Los mexicanos, y los twitteros, no son imbéciles

ÁLVARO DELGADO

MEXICO, D.F., 26 de octubre (apro).- En el periodismo, como en la vida, el que generaliza desinforma, y por ello es preciso identificar, con precisión, a quienes forman parte del contubernio para aprobar la cascada de impuestos que condena a muerte a la clase media y elevará la ya de por sí espantosa cifra de 55 millones de mexicanos en la pobreza.

Ha sido tan brutal la afectación del paquete fiscal aprobado en la Cámara de Diputados, la madrugada del pasado miércoles 21, que hasta los vocingleros gobiernistas se han visto forzados a la protesta, aunque --claro está-- el límite es la salvaguarda del responsable principal de la infamia: Felipe Calderón.

Por eso, una vez que se ha extendido la dimensión del despojo que se pretende –y que ha dado lugar a un vigoroso repudio en Twitter, un fenómeno que ya nadie podrá frenar--, se ha puesto en marcha el deslinde de panistas y priistas, que prometen reconsiderar en la Cámara de Senadores.

En esta lógica se inscribe el discurso de la generalización que culpa a los 500 "güevones" integrantes de la Cámara de Diputados de la aprobación de la Ley de Ingresos, que incrementa de 15 a 16% el IVA y de 28 a 30% el ISR, así como de la creación de 3% de impuesto a las telecomunicaciones, como Internet, telefonía y televisión restringida, entre otros gravámenes que pegan a los contribuyentes cautivos y que deja intocados los privilegios de los grandes empresarios.

En realidad, y salvo excepciones, los diputados federales que aprobaron el paquete fiscal forman parte de las bancadas de Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), junto con sus satélites del Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), como puede consultarse en el sistema de votación que se consigna en la página de Internet de la Cámara de Diputados.

Entonces, para empezar, conviene evitar la generalización de que fueron "todos" los diputados los que convalidaron el ultraje, y luego es preciso recordar también, porque a menudo se soslaya --por ignorancia o deliberadamente--, que el paquete de impuestos aprobados no tuvo su origen en la Cámara de Diputados.

¿Dónde entonces? La Ley de Ingresos fue enviada por Felipe Calderón, legal aunque no legítimamente titular del Ejecutivo, con el fin de ver aprobados los impuestos que expriman a los mexicanos para financiar la opulenta alta burocracia, tan parasitaria como los grandes corporativos que, en el mejor de los casos, pagan apenas el 1.7% de impuestos.

En este sentido es incorrecto atribuir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la responsabilidad completa del proyecto. En el mejor de los casos tiene el deber de elaborarlo técnicamente, pero recae en Calderón la carga política, aun en el caso de que ni Agustín Carstens, titular de esa dependencia, lo obedezca.

Pero no sólo PAN, PRI, PVEM y Panal comparten responsabilidad en el confiscatorio proyecto impositivo, también piensan que los mexicanos somos estúpidos, particularmente los priistas, que muy pronto fueron congruentes en su traición a los electores.

En el Senado se pretende sustituir la eliminación del alza del IVA con el aumento en el precio de las gasolinas, según lo confirmó el priista Francisco Labastida, quien por lo visto no sabe lo que establece la Plataforma Electoral 2009-1012 que su partido, el PRI, registró ante el Instituto Federal Electoral (IFE).

Este documento plantea una "reorientación de la política fiscal" en México: "Dicha reorientación debe cuidar que el gasto público se destine prioritariamente a la obra pública y la infraestructura productiva, así como a la protección social, frenando la escalada recaudatoria de incrementos a los precios y tarifas del sector público, principalmente de gasolinas, diesel y electricidad."

Del PAN, ni hablar, ni siquiera se atreven a prometer nada. En el mejor de los casos sólo ofreció "analizar" si pueden desaparecer algunos tributos, según el punto 26 de su Plataforma Electoral:

"Las y los diputados de Acción Nacional se comprometerán a analizar la viabilidad de reducir el número de regímenes tributarios discriminatorios con el objeto de fortalecer las finanzas públicas, incrementar el gasto público en áreas de alto impacto para el desarrollo social, así como para promover una mayor equidad y proporcionalidad en la distribución de las cargas fiscales dentro de la sociedad mexicana. Con finanzas públicas más sólidas se podrá reducir la carga fiscal efectiva a la que están sujetos los ciudadanos."

