconstitucionales que las pone al borde del delito en cada comisión que su comandante supremo en su creciente vesania les endose, y al país dicha ley lo ubica muy próximo al estado de sitio.

Un país nunca estará más cerca de la barbarie que cuando sus órganos de justicia, de seguridad y sus fuerzas armadas están al capricho de un absolutista. De esto dan prueba el michoacanazo y el tema Jorge Hank. De ambos pagó pesada factura el buen nombre del Ejército. Inventar delitos, testigos y sentencias se antojaba propio del África de Idi Amín o de los pasados tiranos latinoamericanos, sostenidos por sus envilecidas fuerzas armadas.

Ahora parece que tales leyendas pueden ser una realidad mexicana, de aprobarse como está el proyecto de esa ley. El Presidente está dispuesto a llegar a lo que sea para bloquear al PRI; ello es gravísimo, pues entrañará violencia contra movimientos políticos y sociales que la endosará a las fuerzas armadas. Con ello, Calderón terminará su tarea de destructor de las fortalezas nacionales.

Es innegable que en el pasado ya casi remoto las fuerzas armadas han sido usadas para la represión de movimientos políticos y sociales, eso no puede ser soslayado. Pero a partir de ese reconocimiento debe decidirse que tales excesos no volverán. Venturosamente ya habían pasado sexenios en que las acciones militares para enfrentar descontentos sociales habían ido a la baja y eso reconociendo ese peculiar brote que fue Chiapas.

Tal tendencia, tan de acuerdo con la democracia anhelada y buscada, era una satisfacción. Ahora vamos marcha atrás. México desea unas fuerzas armadas acordes a su democracia en construcción. Las grandes democracias tienen en su ejército timbres de honor, de orgullo, de confianza y simpatía. Nosotros vamos exactamente contrario sensu.

No se trata de que las decisiones militares sean sometidas a votación; sería tonto. Democratizar las fuerzas armadas significa darles un marco legal claro, actual e insertado en la ética política. Significa que tengan una feliz relación con la sociedad, producto de su transparencia, de su fidedigna y auténtica relación con el Poder Legislativo, recordando el papel de éste como controlador del Ejecutivo. Unas fuerzas armadas democráticas son las que están abiertas a la sociedad, que no engendran misterios y menos dudas o temores. Que saben que el deber de obediencia no es ciego, que no debe reñir con la legalidad.

La Ley de Disciplina previene cómo deberá ser la conducta del militar. Particularmente el artículo 14 dispone: “Queda prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya delito; el militar que las expida y el subalterno que las cumpla serán responsables conforme al Código de Justicia Militar”. Ante esto y mucho más, su comandante supremo, el presidente Calderón, no sólo hace caso omiso, sino que pareciera que ha recibido el mandato de que hay que usar a las fuerzas armadas cómo para lo que sea, sin ver que el mal estructural que les produce será dificilísimo de revertir.

Me consta cómo personal de menores jerarquías habla despectivamente de su comandante supremo; cómo encuentran inexplicable aquello a lo que se les obliga. Cierto es también que abundan los que, con pagas ya satisfactorias y cierto sentido belicoso, ven en su posible entrada en combate una íntima realización. Malo que quienes por su mayor antigüedad, jerarquía y estudios pensaran igual.

Qué falta ha hecho un programa –en todos los ejércitos en operación existe– para convencer, justificar y exaltar en las tropas la razón patriótica de las tareas de cada día, aun la posibilidad de morir. Es inexplicable la omisión, porque ese recurso del ejercicio de mando, como fortalecer la autoestima individual y colectiva, se estudia en las escuelas superiores.

Así nos encontramos con que algunas de las instituciones más preciadas en toda sociedad civilizada y democrática, en México están en riesgo de ser desdeñadas. Antes de proseguir con el proyecto de ley de seguridad nacional, ¿por qué no se ha reflexionado en esto? Habría respuestas: El Presidente no tiene un deber formal por el que entender el fondo de tales situaciones, no es su profesión. Sus secretarios de Estado, de Defensa y Marina, sí.

