Este video nos habla claramente acerca de lo que Andrés Manuel López Obrador está proponiendo para el presupuesto de ingresos de 2010 a través de los diputados del FAP y que tanto PRI como PAN , simple y sencillamente se han negado a escuchar , vaya , en comisiones ni siquieran le han querido dar trámite . Ahora con propósitos electoreros todo mundo , empezando por Calderón , disque exigen lo que toda su vida ha exigido AMLO , pero sólo por que saben que eso es lo que quiere escuchar la gente , pero los cambios de fondo jamas los van a dar , el único que se atrevería a hacerlos es AMLO por que no tiene compromisos con nadie .
Ayer y hoy Calderón les ha pedido a las grandes empresas (si , esas que lo entronizaron) que paguen impuestos ; Calderón sabe que para obligarlos se necesitaría cambiar la ley , para lo cual necesitaría en primer lugar mandar una iniciativa a las cámaras proponiendo tal cosa , lo cual jamás hará , luego entonces , tanto el como dichas empresas saben que por más que vocifere el enano , pues simplemente no pasará nada . Es el clasico jueguito para engañar a más de un despistado y si a eso le agregan la cooperación de los medios , pues ahora el inquilino de los pinos hasta heroe nos resultó .
30/10/2009
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Quedó demostrado que los tenis del hijo de López Obrador no costaban 12 mil pesos tal y como se aprecia en este linck .
Varios columnistas de derecha , entre los que destaca Ciro Gómez Leyva , Ramón Beteta , Pedro Ferris , no han abierto el hocico para hacer las aclaraciones pertinentes .
No me dejan alternativa : chinguen su madre .
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Quedó demostrado que los tenis del hijo de López Obrador no costaban 12 mil pesos tal y como se aprecia en este linck .
Varios columnistas de derecha , entre los que destaca Ciro Gómez Leyva , Ramón Beteta , Pedro Ferris , no han abierto el hocico para hacer las aclaraciones pertinentes .
No me dejan alternativa : chinguen su madre .
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Astillero
Calaveritas fiscales
Falso Felipeje
Panteón legislativo
Genaro ataca
Falso Felipeje
Panteón legislativo
Genaro ataca
Julio Hernández López
Producciones García Luna ataca de nuevo, ahora con un oportuno espectáculo de fantasía aérea y por tierra en locaciones michoacanas. El montaje de Genaro Salvador (con detenidos de primerísimo nivel”, supuestamente uno de ellos sería el famoso Tuta) se produce justamente cuando el país no hallaba a cuál de los peores platillos informativos debía ponerle más atención, si a los narcocorridos empresariales entonados por el subsecretario calderónico de fomento a los agronegocios, a las despechadas confesiones de impotencia política de un ocupante de Los Pinos que se ha revelado como falso pejista de última hora, o a los tragicómicos vaivenes de los congresistas entrampados con el paquetazo fiscal a causa de cálculos electorales, riñas partidistas, futurismo marca 2012 y traiciones e indecisiones pinoleras.
Felipe amaneció con el mismo enojo humedecido que la víspera le había hecho dar un primer apunte de sus arranques contra los malvados empresarios de primerísimo nivel que “rara, rara vez pagan impuestos” (nomás le faltó al cuñado de Hildebrando acusarlos de haber impuesto un presidente espurio en 2006). En la mañana de un día cargado de tensión política, Felirium asegundó el golpe, ahora yéndose contra las filantropías (¿oh, el Teletón ya no recibirá cheque felipillo y cursilería oficial?) y las fachadas de ayuda social fiscalmente descontables, al tiempo que en un lance dramático salía del clóset para declararse pejista tardío, izquierdista por despecho, subcomandante contra natura, cobrador de impuestos mal tratado. Felipe el pequeño luchando por convertirse en Felipe el guerrillero, retomando cifras y discursos correspondientes al pejemundo; Calderón peligrosamente parecido a los momentos cumbre de la demencia política de Luis Echeverría y José López Portillo (aunque a éstos les pegó lo más duro del mal de Los Pinos ya al final del sexenio, no a la mitad).
Máximo agitador del momento, FC ha creado más conciencia social en unas horas que sus opositores durante años: 1.7 por ciento de impuestos pagan las grandes empresas, ha dicho la criatura electoral de esos mismos capitalistas de cúpula, y no es lo mismo que lo diga un opositor persistente, como López Obrador, que el propio compañero de brindis en julio de 2006, y no sería lo mismo decir esas cifras –que constan en documentos oficiales– en otro momento que decirlo hoy, cuando los legisladores fallidos escenifican la tragedia ofensiva de estarse peleando por los costos políticos que significará el acuchillamiento económico de una nación: Nosotros los Forbes, 1.7 por ciento de impuestos; ustedes los pobres, los aumentos que el momento y el sueño y el hambre sugieran a esos diputados y senadores que sólo podrán producir un remedio mal hecho para tratar de que el aparato gubernamental sobreviva cuando menos un año más, justamente el de las celebraciones de calendario de nuestros ímpetus históricos trastocadores.
A Felipe ya sólo le falta pelearse consigo mismo (bueno, esta columna no puede asegurar que ese desdoblamiento agresor no se haya dado). En el colmo del descontrol político, ha generado rebeldía en miembros de su propio partido que no entienden las jugadas contradictorias que se destilan desde Los Pinos, y ha colocado a las bancadas blanquiazules en la kafkiana circunstancia de ser oficialmente el partido “en el poder” pero estar dependiendo de la voluntad del PRI y recibir agravios y trampas de parte de su propio y presunto jefe político máximo, el ya antes dicho lic Calderón (lic no debe llevar punto, como si fuera abreviatura, pues no lo es, sino una exclamación, un hipo con licenciatura). Hoy, a la hora de las votaciones finales en el Senado, las cuentas descuadradas, los chantajes explícitos, las omisiones significativas, el priísmo colaborando apenas con lo necesario, el panismo sacrificado pero también dividido y el perredismo convertido en suplemento de la revista beltrónica habrán de mostrar el tamaño de la crisis, la profundidad de las heridas, la gravedad de los desgarramientos, y se encaminará al país al siguiente escalón de la irritación social, con la inflación tocando a la puerta, los grandes empresarios ya sabedores de que el paciente se les ha ido y la recuperación económica que en otros lares ya avanza, transformada en México en un objetivo a largo y doloroso plazo. Todo listo, pues, para el Día de Muertos. Calaveritas de azúcar para el mal rato (mal año) legislativo y político.
