Edomex: la “crónica de un fraude anunciado”

Bernardo Barranco V.

Esta expresión resume la intervención de José Núñez Castañeda, ex presidente del Instituto Electoral de Estado de México (IEEM, 2005-2008), quien parafraseó a Gabriel García Márquez, durante el primer informe de Dictamen Ciudadano, celebrado el 2 de junio pasado, con la presencia de Javier Sicilia. La crónica de un fraude anunciado” pone en evidencia la notoria inequidad de la contienda electoral, así como la pasividad y cuestionable parcialidad de los integrantes del actual consejo electoral en la entidad mexiquense.

El proceso se ha venido enturbiando, en efecto, por la utilización por todos los contendientes de programas y hasta aparatos gubernamentales para fortalecer posicionamientos y campañas. Sin embargo, la apuesta y desmesura por la coalición Unidos por Ti no tiene equivalente alguno. Ni siquiera la controvertida campaña del propio Enrique Peña Nieto, censurado por haber utilizado de manera inmisericorde los medios electrónicos en 2005; hay que recordar que, antes de la reforma de 2007, las campañas gastaban más de 70 por ciento de sus prerrogativas en promocionarse en radio y televisión.

Con cierto azoro, Manuel Camacho Solís, actual representante de la coalición Juntos Podemos Más, escribió, en un artículo titulado “Inequidad electoral extrema”, que las elecciones del estado de México se parecen más a las del antiguo régimen que a las elecciones que ocurrieron después de las reformas de 1994-96, señalando que en el Edomex el tiempo se ha detenido: “La administración pública se reorganizó por medio de gabinetes regionales perfeccionados por distrito electoral. El video de Chalco, la prueba más contundente de simbiosis que existe en la historia electoral reciente… El árbitro electoral es parcial. Está al servicio del PRI, como en los viejos tiempos de la Comisión Federal Electoral controlada por Gobernación. Fue muy lamentable la resolución de su consejo, cuando frente a un evidente acto ilegal de interferencia del gobierno en la elección, no hizo sino proteger al gobierno del estado y al PRI” (El Universal, 20/6/11).

Uno podría matizar las afirmaciones porque provienen de un político involucrado en el proceso; sin embargo, su reparo responde a una realidad preocupante que todos, de una u otra manera, ya sabíamos: el PRI va con todo. Lo importante es ganar y no importa cómo. La utilización masiva de recursos logísticos gubernamentales, económicos y humanos, especialmente en las tres primeras semanas de la campaña de Eruviel Ávila no tienen precedentes. Abundan testimonios, crónicas y señalamientos de observadores independientes. Con sobrada razón, entre los actores, organizaciones ciudadanas, periodistas y analistas queda la impresión no sólo de que hubo derroches y excesos económicos, sino de probable rebasamiento de los topes de campaña, que puede ser una causal de nulidad siempre y cuando sea determinante. Aquí, sólo el IEEM está facultado para dar certeza y equidad al proceso y, mediante diferentes presiones, el Consejo General finalmente aceptó realizar “revisiones precautorias”, mandatando realizarla a su órgano técnico de fiscalización.

Sin embargo, el acuerdo IEEM/CG/97/2011 es confuso, impreciso y tiene franjas de indefinición. Efectivamente, los consejeros mandatan al órgano técnico de fiscalización para que realice la revisión precautoria en los “términos estrictos” que establece el Código Electoral, es decir, únicamente sobre el cumplimiento de los topes de campaña y con resultados que no sean públicos, hasta la dictaminación de los informes definitivos de campaña. Es decir, la revisión de los ingresos y gastos se podría iniciar tres meses después de la jornada electoral y cuando se presenten los informes definitivos de campaña; a partir de ese momento la autoridad electoral contará con 90 días para su estudio y análisis, lo que implica que se podría emitir el dictamen ¡seis meses después de que el candidato electo haya tomado posesión del cargo! No será una revisión ni mucho menos precautoria.

El otro ejemplo último, que cuestiona la imparcialidad del árbitro electoral, fue la lamentable exoneración del servidor público Bernardo García Cisneros, captado en video operando programas sociales por votos. El Consejo se declara incompetente para aplicar alguna sanción y, como Poncio Pilatos, no sólo se lava las manos, sino que lamenta la actitud del “solitario” pillo electoral García Cisneros, cuando en realidad el video en cuestión ponía de manifiesto, no las desventuras de un operador, sino el modus operandi de un sistema gubernamental que transmuta en un aparato electoral, y al cual el instituto se niega a investigar, presentándolo como hecho aislado y casual.