Ellos tienen el deber de valorar y resolver cómo se manejan las tropas. Dentro hay una propensión preocupante al deterioro moral, profesional y la creciente percepción de rechazo social a su presencia. Una depresión colectiva ya endémica, que en el medio se llama “fatiga de combate”, trastorno que se evidencia como un síndrome de estrés y repulsión al combate. ¿Qué explicaría el creciente número de suicidios?

Hoy sucede como en aquella funesta reunión de principios de esta administración en que se ordenó desatar la guerra. Quienes debían llamar a una reflexión, a pedir un brevísimo tiempo para calcular el cómo y los alcances de la orden, callaron. Un día asumirán saber qué es connivencia. Cada vez se habla más de una “comisión de la verdad” en el próximo sexenio y los presuntos involucrados ya se sienten indiciados.

Ellos conocen el peso del término “estrategia”, que nunca ellos ni nadie han conocido expresada en un documento comprensible. Tal estrategia por sus alcances debería ser un documento que mañana sería público, pues de existir sería histórico. Imposible, pues la estrategia fueron sólo palabras. Mañana se justificará con que es información de seguridad nacional. Así seguiremos yéndonos a pique. Es por esta actitud anticipada que el tema de la comisión de la verdad toma relevancia. Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y otros países han sabido llamar a cuentas a sus violadores de derechos humanos. México no puede ser la excepción.

Con esos silencios abyectos de quienes sí saben lo que pasa y sus consecuencias se concreta la culpabilidad. Los errores de la “estrategia” por nadie conocida en lo concreto son carga del Presidente, pero la distorsión institucional e histórica de los cuerpos militares y policiacos es responsabilidad ética y técnica de sus jefes; ellos saben muy bien lo que pasa y hacia dónde vamos como país de seguir por el camino de la transgresión de la ética política, de la ley y del bien hacer a que las fuerzas armadas estaban acostumbradas.

hienca@prodigy.net.mx

Reivindicar a las fuerzas armadas

Jorge Carrillo Olea / I

Este texto se redacta con el mayor espíritu cívico. Es una convicción vital sobre el gran daño y riesgo nacional que los desatinos de Felipe Calderón, en la mayor ignorancia e insensibilidad, han causado a la nación al socavar a sus fuerzas armadas (FA) en su imagen siempre respetada por el pueblo, a pesar de otros lances ilegales en que otros presidentes las han involucrado en el pasado.

Dentro de los trabajos que están en los pendientes de Calderón, y que no tiene mucho tiempo para efectuar, está la reivindicación de las FA. Tarea enorme, de necesidad nacional apremiante, además de obligada justicia, inevitable, de equidad restituidora. Calderón ha usado y abusado de ellas, las ha degradado ante el aprecio social, las ha mancillado, las ha transmutado, desnaturalizado y hasta en los sectores superiores las ha corrompido con múltiples ascensos y altísimos salarios, mientras la tropa y marinería viven en la angustia de la inminencia de la muerte. Pero no es un interés sectorial el que se enarbola, es un interés nacional inaplazable.

El Presidente, en su responsabilidad de comandante supremo, ofende a sus FA. Se apoya en facultades que escasamente le otorga la Constitución para sus designios: artículo 89 fracciones IV, V y VI, y sin embargo olvida el mandato clásico de los comandantes después del deber cumplido: velar por el bienestar de las tropas. Es un deber concomitante a sus exigencias que éticamente no puede dejar en manos de otros. Impone absurdos y no vela por sus subordinados y así acepta que:

1. Los escalafones están terriblemente atascados con generales (más de 655 en 2010) y almirantes (207 en 1997) de 197 mil mensuales, a partir de enero con su bono de riesgo. ¡Un millón cada cinco meses! Es una macrocefalia no sólo costosísima, sino vergonzosa. Sólo China, Rusia y EU tienen un número mayor. En EU, entre almirantes y generales suman sólo 973 para un ejército de 2.5 millones de elementos. Para acomodar a los nuestros, se han creado puestos de mando sobre mando y más arriba y más y más. Así se deforman peligrosamente las estructuras, todos reclaman su rebanada del pastel.

