Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
05 de noviembre de 2009

Sin padre… ni madre

Ahora resulta que nadie fue responsable del monstruoso engendro de la Ley de Ingresos: ni el gobierno calderonista porque no es exactamente lo que propuso; ni el PAN porque tuvo que aceptar la nueva propuesta; ni el PRI porque no fue lo que ellos hubieran querido.

Mentirosos, mentirosos: el gobierno quería tapar a como diera lugar el boquete de 370 mil millones de crisis, pero también de ineficiencia; tramposamente quiso disfrazarlo de un impuesto por la pobreza, de lo que ahora no se acuerda; el PAN ya no es un partido, es una extensión de Los Pinos; y sus legisladores —salvo tibias excepciones— son correveidiles del Presidente; los del PRI son cómplices de la Presidencia cuando les conviene y adversarios a modo también cuando les conviene. Así, pactaron tras bambalinas una Ley de Ingresos que le permitiera librar el trance al calderonismo y que a la vez le diera cuantiosos recursos al priísmo, particularmente a sus gobernadores, que han aprovechado como nadie los vacíos de poder ocasionados por la falta de un auténtico liderazgo nacional.

En este proceso en el que jamás hubo ni visiones ni argumentos de Estado todo fue la compraventa y el dando y dando. Por eso quedó un adefesio impresentable. Del debate sólo quedará el recuerdo de las actuaciones histriónicas y a veces histéricas de los actores de cuarta en que se han convertido diputados y senadores por igual. Si acaso, para el anecdotario de la picaresca política, los dimes, los diretes y las acusaciones de mariconería de una señora del PAN. Total, un lamentable Halloween tlahuica combinado con los bastardos de Quentin Tarantino.

Así que por qué habríamos de creerles cuando ahora, como sintetiza la de ocho de ayer en EL UNIVERSAL: “Llaman a debatir, ya, reforma fiscal”. ¿Tiene alguno de estos actorcetes patéticos un mínimo de credibilidad como para plantear una iniciativa confiable e incluyente?

Insisto: por qué habríamos de creerles si ahora que tuvieron la oportunidad no hicieron absolutamente nada. Y que no salgan con el cuento de que no había tiempo suficiente para algo tan profundo. Todos fuimos testigos del desperdicio miserable de semanas enteras de grillas baratas que pudieron haber dedicado a construir lo que ahora llaman una política fiscal de largo plazo.

Además vuelven a quedarse cortos y miopes. Porque este país no sólo está quebrado económicamente. La quiebra es también moral y social. Así que, con todo y su importancia, una reforma hacendaria sería insuficiente. Hay que arreglar la casa desde los cimientos: todo pasa por una auténtica reforma del Estado, una gran revolución educativa y la construcción de un nuevo modelo económico que le dé viabilidad a la nación en los años que vendrán.

México está ya tan colapsado en todos sentidos que necesita refundarse. Replantear su presente de cara al futuro. Nada más y nada menos. Lo más grave de todo es que no se ve quién pueda hacer esta convocatoria.

Astillero

Homenaje impuesto

Sin razones

CNDH, ¿continuismo?

Cabrito Batman

Julio Hernández López


Terna de dos que convergen en uno: el carpicismo salinista que siempre ha controlado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene ahora a dos de sus representantes en la recta final para elegir al sucesor del opusdeísta derrochador José Luis Soberanes (que proviene de la misma matriz, aunque se distanció del gran mediatizador Jorge Carpizo en términos personales y secundarios, pero no en lo esencial). Raúl Plascencia sería el soberanismo sin Soberanes y, al igual que Luis Raúl González Pérez, ocupó cargos ejecutivos durante la deplorable gestión de quien ahora busca ser ministro de la Supremamente Corta de Justicia. Plascencia es la obviedad del soberano continuismo solapador y González Pérez es un puente entre ese carpicismo, controlador de las investigaciones jurídicas en la UNAM e influyente en los acomodos burocráticos de elite, y los aires discursivamente avanzados del actual rector de la máxima casa de estudios, José Narro, que pide refundar la República aunque en su organigrama mantiene cuotas y arreglos con el mismo pasado oscuro que (con la vista puesta en el próximo presupuesto federal) dice combatir. El tercer concursante es Emilio Álvarez Icaza, el ex presidente de la comisión capitalina de Derechos Humanos al que se podría dar por derrotado en estos días venideros bajo el argumento de que también fue excluido Javier Moctezuma Barragán, el favorito de la elite de la Iglesia católica que se atrevió a vetar a Álvarez Icaza por su posición respecto a la legalización del aborto. Ni uno ni otro: ni Moctezuma clerical ni Emilio mal visto por el alto clero que así habría impuesto su veto, con lo que se abriría el paso a alguno de los dos miembros de la terna que acabaría siendo otra vez de uno, del carpicismo salinista.

