Los obispos Raúl Vera y Samuel Ruiz se solidarizan con el SME
LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 13 de noviembre (apro).- Los obispos Raúl Vera López, de Saltillo, y Samuel Ruiz García, emérito de San Cristóbal de Las Casas, exhortaron al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a no abandonar su lucha hasta lograr sus objetivos.

Los obispos participaron hoy en un diálogo con los electricistas que se oponen a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en las instalaciones del SME.

Durante su participación, el obispo de Saltillo pidió al líder sindical Martín Esparza no aceptar dinero y lo exhortó a no vender al movimiento.

"Martín, nunca vayas a aceptar dinero; vender al SME no sólo es una traición a ustedes, sino al sindicato", dijo el jerarca católico.

En su exposición, Raúl Vera celebró que un sindicato como el SME peleé sus condiciones y materia de trabajo al gobierno federal. "Ya era hora de que alguien pusiera un hasta aquí" a una serie de atropellos al sistema laboral, agregó.

"Están haciendo esto por ustedes y por nosotros. Ya es una reacción internacional", dijo el prelado.

El obispo de Saltillo justificó las acciones de resistencia que ha implementado el SME: "Todo lo que ustedes hacen está dentro del marco legal, ustedes tienen esperanza y capacidad de indignación. Quienes justifican el decreto (que extingue a LFC) carece del concepto del ser humano, ustedes creen en un México diferente y los movimientos así no le tiran al desgaste."
Por su parte, el obispo Samuel Ruiz exhortó a los electricistas a mantenerse unidos y a no cansarse ni a desesperarse en su lucha contra la liquidación de LFC.

Señaló que en la medida en que el SME se mantenga unido resistirá las embestidas e injusticias del gobierno, otras organizaciones se sumarán a su causa.

"Se unifican, porque se sabe que se está construyendo un México mejor, no se cansen", les pidió el obispo emérito.

Desfiladero

Huelga nacional: pliego petitorio

IMSS: preparan auditoría contra Jáuregui

Clausuran gasolinera en Tlalpan

Jaime Avilés

¿Hay otro camino, distinto al de la huelga nacional, para iniciar la transformación de México? Felipe Calderón no sólo fue incrustado en la cima del Poder Ejecutivo por las televisoras y los grandes contribuyentes” para seguir sin pagar impuestos y tener un empleado incondicional a su servicio las 24 horas de los 365 días del año. No sólo sacó al Ejército a las calles para suplir su absoluta falta de autoridad política. No sólo heredó de Fox el despacho de abogados particulares de Los Pinos llamado Suprema Corte de Justicia. No sólo remodeló a su conveniencia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, poniendo al frente de éste a María del Carmen Alanís, Maca, amiga íntima de su esposa.

Además, personalizó, o calderonizó, otras instancias que fueron creadas para hacerle contrapeso al Ejecutivo y fortalecer el equilibrio entre los poderes. El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han sido neutralizados mediante el nombramiento de nuevos directivos que traen la consigna de volverlos inútiles. Cabe entonces reiterar, de otro modo, la terca pregunta: ¿puede un candidato del pueblo llegar a la Presidencia de la República por la vía de las elecciones?

Desinfectado en 2007 por senadores del PRI y del PRD, que echaron a la basura el cadáver político de Luis Carlos Ugalde para remplazarlo por un lebrel obsequioso como Leonardo Valdés Zurita, el “nuevo” Instituto Federal Electoral del felipato no es sino una oficina de trámites, situada entre Televisa y Tv Azteca, por una parte, y el tribunal de Maca y sus macacos, por la otra, y no cuenta con la mínima capacidad de decisión.

Organizar comicios, controlar el padrón, mandar a hacer urnas y difundir espots en los medios son sus únicas y verdaderas atribuciones. Para lo demás no funciona. Los empresarios son los que deciden quiénes deben gobernar y el tribunal electoral los ratifica. ¿Cuál es el papel del pueblo en este baile de máscaras? Ninguno. La moraleja, por lo tanto, sale sobrando. Para volver a transitar por la vía electoral en condiciones de igualdad para todos los competidores hay que refundar las instituciones democráticas.