Hace pocos años había 33 zonas militares, hoy hay 46 y sobre ellas 12 regiones, más 23 guarniciones que nunca se supo para qué servían, un inmaterial Cuerpo de Ejército y van por más. La Secretaría de Marina, en su afán de conquistar territorio firme, es más audaz: siete regiones, 13 zonas y 14 sectores (Internet). Todo ello, jerarquías, sueldos y mandos llevan la firma presidencial.

Con lo anterior, que se ha operado en la oscuridad, Calderón cree que así se garantizan la entrega y lealtad de parte de las FA. Entrega y lealtad, ¿para qué? Para someterlos a cualquier orden como violar la Constitución y leyes secundarias: artículos 129 constitucional, 30 fracción IV de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y primero de la Ley Orgánica de la Armada. “Algunos compañeros se han desviado; aceptan todo”, me comentó un general de división.

2. Como afrenta acude personalmente o envía altos representantes a las honras fúnebres de policías caídos, qué bueno. Acude él a pomposas ceremonias al cuartel general de la Policía Federal, donde llena de elogios a esa corporación que siente suya. En cambio se ignora cuántos militares han caído, sus grados y circunstancias, dicen que 200. ¿Le es vergonzante?

No se realizan honras fúnebres para los militares que dieron sus vidas, nadie conoció sus nombres, no hubo banderas nacionales en sus ataúdes como en los de los policías, no hubo reconocimientos ni se consoló a las familias. La historia no los registrará. ¿Por qué? ¿Le avergüenza la milicia y opta por acurrucarse en la policía que siente suya?

3. Las organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales con justicia acosan a las FA sin que tengan de parte del Ejecutivo una defensa sobria y explicativa en esos arduos terrenos. Ese campo no es su fuerte, que se rasquen ellos.

4. Las becas estudiantiles para hijos de caídos son de menos de mil pesos mensuales. Para Calderón eso vale un padre muerto.

5. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados la preside un policía con presuntos vínculos con los hechos de Atenco en delitos contra la humanidad.

6. “Te comento que estoy tratando de tener una mayor tolerancia a la frustración. Recibimos la noticia de los ascensos y... pues no llegó el mío. Ya es la segunda promoción que no puedo ascender. Aunque un tanto frustrante acepto que el sistema es muy corrupto, oscuro y totalmente discrecional”, se lamentó un capitán de infantería de Marina.

7. Se han dado más de 15 suicidios en las unidades en combate atribuidos a desesperación. ¿Por qué? ¿Qué lo explica?

La declinación del prestigio de las FA y su envejecimiento en muchos sentidos como instituciones han creado un peligro nacional muy grande. Las FA, para efectos tanto de la seguridad interior y más sería para la seguridad exterior, representan el último baluarte de la defensa del Estado. ¡Cuidado! Del Estado, que no del gobierno. Esto significa simplemente custodia de la existencia constitucional de eso que llamamos México.

El Estado democrático, en el concepto de democracia liberal o social, no puede existir sin FA. Éste será más fuerte en la misma medida en que lo sea su último baluarte. Y no es a lo que se aspira una fortaleza material que se exprese en grandes efectivos o modernos y cuantiosos armamentos y equipos. Su fortaleza está en la dignidad, la respetabilidad que hubieran ganado ante el pueblo.

Lo que es indispensable nacionalmente y así se desea son unas FA que sean fuertes en el respeto, la estimación y la confianza de su mandatario/beneficiario que es el pueblo. Que sean fuertes en sus fundamentos filosófico/jurídicos y en sus aspectos doctrinarios; vigorosos en su legislación que otorgue y limite facultades, que sean promotores de su propia modernidad y desarrollo; factores de la mejor relación con la sociedad; fuertes en su convencimiento de respeto a las leyes, a todas las que correspondan y siempre confiables y siempre fieles a sus principios. Y por supuesto, que sean profesionales y firmes convencidos del cumplimiento del sacro deber.

hienca@prodigy.net.mx

En Puebla ganó la ira

Jorge Carrillo Olea

En Puebla ganó la ira. Que no se engañe el PAN ni el PRD, menos Convergencia y Nueva Alianza. Ga-nó la ira, la rabia, el furor de haber acumulado y callado ante tantos vejámenes del gobernador precioso”. Sí, ganó la sociedad ofendida por tanta vileza, tanto cinismo e impunidad. Sí, ganó el pueblo montado en cólera por la impotencia y el silencio impuestos.