Este tecleador preguntó anoche a quienes le siguen en Facebook y en Twitter lo siguiente: “¿Alguien puede decir tres razones cívicas por las cuales ha de rendirse homenaje al difunto Juan Camilo Mouriño Terrazo? ¿La muerte de Mouriño hace enaltecer el tráfico de influencias de quien como funcionario calderonista firmó contratos familiares? ¿Cuál es la herencia política, ideológica, cívica que deja Mouriño? ¿Quiénes, aparte del circulito felipista íntimo, lo ensalzan y rememoran?” Por más esfuerzos que hicieron los variados participantes, la gran mayoría sólo encontró material adverso, por lo que un jurado descalificador terminó por declarar desierto el improvisado concurso.

No sucedió lo mismo con el lic Calderón y buena parte de la banda burocrática y partidista que lo acompaña, pues ellos (tal vez sólo ellos) encontraron razones suficientes para convertir ayer en el Día de San Camilo. La señora Zavala Gómez de las Guarderías, por ejemplo, develó en el Paseo de los Héroes, de la ciudad de Campeche, un busto del madrileño naturalizado mexicano que así quedó junto a las representaciones escultóricas de personajes de apellidos Madero, Morelos, Guerrero y Carranza, entre otros. El doliente Calderón, por su parte, realizó una ceremonia privada, obviamente con recursos públicos, en la zona donde cayó el avión en que viajaba el entonces secretario de Gobernación, percance en el que fallecieron él y 15 personas más. El parque de la luz, fue llamado ese sitio arreglado con cargo al erario (el astillado escribano se resiste a hacer juegos de palabras con el mexicanísimo sentido pecuniario que a la palabra “luz” también se le da). Y luego, en la sede nacional del PAN, otra ceremonia de exaltaciones fundadas en el amiguismo, el grupismo, las complicidades facciosas. Cuando Calderón se vaya, ¿quién sostendrá esos homenajes sin sustento?

Colindante con el hoy famoso municipio de San Pedro Garza García, presidido por un folclórico aspirante a Cabrito Batman, el de García fue ayer escenario de un ataque de presuntos narcotraficantes que asesinaron a un general brigadier que había sido guardaespaldas de presidentes de la República y recientemente había asumido la dirección de seguridad pública de ese municipio neoleonés de García. El general José Arturo Esparza fue acribillado junto con sus cuatro escoltas. Mientras tanto el antedicho Cabrito Batman, mejor conocido como Mauricio Fernández, colocó abundante guardia alrededor del palacio municipal de San Pedro y tapió las ventanas del despacho principal.