Este “Aburto electoral”, además de ser funcionario del gobierno estatal, fue durante más de 10 años el principal operador del gobierno en el IEEM, primero como secretario general y después como consejero. En sesión de consejo, los consejeros privilegiaban una supuesta legalidad de su acuerdo para remitirlo a otras dependencias, sacrificando los principios de certeza y hasta de constitucionalidad. Curiosamente, el representante de la coalición comandada por el PRI ante el Consejo General, el experimentado César Camacho, apenas interviene porque no necesita implicarse: tiene ya prácticamente cinco consejeros de consigna priísta que se ocupan, debaten y defienden sus intereses. ¿Cuál es el mensaje?: la impunidad. Sigan actuando, señores; sigan operando votos por dádivas, que no hay autoridad ni instancia que sancione.

La “crónica de un fraude anunciado” es una expresión cruel y válida; no se centra en la jornada electoral, sino en el proceso, cargado de sesgos e irregularidades. Pone en evidencia la inequidad y la impunidad de un proceso; así exhibe igualmente a las autoridades electorales omisas que se escudan en un discurso legaloide para justificar la clara inclinación hacia el partido en el poder. En realidad, todo este conjunto refleja el carácter perjudicialmente regresivo de las elecciones que culminarán este 3 de julio.

Rebase en los topes de campaña y Hank Rhon en Edomex

Bernardo Barranco V.

Tres temas acaparan la agenda del proceso electoral del estado de México esta semana. La detención de Jorge Hank Rhon y las repercusiones en las elecciones, el presunto rebase de topes de campaña de la coalición Unidos por Ti, de Eruviel Ávila, y el debate nocturno entre candidatos que se desarrollará hoy 8 de junio. Los tres temas están imbricados pero, por espacio, nos ocupamos sobre todo del segundo, porque pone a prueba toda la legalidad del proceso y sobre todo la imparcialidad del órgano electoral.

Hay que reconocer una creciente percepción entre la ciudadanía de que la propaganda electoral es ostentosa y exagerada. Las imágenes de Eruviel Ávila son omnipresentes en todos los rincones del estado. Hay una impresión de derroche de recursos en la profusa propaganda electoral de la coalición Unidos por Ti mediante espectaculares, vallas, bardas, pendones en grandes y pequeñas avenidas de la entidad mexiquense; propaganda en paraderos, camiones, combis, móviles, videos, Internet y perifoneo. En las redes sociales, este hecho se comenta abundantemente; la promoción política de Eruviel Ávila es no sólo onerosa, sino invasiva. Esta sensación déjà vu es aún mayor que la que se tenía en 2005 de la campaña de Peña Nieto, quien además invirtió grandes sumas en la utilización indiscriminada de medios electrónicos.

A poco más de tres semanas de iniciadas las campañas electorales, la cuestión del rebase de los topes de gastos ronda políticamente. Los partidos PRD y PAN ya han solicitado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) una revisión precautoria; sin embargo, la mayoría de los consejeros electorales han sido renuentes, argumentando vacíos legales. Asimismo, los principales conductores de la campaña priísta, como Luis Videgaray y César Camacho, han asegurado a la prensa que la coalición no ha rebasado los topes de campaña, cuyo monto ronda 204 millones de pesos. Que toda esta agitación es un montaje para debilitar y descarrilar al puntero.

El asunto es delicado porque, efectivamente, el código electoral del estado establece el rebase como causal de nulidad. En su artículo 299 dice que el tribunal podrá declarar la nulidad de la elección de gobernador, fracción cuatro, inciso b), por: Exceder los topes para gastos de campaña establecidos por el presente código de manera determinante para el resultado de la elección. Las otras dos causales del código son utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas y usar recursos públicos o los destinados a programas sociales. Y que todas éstas sean determinantes para la elección. Por ello, en 2005 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció que efectivamente la campaña de Peña Nieto se había excedido, pero era tal la distancia de votos respecto a los otros candidatos, Mendoza Ayala y Yeidckol Polevnsky, que no procedió la anulación.

Por ello conviene que haya claridad y legalidad. Si efectivamente la percepción social está equivocada, los operadores del PRI podrán mostrar públicamente cómo organizar una campaña con alta eficiencia. De no clarear y transparentar, se transita a la inequidad e impunidad, sancionadas por la normatividad electoral. El consejo del IEEM no puede ser omiso y transferir la querella a disputas poselectorales, que perjudicarían y mancharían el conjunto del proceso.