Sentimientos exaltados me embargaban hace mucho. Eran producto de registrar cómo se mantenía incólume, gracias a la SCJN ese sátrapa que es Mario Marín. Eso en el caso de Lydia Cacho, que fue quizá la cumbre de sus vilezas, pero deja atrás mucha otras huellas: una corrupción rampante nunca vista; un desgobierno dañino, sin ningún escrúpulo, destructivo, y entre ambos dejan una estela de dolor y decaimiento. Puebla fue hasta hace poco un estado eminente, no sólo por su participación en la historia si no por la calidad de su gente y tantas cosas más.

Hoy está registrado en el cuarto lugar de pobreza, sólo después de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Un estudio del Tecnológico de Monterrey lo señala como el último de las 32 entidades en competividad. Es el estado en el que el empobrecimiento ha crecido con mayores índices de velocidad. El actual gobierno y el anterior no se enteraron que el mundo se mueve y no hicieron nada para actualizar a Puebla, para sacarla de la producción con prácticas obsoletas. Fueron tardados e indiferentes, pararon su reloj en los 90.

Ambas cosas, desastre gubernamental y empobrecimiento, me hicieron hacer un breve pero rico viaje al estado. Me limité a la zona metropolitana. Hablé con la más diversa gente. Encontré un estado de ánimo surgente, alentado por la proximidad de las elecciones. La gente encendida planteaba un “ahora o nunca” como lema. Eso fue lo que derrotó al gobernador “precioso” y a sus gánsteres.

La elección que los derrotó no fue una confrontación ideológica, ni de partidos, ni siquiera de ofertas. Fue una confrontación para recuperar la decencia que necesita un hombre para vivir con dignidad. Para recuperar el orgullo íntimo de ser poblano. Pero también elevar la esperanza de que una nueva actitud, una nueva perspectiva ante la vida, una forma distinta de ver las cosas, con su consecuente seguridad en el futuro, trajeran serenidad al esfuerzo y rendimientos justos y accesibles.

Esperan también los poblanos que el nuevo gobierno sepa y quiera hacer justicia; que los cientos de enriquecidos confronten su hacer con la justicia. Esperan que este nuevo gobierno –que no debe sentirse ni panista, ni perredista ni comprometido con nadie–, se distinga por tanta vergüenza. Que no dude, sin afanes de venganza, a la hora de ejercer un acto de justicia que es parte de su mandato de protector del pueblo. Eso lo ratificaría.

No sólo ganó la sociedad. Ganó también el PRI. Ganó siempre que quiera aceptar la lección de que los casi ex gobernadores de Oaxaca y Puebla, fueron sus mejores hombres hace seis años. Ese partido los postuló y por lo tanto debe participar en el descalabro de sus administraciones. Inevitablemente debe compartir los costos de su devoción por prácticas viciosas. El nuevo PRI habla de la apertura de oportunidades para las nuevas generaciones, pero lo hace indiscriminadamente y hasta parece que es una meta el pronunciarse por jóvenes siempre que estos sean ignorantes y faltos de experiencia, cuando abundan los que tienen una sólida formación y pueden acreditar una razonable pericia. Visto así, Puebla y Oaxaca son experiencias aleccionadoras.

hienca@prodigy.net.mx

Revelaciones de una estrategia fallida

Jorge Carrillo Olea

Estamos metidos en un pantano más profundo de lo que hoy creemos. ¿Cómo concibió Calderón lanzarse a él sin conocerlo? Es un misterio. Quizá su alter ego, el señor Mouriño, tuvo mucho que ver, como tuvieron que ver los que callaron al conocer un propósito tan comprometedor, ¡pero había que demostrar quién manda!