Astillas

El Senado ha demandado que se esclarezca el punto relacionado con la peligrosa inversión de gobiernos extranjeros en bancos no mexicanos pero sí asentados en territorio nacional. La demanda en sí es justa, aunque tras de ella también hay intereses de que políticamente la nueva conformación accionaria “mexicanizada” se acerque más a Manliorte que a RoberFox... El secretario dieguista de Gobernación aceptó que un representante espurio del Sindicato Mexicano de Electricistas asuma la representación de ese gremio en unas presuntas pláticas negociadoras en Bucareli... Guanito pasea sus vergüenzas escultóricas por algunas calles de la ciudad de México, en busca de ser restituido por sus promotores mediáticos como nuevo instrumento de distracción y ataque... Vaya ironías, en www.twitter.com el productor comenta que “a sólo dos semanas de terminar la serie Capadocia, paradójico resulta que el aire en esta cárcel sea más respirable que en el exterior”... El tema de los impuestos va diluyéndose en el ámbito procesal y político ante los nuevos escándalos y problemas, pero apenas va encaminándose al ámbito de lo popularmente práctico, donde causará reacciones sociales indignadas y, tal vez, una toma de conciencia política a través del bolsillo agujerado... Y, mientras Mariano Azuela, el ministro de Los de Arriba, el pizzero jurídico que acudía a Los Pinos foxistas en 30 minutos en tiempos del desafuero de AMLO, dice adiós a la Supremamente Corta de Justicia, ¡hasta mañana, en esta columna que invita a recordar lo que aquí ya inequívocamente se ha dicho y practicado: ni un centavo al redondeo, ni un centavo al Teletón!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Estado ineficaz, consenso

Adolfo Sánchez Rebolledo

No pretendo calificar si el Estado mexicano es o no un Estado fallido”, como se sugirió en el minidebate venido del norte, pero hay un hecho incontrovertible: el Estado funciona mal, arriba y abajo, en la cabeza y en las extremidades. Es lento, carece de reflejos y, por decirlo así, habla solo y solamente se escucha a sí mismo. Es un Estado ineficaz que no se atreve a reformarse, aunque todos los que viven en él, y de él, lo digan en privado o a gritos en el Congreso, murmurando en la calle o absteniéndose de cualquier entusiasmo participativo.

Hablamos, por supuesto, de las instituciones que son el pilar de la República, pero también de la administración pública más próxima a las necesidades y obligaciones de la ciudadanía. Cabe señalar que en ardor de la transición hubo avances importantes: se llegó a soñar con la profesionalización del servicio público para elevar la calidad del gobierno, evitando por ley el trapicheo, los clientelismos o la simple indolencia burocrática que aún caracterizan a áreas vitales de la administración. Pero el impulso se detuvo bajo el peso de los intereses creados por los grupos corporativos y los altos mandos llegados a sus cargos para inventar el hilo negro de las políticas públicas. Y es que resulta difícil aplicar una ley para profesionalizar el servicio público sin reformar al poder mismo, al régimen que ha de articular el funcionamiento de todas las instituciones. Y es aquí donde las fallas se convierten en un verdadero desastre, pues el gobierno, aunque se proclama fiel a la democracia, carece de autoridad moral y su credibilidad está por los suelos, aunque se reconforte con las encuestas.

¿Cómo es posible, digamos, que al día siguiente del pacto fiscal suscrito en lo esencial por el PAN y el PRI, sus líderes salgan a manifestar su insatisfacción por los resultados obtenidos, cuando estaba en sus manos evitar las deficiencias advertidas? (pues lo hacen precisamente por eso , por que saben , en primer lugar de nuestra mala memoria , en segundo lugar del desinterés de la gente y de la desinformación de los medios de comunicación y en tercer lugar por que saben que con un par de anuncios bien diseñados , el grueso de la población olvida cualquier agravio y vuelve a creer lo que sea ) ¿Cómo se puede hablar de autoridad gubernamental cuando el Presidente de la República hoy se atreve a denunciar al grupo de riquísimos empresarios que eluden pagar impuestos y mañana se dobla ante ellos para pedirles, de favor, su voluntaria cooperación para salvar al país? (esto es totalmente creible y peor aún , totalmente previsible , ya que esos megaempresarios fueron los que lo pusieron en los pinos a la de a fuerzas) ¿Y qué decir de la “extinción” de Luz y Fuerza, decisión tomada al margen de la ley para violar los derechos laborales y humanos de miles de familias afectadas por el despido injustificado, con el único y reconocible propósito de hacer negocios con ciertos muy identificables empresarios sin admitir que la privatización es el objetivo? En realidad, en estas expresiones se descubre que, más allá de las periódicas recaídas de populismo verbal, el gobierno nada tiene que ofrecer al país más que esa oferta clasista y excluyente.