Ya se ve que no.

En realidad, nadie puede llamarse sorprendido por la componenda de la coalición de derecha que representan PAN y PRI, que han cogobernado desde hace dos décadas y cuya alternancia ha pactado coyunturas de desastre económico: En 1998, cuando los panistas convalidaron la monumental deuda del rescate bancario –que anualmente cuesta 50 mil millones de pesos–, y se dio paso a Vicente Fox, en 2000, y ahora que el priismo mantiene a flote a Calderón a cambio del 2012...

De hecho, el pleito que existe entre los priistas Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes no es el saqueo a los bolsillos de los contribuyentes en sí mismo, sino cómo hacerlo sin que éstos se enteren y ganar puntos por la nominación presidencial…

Apuntes

Son los usuarios de Twitter en México los que, en uso de este poderoso instrumento de comunicación, han debilitado y eventualmente condenado a muerte el impuesto de 3% en telecomunicaciones, pero además esta insurgencia apunta a que los promotores del resto de los impuestos paguen los costos políticos de su decisión, como en cualquier democracia… Claro, la nuestra no es más que una mascarada, como lo prueba el hecho de que dos personajes menores formen parte, durante siete años, del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI): Sigrid Arzt Colunga y María Elena Pérez, quien falsamente usa el apellido de Pérez-Jaen...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

El PRD actual es la puta de la política

Federico Arreola.

27 de Octubre, 2009

Todas las putas son respetuosas o quieren parecerlo. Eso lo leí en internet. Y de inmediato pensé en el actual PRD, el de Jesús Ortega, Carlos Navarrete, Graco Ramírez, etcétera. El PRD “chucho”, pues.


Ellos, los “chuchos”, en algún momento fueron honorables políticos de oposición. Ya no lo son.


Busqué de nuevo en internet, en Google esécíficamente, y encontré otra frase que les viene a la medida: “La dama más impoluta, si se descuida se vuelve puta”.


Se descuidaron los Camacho, los Ortega, los Navarrete, los Ramírez y el resto de los chuchos, y son ahora lo que son.


En el Senado intentaron vender su amor al PRI de Manlio Fabio Beltrones. En efecto, el senador Navarrete presumió que priistas y perredistas, bien abrazados, iban juntos a modificar la Ley de Ingresos.


Pero, pobres senadores perredistas, Beltrones los usó un rato, mejor dicho abusó de ellos, y cuando se cansó de los olores de Navarrete, Graco y demás, los desechó.


Ahora, informa El Universal, “¿y si el PAN de Nava se alía con el PRD de Ortega? No lo descarte…”.


Qué putas son los políticos perredistas, ni duda cabe.


Otra frase de internet: “A tal puta, tal rufián”. Al PRD lo usó Beltrones y lo desechó, y ahora lo usará y lo desechará Nava.


No lo merece, claro que no, el partido de izquierda surgido del movimiento democrático de 1988.


En sus puterías, el PRD busca aliarse con el PAN en Oaxaca y Veracruz para derrotar al PRI, y con el PRI en Michoacán para derrotar al PAN.


¿Y los principios? Los vendieron los perredistas Ortega, Navarrete, Graco, etcétera. Y han pagado por ellos, puntualmente, el priista Beltrones y el panista Nava conscientes de que, vuelvo al internet, “amor de puta y convite de mesonero, siempre cuesta dinero”.


Pero, para desgracia del actual PRD, la que es “puta y fea, poco putea”, o lo que es lo mismo “a la puta y al barbero, nadie los quiere viejos”.


Así que Jesús Ortega, Carlos Navarrete, Graco Ramírez y demás perredistas “chuchos”, personalidades tan putas y tan feas, a la hora buena poco putean: nadie los quiere. Por corrientes.


Y cuando los chuchos, por rogones, logran putear con algún priista o panista, rápidamente se les paga, aún con mayor velocidad se les consigue un taxi e inmediatamente después de usados se les regresa a su burdel. Porque, “amor de puta y vino de frasco, a la noche gustosos y a la mañana dan asco” (otra frase de internet).

Es decir, por más que se ofrecen los líderes del actual PRD —los chuchos Ortega, Naverrete, Graco y demás— no pasan de ser unas vulgares putas tristes (expresión tomada de la censurada obra de García Márquez).