Aunque pareciera que ya todo está dicho sobre el crimen organizado, es oportuna una recapitulación de ciertos puntos de fondo que atañen a ese desastre nacional. Casi todos ellos están próximos a la inobservancia de principios o reglas del arte de hacer la guerra, como le ha querido llamar el oficialismo.

Nadie levantó la voz por un proyecto integral, nadie llamó la atención sobre la salud de los mexicanos, eso políticamente no fructifica. A nadie le interesa prevenir y rehabilitar, véanse los presupuestos. Sobre prevención no hay nada visible y sobre rehabilitación hay una intención, pero por lo pobre es impracticable.

Los puntos no se comentan en orden de importancia para no alentar una inútil confrontación de ideas. Sí pareciera verse que el primer paso fue muy mal dado: para afirmar su legitimidad, Calderón se lanzó a ciegas a una confrontación de la que ignoraba el potencial y artimañas del presunto enemigo, como las graves limitaciones técnicas y logísticas de sus propios recursos. ¿Quién lo aconsejó, o quién permaneció callado y así fue emboletado? Ellos son corresponsables ante la historia.

De ese esfuerzo por fortalecer su imagen surgió la evidencia de una segunda realidad que prevalece: la incapacidad para lograr un principio esencial, la unidad de mando. Al momento no sabemos quién es el coordinador cupular del tema, ni en qué grado, lugar o momento, cuál de las fuerzas prevalece en presencia sobre las otras. Decir que el comandante supremo constitucionalmente es el presidente es simplemente una chabacanería.

En esta confusión surge el dañino afán de lucimiento del secretario de Marina, que cuanto hueco en medios o en el terreno observa, lo llena con su presencia. Es así que logró convencer al Presidente que mandara a la banca al Ejército por un plazo, y que él y sus aguerridos se hicieran cargo de liquidar a Beltrán Leyva, con las tremendas consecuencias que conocemos: una honorable madre de familia asesinada en su automóvil, el homicidio de Beltrán, cientos de violaciones a derechos humanos de los residentes del conjunto Altitude y de lo que se ha hablado poco: el saqueo que por parte de los marinos se dio en muchos departamentos violentados. La familia masacrada en Paraíso, Tabasco, fue una imprudencia más del almirante, esas muertes pesarán para siempre sobre su conciencia. Este audaz marino ha perdido la calidad moral para seguir en su puesto.

Ignoró el almirante que el deber de quienes persiguen a delincuentes es llevarlos a los tribunales, no asesinarlos. La conducta ética de la autoridad así lo demanda.

Otra revelación, siempre sospechada, es el nivel de penetración que ha logrado el crimen en las estructuras oficiales. Se ha dado cuenta en la prensa de la complicidad del comandante de la 24 Zona Militar, un general de brigada, así como un coronel y dos mayores en calidad de colaboracionistas. Si esto es falso, mal hace la Secretaría de la Defensa Nacional en no rectificar, qué más quisiéramos que esto fuera simplemente una falacia; también hubo deserciones en los cuerpos policiacos, con lo que ello significa.

El gobernador y el presidente municipal no han dicho una palabra, pues no lograron discernir que una cosa es la adhesión a los esfuerzos presidenciales, sin calificarlos, y otro deber, que es supremo, era salir en defensa de los más altos intereses de sus ciudadanos. Nada, se refugiaron en el silencio mientras cientos de vecinos no encontraron a quién acudir, quién se sumara a su dolor, quién les ofreciera apoyo moral y justicia.

La descoordinación de los esfuerzos, hija natural de la ausencia de la unidad de mando, fue otra evidencia o revelación. De las fuerzas con responsabilidades legales o virtuales, PGR, Sedena, Marina, SSP y autoridades locales, ninguno conocía la inteligencia ni los planes que hubiera debido compartir con las otras.

La unidad de mando y la coordinación en los cuatro sentidos cardinales es un principio inquebrantable, que nunca se ha visto en tres años y ello es producto de que el centro de la estrategia, el gabinete de seguridad nacional, no está funcionando por falta, otra vez, de dirección y control. Cada participante se “guarda” algo esencial, para sólo compartirlo equívocamente con el comandante supremo.