Aunque, por fortuna, Producciones García Luna siempre está allí, cuando las circunstancias lo requieren. Un megagolpe al narco en el simbólico Apatzingán se anunciaba a la hora en que esta columna habría de cerrar su agronegocio de teclas (teclas de la golden), con utilería bélica de primer nivel, invitados periodísticos de la capital del país y la versión de que entre los primeros actores estaría La Tuta. Todo listo para otro golpe de distracción, para aparentar que se sigue ganando la guerra contra las drogas (aunque tales victorias no lo parezcan) y, bueno, de pasada, para que el licenciado Calderón vuelva a visitar Michoacán (¡gulp!) creyéndose héroe matadragones de La familia, se aliste para ir a Miami a recibir un premio como superlíder y siga manteniendo a los mexicanos con un ¡Jesús! fiscal en la boca.
Astillas
Agustín Carstens cumplió ayer la ingrata tarea de sostener de alguna manera los exabruptos políticos de su jefe tardía y torpemente claridoso y dar alguna satisfacción a los “capitanes de empresa” que anoche estaban muy indignados por el trato que les ha dado en estas horas de enfelipamiento. El secretario de Hacienda de alguna manera reconoció que no es tan cierto lo que dijo FC pero también sostuvo que ciertas rendijas legales permiten ciertos comportamientos empresariales que no aportan los dineros que deben dar... Y, mientras sigue la lucha electricista, y en Oaxaca preparan diversas actividades en la víspera del 20 revolucionario, ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Producciones García Luna ataca de nuevo, ahora con un oportuno espectáculo de fantasía aérea y por tierra en locaciones michoacanas. El montaje de Genaro Salvador (con detenidos de primerísimo nivel”, supuestamente uno de ellos sería el famoso Tuta) se produce justamente cuando el país no hallaba a cuál de los peores platillos informativos debía ponerle más atención, si a los narcocorridos empresariales entonados por el subsecretario calderónico de fomento a los agronegocios, a las despechadas confesiones de impotencia política de un ocupante de Los Pinos que se ha revelado como falso pejista de última hora, o a los tragicómicos vaivenes de los congresistas entrampados con el paquetazo fiscal a causa de cálculos electorales, riñas partidistas, futurismo marca 2012 y traiciones e indecisiones pinoleras.
Felipe amaneció con el mismo enojo humedecido que la víspera le había hecho dar un primer apunte de sus arranques contra los malvados empresarios de primerísimo nivel que “rara, rara vez pagan impuestos” (nomás le faltó al cuñado de Hildebrando acusarlos de haber impuesto un presidente espurio en 2006). En la mañana de un día cargado de tensión política, Felirium asegundó el golpe, ahora yéndose contra las filantropías (¿oh, el Teletón ya no recibirá cheque felipillo y cursilería oficial?) y las fachadas de ayuda social fiscalmente descontables, al tiempo que en un lance dramático salía del clóset para declararse pejista tardío, izquierdista por despecho, subcomandante contra natura, cobrador de impuestos mal tratado. Felipe el pequeño luchando por convertirse en Felipe el guerrillero, retomando cifras y discursos correspondientes al pejemundo; Calderón peligrosamente parecido a los momentos cumbre de la demencia política de Luis Echeverría y José López Portillo (aunque a éstos les pegó lo más duro del mal de Los Pinos ya al final del sexenio, no a la mitad).
Máximo agitador del momento, FC ha creado más conciencia social en unas horas que sus opositores durante años: 1.7 por ciento de impuestos pagan las grandes empresas, ha dicho la criatura electoral de esos mismos capitalistas de cúpula, y no es lo mismo que lo diga un opositor persistente, como López Obrador, que el propio compañero de brindis en julio de 2006, y no sería lo mismo decir esas cifras –que constan en documentos oficiales– en otro momento que decirlo hoy, cuando los legisladores fallidos escenifican la tragedia ofensiva de estarse peleando por los costos políticos que significará el acuchillamiento económico de una nación: Nosotros los Forbes, 1.7 por ciento de impuestos; ustedes los pobres, los aumentos que el momento y el sueño y el hambre sugieran a esos diputados y senadores que sólo podrán producir un remedio mal hecho para tratar de que el aparato gubernamental sobreviva cuando menos un año más, justamente el de las celebraciones de calendario de nuestros ímpetus históricos trastocadores.
A Felipe ya sólo le falta pelearse consigo mismo (bueno, esta columna no puede asegurar que ese desdoblamiento agresor no se haya dado). En el colmo del descontrol político, ha generado rebeldía en miembros de su propio partido que no entienden las jugadas contradictorias que se destilan desde Los Pinos, y ha colocado a las bancadas blanquiazules en la kafkiana circunstancia de ser oficialmente el partido “en el poder” pero estar dependiendo de la voluntad del PRI y recibir agravios y trampas de parte de su propio y presunto jefe político máximo, el ya antes dicho lic Calderón (lic no debe llevar punto, como si fuera abreviatura, pues no lo es, sino una exclamación, un hipo con licenciatura). Hoy, a la hora de las votaciones finales en el Senado, las cuentas descuadradas, los chantajes explícitos, las omisiones significativas, el priísmo colaborando apenas con lo necesario, el panismo sacrificado pero también dividido y el perredismo convertido en suplemento de la revista beltrónica habrán de mostrar el tamaño de la crisis, la profundidad de las heridas, la gravedad de los desgarramientos, y se encaminará al país al siguiente escalón de la irritación social, con la inflación tocando a la puerta, los grandes empresarios ya sabedores de que el paciente se les ha ido y la recuperación económica que en otros lares ya avanza, transformada en México en un objetivo a largo y doloroso plazo. Todo listo, pues, para el Día de Muertos. Calaveritas de azúcar para el mal rato (mal año) legislativo y político.
Aunque, por fortuna, Producciones García Luna siempre está allí, cuando las circunstancias lo requieren. Un megagolpe al narco en el simbólico Apatzingán se anunciaba a la hora en que esta columna habría de cerrar su agronegocio de teclas (teclas de la golden), con utilería bélica de primer nivel, invitados periodísticos de la capital del país y la versión de que entre los primeros actores estaría La Tuta. Todo listo para otro golpe de distracción, para aparentar que se sigue ganando la guerra contra las drogas (aunque tales victorias no lo parezcan) y, bueno, de pasada, para que el licenciado Calderón vuelva a visitar Michoacán (¡gulp!) creyéndose héroe matadragones de La familia, se aliste para ir a Miami a recibir un premio como superlíder y siga manteniendo a los mexicanos con un ¡Jesús! fiscal en la boca.