Astillero

Todo en veremos

Priístas, indecisos

¿CNDH? Luego

Protesta contenida

Julio Hernández López

Hay apagón político y los diablitos esta vez no hacen la luz. En tales escenarios sombríos, el país de la parálisis se muestra sin disfraces ni atenuantes: todo está detenido, en veremos, sujeto a negociaciones y acomodos, dependiente de repartos y chantajes, porque los mecanismos ya no funcionan, porque las reglas y los acuerdos hace mucho tiempo que son mero discurso y apariencia, porque lo institucional ya no sirve, aunque en su tejado caliente algunos malabaristas hacen esfuerzos por convencer al público, harto e irritado, de que es posible esperar algunos milagros de entre los escombros malolientes que los merolicos, y los micrófonos y cámaras de alquiler, pretenden hacer pasar por edificaciones apenas un poco ajadas.

Véase el escenario del pasmo: los priístas, que luego de los comicios pasados se consideraban el faro inextinguible de la República, ahora pelean subterráneamente, cual topos de tres colores, en busca de alguna salida que les otorgue botín presupuestal para los gobernadores del presente, unidad interna para sobrevivir al agarrón actual entre Peña Nieto y Beltrones, y viabilidad electoral para 2012 tan temprano tambaleante para quienes se hacían ya de retorno en Los Pinos. Los diputados priístas peñietos se aferran a su canasta básica presupuestal del uno por ciento más de IVA (Alfonso Navarrete Prida, cuya carrera política y judicial ha estado asociada a Arturo Montiel y a Quique 16%, defiende lo aprobado en San Lázaro con pasión gaviotona), mientras el taimado Beltrones pelea por echar abajo cuando menos esa cifra simbólica, en busca de emparejar los cartones futuristas con el gobernador del estado de México, que hasta antes de esta crisis de bancada era entendido como el puntero casi inalcanzable en la carrera por suceder a... a... ¡ah, sí, al licenciado Calderón, que en 2006 había sido impuesto como encargado de Los Pinos!

La incapacidad de dar salida a los problemas se ha manifestado también en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En una abierta confesión de que esa decisión senatorial es solamente una parte del proceso mayor, y definitorio, de reparto de rebanadas de pastel, ayer se suspendió la teatralización que presuntamente analizaría aptitudes, antecedentes y viabilidad de los aspirantes a sacrificarse con el manejo de la desbordada bolsa embolsable de recursos que se manejan en la CNDH. Dado que los apostadores están hoy sumamente ocupados en la ruleta mayor (la discusión del paquete fiscal), se ha declarado una especie de receso en la maquinita tragamonedas menor (la CNDH) para retomar la farsa en cuanto los capos hayan ajustado cuentas en lo que hoy más les interesa.

Y Felipe sigue de viaje. Es decir, en Centroamérica. Disfrazado de vendedor estrella de electricidad barata (candil de Guatemala y oscuridad del SME), allá pronuncia una de esas frases con las que la historia (clínica) lo recordará: “Luchamos contra ellos, no por tener una obsesión misma con el tema de las drogas, sino porque sabemos que el tema medular es la derrota del crimen organizado que sojuzga a los pueblos”. Dentro de algunos días también podrá jurar que no tiene obsesión contra el SME, aunque ya ha echado a andar al disidente útil llamado Alejandro Muñoz para que “pida” a Gobernación de Cevallos que se reanuden negociaciones con ese sindicalismo moderno, dialogante, colaboracionista (que conste que no se está hablando para nada de los Chuchos) que sí sabe defender a sus representados. Pero, en realidad, todo sigue igual de entrampado: las interrupciones del servicio eléctrico continúan en las zonas antes atendidas por el SME y el gobierno felipato no ha podido organizar las alternativas de solución, así fueran mediante esquirolaje o leva. Eso sí, ya se anuncia que en noviembre se emitirán las bases de la licitación de una red de fibra óptica para telecomunicaciones y se espera que en enero ya estén asignados los contratos para los ganadores, aunque... bueno, por esos imponderables del destino, hasta ahora la principal empresa interesada es Televisa, llena de gracia por los artículos transitorios que le permitirán pagar impuestos por mil 900 millones de pesos dentro de dos o tres años, cuando este nuevo negocio del espectro radioeléctrico se haya afianzado, y oportunamente liberada de conflictos, liquidaciones y demás en el ámbito correspondiente a Luz y Fuerza del Centro y el SME.