Sus vacuas alusiones a la necesidad de un “verdadero” pacto económico tras el último chalaneo fiscal o los llamados al diálogo (“primero liquídense y luego hablamos”) prueban que el gobierno pierde piso y se entrampa en sus propias, lamentables, justificaciones. (O tal vez, en la intimidad del cenáculo, allí donde se sientan a tomar la taza de café el licenciado secretario con el señor Gran Empresario, se discutan grandes ideas, pero de allí tampoco emerge esa agenda general capaz de presentarse como un programa de Estado.)

Les cuesta abandonar la perspectiva de quien atiende la vida a las puertas de su tendajón. Rechazan, incluso, la noción de “proyecto nacional”. Vamos, ni siquiera la dedicación de algunos conspicuos intelectuales consigue elevar el nivel conceptual de la estrategia de la “derecha democrática”, abandonada como está a la intuición de sus jefes, es decir, a esa mezcla de ignorancia y voluntarismo que confía –y no sólo simbólicamente– en que al final lo que vale es tener a la mano toda la fuerza del Estado.

Por ello Carlos Arriola acierta al decir que el PAN tiene miedo a gobernar, sobre todo cuando se le exige el apego a sus doctrinas matrices, cuya universalidad antaño servía para hacer la legítima oposición al régimen “de la Revolución”, sin admitir que hoy esas sagradas nociones son reliquias insignificantes en el repertorio blanquiazul.

Al conseguir la alternancia, Acción Nacional se descubre ideológicamente desnudo, privado de las ideas-fuerza que la situación exige para transformar al régimen político. A la vuelta de la esquina, todo se había esfumado en el aire. Perdieron la cohesión doctrinaria, y con ella el proyecto utópico de la derecha, ya para entonces mimetizado con las grandes líneas del consenso de Washington, sucedáneo vergonzante del falangismo primitivo o del democratismo anticardenista de los fundadores.

La crisis del Estado pasa, pues, por la ausencia de identidad política de sus actores, carentes de un proyecto sustanciable en el aquí y ahora mexicano. No lo tiene el PAN que preside el Ejecutivo, con su apego ortodoxo al libre mercado, pero tampoco lo tienen los otros que jamás hicieron el balance necesario sobre su origen y destino. Todos se avienen a las reglas del juego, pero eluden definir el cambio estratégico que permita mantener fuera de la retórica la viabilidad de México, pues de eso se trata, finalmente.

Es verdad que los partidos tienen distintas responsabilidades en esta crisis y sería un error compararlas, pero hay que admitir que los políticos, con escasas excepciones, siguen viviendo de las trampillas colocadas para cazar pequeñas presas, lo cual es muy malo para la izquierda, aunque le sirva al PRI, como hemos podido constatar en las reciente elecciones federales; y peor para la democracia. La moderación o la radicalidad no está ahora en el tono, sino en la tonada, en la propuesta de futuro que hoy no se ve por ninguna parte, pero cuya ausencia asfixia la convivencia nacional.

No es de extrañar que la fórmula derogatoria que condena sin distinción a toda la “clase politica” se haga acompañar de una solicitud que pretende ser intransigente: para el escozor de la desavenencia la pomada del consenso, la vuelta al ciudadano pródigo liberado del yugo partidista.

No faltan en los discursos las invocaciones al diálogo redentor, la invocación del acuerdo, la proclamación del consenso como fórmula de hermandad, pero todos ellos olvidan que la democracia es necesaria, antes que nada, para dar expresión racional, pública, abierta de las diferencias que dividen a la ciudadanía. Eso es lo primero. Sin embargo, prima el gatopardismo, la confusión. Las alianzas y los acuerdos no son tales, si parten de la tentación autoritaria de suprimir las diferencias. Pero eso es lo que ha venido ocurriendo. No se debate. Se estigmatiza al adversario o se le invisibiliza en el pantano de la información monopolizada por los medios. Por eso, hay que reclamar a los partidos –quizá más a unos que a otros– su falta de claridad ideológica y programática, el acomodo oportunista a las encuestas, el pánico a incomodar a electores que jamás han pensado en ellos. Hay que reclamarles que tomen al Estado en serio.