Astillas
Agustín Carstens cumplió ayer la ingrata tarea de sostener de alguna manera los exabruptos políticos de su jefe tardía y torpemente claridoso y dar alguna satisfacción a los “capitanes de empresa” que anoche estaban muy indignados por el trato que les ha dado en estas horas de enfelipamiento. El secretario de Hacienda de alguna manera reconoció que no es tan cierto lo que dijo FC pero también sostuvo que ciertas rendijas legales permiten ciertos comportamientos empresariales que no aportan los dineros que deben dar... Y, mientras sigue la lucha electricista, y en Oaxaca preparan diversas actividades en la víspera del 20 revolucionario, ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
México SA
El shock de las finanzas públicas
Devolución de impuestos al gran capital, igual a 60% de la deuda pública
Devolución de impuestos al gran capital, igual a 60% de la deuda pública
Carlos Fernández-Vega
Estaba el inquilino de Los Pinos con sangre en las comisuras de los labios –se mordió la lengua el pobre hombre– duro que te dale con aquello del shock de las finanzas públicas (como si hubiera sido producto de un rayo), cuando enfiló baterías en contra de sus “aliados naturales” (se respeta sintaxis original): “es imprescindible que los gastos públicos, indispensables para proveerles satisfactores al ciudadano, puedan ser sufragados con contribuciones equitativas, tal y como lo manda la Constitución… Es fundamental que entendamos que todos, todos los mexicanos, salvo los que menos tienen, los que viven en la pobreza extrema, los que no tienen, verdaderamente, ingreso; todos quienes tenemos en mayor o menor medida de hacerlo, podamos aportar al gasto nacional… Y si esto es obligado para cualquier ciudadano, en términos de la Constitución y en términos de la justicia, lo es más, más obligado para quien más tiene y más ha recibido; para quien más gana, para las empresas que más ganan: y si esto es obligado para las empresas que más ganan, es más obligado todavía para las empresas que más ganan y que rara, rara vez pagan impuestos en el país”.
¡Milagro! El haiga sido como haiga sido descubrió que la gran empresa no paga impuestos en el país, que evade y elude con un estilo digno de torerillo y que su gracia no sólo es natural, sino producto del descarado contubernio con las presuntas autoridades fiscales, dependientes, ¡oh, casualidad!, del propio inquilino de Los Pinos, la cual no da paso sin la respectiva autorización de quien ocupa la silla principal en la ex hacienda de La Hormiga, el mismo que hoy dice ver lo que de siempre todo el mundo ve y padece: años y años de exenciones, regímenes tributarios especiales, estímulos, descuentos, cancelaciones, créditos fiscales que nunca se pagan, borrón y cuenta nueva sólo para reiniciar la cadena de evasión y elusión, etcétera, etcétera. ¡Albricias!, porque ahora dice registrar el cáncer denunciado hasta el aburrimiento por los detractores del régimen del bienestar de la familia Forbes, pequeños y medianos empresarios, académicos, periodistas, ciudadanos de a pie, perseguidos fiscales y demás fauna que todavía se indigna por los privilegios concedidos a los brillantes barones que de México han hecho un negocio personal.
Qué bueno que ya se dio cuenta, aunque sea en el discurso. Pero, ¿qué tan seria es la declaración de Calderón? Van unos pasajes: en 2007 la Auditoría Superior de la Federación documentó la multimillonaria devolución de impuestos (IVA e ISR) al gran capital, más la voluminosa y selecta autorización de créditos fiscales concedidos por el gobierno de Vicente Fox: un billón 200 mil millones de pesos (equivalentes a otro Fobaproa), sin considerar regímenes tributarios especiales. En ese entonces, dicho monto equivalía a la mitad del presupuesto de egresos de la Federación, a dos veces la inversión sexenal prometida para infraestructura, y a 60 por ciento de la deuda pública neta (interna y externa) del gobierno federal, entre otros comparativos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, entre los beneficiarios se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300; un solo contribuyente acumuló mil 453 créditos. “De lo anterior se desprende que no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y que ciertos contribuyentes han omitido sus obligaciones por un tiempo prolongado”. La ASF no dio nombres, pero tres bancos concentraron 780 créditos por 28 mil 623 millones de pesos, y uno solo registró 683 créditos por 24 mil 918 millones; en el ramo de la construcción, 14 empresas con 235 créditos adeudaban 9 mil 881 millones y las obligaciones que adeudaban tres de ellas, con 57 créditos, equivalían a 40.7 por ciento de dicho monto. Al equipo pertenecían 11 ingenios azucareros, dos empresas de transportes, cuatro clubes de futbol, una compañía editorial, dos cadenas televisivas, un partido político, bancos, constructoras, transportistas, consorcios de “entretenimiento y comunicaciones” y otros grandes contribuyentes (así se clasifican, paradójicamente) que hoy se sabe, con la sabia intervención del inquilino de Los Pinos, “raramente pagan impuestos”.
Buena parte de ese dinero era legalmente recuperable, pero ¿qué hizo el gobierno calderonista? Fácil: a principios de abril de 2007 la Secretaría de Hacienda publicó un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual autorizó la “condonación total o parcial de los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales cuya administración corresponda al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago”, las cuales en su gran mayoría se otorgaron a un grupúsculo de grandes empresas, las mismas que el veloz inquilino de Los Pinos descubrió que “rara vez pagan impuestos”.
Dos años después, en plena “anorexia fiscal” (Calderón dixit, según los legisladores panistas), el SAT informó a los diputados que 400 grandes grupos empresariales (con ingresos por 5 billones de pesos, o 40 por ciento del PIB mexicano) apenas pagaron 1.7 por ciento de impuestos (85 mil millones de pesos, contra 1.5 billones que debieron enterar), cuando les correspondía no menos de 28 por ciento. Y el organismo precisó: por el régimen de consolidación fiscal, empresas como las del sector de cosméticos pagaron impuestos por 220 millones de pesos, cuando tuvieron ingresos acumulables por 7 mil 600 millones; en 2008 las cadenas de autoservicio (Wal-Mart, Comercial Mexicana, Soriana, por ejemplo) reportaron ingresos cercanos a 68 mil millones y apenas pagaron 6 mil millones en impuestos; lo mismo con cementeras, tiendas departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras, empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, refresqueras, constructoras, financieras, grupos hoteleros, empresas mineras, cigarreras, transportistas, casas editoriales y compañías distribuidoras de maquinarias y equipos, entre otras. Y los regímenes tributarios especiales: 3 billones de pesos (estimado para el sexenio de las “manos limpias”) que ni de lejos visitarán las arcas nacionales.