El IEEM, pues, tiene aquí su prueba de fuego. Por un lado, tiene una obligación jurídica y moral para ofrecer a la ciudadanía certeza e imparcialidad y, por otro, los consejeros tienen la oportunidad de sacudirse el pesado estigma de estar ahí como operadores políticos del gobierno del estado y del PRI, al actuar con autonomía. El código electoral mandata, según el artículo 61, realizar revisiones precautorias, en la fracción tercera, inciso b: El Consejo General podrá aprobar una revisión precautoria sobre el cumplimiento de los topes de campaña, la que podrá realizarse a partir de la mitad del tiempo de la duración de la campaña y hasta el final de las mismas. Por ello, ante Javier Sicilia, invitado de honor al primer informe de Dictamen Ciudadano de Vigilancia Electoral en el estado de México 2011, se presentó una solicitud muy concreta: Hacemos un enérgico llamado al Consejo General del IEEM para que mandate de manera inmediata al Órgano Técnico de Fiscalización para que realice las revisiones precautorias a las que tiene facultades. Esperar a que dicho ejercicio se realice una vez concluidas las campañas será acto de omisión grave. (Reforma Estado, 5/6/2011)

En el caso de la detención de Hank Rhon, ineludiblemente irrumpe en el proceso electoral mexiquense como un elemento de presión adicional a una atmósfera política que tiende a elevar su temperatura con rispidez. Videgaray inmediatamente reaccionó asegurando que no existe aportación económica alguna del controvertido personaje a la campaña de Eruviel; la duda por asociación ahí queda. Peña Nieto confió en que todo se aclare, se pronunció por que las instituciones no sean utilizadas con un fin distinto al que fueron creadas, y sólo ante una pregunta expresa admitió que este hecho enrarece el clima electoral (La Jornada, 7/6/2011). Este mismo principio debería usarse en el IEEM. En el transcurso del primer debate en las instalaciones del IEEM, los temas de Hank Rhon y los topes de campaña, así como el rol del instituto, están asegurados; por contraste me recuerdan aquella vieja expresión de Erasmo de Rotterdam, quien se preguntaba: ¿Qué debe imperar, una paz desventajosa o una guerra justa?

Me ha tocado escuchar ya muchos programas de anàlisis polìticos , donde al hablar de las proximas elecciones en el Estado de Mèxico , siempre comentan que si la izquierda se divide le estaràn dejando el camino libre al PRI , o lo que es lo mismo a Peña Nieto , argumentando que el "aparato polìtico , la maquinaria del gobierno del Estado y el inmenso presupuesto de que dispone Peña Nieto , hace poco menos que imposible ganarle" . Jamàs , en todos los programas que he escuchado , he visto que se abra un parèntesis para aclarar que todo eso de lo que echarà mano el discìpulo de Carlos Salinas para ganar esas pròximas elecciones en su Estado , es total y absolutamente ILEGAL ; al ùltimo que escuchè fue a Miguel Angel Granados Chapa el domingo pasado en el programa "Encuentro" de Ricardo Rocha en Telefòrmula . La impresiòn que me da , por lo menos en periodistas honrrados como lo es el caso de Granados Chapa , es que como es algo inebitable , se han acostumbrado y ya no sienten necesario denunciarlo , lo pasan de largo ; lo malo es que la gente , los votantes , tambièn dejan de verlo como algo aberrante e ilegal , y cuando la oposiciòn reclama que el PRI ganò con practicas ilicitas , para la gente esto ya no es relevante y hasta acusa de alborotadores y de no saber perder a los quejosos . (claro , siempre con la ayuda de la tele ) .

Preocupante inicio del proceso electoral mexiquense

Bernardo Barranco V.

Bajo mucha tensión se desarrolló, el pasado domingo 2 de enero, la sesión inaugural del proceso electoral de 2011 en el estado de México. Lo que habría sido un acto protocolario se convirtió en un coctel de reproches, descalificaciones y advertencias entre los principales actores ahí presentes. Gran parte de la clase política mexiquense, se dio cita en la sala del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para presenciar, no sin asombro, cómo los propios consejeros electorales sembrados por el PRI salieron beligerantes, en defensa abigarrada y sistémica frente a los cuestionamientos no sólo de los partidos políticos, sino de la opinión pública.