México SA

Reforma fiscal, parches sobre parches

Pemex requiere un trato fiscal competitivo

La tragedia de la guardería ABC, apuesta al olvido

Carlos Fernández-Vega

Desde que el salinato decretó la despetrolización de las finanzas públicas”, éstas cada día fueron más dependientes del oro negro, hasta llegar a nuestros días, en los que la conjunción de menores precios del crudo de exportación y el descenso en el volumen de producción reventaron las arcas públicas. El boom petrolero no sólo se tradujo en ingresos multimillonarios para el erario (desperdiciados, de cualquier suerte), sino sirvió de pretexto dorado a la clase política para obviar lo que desde hace mucho es una urgencia nacional: una verdadera reforma fiscal de fondo y largo plazo. Y, como parte fundamental de esta última, la despetrolización real.

Pasaron los sexenios, el río de dinero petrolero de nada sirvió y a estas alturas el país se encuentra arrinconado: con las finanzas públicas reventadas, en su máximo punto la dependencia del oro negro, sin reforma fiscal real (sólo parches sobre parches) y, en el borde del precipicio, cada vez con menos petróleo. Pero en el boom de los precios petroleros ni quien se fijara en ese pequeño detalle, y nadie hizo caso de lo que de tiempo atrás se veía venir. Sólo a raíz del shock “más grande de los últimos años” (Carstens dixit), el inquilino de Los Pinos se enteró de que el petróleo “se nos acaba”, cuando en los hechos las alarmas se encendieron desde cuando menos tres lustros atrás.

En la fiesta, los ingresos petroleros se dilapidaron; sirvieron para todo, menos para invertir en el país, especialmente en Pemex. Con Fox en Los Pinos el popote de Pemex succionó como nunca, y como nunca también se captaron recursos extraordinarios. Miel sobre hojuelas, que sólo sirvió para petrolizar aún más las finanzas públicas y dejar para después eventuales complicaciones políticas con los barones derivadas de una reforma fiscal verdadera. Entonces, nadie debe llamarse a sorpresa si aquellas “sólidas” finanzas públicas presumidas desde Los Pinos terminaron donde tarde que temprano lo harían: en el caño.

El “sorprendido” Calderón lo resumió así: “entendámoslo: se nos está acabando el petróleo y eso también nos obliga a cambiar”. Pero el cambio ahora promovido debió comenzar, cuando menos, 15 años atrás, cuando Ernesto Zedillo, en ese entonces instalado en la residencia oficial, fue enterado por un grupo de notables (especialistas en la materia) de que si el Estado no invertía en Petróleos Mexicanos y se aferraba a la estructura fiscal y financiera a la que la paraestatal era sometida, entonces el caño estaba a la vista, en el entendido que “actualmente su producción es ligeramente superior a la que registró hace una década (1985), aunque sus instalaciones sean exactamente las mismas. Así, para atender dichos renglones, en el próximo decenio (1996-2005) México requerirá de una empresa del doble de tamaño del Pemex actual”.

Zedillo hizo caso omiso, porque su política energética no rimaba con inversión del Estado sino con privatización. No hizo lo primero y no pudo lo segundo. Llegó Vicente Fox y sólo procedió en dos sentidos: gastar alocada e improductivamente los excedentes petroleros y hacer la misma rima que su antecesor, con idénticos resultados. Con el haiga sido como haiga sido no cambió ni un ápice la tendencia, sólo que ahora los excedentes no existen; el petróleo se acaba y la dependencia de los ingresos petroleros alcanza niveles de adicción. Pero ninguno de los tres se atrevió a rozar a los barones. Por el contrario.

Entonces, retomemos algunas de las advertencias que aquel grupo de notables hizo a Zedillo (1995), y que nadie tuvo la cortesía de atender, a pesar del notorio deterioro en esta materia. Va pues: uno de los mayores cuellos de botella para el crecimiento financiero y productivo de Pemex lo constituye el hecho de que, en promedio, por cada peso que recibe debe enterar 75 centavos, vía impuestos y derechos, al gobierno federal, de tal suerte que esta carga fiscal no premia suficientemente la eficiencia productiva de la empresa, por lo que se requiriere un esquema de tributación que no inhiba el desarrollo de la industria, sino que lo estimule y asegure que la carga tributaria no conlleve su descapitalización.