Pero antes de ello es indispensable sentar las bases de un nuevo pacto o contrato social, que surja de la definición de objetivos comunes, para los empresarios, las clases medias, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y la masa enorme de los desempleados. Aunque, ojo, cuando se habla de empresarios en este sentido no se está pensando en los grandes magnates que a través de la clase política destrozaron al país, sino de los pequeños y medianos inversionistas, que son los creadores de 90 por ciento de las fuentes de trabajo. Con ellos hay que discutir y alcanzar acuerdos.

El nuevo país que necesitamos debe ser un tráiler que se desplace sobre tres ejes: la educación, la investigación científica y el desarrollo de tecnologías innovadoras. China, India y Brasil apostaron su futuro a estas tres actividades estratégicas y hoy figuran entre los países más exitosos del mundo. Después de la muerte de Mao, en 1976, China impulsó la investigación científica y el desarrollo tecnológico y en menos de 30 años sacó de la pobreza a cientos de millones de personas. Hoy es una de las mayores potencias económicas. De la India podría decirse lo mismo: al aumentar el poder adquisitivo de su gente, se reconvirtió en uno de los mercados más importantes del planeta. Brasil, mucho más atrás aunque sobre la misma ruta, poco ha logrado en cuanto a la reducción de la pobreza, pero ha establecido pautas que le permitirán hacerlo en las décadas por venir.

Durante la gestión de Lula, que empezó como un timorato y fue viniendo de menos a más hasta alcanzar la estatura de un enorme estadista, Brasil empezó a renacionalizar sus recursos petroleros, descubrió en el Atlántico un yacimiento gigantesco, mayor tal vez que las reservas de Venezuela, y para defenderlo de las tentaciones imperiales está construyendo la bomba nuclear con tecnología propia; además, diseña y fabrica aviones y helicópteros. ¿Cómo sería México actualmente si a lo largo de estos 30 años, en lugar del saqueo neoliberal, hubiese puesto en marcha un nuevo modelo de desarrollo?

La huelga nacional que está preparando el SME con el apoyo de más de 700 organizaciones gremiales, sociales, políticas y ciudadanas, necesita definir un pliego petitorio, que tendrá como punto de partida, por supuesto, la derogación del decreto que extinguió ilegalmente Luz y Fuerza del Centro. Esto es fundamental no sólo porque la economía de la región central del país está deteriorándose debido a los constantes apagones en las fábricas del estado de México, sino porque en Puebla e Hidalgo muchas familias de electricistas, al quedar sin ingresos, han paralizado los comercios donde solían surtirse, como ocurre en el emblemático poblado de Necaxa.

Pero más allá de esa demanda central, los convocantes a la huelga deberán incluir exigencias relacionadas con el aumento al presupuesto de la educación superior, una medida que puede y debe ser respaldada por el movimiento estudiantil. Asimismo, el pliego debería exigir una drástica reducción a los gastos de la alta burocracia, que no fueron tocados por el Congreso pero no pueden ser tolerados por un pueblo al que le bajaron el sueldo y le subieron el IVA para que la realeza conserve sus insultantes privilegios. Por último, como es ya clamor general, la huelga debería reclamar un plebiscito revocatorio de mandato, para que todos los mexicanos en edad de votar decidan si Calderón debe permanecer en su puesto.