Ante este devastador panorama, ¿qué hizo el gobierno calderonista? Sencillo: para 2010 ratificó los regímenes tributarios especiales, lo propio hizo con la consolidación fiscal y de pilón concedió nuevas exenciones fiscales a los grandes consorcios de las telecomunicaciones.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿quejas por el shock de las finanzas públicas? Pase a Los Pinos.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
¡Milagro! El haiga sido como haiga sido descubrió que la gran empresa no paga impuestos en el país, que evade y elude con un estilo digno de torerillo y que su gracia no sólo es natural, sino producto del descarado contubernio con las presuntas autoridades fiscales, dependientes, ¡oh, casualidad!, del propio inquilino de Los Pinos, la cual no da paso sin la respectiva autorización de quien ocupa la silla principal en la ex hacienda de La Hormiga, el mismo que hoy dice ver lo que de siempre todo el mundo ve y padece: años y años de exenciones, regímenes tributarios especiales, estímulos, descuentos, cancelaciones, créditos fiscales que nunca se pagan, borrón y cuenta nueva sólo para reiniciar la cadena de evasión y elusión, etcétera, etcétera. ¡Albricias!, porque ahora dice registrar el cáncer denunciado hasta el aburrimiento por los detractores del régimen del bienestar de la familia Forbes, pequeños y medianos empresarios, académicos, periodistas, ciudadanos de a pie, perseguidos fiscales y demás fauna que todavía se indigna por los privilegios concedidos a los brillantes barones que de México han hecho un negocio personal.
Qué bueno que ya se dio cuenta, aunque sea en el discurso. Pero, ¿qué tan seria es la declaración de Calderón? Van unos pasajes: en 2007 la Auditoría Superior de la Federación documentó la multimillonaria devolución de impuestos (IVA e ISR) al gran capital, más la voluminosa y selecta autorización de créditos fiscales concedidos por el gobierno de Vicente Fox: un billón 200 mil millones de pesos (equivalentes a otro Fobaproa), sin considerar regímenes tributarios especiales. En ese entonces, dicho monto equivalía a la mitad del presupuesto de egresos de la Federación, a dos veces la inversión sexenal prometida para infraestructura, y a 60 por ciento de la deuda pública neta (interna y externa) del gobierno federal, entre otros comparativos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, entre los beneficiarios se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300; un solo contribuyente acumuló mil 453 créditos. “De lo anterior se desprende que no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y que ciertos contribuyentes han omitido sus obligaciones por un tiempo prolongado”. La ASF no dio nombres, pero tres bancos concentraron 780 créditos por 28 mil 623 millones de pesos, y uno solo registró 683 créditos por 24 mil 918 millones; en el ramo de la construcción, 14 empresas con 235 créditos adeudaban 9 mil 881 millones y las obligaciones que adeudaban tres de ellas, con 57 créditos, equivalían a 40.7 por ciento de dicho monto. Al equipo pertenecían 11 ingenios azucareros, dos empresas de transportes, cuatro clubes de futbol, una compañía editorial, dos cadenas televisivas, un partido político, bancos, constructoras, transportistas, consorcios de “entretenimiento y comunicaciones” y otros grandes contribuyentes (así se clasifican, paradójicamente) que hoy se sabe, con la sabia intervención del inquilino de Los Pinos, “raramente pagan impuestos”.
Buena parte de ese dinero era legalmente recuperable, pero ¿qué hizo el gobierno calderonista? Fácil: a principios de abril de 2007 la Secretaría de Hacienda publicó un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual autorizó la “condonación total o parcial de los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales cuya administración corresponda al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago”, las cuales en su gran mayoría se otorgaron a un grupúsculo de grandes empresas, las mismas que el veloz inquilino de Los Pinos descubrió que “rara vez pagan impuestos”.
Dos años después, en plena “anorexia fiscal” (Calderón dixit, según los legisladores panistas), el SAT informó a los diputados que 400 grandes grupos empresariales (con ingresos por 5 billones de pesos, o 40 por ciento del PIB mexicano) apenas pagaron 1.7 por ciento de impuestos (85 mil millones de pesos, contra 1.5 billones que debieron enterar), cuando les correspondía no menos de 28 por ciento. Y el organismo precisó: por el régimen de consolidación fiscal, empresas como las del sector de cosméticos pagaron impuestos por 220 millones de pesos, cuando tuvieron ingresos acumulables por 7 mil 600 millones; en 2008 las cadenas de autoservicio (Wal-Mart, Comercial Mexicana, Soriana, por ejemplo) reportaron ingresos cercanos a 68 mil millones y apenas pagaron 6 mil millones en impuestos; lo mismo con cementeras, tiendas departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras, empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, refresqueras, constructoras, financieras, grupos hoteleros, empresas mineras, cigarreras, transportistas, casas editoriales y compañías distribuidoras de maquinarias y equipos, entre otras. Y los regímenes tributarios especiales: 3 billones de pesos (estimado para el sexenio de las “manos limpias”) que ni de lejos visitarán las arcas nacionales.
Ante este devastador panorama, ¿qué hizo el gobierno calderonista? Sencillo: para 2010 ratificó los regímenes tributarios especiales, lo propio hizo con la consolidación fiscal y de pilón concedió nuevas exenciones fiscales a los grandes consorcios de las telecomunicaciones.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿quejas por el shock de las finanzas públicas? Pase a Los Pinos.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
El SME
Luis Javier Garrido
El gobierno calderonista, desesperado por su fracaso en diversos frentes, ha entrado en un proceso de descomposición acelerado que se refleja en la reacción abiertamente fascistoide que está teniendo ante la negativa de los trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro de aceptar la decisión ilegal de desaparecer esa empresa pública y cancelar los derechos de más de 44 mil trabajadores.
1. La vasta y costosa campaña de desinformación emprendida por el gobierno calderonista en este otoño busca esencialmente desprestigiar a los trabajadores, causándoles un daño moral irreparable al culparlos de los malos manejos que hacía el propio gobierno de Luz y Fuerza, a fin de ocultar que el decreto anticonstitucional que ordena su extinción no estaba de ninguna manera justificado, ya que al publicarlo el único móvil de Calderón y sus amigos fue servir a unas cuantas corporaciones trasnacionales a las que están asociados.
2. Un hecho aparece determinante en esto y es que a pesar de la enorme y costosa campaña de desinformación oficial, la decisión de Calderón de violar abiertamente la Constitución para acelerar la entrega de la industria eléctrica del país a sus amigos españoles y estadunidenses, y proseguir al mismo tiempo la destrucción de los sindicatos mexicanos, está siendo repudiada no nada más por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino por amplios sectores del país que han entendido que este ataque desenfrenado a las instituciones vulnera los derechos de la nación y de los trabajadores y lleva a México a un retroceso en todos los órdenes que pone en peligro los derechos fundamentales de todos.
3. La convocatoria del SME a formar un frente nacional de lucha para enfrentar el despotismo gubernamental –que anuncia ya nuevas medidas ilegales para seguir entregando recursos estratégicos del país al capital extranjero–, hecha pública el sábado 24, sitúa el conflicto en otra dimensión, que es la que realmente tiene: no se trata nada más de llevar a cabo una enorme movilización para echar abajo el decreto anticonstitucional, mantener Luz y Fuerza del Centro y restituir sus derechos a los trabajadores del SME, sino de impulsar una vasta defensa de toda la clase trabajadora de México y de los derechos fundamentales de la nación, lo que explica el entusiasmo con el que se está respaldando a los electricistas en todos los ámbitos.