Los representantes de PAN, PRD, PT y Convergencia previamente externaron su desazón por llegar al proceso electoral con reglas impuestas por la mayoría priísta en la Cámara de Diputados. El PAN habló de regresiones preocupantes, el PRD de judicialización del proceso, el PT puso en duda la imparcialidad del actual consejo del IEEM, etcétera. Recibieron como respuesta una actitud rijosa de las cuatro posiciones priístas en el Consejo Ciudadano del IEEM.

Especialmente llamó la atención la postura agreste de Juan Carlos Villarreal, quien reprochó a los partidos políticos de oposición al tricolor cuestionar de imparciales a los consejeros electorales así como al propio instituto, reviró: “Las reglas las hacen los que hoy se quejan, el diseño institucional fue impulsado por los que de nuevo descalifican su propia obra… –y se pregunta– ¿por qué algunos actores políticos le quieren colgar a la autoridad el saldo de sus incapacidades o el temor de sus fantasmas?” El planteamiento no es novedoso, coincide con el discurso que ha venido desarrollando el propio presidente del partido en el poder. Además, pone en evidencia y reconoce la tendencia perversa con que los partidos políticos y el sistema de poder han operado para demoler la autonomía e independencia de las estructuras electorales, no sólo del estado de México, sino del país. Es con esta misma lógica con la que se está definiendo actualmente el nombramiento de consejeros electorales en el IFE, en detrimento absoluto de su credibilidad por el manoseo de intereses partidarios. Sin embargo, la supuesta defensa que hace el consejero Villarreal es tramposa porque, salvo la designación de consejeros, las nuevas reglas electorales para los comicios de 2011 han sido fruto de una imposición de mayoría priísta en la Cámara de Diputados. Es decir, tanto la reforma electoral, llamada ley Peña, como los ajustes al código no han sido resultado de negociaciones ni de consensos entre los partidos políticos, sino de albazos e imposición del sistema imperante en la entidad mexiquense.

Por ello, la crispación y la tensión que se vivió en el arranque del proceso electoral no fue resultado de los teatrales discursos de los consejeros, sino del clima de autoritarismo imperante en el estado de México.

El problema no está ni en el IEEM ni en los consejeros priístas, sino en cómo se ha estado manejando la política y los acuerdos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. El resultado de la sesión es natural. A la salida del acto los principales dirigentes estatales declaran. Por un lado, Ricardo Aguilar, del PRI, se siente satisfecho con el instituto y le extiende un voto de confianza; por otro lado, tanto Luis Sánchez, del PRD, como Octavio Germán, del PAN, amagan con salirse de la contienda electoral al confirmar la inequidad y parcialidad de los consejeros electorales.

El sistema de partidos y los ciclos electorales nos plantean una disyuntiva siempre punzante entre la relación entre las mayorías/minorías políticas y la democracia, proceso que azarosamente hemos venido construyendo. De aquí emanan acuerdos y pactos entre los actores políticos que posibilitan una convivencia política civilizada y en cierta forma dignifican el sentido social de servicio que tiene el quehacer político.

En el estado de México hubo cierto equilibrio en las votaciones entre los tres partidos predominantes –PRI, PAN y PRD– hasta las elecciones de 2009, en las que el tricolor y sus coaliciones ganaron de manera amplia. Bajo un síndrome autoritario, un sector de la clase política en el poder quiere ir por todo en estas elecciones de 2011, la implicación a la candidatura presidencial está en la ruta y han tensado el juego. Ha tomado decisiones unilaterales y los riesgos saltan a la vista. En nombre de la mayoría, los actores políticos pueden caer en tentaciones totalitarias y, por tanto, antidemocráticas en sus decisiones y estrategias.

Hay que hacer una sana distinción entre mayoría y voluntad popular. Incluso desde una democracia puede conducir a los peores horrores de la historia: el nazismo es un muy buen ejemplo, porque nace de avasallamientos electorales que en su momento representó una mayoría política aplastante. Por ello, resuenan desde mediados del siglo XX, la expresión del destacado político británico, Richard Clement Attlee (1883-1967), quien sentenciaba que “la democracia no es simplemente la ley de la mayoría, es la ley de la mayoría que debe respetar y hacer valer los derechos de las minorías”.

El inicio electoral en el estado de México es alarmante, porque si no hay política ni acuerdos entre los principales actores, las elecciones corren graves riesgos y podría ensombrecer todo el escenario político del país.