Gerardo Fernández Noroña ha alzado la voz de manera fuerte , contundente y principalmente de manera muy inteligente desde su llegada a la Cámara de Diputados , poniendo constantemente en su lugar a panistas y priistas . Como era de esperarse , el linchamiento en la televisión , en el radio y en la prensa escrita $ometida al poder , no se ha hecho esperar .

Desfiladero

Escándalo en el IMSS: Cerón y Jáuregui se tambalean

Jaime Avilés

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asignados al Centro Médico Siglo XXI fotocopiaron y pegaron en todos los ámbitos de ese nosocomio el Desfiladero del sábado anterior, que denunció las relaciones de complicidad y latrocinio entre el coordinador de las Unidades Médicas de Altas Especialidades (UMAE), doctor Alfonso Alberto Cerón Hernández, y el director general de Cardiología, doctor Ricardo Jáuregui.

Ante el revuelo que provocó la difusión de la noticia, el director general del IMSS, Daniel Karam, llamó a cuentas a ambos especialistas y les exigió una explicación rotunda y convincente. Las eminencias médicas arguyeron que todo lo aquí señalado –la remodelación de una sala para pacientes trasplantados, que fue terminada de construir en 2002 y que permaneció cerrada, sin estrenarse, hasta febrero de este año, cuando Jáuregui ordenó destruirla para reconstruirla y llevarse una jugosa tajada por la obra, así como la adquisición de monitores telemétricos en 300 mil pesos cada uno, cuando su precio en el mercado es de 100 mil– es falso y que por lo tanto iban a desmentir al autor de esta columna.

Insatisfecho con su respuesta, Karam les pidió que, antes de comparecer ante la opinión pública para lavar su honra, le demostraran que lo señalado aquí es contrario a la verdad, cosa que no hicieron. De acuerdo con fuentes que volvieron a pedir el anonimato al transmitir esta información, tanto Cerón como Jáuregui y su equipo de colaboradores –especialmente el director médico, Rodolfo Herrera Franco, y el director administrativo, Antonio González– van a ser sometidos a una auditoría.

En caso de que ésta se efectúe, quienes la lleven a cabo tendrán que revisar las facturas de los dos monitores telemétricos marca Shimadzu, cuyos números de serie son F-000-449 y F-000-443, actualmente en servicio en el área de Hemodinamia. También deberán examinar con detenimiento el contrato que Cardiología celebró con la empresa de seguridad Brespi, que nunca ha cumplido con lo pactado en ese documento, pero que forma parte de la red de corrupción que opera allá adentro.

Y ya encarrerados, los auditores tendrán que mirar con atención cinco contratos de servicios temporales, en los cuales aparece falsificada la firma del doctor Rubén Argüero Sánchez, antecesor de Jáuregui en la dirección general de Cardiología, como consta en pruebas grafoscópicas que obran en poder de La Jornada. Tras la tragedia de la guardería ABC, que el IMSS subrogó a familiares de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, en la cual perdieron la vida 49 niños sin que la justicia tocara a ninguno de los culpables, Karam lo último que desea es un nuevo escándalo en el instituto a su cargo. Sin embargo, el cúmulo de presuntas irregularidades en que habrían incurrido sus subordinados en el Centro Médico Siglo XXI, y el descontento de los trabajadores que solicitan la intervención de la justicia para poner fin al saqueo, podrían detonar un conflicto mayor la próxima semana, ya que el doctor Jáuregui amenazó con reprimir a aquellos que sigan pegando denuncias contra él en los muros del recinto hospitalario.

Ebrard y la gasolinera de Tlalpan

Quien, por su parte, no ha dicho esta boca es mía, es el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, pues permanece impasible ante las protestas de los vecinos de Tlalpan que se oponen a la construcción de una gasolinera –que viola todos los reglamentos vigentes– en la avenida Insurgentes Sur 4097. Hoy, a partir de la una de la tarde, los inconformes realizarán una nueva manifestación pública después de hacer un mitin frente a las oficinas del delegado perredista Higinio Chávez.

Impuestos: la nueva nobleza nativa

A lo largo de la semana, una cibernauta llamada Patricia Gutiérrez-Otero distribuyó por Internet un sencillo análisis que demuestra las consecuencias prácticas que el paquete fiscal aprobado por el PRIAN tendrá sobre la economía de los asalariados que ganan más de 10 mil 600 pesos al mes y que, por tanto, sufrirán el aumento de 28 a 30 por ciento en el impuesto sobre la renta (ISR) y, como todos los mexicanos, de 15 a 16 por ciento en el impuesto al valor agregado (IVA).