4. La reacción en el exterior ante el acto anticonstitucional de Calderón, que violenta múltiples pactos, acuerdos y tratados internacionales suscritos por México, ha desbordado aún más al gobierno de facto, pues el decreto del domingo 11 desdeñó el marco jurídico, pero también el internacional en particular en materia laboral como de derechos humanos. La Confederación Sindical Internacional, lo mismo que la central AFL-CIO de Estados Unidos o la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala y sindicatos de todo el mundo, al igual que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y diversas organizaciones de derechos humanos como la Asociación Americana de Juristas lo han condenado (La Jornada, 16, 26 y 28 de octubre), lo que anuncia una creciente controversia internacional.
5. La lucha del SME ante la brutal agresión que han sufrido los electricistas y la nación en su conjunto no tiene precedentes en el ámbito laboral del país, y eso que la historia mexicana está marcada en el siglo XX por decenas de ataques de los gobiernos priístas a los trabajadores. Y no lo tiene porque ahora se trata de un ataque frontal y cínico a más de 44 mil trabajadores, que se condena al desempleo, y a la nación, a la que se quiere hacer un enorme despojo. De ahí que la lucha actual, al no ser solamente para echar abajo el decreto, sino para impedir que prosigan estas políticas de exacción, que son un objetivo central del gobierno panista de facto, se esté planteando que sea un paso adelante muy importante en la construcción de un país diferente, sustentado en el respeto a los derechos de todos y en el fin de los privilegios de quienes han hecho del país un botín
6. La definición de lo que habrá de ser esa lucha la hizo Martín Esparza, líder del SME, en el magno acto que se llevó a cabo el martes 27 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el cual recibió el respaldo de miles de miembros de la comunidad universitaria que está ya movilizándose. Es una lucha que ha de darse, dijo, en lo jurídico, en lo político, en lo económico y en lo social, y es la que han pedido se respalde tal como ellos la decidan en ejercicio de su vida democrática.
7. En lo jurídico, el SME presentó ya un amparo colectivo en contra del decreto el miércoles 28, y vendrán en unos días una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, una serie de demandas laborales por despido injustificado, entre muchas otras, así como seguramente una demanda de juicio político contra Calderón por los delitos de “traición a la patria” y “ejercicio indebido de la función pública”, pero lo que debe redoblarse es la movilización.
8. El llamado War Room de Calderón, descrito por la columnista Marcela Gómez Zalce, que sesiona a puertas cerradas en Los Pinos para definir futuras iniciativas que, como su nombre lo indica, configuran una verdadera guerra económica al pueblo –integrado por los secretarios Gómez Mont, Lozano, Molinar, el jefe de prensa Max Cortázar, entre otros connotados yunquistas–, parece que ha perdido toda noción de la realidad, e ignorando que los panistas fueron repudiados en las elecciones federales pretende imponer nuevos golpes de política neoliberal.
9. El asalto a Luz y Fuerza para privatizarla, y terminar con el SME que se oponía a ello, fue un “ataque preventivo”, como ha señalado de manera reiterada Humberto Montes de Oca (secretario del Interior del SME), y por lo mismo hay que ponerle un alto a tanta impunidad, pues Calderón en medio del desastre de su gobierno está casi enloquecido por proseguir con las privatizaciones creyendo que así va a satisfacer a las mafias seudoempresariales que lo respaldaron en 2006, como ha advertido Pablo Moctezuma, y así se habla de su pretensión de culminar la privatización del servicio postal mexicano y de entregar por completo Pemex y el sector energético al capital trasnacional.
10. La iniciativa de Calderón contra los electricistas fue planteada en términos militares como “una guerra” y utilizando la fuerza policiaco-militar, pero los electricistas le están respondiendo con la movilización social pacífica y las armas del derecho, y ésa es la diferencia fundamental del conflicto que se está ahondando, aunque los medios lo ignoren.
1. La vasta y costosa campaña de desinformación emprendida por el gobierno calderonista en este otoño busca esencialmente desprestigiar a los trabajadores, causándoles un daño moral irreparable al culparlos de los malos manejos que hacía el propio gobierno de Luz y Fuerza, a fin de ocultar que el decreto anticonstitucional que ordena su extinción no estaba de ninguna manera justificado, ya que al publicarlo el único móvil de Calderón y sus amigos fue servir a unas cuantas corporaciones trasnacionales a las que están asociados.
2. Un hecho aparece determinante en esto y es que a pesar de la enorme y costosa campaña de desinformación oficial, la decisión de Calderón de violar abiertamente la Constitución para acelerar la entrega de la industria eléctrica del país a sus amigos españoles y estadunidenses, y proseguir al mismo tiempo la destrucción de los sindicatos mexicanos, está siendo repudiada no nada más por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino por amplios sectores del país que han entendido que este ataque desenfrenado a las instituciones vulnera los derechos de la nación y de los trabajadores y lleva a México a un retroceso en todos los órdenes que pone en peligro los derechos fundamentales de todos.
3. La convocatoria del SME a formar un frente nacional de lucha para enfrentar el despotismo gubernamental –que anuncia ya nuevas medidas ilegales para seguir entregando recursos estratégicos del país al capital extranjero–, hecha pública el sábado 24, sitúa el conflicto en otra dimensión, que es la que realmente tiene: no se trata nada más de llevar a cabo una enorme movilización para echar abajo el decreto anticonstitucional, mantener Luz y Fuerza del Centro y restituir sus derechos a los trabajadores del SME, sino de impulsar una vasta defensa de toda la clase trabajadora de México y de los derechos fundamentales de la nación, lo que explica el entusiasmo con el que se está respaldando a los electricistas en todos los ámbitos.
4. La reacción en el exterior ante el acto anticonstitucional de Calderón, que violenta múltiples pactos, acuerdos y tratados internacionales suscritos por México, ha desbordado aún más al gobierno de facto, pues el decreto del domingo 11 desdeñó el marco jurídico, pero también el internacional en particular en materia laboral como de derechos humanos. La Confederación Sindical Internacional, lo mismo que la central AFL-CIO de Estados Unidos o la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala y sindicatos de todo el mundo, al igual que el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y diversas organizaciones de derechos humanos como la Asociación Americana de Juristas lo han condenado (La Jornada, 16, 26 y 28 de octubre), lo que anuncia una creciente controversia internacional.