Es altamente recomendable que Pemex reciba un trato fiscal más competitivo, en condiciones similares a las que enfrentan las empresas petroleras que operan en el contexto internacional. Por ello, Petróleos Mexicanos debe contar con un régimen fiscal similar al que se aplica al resto de las empresas industriales del país y al de los consorcios internacionales con los que compite en los mercados extranjeros, de tal forma que le permitiría financiar con recursos propios sus programas de expansión, en una perspectiva de largo plazo.

La paraestatal debe reactivar lo antes posible sus programas de expansión, que se han visto afectados durante 11 años (1984-1995) por los constantes recortes presupuestales decretados por el gobierno federal en ese periodo. Si el gobierno mexicano invirtiera significativamente en el desarrollo de nuevos descubrimientos petroleros, la producción nacional podría fácilmente duplicarse en las próximas dos décadas. Paralelamente, la rentabilidad de Petróleos Mexicanos se vería fortalecida, al aprovechar la tendencia alcista de los precios mundiales del crudo.

De no invertir recursos públicos en la paraestatal, la producción de México registraría incrementos modestos hacia el año 2010, aun tomando en consideración el enorme potencial que nuestro país tiene para su exploración y desarrollo. El análisis considera que mayor autonomía no es sinónimo de menor control del gobierno federal, ni de que las acciones de Petróleos Mexicanos resulten inconsistentes con la política macroeconómica del Estado; sin embargo, habrá que permitir a la paraestatal que establezca una planeación de mediano y largo plazos, con base en programas y presupuestos multianuales, a efecto de garantizar mayores niveles de productividad, rentabilidad y competitividad. No sólo se aprovecharían y mejorarían las oportunidades de mercado, sino también se acrecentarían sustancialmente la producción y exportación de crudos y refinados, lo que, junto al incremento de la oferta de petroquímicos, aliviaría en grado significativo los desajustes del sector externo. Eso y más proponían los notables, pero, como suele pasar en este país, nadie hace caso hasta que revienta.

Las rebanadas del pastel

Hoy se cumplen cinco meses de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 niños y alrededor de 40 resultaron lesionados. Los gobiernos federal y estatal, sus respectivas procuradurías, los funcionarios del IMSS, los familiares del primer círculo de Los Pinos y del ex mandatario Bours, los influyentes involucrados; todos, pues, apostaron al paso del tiempo y al olvido. Y van ganando.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

E D I T O R I A L

Mouriño y Santiago Vasconcelos: a un año, dudas persistentes

A12 meses del percance aeronáutico en el que perdieron la vida Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación, José Luis Santiago Vasconcelos y 14 personas más, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer, por medio de Gilberto López Meyer, director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, los resultados de las pesquisas correspondientes, que señalan la impericia de los pilotos y las omisiones del controlador de tránsito aéreo encargado de dirigir el aterrizaje como las posibles causas” de los hechos. De tal forma, la dependencia encabezada por Juan Molinar Horcasitas dio por concluidas unas averiguaciones que, de cualquier forma, estaban desacreditadas de antemano como consecuencia del pésimo manejo informativo realizado por las autoridades federales desde el momento mismo de la caída del avión. Cabe recordar que, apenas unas horas después de ese hecho, el entonces titular de la SCT, Luis Téllez, asumió un protagonismo indebido y desafortunado como vocero de facto del gobierno federal y se empeñó en repartir la responsabilidad de los hechos entre los controladores aéreos y los pilotos. A lo que puede verse, el equipo de Molinar Horcasitas se ha limitado a repetir las conclusiones presentadas de manera prematura por su antecesor y ha sellado, con ello, la percepción generalizada de que, más que esclarecer el caso, el gobierno federal pretende darlo por cerrado cuanto antes.