Todo (aparentemente) en pausa. En San Lázaro le dan reversa a la decisión arbitraria de Francisco Ramírez Acuña de declarar cumplida la comparecencia del secretario de los trabajos, Javier Lozano, para sacarlo del escándalo y el golpeteo políticos de ese día. Tendrá que regresar el melómano trágico al lugar de los hechos, mientras el SME se alista a solicitar el recurso de amparo por la extinción de su fuente de trabajo, a demandar a quien corresponda por el despido injustificado que han sufrido y a revelar a diputados la información confidencial que el calderonismo ha retenido hasta ahora.

El mitin lopezobradorista frente al Senado queda también en el álbum de las imágenes congeladas. No se dijo nada que no se hubiera dicho antes o no se pudiera haber dicho sin necesidad de hacer un acto masivo. Presencia política, testimonio de lucha, reiteración del espíritu de combate, e incluso la recurrencia al esquema de los diálogos institucionalizados en el Senado, ahora pedidos para discutir sobre los privilegios de las cúpulas políticas y empresariales. Y la insistencia en que los legisladores, sabidamente minoritarios, destinados al fracaso numérico, presenten iniciativas, las defiendan y queden con la satisfacción del tiempo perdido en llegar al final previsto.

Y, mientras el secretario de Salud, José Ángel Córdova, actualiza la historia aquella del catarrito según Carstens, ahora diciendo que los mexicanos no subiremos el grado de alerta por la influenza, como los gringos lo acaban de hacer por instrucciones de Obama, ¡hasta mañana, con diputados advirtiendo que la lucha contra el narco será “afectada” si le recortan mil millones de pesos de presupuesto a la Sedena!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

México SA

Celeridad del gobierno para ofrecer la fibra óptica

El quid del decretazo

Carlos Fernández-Vega

Técnico de la coordinación de fibra óptica de la CFE F

Más rápido que Javier Lozano Alarcón huyendo de la Cámara de Diputados, y como una casualidad más de la democracia de, para y por los empresarios” (Fox dixit, con rúbrica de Calderón), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció, tan sólo dos semanas después del decretazo, que “licitará” la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, “en un intento por incrementar el acceso de los mexicanos a las telecomunicaciones”, y de pasadita hará lo propio con la joya de la corona: los mil 100 kilómetros de dicha red que pertenecían a la otrora paraestatal Luz y Fuerza del Centro, ahora “administrada” por la propia CFE, que significa el negocio dentro del negocio.

Si el gobierno federal fuera tan rápido en resolver los problemas nacionales como lo es en los empresariales de alto nivel, otro sería el cantar en este país, pero no se le puede exigir tanto: primero los compromisos reales y después, si hay tiempo, lo demás. Ayer la subsecretaria de Telecomunicaciones de la SCT, Gabriela Hernández Cardoso (egresada de la Escuela Libre de Derecho, “con experiencia en el sector privado como abogada en diferentes empresas de telecomunicaciones”, según versa el currículum oficial), ofreció los detalles: “licitación” a partir de la segunda semana de noviembre, asignación de contratos en enero de 2010 y concesiones por 20 años (triple play: Internet, televisión por cable y telefonía).

Se le quemaban las habas al inquilino de Los Pinos. La red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad tiene 26 mil kilómetros de longitud, y mil 100 kilómetros la de Luz y Fuerza del Centro (difunta tras el decretazo nocturno del pasado 11 de octubre). Lo anterior se traduce en lo siguiente: en promedio, la primera tiene 2 mil 961 clientes potenciales por kilómetro; la segunda de 27 mil 273 clientes por kilómetro (10 veces más, en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico). ¿Se entiende ahora el quid del decretazo?

Ninguna de las oscuras mentes brillantes del calderonato ha explicado por qué se impide que la CFE y, en su momento, Luz y fuerza del Centro comercialicen directamente los más de 27 mil kilómetros de fibra óptica (por “licitar”), y dejan que lo hagan consorcios privados. Las empresas del Estado, por ejemplo, ofrecerían servicio de Internet y telefonía como alternativa –sin duda más barata– al consorcio del perrito (Telmex) y al del joven Azcárraga (Cablevisión, por cierto con un servicio a clientes verdaderamente desastroso). No vaya a ser la de malas que en un futuro no lejano sea necesario “rescatar” a quienes ganen las referidas “licitaciones”.