5. La lucha del SME ante la brutal agresión que han sufrido los electricistas y la nación en su conjunto no tiene precedentes en el ámbito laboral del país, y eso que la historia mexicana está marcada en el siglo XX por decenas de ataques de los gobiernos priístas a los trabajadores. Y no lo tiene porque ahora se trata de un ataque frontal y cínico a más de 44 mil trabajadores, que se condena al desempleo, y a la nación, a la que se quiere hacer un enorme despojo. De ahí que la lucha actual, al no ser solamente para echar abajo el decreto, sino para impedir que prosigan estas políticas de exacción, que son un objetivo central del gobierno panista de facto, se esté planteando que sea un paso adelante muy importante en la construcción de un país diferente, sustentado en el respeto a los derechos de todos y en el fin de los privilegios de quienes han hecho del país un botín
6. La definición de lo que habrá de ser esa lucha la hizo Martín Esparza, líder del SME, en el magno acto que se llevó a cabo el martes 27 en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el cual recibió el respaldo de miles de miembros de la comunidad universitaria que está ya movilizándose. Es una lucha que ha de darse, dijo, en lo jurídico, en lo político, en lo económico y en lo social, y es la que han pedido se respalde tal como ellos la decidan en ejercicio de su vida democrática.
7. En lo jurídico, el SME presentó ya un amparo colectivo en contra del decreto el miércoles 28, y vendrán en unos días una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, una serie de demandas laborales por despido injustificado, entre muchas otras, así como seguramente una demanda de juicio político contra Calderón por los delitos de “traición a la patria” y “ejercicio indebido de la función pública”, pero lo que debe redoblarse es la movilización.
8. El llamado War Room de Calderón, descrito por la columnista Marcela Gómez Zalce, que sesiona a puertas cerradas en Los Pinos para definir futuras iniciativas que, como su nombre lo indica, configuran una verdadera guerra económica al pueblo –integrado por los secretarios Gómez Mont, Lozano, Molinar, el jefe de prensa Max Cortázar, entre otros connotados yunquistas–, parece que ha perdido toda noción de la realidad, e ignorando que los panistas fueron repudiados en las elecciones federales pretende imponer nuevos golpes de política neoliberal.
9. El asalto a Luz y Fuerza para privatizarla, y terminar con el SME que se oponía a ello, fue un “ataque preventivo”, como ha señalado de manera reiterada Humberto Montes de Oca (secretario del Interior del SME), y por lo mismo hay que ponerle un alto a tanta impunidad, pues Calderón en medio del desastre de su gobierno está casi enloquecido por proseguir con las privatizaciones creyendo que así va a satisfacer a las mafias seudoempresariales que lo respaldaron en 2006, como ha advertido Pablo Moctezuma, y así se habla de su pretensión de culminar la privatización del servicio postal mexicano y de entregar por completo Pemex y el sector energético al capital trasnacional.
10. La iniciativa de Calderón contra los electricistas fue planteada en términos militares como “una guerra” y utilizando la fuerza policiaco-militar, pero los electricistas le están respondiendo con la movilización social pacífica y las armas del derecho, y ésa es la diferencia fundamental del conflicto que se está ahondando, aunque los medios lo ignoren.
Decreto de extinción de la Presidencia de la República
Gilberto López y Rivas
Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos-Congreso Constituyente del Bicentenario y el Centenario.
RAMONA PATRIA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto asienta: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, y
CONSIDERANDO
Que FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA se ostenta como presidente de la República en virtud del fraude electoral que tuvo lugar en el año 2006, consumado por sus cómplices y asociados en los tres niveles de gobierno, el Instituto Federal Electoral, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación y otros auxiliares mayores y menores, todos ellos con el apoyo de los medios de comunicación y los sicarios de la información que controlan la llamada “opinión pública”; que para imponerse en el Poder Ejecutivo federal, el susodicho contó con la ayuda y protección de las fuerzas armadas, en especial, el Estado Mayor Presidencial, cuerpos policiacos varios y legisladores de todos los partidos, quienes se exhiben también falsamente como representantes del pueblo y de la nación; que durante los años que se ha padecido la presidencia ilegítima del varias veces mencionado, la situación del país, o de lo que queda de él, no puede ser más grave, en cuanto a los 70 millones de pobladores viviendo en la pobreza y unos millones más incluso en la miseria degradante e inhumana, mientras los que apenas sobreviven en trabajos precarios, mal pagados o en el empleo ocasional, se encuentran subsidiando a esa pequeña capa de privilegiados que se ha hecho del poder, el dinero, los bienes nacionales y del gobierno;
Que el que se dice “comandante en jefe” y hace alarde de insignias de águila y cinco estrellas en toda oportunidad, ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada aún más que lo logrado con la guerra sucia, la formación de grupos paramilitares y las represiones contra diversos sectores del pueblo mexicano, todo lo cual convierte al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas;
Que, además, este mismo simulado comandante ha seguido la línea de los que ocuparon también el puesto que usurpa, de subordinar esas fuerzas armadas a las estrategias militares, policiacas y de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a través de ASPAN, Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas de espaldas al pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y la viabilidad de México para desarrollarse como Estado-nación independiente, y configurando el ya mencionado –con todo ello– presunto delito de traición a la patria y los que resulten;
Que, asimismo, y con base en atribuciones que no le corresponden, aun en su carácter de gobernante de facto, y siguiendo fielmente los dictados de la clase a la que sirve y de las corporaciones trasnacionales y financieras de las cuales es su ejecutivo local, ha llevado a la economía nacional al colapso, al nulo crecimiento económico, provocando mayor contracción del mercado interno, a la recesión, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda externa, a la destrucción aun mayor de la planta productiva, la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores, desempleo y afectando el nivel de vida de toda la población;
Que, en violación al artículo 123 de la Constitución, y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de desaparecer la relación laboral y con ello la oposición de una de las más antiguas organizaciones gremiales de la República, con vías a la privatización de la energía eléctrica, lanzando a la calle a miles de trabajadores y exponiendo a sus familias a un futuro de carencias e incertidumbres, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO:
Artículo 1. Se extingue la Presidencia de la República por convenir al erario y al bienestar de todos los mexicanos, conservando su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación de sus trabajadores.
Artículo 2. La liquidación de la Presidencia de la República estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Mal Habidos del Congreso Constituyente.
Artículo 3. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de la Presidencia de la República y las indemnizaciones se harán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, si lo hubiera; la Ley Federal del Trabajo contra el capital y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 5. El Congreso Constituyente garantiza el pago de jubilaciones a los trabajadores de Presidencia de la República y suspende las jubilaciones, prestaciones, y demás prerrogativas otorgadas a los ex presidentes, espurios o supuestamente constitucionales, así como la expropiación de todos los bienes acumulados por ellos, familiares, amigos y compadres.
Artículo 6. La llamada “residencia oficial de Los Pinos” se destinará para el museo de El Mal Gobierno, donde los ex presidentes que no estén en prisión trabajarán obligatoriamente como guías, en reparación del daño causado a la República.
TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario La Jornada.