“Si actualmente ganas 12 mil pesos al mes –ejemplifica Gutiérrez-Otero– y te quitan 28 por ciento de ISR, es decir, 3 mil 360 pesos, te quedarán 8 mil 640, pero a partir del año próximo, el descuento será de 3 mil 600, por lo que te dejarán libres 8 mil 400, o sea, 240 pesos menos que hoy. Por lo tanto, el incremento de 2 puntos porcentuales al ISR equivale a un decremento de 2.77 por ciento de tu salario”.

Ahora bien –prosigue Patricia–, “suponiendo que el resto de tu sueldo (8 mil 640 pesos hoy) lo uses únicamente para comprar productos gravados con IVA, perderás mil 296 pesos más pagando la tasa de 15 por ciento, por lo que tu poder adquisitivo real será de 7 mil 344 pesos, pero cuando el IVA aumente a 16 por ciento, en enero, y te quiten mil 344 pesos, te quedarán para gastar 7 mil 56 pesos, o sea, 288 menos que hoy”.

Así, concluye la cibernauta, “de un ingreso mensual de 12 mil pesos, el fisco te despoja hoy de 4 mil 656 por ISR e IVA, pero desde enero te arrancará 4 mil 944, una suma equivalente a 41.20 por ciento de lo que ganas. En otras palabras, de cada peso que cobres sólo serán tuyos 58.80 centavos”. Y eso, finaliza, “si no tienes televisión por cable ni teléfono fijo ni celular, porque en tal caso Hacienda te robará 3 por ciento más de tu sueldo por cada uno de esos servicios”.

En cambio, de acuerdo con diversos analistas económicos, los privilegios de la alta burocracia ascenderán en promedio 9 por ciento, mientras los recursos destinados a la educación disminuirán 8 por ciento. Por su parte, los grandes empresarios sólo cubrirán (tal vez) 25 por ciento de su adeudo de 453 mil millones de pesos por impuestos diferidos, y quienes se apoderen, gracias a Calderón, de la red de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro y de los hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad para dar servicio de triple play (televisión, telefonía e Internet) no aportarán nada al fisco durante los dos primeros años.

En 1998, cuando el “gobierno” de Ernesto Zedillo y los diputados del PRI y del PAN (que en ese momento dirigía Calderón) aprobaron la conversión de la deuda privada de los banqueros en deuda pública, es decir, en deuda de todos los mexicanos, el país retrocedió a la Edad Media: surgió una nueva nobleza a la que 100 millones de siervos nos veremos obligados a rendir tributos, por lo menos hasta el día en que los nietos de nuestros nietos empiecen a ser abuelos.

La veracidad de estas afirmaciones puede comprobarse en las páginas de revistas especializadas como Hola, Quién, Caras y otras, cuyas páginas retratan en papel de lujo y con derroche de colores las bodas, los bautizos, los aniversarios y las fiestas de esa nueva nobleza que viste, calza, come, viaja y se divierte incansablemente con la máxima elegancia, gracias a nuestra miseria, a nuestra desdicha sin esperanzas de cambio y a nuestra esclavitud.

Por eso habrá que mantenerse atentos a las movilizaciones que el Sindicato Mexicano de Electricistas encabezará el día 11, al frente de diversas organizaciones gremiales y ciudadanas, contra el decreto que extinguió Luz y Fuerza del Centro para despojarla de su red de mil 100 kilómetros de fibra óptica y regalársela a nuestros amos.

jamastu@gmail.com

Rayuela

Un viento fresco se coló en la atmósfera enrarecida de la impartición de justicia. Una mujer joven y firme sostuvo los principios de la legalidad frente al poder

Impide a la JFCA resolver si finaliza la relación laboral

SME logra amparo definitivo sobre la extinción de LFC

Continúa intacta la liquidación de la empresa, asegura Javier Lozano

Insta a electricistas a cesar acciones emprendidas ante el Poder Judicial

La ALDF presenta controversia constitucional ante la Suprema Corte

Luego de que la juez Guillermina Coutiño –en la imagen, captada en el Palacio Federal de Justicia de San Lázaro– concedió ayer la suspensión definitiva al SME, deberá dictaminar si es constitucional el decreto presidencial que ordenó liquidar Luz y Fuerza del Centro Foto José Antonio López



La suspensión otorgada al gremio incluye la no validación de liquidaciones, dice De Buen

No avalar fin del nexo laboral Luz y Fuerza-SME, orden a la JFCA

La autoridad deberá esperar a que la juez Coutiño se pronuncie sobre la presunta inconstitucionalidad del decreto de extinción

Responsabilidad penal de Lozano si manipula alcances del fallo, advierte el abogado



Los abogados Néstor y Carlos de Buen y Raúl Carrancá escuchan el fallo de la juez federal Guillermina Coutiño Mata, en el juzgado primero de distrito del centro auxiliarFoto José Antonio López



Alfredo Méndez

La juez federal Guillermina Coutiño Mata concedió anoche una suspensión definitiva al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo entre la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el SME.