El principio de la ofensiva tampoco se ha logrado, el gobierno siempre aparece arrinconado, indiciado, no ha logrado ser más fuerte en ningún momento ni en ningún lado. Esto incluye a la poderosísima red de comunicación social: en los medios nacionales y más severos los internacionales, nunca hubo un plan ofensivo de medios de comunicación.

No hay una definición clara del objetivo buscado y tal vez esto es lo más importante. Destruir al enemigo resulta quimérico y como parece ser que es lo único que tenemos en mente, pues entonces eso equivale a que vamos tras algo inalcanzable. Muertes, parálisis, desprestigio, irritación y temor social son parte del costo que se está cubriendo. ¿Cuál es el fin deseado? ¿La desaparición del crimen?

Los alcances de nuestra inteligencia son limitadísimos. Aquí tampoco se ha logrado saber qué le toca hacer a cada quién, ni cómo habremos de lograrlo. Todos le entran a todo atropelladamente. Nuestros recursos técnicos y humanos son de una gran fragilidad. Entonces, en silencio, tenemos que aceptar que recursos extranjeros hagan nuestra tarea y nos digan lo que quieren, no necesariamente lo que saben o lo que nosotros queremos saber. Es el peor de los mundos en esta fundamental materia.

Hemos roto totalmente con otra regla: la sencillez. Esta debe aplicarse en la organización, administración, en la definición del armamento y equipos que deben adquirirse, pero fundamentalmente en las operaciones, a fin de enlazarse con otras normas como es el objetivo buscado, la unidad de mando y la coordinación; estas son esenciales en toda operación. La coordinación es responsabilidad de los mandos, presidente, secretarios y procuradores. La cooperación, que en el momento parece ser un anatema, es responsabilidad de los jefes de las instituciones dentro del conjunto. Es ayuda y colaboración recíprocas para la obtención de un fin, o para facilitarse mutuamente el lograr sus fines.

Todas estas ideas y otras más constituyen el deber ser en forma de normas, reglas o preceptos confiables que de observarse como inmutables o permanentes pueden asegurar en un alto grado el logro de los fines buscados. Pero han pasado los años y en vez de apelar a su juiciosa aplicación, se les ha relegado y hasta destruido, de manera tal que hablar en este momento de un cambio de estrategia, además de urgente habrá que aceptar que estos tres años de destrucción e ignorancia harán la tarea más difícil.

Tres años por delante serán de tremenda distracción para el señor Calderón. Muchos serán los temas que deberá atender, por eso no es de esperarse que la efectividad de esta “su guerra” se perfeccione, por eso tiene que buscar alternativas. Abandonar su guerra en las condiciones actuales es imposible, aumentar las fuerzas involucradas no garantiza nada. Definir con aguda perspicacia cuál es el fin buscado, su dimensión, límites y condiciones de accesibilidad es una necesidad ineludible. En esta redefinición no pueden estar fuera los que debieran haber sido privilegiados desde el principio, la salud y educación de los mexicanos sobre esta materia.

Urge corregir el rezago en prevención y rehabilitación, la que descansa en parte fundamental en la educación en todos los niveles y tipos, la formal y la informal, en los poderosos medios. La clave está en corregir los errores que han llevado a este desastre y resolverlos básicamente por la vía de la reorganización.

Aunque visto fuera de contexto y aisladamente no ofrece una garantía firme, esfuerzos como la organización sí garantizan una mayor eficacia. Esta organización debe darse desde las instituciones componentes del gabinete, la creación de un mando unificado de integración plural y un mandato claro a las secretarías de Salud y Educación para que tomen el papel que siempre han escabullido y que es por el bien de las generaciones actuales y venideras.

Es el momento de diseñar, poner en práctica y lucir una política integral que no sólo mejore la imposible continuidad de la actual, sino que permita al presidente heredar una esperanza palpable y no un México negro, desastrado, despreciado en la comunidad global y sin esperanza. ¡Es por el bien de todos!

hienca@prodigy.net.com