RAMONA PATRIA, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto asienta: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, y
CONSIDERANDO
Que FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA se ostenta como presidente de la República en virtud del fraude electoral que tuvo lugar en el año 2006, consumado por sus cómplices y asociados en los tres niveles de gobierno, el Instituto Federal Electoral, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación y otros auxiliares mayores y menores, todos ellos con el apoyo de los medios de comunicación y los sicarios de la información que controlan la llamada “opinión pública”; que para imponerse en el Poder Ejecutivo federal, el susodicho contó con la ayuda y protección de las fuerzas armadas, en especial, el Estado Mayor Presidencial, cuerpos policiacos varios y legisladores de todos los partidos, quienes se exhiben también falsamente como representantes del pueblo y de la nación; que durante los años que se ha padecido la presidencia ilegítima del varias veces mencionado, la situación del país, o de lo que queda de él, no puede ser más grave, en cuanto a los 70 millones de pobladores viviendo en la pobreza y unos millones más incluso en la miseria degradante e inhumana, mientras los que apenas sobreviven en trabajos precarios, mal pagados o en el empleo ocasional, se encuentran subsidiando a esa pequeña capa de privilegiados que se ha hecho del poder, el dinero, los bienes nacionales y del gobierno;
Que el que se dice “comandante en jefe” y hace alarde de insignias de águila y cinco estrellas en toda oportunidad, ha desplegado a las fuerzas armadas por todo el territorio nacional en misiones de seguridad pública que violentan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, ha degradado a la institución armada aún más que lo logrado con la guerra sucia, la formación de grupos paramilitares y las represiones contra diversos sectores del pueblo mexicano, todo lo cual convierte al elemento castrense en un Ejército de ocupación y contrainsurgencia al servicio de los oligarcas;
Que, además, este mismo simulado comandante ha seguido la línea de los que ocuparon también el puesto que usurpa, de subordinar esas fuerzas armadas a las estrategias militares, policiacas y de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, a través de ASPAN, Iniciativa Mérida, entre otros acuerdos y acciones pactadas de espaldas al pueblo mexicano que afectan gravemente la soberanía nacional y la viabilidad de México para desarrollarse como Estado-nación independiente, y configurando el ya mencionado –con todo ello– presunto delito de traición a la patria y los que resulten;
Que, asimismo, y con base en atribuciones que no le corresponden, aun en su carácter de gobernante de facto, y siguiendo fielmente los dictados de la clase a la que sirve y de las corporaciones trasnacionales y financieras de las cuales es su ejecutivo local, ha llevado a la economía nacional al colapso, al nulo crecimiento económico, provocando mayor contracción del mercado interno, a la recesión, al crecimiento astronómico de la ilegal deuda externa, a la destrucción aun mayor de la planta productiva, la devastación del campo y al fin de la autosuficiencia alimentaria, provocando mayor migración de trabajadores, desempleo y afectando el nivel de vida de toda la población;
Que, en violación al artículo 123 de la Constitución, y siguiendo la política antilaboral de sus antecesores, recientemente transgredió la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el solo propósito de desaparecer la relación laboral y con ello la oposición de una de las más antiguas organizaciones gremiales de la República, con vías a la privatización de la energía eléctrica, lanzando a la calle a miles de trabajadores y exponiendo a sus familias a un futuro de carencias e incertidumbres, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO:
Artículo 1. Se extingue la Presidencia de la República por convenir al erario y al bienestar de todos los mexicanos, conservando su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación de sus trabajadores.
Artículo 2. La liquidación de la Presidencia de la República estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Mal Habidos del Congreso Constituyente.
Artículo 3. Se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de la Presidencia de la República y las indemnizaciones se harán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, si lo hubiera; la Ley Federal del Trabajo contra el capital y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 5. El Congreso Constituyente garantiza el pago de jubilaciones a los trabajadores de Presidencia de la República y suspende las jubilaciones, prestaciones, y demás prerrogativas otorgadas a los ex presidentes, espurios o supuestamente constitucionales, así como la expropiación de todos los bienes acumulados por ellos, familiares, amigos y compadres.
Artículo 6. La llamada “residencia oficial de Los Pinos” se destinará para el museo de El Mal Gobierno, donde los ex presidentes que no estén en prisión trabajarán obligatoriamente como guías, en reparación del daño causado a la República.
TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario La Jornada.
E D I T O R I A L
Autoinculpación gubernamental
Entre miércoles y jueves, y con el telón de fondo de la desarticulación en las cámaras de la iniciativa de ley de ingresos presentada recientemente por la Secretaría de Hacienda, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, se lanzó contra las empresas que más ganan y que rara vez pagan” impuestos, o bien gozan de tarifas impositivas de menos de 2 por ciento –en contraste con el 28 por ciento que, sólo por concepto de ISR, debe aportar la inmensa mayoría de causantes cautivos–; dijo que esa situación de privilegio ha durado “varios años” y “ya no puede ser”, y rechazó el señalamiento generalizado en el sentido de que el gobierno que encabeza ha hecho crecer en forma desmesurada el aparato burocrático y el gasto administrativo.
Este celo crítico de última hora contra los sectores corporativos tradicionalmente privilegiados y beneficiados por el panismo gobernante resulta extemporáneo, pues debió plasmarse en la iniciativa de ley de ingresos mediante disposiciones concretas que eliminen los regímenes de excepción defendidos contra viento y marea por las últimas administraciones priístas y las dos sucesivas presidencias panistas; es inverosímil, por cuanto se manifiesta como reacción a las críticas empresariales por los elevados e injustificables niveles de gasto público; y es autoinculpatorio, pues denota la gravísima omisión en que ha incurrido el propio gobierno federal en materia hacendaria desde hace tres años.
En efecto, desde que el gobierno calderonista pretendió la privatización parcial de la industria petrolera con el pretexto de que ese sector debía generar más ingresos fiscales, se señaló que lo procedente era más bien cobrar los impuestos que la administración pública perdonaba a los grandes corporativos y potentados; más tarde, al calor del debate nacional provocado por la repudiada iniciativa gubernamental de ley de ingresos, el dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador destacó que, en vez de endosar el absurdamente elevado costo del aparato gubernamental a los sectores populares, el Ejecutivo federal debía empezar a cobrar impuestos a la minoría empresarial que no los paga, así como adoptar medidas serias y honestas de austeridad en las propias oficinas públicas.