Después de una larga jornada de trabajo que se desarrolló entre protestas de unos 3 mil electricistas apostados afuera del juzgado, el fallo emitido por la noche ordena a la JFCA esperar a que la misma juez se pronuncie sobre la presunta inconstitucionalidad del ordenamiento presidencial que liquidó la empresa el pasado 11 de octubre.

Cerca de las 22:15 horas, el laboralista Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato, recibió la notificación en el juzgado primero de distrito del centro auxiliar, ubicado en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, adonde un nutrido grupo de electricistas acudió a manifestarse desde las 11 de la mañana.

En entrevista con La Jornada, minutos después de conocer los alcances del fallo judicial, De Buen sostuvo que se trata de una resolución “muy importante” que oxigena el movimiento sindical.

“La juez –dijo– concedió la suspensión definitiva en vía de amparo para dos efectos: que la junta se abstenga de emitir laudos que concreten la liquidación de la empresa y que no pueda aprobar los convenios de liquidación, hasta que se resuelva la demanda de amparo de fondo”, detalló.

El abogado reconoció que Coutiño Mata no otorgó la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades “dejen de presionar a los trabajadores” y de animarlos a que acepten su liquidación, lo que explica el motivo por el cual anoche, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, dio una conferencia de prensa para exhortar a los electricistas a que acudan a cobrar su liquidación.

Carlos de Buen añadió: “si bien es cierto que nos negaron la suspensión respecto al punto b (para que se detenga la manipulación y presión contra los electricistas), el caso no está perdido y vamos a irnos a la revisión ante un tribunal colegiado”.

Agregó que “a partir de esta suspensión definitiva, cualquier liquidación es nula. Si la junta federal no se abstiene de aprobar los convenios de liquidación de los trabajadores y, por el contrario, les brinda su aval y aprueba alguno de ellos, estará violando esta suspensión, lo que es motivo suficiente para fincar responsabilidades penales a la autoridad laboral”.

Expresó que “si el secretario del Trabajo está negando que la juez también concedió la suspensión definitiva para este efecto (la JFCA no puede reconocer los convenios de liquidación) y si manipula los alcances de esta suspensión para obtener la aprobación a los pagos de liquidaciones, también estará violando la suspensión”.

Asimismo, precisó que a partir de la existencia de la suspensión definitiva, que sucederá cuando un trabajador decida cobrar su indemnización antes de que la juez Coutiño resuelva sobre el fondo del amparo, es decir, si, efectivamente, como alega el SME, fue inconstitucional el decreto de extinción de LFC.

“Por ejemplo, si el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda (SAE) convence al trabajador, y éste se liquida, sería un convenio privado, y ya veremos si el día de mañana se puede echar abajo o no”, indicó.

“Pero cuando van a la JFCA, que eso es al mismo tiempo, y ésta aprueba esa terminación de trabajo, el organismo estaría violando la suspensión”, dijo.

El litigante rechazó que los electricistas que ya recibieron su finiquito carezcan de alguna posibilidad de reinstalarse en su puesto de labores en caso de que el SME gane el amparo de fondo y se reabra LFC.

“De ninguna manera están desprotegidos jurídicamente los trabajadores que ya recibieron su liquidación. En la demanda que presentamos este viernes ante la JFCA estamos pidiendo la nulidad de todas las liquidaciones, y si nos dan la razón, quedarán sin efecto”, aseguró.

Ayer, cerca del mediodía comenzó en el juzgado primero auxiliar la celebración de la audiencia incidental del juicio. En ella, la juez Coutiño informó a los presentes –Martín Esparza y su cuerpo de abogados, por un lado; funcionarios y agentes del Ministerio Público, por otro– que el cuarto tribunal colegiado en materia laboral respaldó su resolución de la semana pasada (la suspensión provisional).

Después de escuchar a los defensores del SME y de anexar al expediente incidental un escrito de argumentos de las dependencias federales involucradas en el litigio, entre ellas el SAE, la juez dio por concluida la diligencia de recepción de pruebas.