“Excelso galeno”

En el Centro Médico Siglo XXI continúan las denuncias contra el coordinador de las Unidades Médicas de Altas Especialidades, Alfonso Cerón Hernández, y del director de Cardiología, Ricardo Jáuregui. En respuesta a la minicampaña de prensa contra Desfiladero que Jáuregui impulsó en diarios de poca monta y bajo la firma de plumas sin relieve, que lo alabaron como “excelso cirujano” cuando en su vida ha cogido un bisturí, trabajadores de ese nosocomio proporcionaron ahora los números de cinco contratos fraudulentos de prestaciones temporales, que ostentan la firma falsificada del doctor Rubén Argüero Sánchez, antecesor de Jáuregui, y la de Antonio González Martínez, actual director administrativo.

Esos documentos están registrados, en orden progresivo, con los números 37-1802-001/08, 002/08/, 003/08/ 004/08 y 005/08. Por lo demás llegaron acompañados de fotos captadas con teléfono celular, de muy mala calidad y por lo tanto impublicables, que muestran el antes y el después de una sala de pacientes trasplantados del corazón, que fue destruida para ser reconstruida a cambio de una jugosa ganancia. En cualquier momento, añadieron los informantes, se espera que Daniel Karam, director general del Seguro Social, ordene una auditoría contra Cerón y Jáuregui.

Mientras tanto, el delegado de Tlalpan, Higinio Chávez, ordenó la clausura temporal de una gasolinera que se construye a menos de un metro de un conjunto habitacional en Insurgentes Sur 4097. La medida es producto de la movilización de los vecinos, quienes sin embargo exigen el cierre definitivo de una obra que consideran amenazante contra su patrimonio y su salud, y que viola todas las disposiciones vigentes en la materia.

A petición de ambos lectores, esta columna aclara que fue Germán Schulz y no Patricia Gutiérrez-Otero quien realizó el análisis económico, publicado aquí el sábado anterior, acerca del efecto que tendrá el aumento del IVA y el ISR en los bolsillos de todos nosotros.

jamastu@gmail.com

"Es un empleado de la mafia": Lopez Obrador
LA REDACCIóN

MEXICO, D.F., 13 de noviembre (apro).- El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador calificó hoy a Felipe Calderón como "empleado de la mafia", al censurar las declaraciones de éste en contra de los empresarios, a los que acusó de no haber apoyado su paquete fiscal.

De acuerdo con un comunicado de la oficina del "gobierno legítimo", López Obrador afirmó:

"Felipe Calderón es un empleado de la mafia porque declaró que no pudo hacer los cambios fiscales porque no se lo permitieron los potentados".
En gira por los municipios oaxaqueños San Miguel Panixtlahuaca, San Juan Quiahije y Santiago Yaitepec y Santos Reyes Nopala, López Obrador se refirió también a la discusión en la Cámara de Diputados sobre el Presupuesto de Egresos de la federación, al afirmar que PRI y PAN "negocian cómo beneficiarse".
Añadió: "Mañana se van a repartir el botín".
Y dijo que ambos partidos, que apoyaron el aumento al IVA y al ISR, ahora enfrentan presiones de sus gobernadores "para ver cómo se reparten lo que van a recaudar", a raíz de esos aumentos.
Señaló: "Ahora ya hay muchas presiones, porque como aumentaron los impuestos el PRI y el PAN ahora quieren que el presupuesto se quede sólo en sus gobiernos estatales y municipales".
Según ese comunicado oficial, López Obrador informó que el próximo 22 de noviembre se realizará una "asamblea informativa" en el Zócalo de la ciudad de México "para conmemorar tres años de resistencia" y de haber asumido la llamada "presidencia legítima".

Simulación jurídica antisindical

Miguel Concha

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), integrada por 68 organizaciones en toda la República, emitió el pasado martes un pronunciamiento sobre la situación de las garantías individuales de las y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En él afirma que el decreto de extinción de la empresa pública es un acto de simulación jurídica, cuya verdadera naturaleza es la de ser parte de una campaña antisindical.