Sin duda el empresariado, empezando por el que goza de mayor dimensión financiera, está obligado a pagar impuestos en pie de igualdad con el resto de los contribuyentes; pero el gobierno federal tiene, a su vez, el deber y los medios para asegurar el cumplimiento de tal obligación, y si no lo ha hecho así, como lo reconoció el propio Calderón, ha cometido una falla gravísima, cuyo costo para el país y para la sociedad se mide en centenares de miles de millones, si no es que en billones de pesos. Esta admisión tácita invalida, por lo demás, todo el andamiaje argumental construido por el propio gobierno para lograr la aprobación de su iniciativa de ley de ingresos: si el Servicio de Administración Tributaria hubiese empezado por hacer efectivo el cobro de impuestos a los grandes empresarios, ni siquiera habría sido necesario plantear engañosos incrementos de 2 por ciento al IVA, ni al ISR, ni gravámenes especiales a las telecomunicaciones, ni ninguna otra de las disposiciones contenidas en una propuesta que se cayó a pedazos por su propia incongruencia y por la torpeza política de los operadores gubernamentales en el Legislativo.
En suma, las declaraciones formuladas por Calderón Hinojosa en horas pasadas no sólo desautorizan lo que pudiera quedar de la propuesta fiscal gubernamental, sino que conceden la razón a quienes han abogado por cubrir el hueco financiero del sector público mediante una combinación de recortes reales y drásticos a las percepciones y gastos suntuarios de los altos mandos, por un lado, y el cobro de impuestos justos y equitativos a los grandes conglomerados empresariales, por el otro. Aún es tiempo de actuar en este sentido, que es el correcto y lógico.
Este celo crítico de última hora contra los sectores corporativos tradicionalmente privilegiados y beneficiados por el panismo gobernante resulta extemporáneo, pues debió plasmarse en la iniciativa de ley de ingresos mediante disposiciones concretas que eliminen los regímenes de excepción defendidos contra viento y marea por las últimas administraciones priístas y las dos sucesivas presidencias panistas; es inverosímil, por cuanto se manifiesta como reacción a las críticas empresariales por los elevados e injustificables niveles de gasto público; y es autoinculpatorio, pues denota la gravísima omisión en que ha incurrido el propio gobierno federal en materia hacendaria desde hace tres años.
En efecto, desde que el gobierno calderonista pretendió la privatización parcial de la industria petrolera con el pretexto de que ese sector debía generar más ingresos fiscales, se señaló que lo procedente era más bien cobrar los impuestos que la administración pública perdonaba a los grandes corporativos y potentados; más tarde, al calor del debate nacional provocado por la repudiada iniciativa gubernamental de ley de ingresos, el dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador destacó que, en vez de endosar el absurdamente elevado costo del aparato gubernamental a los sectores populares, el Ejecutivo federal debía empezar a cobrar impuestos a la minoría empresarial que no los paga, así como adoptar medidas serias y honestas de austeridad en las propias oficinas públicas.
Sin duda el empresariado, empezando por el que goza de mayor dimensión financiera, está obligado a pagar impuestos en pie de igualdad con el resto de los contribuyentes; pero el gobierno federal tiene, a su vez, el deber y los medios para asegurar el cumplimiento de tal obligación, y si no lo ha hecho así, como lo reconoció el propio Calderón, ha cometido una falla gravísima, cuyo costo para el país y para la sociedad se mide en centenares de miles de millones, si no es que en billones de pesos. Esta admisión tácita invalida, por lo demás, todo el andamiaje argumental construido por el propio gobierno para lograr la aprobación de su iniciativa de ley de ingresos: si el Servicio de Administración Tributaria hubiese empezado por hacer efectivo el cobro de impuestos a los grandes empresarios, ni siquiera habría sido necesario plantear engañosos incrementos de 2 por ciento al IVA, ni al ISR, ni gravámenes especiales a las telecomunicaciones, ni ninguna otra de las disposiciones contenidas en una propuesta que se cayó a pedazos por su propia incongruencia y por la torpeza política de los operadores gubernamentales en el Legislativo.
En suma, las declaraciones formuladas por Calderón Hinojosa en horas pasadas no sólo desautorizan lo que pudiera quedar de la propuesta fiscal gubernamental, sino que conceden la razón a quienes han abogado por cubrir el hueco financiero del sector público mediante una combinación de recortes reales y drásticos a las percepciones y gastos suntuarios de los altos mandos, por un lado, y el cobro de impuestos justos y equitativos a los grandes conglomerados empresariales, por el otro. Aún es tiempo de actuar en este sentido, que es el correcto y lógico.
Rebatiña entre PRI y PAN por el costo político del alza al IVA
“Si el tricolor no vota, nosotros tampoco”: senadores blanquiazules
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
A 24 horas de que venza el plazo legal para su revisión, el paquete fiscal se atoró ayer en el Senado de la República debido a la confrontación entre PRI y PAN, ya que la mayoría de los legisladores del blanquiazul se rebelaron y rechazaron asumir ellos exclusivamente el costo político de aprobar el aumento al impuesto al valor agregado (IVA), como pretende la bancada tricolor encabezada por Manlio Fabio Beltrones Rivera.
“Si el PRI no vota, nosotros tampoco, aunque no haya IVA”, advirtió el senador panista Ramón Galindo. Sostuvo que no se dejarán “chantajear” por quienes proponen elevar en un punto el impuesto al consumo “para dar más dinero a sus gobernadores”, pero pretenden que otros lo voten. Igualmente, el también panista Santiago Creel, que ayer encabezó la inconformidad de su bancada, exigió a los priístas “honrar la palabra dada” en torno a la miscelánea fiscal.
Sin embargo, los panistas fueron sometidos a fuertes presiones desde Los Pinos, así como de las secretarías de Gobernación y de Hacienda, para que voten el incremento al IVA, con los argumentos de que la situación se volverá aún más crítica si ese gravamen y los demás que incluye la miscelánea fiscal no se aprueban.
“Si el tricolor no vota, nosotros tampoco”: senadores blanquiazules
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
A 24 horas de que venza el plazo legal para su revisión, el paquete fiscal se atoró ayer en el Senado de la República debido a la confrontación entre PRI y PAN, ya que la mayoría de los legisladores del blanquiazul se rebelaron y rechazaron asumir ellos exclusivamente el costo político de aprobar el aumento al impuesto al valor agregado (IVA), como pretende la bancada tricolor encabezada por Manlio Fabio Beltrones Rivera.
“Si el PRI no vota, nosotros tampoco, aunque no haya IVA”, advirtió el senador panista Ramón Galindo. Sostuvo que no se dejarán “chantajear” por quienes proponen elevar en un punto el impuesto al consumo “para dar más dinero a sus gobernadores”, pero pretenden que otros lo voten. Igualmente, el también panista Santiago Creel, que ayer encabezó la inconformidad de su bancada, exigió a los priístas “honrar la palabra dada” en torno a la miscelánea fiscal.
Sin embargo, los panistas fueron sometidos a fuertes presiones desde Los Pinos, así como de las secretarías de Gobernación y de Hacienda, para que voten el incremento al IVA, con los argumentos de que la situación se volverá aún más crítica si ese gravamen y los demás que incluye la miscelánea fiscal no se aprueban.
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