Antes de retirarse a su oficina, la juzgadora aseguró a quienes atestiguaron la audiencia que emitirá el fallo definitivo después de analizar los alegatos expuestos por las partes del litigio.

“Les puedo garantizar que resolveré sin ninguna presión de por medio”, sostuvo.

En ese contexto, cerca de 3 mil trabajadores –de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal– se manifestaron ayer afuera del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, a partir de las 11 de la mañana. Algunos permanecieron ahí hasta las 22 horas en espera de la resolución definitiva de la juez.

Mientras se realizó la audiencia incidental del litigio, miles de electricistas gritaban consignas contra el gobierno federal desde las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro, donde se ubica el juzgado primero de distrito del centro auxiliar, a cargo de Coutiño Mata.

“¡Ay carajo!, sí son muchos”, expresó sorprendido un secretario de acuerdos del juzgado cuando escuchó a los trabajadores que coreaban: “¡SME, no estás solo; Martín, no estás solo”.

Una vez concluida la audiencia, el líder de los electricistas, Martín Esparza, flanqueado por sus abogados, acompañó a los miles de trabajadores que se apostaron frente a la Cámara de Diputados.

Sí se puede: Raúl Carrancá

Ante los manifestantes, Raúl Carrancá sostuvo: “se puede, se ha podido y se podrá; yo como abogado les quiero decir que me siento absolutamente confiado en que la resolución de la autoridad judicial nos va a favorecer. Sería una incongruencia, una contradicción, que la justicia federal, con las pruebas que se entregaron, dijera no (a la suspensión definitiva)”.

Entre los trabajadores que hicieron uso de la palabra durante el mitin frente al Palacio de Justicia destacó un electricista que lanzó la siguiente advertencia a Guillermina Coutiño: “se lo decimos claramente, señora juez: en sus manos está nuestro futuro. En usted confiamos. No se venda ni se doble”.

México SA

Por decreto, fin de la recesión

Subirá el costo de la deuda de los países en desarrollo

Carlos Fernández-Vega

Nadie sabe con base en qué decretó el fin de la recesión económica en el país”, ni de dónde sacó que en el tercer trimestre de 2009 la economía nacional “creció 2.7 por ciento”, pero el hecho es que el inquilino de Los Pinos se animó a decirlo en público y a dar por hecho que la “crisis externa” llegó a su fin. Tal vez le leyeron las cartas a Calderón, o éste consultó su destartalada bola de cristal –la misma que le notificó sobre el advenimiento del “catarrito”–, pero cualquier aseveración de esa naturaleza tendría que considerar el hecho de que en 2009 México destaca por ser el país latinoamericano que reportará, por mucho, el peor comportamiento económico regional, y que el desplome de su producto interno bruto será tres veces mayor al del promedio de América Latina, de acuerdo con diversos organismos internacionales.

Hasta ahora, el inquilino de Los Pinos no ha dado una en materia de pronósticos económicos, de allí que su nuevo descubrimiento sólo provoque suspicacia. De cualquier suerte, si lo dicho por Calderón resulta correcto no habría qué celebrar, pues sólo implicaría que el nivel del agua bajó unos cuantos milímetros, pero se mantiene por arriba del cuello.

En vía de mientras, hay que considerar lo que organismos como el Fondo Monetario Internacional advierten sobre el no muy grato futuro para México, en particular, y América Latina, en general: “se prevé que el crecimiento medio de la región se reactive gradualmente en 2011-2013. Sin embargo, no se vaticina que el crecimiento retorne a los altos niveles de 2004-2007. Se pronostica que el proceso de cierre de las brechas del producto no entrañará un periodo de crecimiento rápido. El escenario supone que el crecimiento del producto potencial de América Latina y el Caribe en los próximos cinco años será un poco inferior al de los años previos a la crisis”.

El FMI subraya que “las secuelas de la crisis internacional se harán sentir en la región” y que el crecimiento del producto potencial durante el próximo quinquenio “será algo más lento que en los años previos a la crisis. La pérdida será más pronunciada en Estados Unidos y otras economías avanzadas, pero también se registrará en América Latina y el Caribe. A mediano plazo, las políticas de la región tendrán que ajustarse a este nuevo ambiente de expansión más suave. Como el ingreso público crecerá con más lentitud, habrá que reconstituir los amortiguadores fiscales, fijar prioridades para el gasto público y estimular el crecimiento tendencial y la lucha contra la pobreza en medio de un clima económico menos propicio”.