Al pésimo manejo informativo del gobierno federal debe sumarse la inverosimilitud de los resultados de las pesquisas presentadas anteayer. Aun concediendo que el tristemente célebre Learjet hubiese caído como consecuencia de fallas humanas, sería inevitable suponer un enorme grado de ineptitud por parte de la propia SG –la segunda dependencia en importancia del Ejecutivo, sólo detrás de la Presidencia de la República– en tanto responsable última de contratar al personal encargado del traslado aéreo de su propio titular. A mayor abundamiento, debe señalarse que –como lo publicó este diario en su momento– en las bases de la licitación para el servicio de la aeronave referida se asienta que “la convocante de la licitación –es decir, la SG– será quien (sic) valide a la tripulación para cada vuelo”.

Por lo demás, el empeño gubernamental por descartar de antemano toda hipótesis distinta a la de un accidente, lejos de arrojar certeza en la población, ha ayudado a que se extiendan los rumores respecto de que el trágico suceso que costó la vida a los dos funcionarios se debió a un atentado. Tales especulaciones se ven reforzadas al considerar el contexto de enorme inseguridad pública en que ocurrió este percance, la manifiesta incapacidad del gobierno federal para hacer frente al crimen organizado y las constantes amenazas de muerte que pesaban sobre el propio Santiago Vasconcelos, ya para esa fecha ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Este último elemento cobra especial relevancia si se toma en cuenta que, tres años antes, el entonces titular de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, había fallecido en circunstancias similares: en un accidente aéreo, luego de haber recibido advertencias por parte de grupos delictivos y sin que las autoridades federales atinaran a proporcionar una explicación satisfactoria y verosímil. Las causas fortuitas en esas muertes no son imposibles, pero sí extremadamente improbables.

En suma, los resultados difundidos por la SCT dejan al descubierto un empeño gubernamental por ocultar a la población la ineficiencia monumental y la presumible corrupción de la SG, o bien algo peor. Sea como fuere, es desolador que, a un año del incidente, no se hayan establecido responsabilidades penales o administrativas de ningún tipo ni delitos culposos o dolosos –tendría que haberlos, más allá de los pilotos fallecidos– y que las autoridades federales se empeñen en socavar su propia credibilidad con el incumplimiento de su obligación de informar a la población en forma oportuna, transparente y creíble.

Dinero

¿Otra Convención Nacional Hacendaria?

El fracaso de Juriquilla 2004

Se va Azuela, con más pena que gloria

Enrique Galván Ochoa

Ya lo olvidaron los políticos pero el 5 de febrero de 2004 fue inaugurada en Juriquilla, Querétaro, la Convención Nacional Hacendaria. En los siguientes dos días se ocupó de siete temas: ingreso, gasto, deuda, patrimonio, simplificación y modernización, transparencia y rendición de cuentas. Concurrieron Fox y miembros de su gabinete, gobernadores, senadores, diputados, hombres de negocios, banqueros, analistas. Las deliberaciones de las mesas de trabajo produjeron varios centenares de kilogramos de papel impreso. Se suponía que las conclusiones se llevarían al Congreso para que las transformara en leyes. Al final de cuentas, todo resultó una farsa. No tardó en descubrirse que la reunión escondía el propósito del foxismo de gravar el consumo de medicinas y alimentos, obsesión que persigue también a Felipe Calderón. Cinco años después, Josefina Vázquez Mota y Beltrones hablan de la conveniencia de llamar a oootra convención hacendaria. Primero deberían aclararnos si la finalidad es resucitar el propósito de la de Juriquilla. No son reuniones ni costosas convenciones lo que está exigiendo el pueblo mexicano. Lo que quiere es que se ponga límite a la corrupción y el inescrupuloso manejo de los recursos públicos.

Carrera larga, gloria escasa

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el adiós al ministro Mariano Azuela Güitrón, cuyas funciones terminan el último día de este mes. Su colega, el ministro José Fernando Franco González Salas, presidente de la sala, expresó que “se va un hombre que ha dedicado 51 años de su vida al servicio de su país; de entre ellos, 49 los ha dedicado al servicio de la justicia en México, y 39 son en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Muchos años no necesariamente significan buenos frutos. Hay puntos oscuros en la gestión de Azuela. Vale recordar uno: era presidente de la Suprema Corte cuando varios grupos de ciudadanos intentaron que la institución usara sus facultades de investigación en el conflicto de las pasadas elecciones presidenciales; argumentaron las circunstancias antidemocráticas en que se desarrollaron. Azuela ni siquiera quiso recibirlos en su despacho. Se va con una pensión millonaria.