Primero, por la indebida injerencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la vida interna del SME, al no otorgar la toma de nota a 13 de los puestos de su comité central, con lo que violó la autonomía sindical, olvidando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dejado muy claro que cualquier tipo de registro administrativo respecto de la vida de los gremios sólo puede tener efectos estadísticos y registrales de publicidad, pero de ninguna manera afectar el ejercicio y la actuación de los sindicatos y sus representantes. Asimismo, que de conformidad con los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, todo conflicto gremial interno debe resolverse a través de órganos judiciales, no por instancias administrativas.

Y segundo, porque funcionarios del gobierno federal han afirmado que la razón para no aceptar la sustitución patronal, estando firme la materia de trabajo, es que entonces quedarían vigentes tanto la representación sindical del SME como su contrato colectivo. Para la Red TDT el decreto presidencial viola también el marco constitucional y el de la Ley Federal del Trabajo, en lo que se refiere a la terminación colectiva de las relaciones laborales, al pretender evitar que se siguieran los procedimientos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y porque conforme al artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para la extinción de la empresa el actual Ejecutivo federal debió haber seguido el mismo procedimiento establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y en el decreto presidencial del 9 de febrero de 1994, que estableció sus bases de operación: la modificación primero de la ley por parte del Legislativo y la emisión posterior del decreto con las bases para la liquidación.

La Red TDT no pasa por alto las campañas de desinformación y descrédito contra el SME y los derechos de sus trabajadores en la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo electrónicos, a propósito del monto real de sus salarios (un promedio de 6 mil pesos al mes), el verdadero costo que ellos con sus prestaciones representan en el porcentaje de ingresos de la empresa (13.5 por ciento), y más que nada al hacerlos responsables de todos los males de su fuente de trabajo, ignorando la responsabilidad de quienes la han administrado y de las autoridades encargadas de la política energética. Con base en ello, la Red TDT afirma literalmente en su pronunciamiento que:

1. La medida tomada por el Ejecutivo, además de considerarse inconstitucional e ilegal, representa una violación a los derechos humanos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

En primer lugar, porque se viola su derecho a la estabilidad en el empleo, al despedirlos sin que existiera una causal que lo justificara conforme a la ley ni seguir los procedimientos marcados por la misma. Como consecuencia de lo anterior, se viola el resto de los derechos humanos derivados del trabajo, como el salario y el derecho de huelga.

2. Además, al tratarse de un acto de naturaleza claramente antisindical, con la intención de eliminar un contrato colectivo de trabajo, se han violado los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva.

3. Finalmente, en un país como el nuestro, en el que el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales ha estado vinculado a la existencia de un trabajo, se han puesto en riesgo los derechos a la seguridad social, a la alimentación, a la salud y al disfrute y participación de los bienes culturales.

4. El uso de fuerza pública para ocupar las instalaciones de Luz y Fuerza, sin mediar orden judicial ni justificación en la legislación (sobre todo porque ocurrió antes de que se publicara el decreto de extinción de la compañía), representa un grave precedente de la forma en que el gobierno federal menosprecia los controles legales y constitucionales en el uso de los órganos de seguridad.

5. Las campañas que pretenden responsabilizar a los trabajadores del SME de las fallas en el servicio eléctrico –consecuencia del decreto– nos alertan sobre el riesgo de criminalización de la protesta social, en este caso de quienes defienden los derechos de los trabajadores. Es importante subrayar –añade también literalmente la Red TDT– que la Organización de los Estados Americanos estableció con claridad que el respeto de los derechos de los trabajadores, especialmente los sindicales, es un componente esencial de la democracia.

Por todo ello la Red TDT, de la que forman parte las organizaciones con más capacidad y experiencia en el país, junto con muchas otras agrupaciones, exige también: a) El cumplimiento de las demandas del SME: derogación del decreto presidencial, retiro de la Policía Federal de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y que se establezca una mesa de negociación entre el sindicato y el gobierno federal; b) que todas las autoridades se sujeten a los procesos legales en curso y dejen de emitir opiniones ajenas a sus atribuciones.