El momento en que se produzca la recuperación y el rumbo de la misma “variarán entre las economías de la región, dependiendo de la naturaleza de las vinculaciones internacionales”, de tal suerte que la reactivación “será tímida en muchos países” que dependen del ingreso generado por las remesas de trabajadores y el turismo, ya que esos flujos están vinculados a condiciones de empleo aún débiles en Estados Unidos y otras economías avanzadas.

Si bien todos los países latinoamericanos sintieron el impacto de la menor demanda externa, el efecto de la crisis sobre las exportaciones de materias primas fue fundamentalmente distinto al efecto sobre las de bienes manufacturados. En el caso de las manufacturas, la merma de la demanda externa se sintió en la disminución de los volúmenes, lo que afectó especialmente a México y a los países que participan en el acuerdo de libre comercio que Estados Unidos suscribió con América Central y la República Dominicana. En tanto, la disminución en el valor de las exportaciones de materias primas, se debió principalmente al descenso de los precios de estos productos. Dicha reducción afectó principalmente a los países exportadores de materias primas con fuertes vínculos financieros.

Es de esperarse que los ingresos derivados del turismo sigan siendo afectados por las mayores tasas de ahorro privado que se prevén para Estados Unidos y otras economías avanzadas, aun después de que se recupere el empleo en estos países. Las remesas también dependen de las condiciones de empleo en las economías avanzadas, por lo que sus perspectivas tampoco son favorables. Estas han seguido disminuyendo, afectando especialmente a los países importadores de materias primas, sobre todo a los de América Central. La reducción de la actividad de la construcción y el continuo aumento del desempleo de los hispanos en Estados Unidos son los factores que han determinado esta disminución.

Además de su impacto en los precios de las materias primas y en el crecimiento de otros países, la desaceleración estadunidense incidió de forma directa y significativa en variables clave para América Latina y el Caribe. “El fuerte desempleo y el colapso del mercado de la vivienda han tenido repercusiones para los trabajadores latinoamericanos en Estados Unidos, observándose tasas de desempleo de 16 por ciento en el sector de la construcción y de alrededor de 13 por ciento entre los trabajadores de origen hispano, que en ambos casos equivalen a incrementos de más de 7 puntos porcentuales con respecto al promedio de 2007. El descenso pronunciado de la actividad en el sector de la construcción ha ido en paralelo con una merma de las remesas de trabajadores enviadas a México en particular, en tanto que las condiciones generales débiles del empleo han hecho que se reduzcan las remesas a otros países de la región. Además, el gasto de consumo personal siguió disminuyendo en el segundo trimestre en cifras anualizadas, frenando las importaciones hacia Estados Unidos provenientes del sur de su frontera”.

Las condiciones financieras más restrictivas en Estados Unidos “se reflejarán a su vez en condiciones más restrictivas para los países que obtienen préstamos de las instituciones financieras estadunidenses, por lo que se espera un bajo crecimiento del crédito bancario transfronterizo en los próximos años. El legado fiscal de la crisis, con el aumento de los niveles de deuda pública en Estados Unidos y otras economías importantes, pueden presionar al alza los costos de endeudamiento a mediano plazo para los países de mercados emergentes, en especial para los valores públicos que son sustitutos más cercanos a la deuda pública de Estados Unidos”.

Las rebanadas del pastel

Qué bueno, pues, que en México la recesión concluyó… Mi agradecimiento a los integrantes del Círculo de Estudios Coapa por su generosa recepción el pasado jueves… Y un enorme beso para mi amado Adrián, por sus 21.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

SME, el dilema de las liquidaciones

Arturo Alcalde Justiniani

Uno de los elementos claves de la estrategia gubernamental al dar el golpe a los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro (LFC) consiste en convencerlos de aceptar el pago de sus liquidaciones para dar por terminadas las relaciones laborales. Este proceso está calculado para concluir en un periodo corto: alrededor de un mes. El plazo concluye el próximo 13 de noviembre y todo indica que no logrará su objetivo si los trabajadores durante la siguiente semana valoran con objetividad sus alternativas y posibilidades.

La aceptación de las liquidaciones es un aspecto de máxima importancia para los fines gubernamentales, ya que es la única vía para minimizar la protesta. Culminar con este proceso indemnizador sirve también para impedir que se conozca la verdad jurídica sobre los actos ilegales llevados a cabo, que corren el riesgo de ser revertidos por los tribunales de amparo, toda vez que se ha acreditado la violación de normas constitucionales y legales, tanto en el decreto presidencial como en el masivo despido de los trabajadores.