Contratos sospechosos

Será difícil olvidar el mal comienzo de Jacqueline Peschard en el IFAI: negó la información que solicitó la ciudadanía sobre la identidad de los banqueros que han estado comprando dólares de la reserva internacional. Sin embargo, la institución tiene actuaciones positivas que no pueden ignorarse. Acaba de hacer un “exhorto enérgico” a Pemex Exploración y Producción para que rinda un informe sobre un centenar de contratos adjudicados de manera directa a la empresa estadunidense Solar Turbines Incorporated, “cuyo monto podría ascender a varios miles de millones de pesos”. La petrolera condicionó la entrega del reporte a que el solicitante justificara su interés. Sin embargo, el IFAI señaló que, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, “en ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización”. El expediente fue resuelto por la comisionada María Marván Laborde.

Los expedientes reservados contra el SME

José Antonio Almazán González

Los dos documentos que Felipe Calderón envió el martes 13 de octubre a la Cámara de Diputados, clasificados de reservados en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, forman parte de la burda maniobra urdida en Los Pinos para justificar el plan inicial, no descartado, de reprimir violentamente al Sindicato Mexicano de Electrcistas (SME) y encarcelar a su dirección nacional encabezada por Martín Esparza Flores, bajo el supuesto de disturbios sociales” y “eventuales ataques al sistema eléctrico nacional”. Veamos los hechos.

Los documentos que recibió el panista Francisco Ramírez Acuña en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados son: a) Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, reservado por un año, y b) Diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, ¡reservado por 12 años!, en los términos de los artículos 13 fracción I y 14, fracción VI de la citada ley.

Tres días después, para darle tiempo al operativo fascista, el viernes 16 de octubre, a las tres de la tarde, Ramírez Acuña los turnó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco José Rojas Gutiérrez. Finalmente, el martes 27 de octubre, el grupo plural de diputados que tiene la encomienda de analizar la conveniencia de la controversia constitucional ante el decreto de extinción de LFC recibió dichos documentos. Las fechas son significativas porque muestran el retraso deliberado en la entrega, entorpeciendo la discusión y posicionamiento en la Cámara de Diputados.

¿Qué contienen estos documentos clasificados como reservados?, “cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, según establece el artículo 13 en su fracción I. El Diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro es un glosario de datos, muchos de los cuales pueden ser consultados vía Internet.

A lo largo de sus 68 páginas sobresale la sarta de mentiras para responsabilizar al SME, al contrato colectivo de trabajo y a los trabajadores electricistas y jubilados de las pérdidas y deficiencias de LFC. Lo que destaca en este documento es la falsedad de que LFC puede funcionar con 8 mil 900 trabajadores, según “información proporcionada por la CFE”, y que los jubilados resultan una carga insostenible.

En el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, además de una falsa visión de su situación actual, en su página 12, en el inciso E: Desventajas de las soluciones propuestas, se muestra el criminal cálculo político del gobierno: “es de destacar que en la implantación de las soluciones propuestas en el presente informe se liquidarían aproximadamente 44 mil 600 empleos como consecuencia de la terminación de la relación colectivo-laboral. Ello podría implicar:

“1. Riesgos inminentes a la integridad física de las personas y a sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida;

“2. Eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mejor capacidad de respuesta que la de LFC, pero que pueden resultar inevitables, y

“3. Instauración de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de LFC.”

Pero el perverso cálculo de Calderón no funcionó. El SME no cayó en provocaciones. Los trabajadores electricistas no se tragaron el anzuelo de las liquidaciones. Más de la mitad de los agremiados del SME (activos y jubilados) se ampararon. Se logró una suspensión provisional del decreto de extinción. El SME y su dirección lograron la ratificación de su personalidad jurídica y la campaña mediática ha venido a menos, ante el creciente respaldo popular que se hará sentir en el paro nacional del 11 de noviembre. ¡No pasarán!