Además de los factores legales, existen otros motivos por los cuales el gobierno está urgido de que los trabajadores estampen de puño y letra su rendición. Requieren regularizar el servicio, pues sus fallas han generado afectaciones importantes a familias y empresas; para ello, necesitan volver a contratar a los empleados que operaban las antiguas plantas, ya que las compañías privadas subcontratadas, además de ser sumamente costosas, carecen de la capacidad técnica adecuada. Todo esto explica el interés gubernamental de abrir una vía falsa de interlocución, a través del disidente Alejandro Muñoz, haciéndole ofertas que puedan debilitar la resistencia; utilizar sus servicios será más importante cuando quede acreditado el fracaso de la estrategia liquidadora. Podría agregarse una razón adicional a las anteriores: culminar el impacto mediático del descontón gubernamental. A medida que transcurre el tiempo, se van develando nuevos elementos, más allá de los técnicos y económicos, que exhiben la concurrencia de varios intereses que se ocultaron en su inicio a la opinión pública, tales como el proceso de privatización de diferentes áreas del servicio.

Es comprensible que los trabajadores electricistas se sientan angustiados y confundidos. La naturaleza repentina del golpe desestabiliza la economía familiar sustentada en ingresos permanentes. Para incrementar esta zozobra, el gobierno, abdicando abiertamente de su condición de árbitro, da cuenta a diario del número de empleados liquidados, como si se tratara de un parte de guerra. La desesperada urgencia de convencer a los electricistas de aceptar su liquidación lo ha llevado a ejercer graves violaciones a los derechos humanos. Para incrementar la confusión se informa la cantidad de pensionados que han recibido su pago, cuestión que en nada afecta a la resistencia laboral, ya que dicho cobro no conlleva consentimiento alguno sobre el decreto cuestionado. Los trabajadores que han recibido sus liquidaciones son aquellos que cuentan con menor antigüedad; haciendo cálculos y considerando el número de empleados que han acudido al amparo es previsible que un alto porcentaje se niegue a recibir el pago indemnizatorio.

A la fecha, la estrategia del premio adicional para aquellos que reciban la liquidación antes del 14 de noviembre, ofrecido en proporción a los años de antigüedad, no ha surtido los efectos esperados, porque los trabajadores saben que una vez superado el absurdo ultimátum el gobierno se verá obligado a negociar en términos diferentes. De mantenerse la magnitud de la resistencia, no sólo deberá renovar sus ofertas de pagos adicionales por elementales principios de igualdad, sino que incluso buscará mejorar sus ofertas, sobre todo a los trabajadores con antigüedad avanzada, con ofrecimientos de carácter jubilatorio. Resulta obvio que para un trabajador con mediana antigüedad la propuesta indemnizatoria no es atractiva, porque la posibilidad de regresar al trabajo por la vía legal, de recibir una resolución favorable acerca de su jubilación o al pago de salarios caídos con motivo de la ilegalidad de su separación constituye una alternativa sensiblemente mejor que conformarse con la oferta gubernamental.

También ha resultado ilusoria la oferta de recontratación a aquellos que sean liquidados, ya que hasta la fecha no se ha concretado su inserción en la Comisión Federal de Electricidad, por el contrario, la autoridad laboral ofrece cursos a los despedidos con el fin de que inicien sus changarros y se subcontraten en una condición penosa en esa empresa. Por lo visto, dicha autoridad se ha convertido en promotora de un outsourcing ilegal que viola los principios que deben regir toda relación de trabajo.

La próxima semana no será fácil para las familias de los trabajadores, porque la pérdida de un empleo trastoca su estabilidad, formas, proyectos de vida, la propia autoestima y seguridad personal. Apoyados en la solidaridad, cuyo primer nivel deviene del ámbito familiar, deberán resistir el embate liquidatorio. Resulta contrastante que mientras en otros países los gobiernos diseñan planes y programas generadores de empleo, fortalecimiento del mercado interno y crecimiento, en el nuestro se haya optado por privar de tajo a miles de familias de la posibilidad de subsistencia, como si fuera el único camino para mejorar el servicio público eléctrico.

El golpe a los trabajadores de LFC trasciende las fronteras de este gremio, ya que lesiona a hombres y mujeres que viven de su trabajo. Sería mala noticia para todos que esta maniobra gubernamental lograra sus fines. Por ellos y por nosotros, es tiempo de desplegar en su favor la máxima solidaridad posible.