En vía de mientras, Televisa ya está anotada para la fiesta privada con la fibra óptica pública (y cuando la fábrica de sueños se anota no quiere decir otra cosa que ya es ganadora), en este fabuloso negocio a costillas (¿qué raro?) de los contribuyentes. También la empresa hispano-panista WL Comunicaciones, con sus dos ex secretarios de Energía (Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond) en eso del manejo y usufructo de las relaciones públicas. ¿Quién más?, porque no hay mucho de dónde agarrarse: las citadas, más Telefónica (también española), Nextel (estadunidense) y Iusacell (que forma parte de los abonos chiquitos), es decir, Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, los españoles y los gringos.

A partir del decretazo, de Los Pinos ha salido cualquier cantidad de “información” –repetida por los medios electrónicos como autómatas, pero con unas facturotas– sobre las “razones” para extinguir LFC, pero ni una sola palabra sobre el jugoso negocio de la fibra óptica propiedad de la nación, ya en manos particulares, lo que será oficializado mediante “licitaciones” y “asignaciones” a “ganadores” que desde ahora lo saben. No importa que para ello entre las patas se llevará una empresa del Estado y 45 mil empleos, que para eso está la democracia “de, para y por los empresarios”.

¿Qué alcance tiene el negocio a “licitar”? Bien, el Comité Nacional de Estudios de la Energía nos ayuda entender de qué se trata: “la fibra óptica tiene un amplio campo de aplicaciones además de la telefonía; automatización industrial, computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de información de imágenes astronómicas de alta resolución, entre otras. En México existe una red troncal de comunicación por fibra óptica que enlaza las ciudades más importantes del país a través de un tendido de miles de kilómetros de fibra. Además se encuentra en operación la línea de cable submarino de fibra óptica Columbus II, que comunica a Estados Unidos, México y Centroamérica con Europa y el resto del mundo. La ruta trazada en 1492 por las carabelas del almirante, es hoy la red de telecomunicaciones más importante en América y Europa. La capacidad de transmisión de datos entre ambos continentes por esta red se ha incrementado en más de 500 por ciento, lo que equivale a miles de canales de televisión; 350 mil llamadas telefónicas simultáneas o la transmisión de 200 millones de caracteres en sólo tres segundos. Gracias a este cable submarino se puede intercambiar información en segundos por fax, red digital integrada, audio, texto, servicio digital, videoconferencias, televisión, datos por computadora y telefonía de larga distancia”.

Ya el SME denunció que la empresa Martens-Canales Clariond-WL Comunicaciones “obtuvo descuentos anticipados de las tarifas de uso de la red”, y que “en un principio la empresa –representada por el despacho de Diego Fernández de Cevallos– iba a pagar un promedio de 170 pesos por poste de conexión, pero sorpresivamente logró un convenio adicional para obtener un descuento tarifario y ahora sólo pagará 50 pesos este servicio” durante 20, tal vez 30 años (renovables, desde luego). Ya gobierno y diputados regalaron a Televisa mil 900 millones de pesos en derechos no cobrados. Ya el 40 por ciento de la generación eléctrica en el país es privada, ya las trasnacionales tienen los colmillos clavados en la industria petrolera. Entonces, ¿qué sigue?, porque ni siquiera esta política depredadora contribuye a crecer 6 por ciento o más, ni empleo suficiente y bien remunerado, ni mejorar el bienestar de los mexicanos, y muchos menos llenar las arcas públicas con los impuestos que (se supone) pagan los bucaneros. ¿A dónde, pues?

Las rebanadas del pastel

Y estaba el inquilino de Los Pinos en la bella Guatemala ofrece que te ofrece “electricidad barata” de la CFE para los chapines, cuando alguien le dijo al oído: “no hables de más, Felipe, que será la trasnacional Iberdrola la intermediaria”… Alabada sea la ley, que de quien la viole será el reino de los cielos: a punto está de transmitir Radio Guadalupana, la emisora oficial de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx

Coyotaje y huelga general

Pedro Miguel

El golpe del calderonato contra Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha ido desnudando al propio Ejecutivo federal como una instancia dedicada al coyotaje: más allá de ideologías viables o no tanto, las motivaciones principales de esta administración en cada uno de sus atentados contra la propiedad pública resultan ser las prisas por otorgar concesiones, contratos y favores diversos a las firmas de los amigos y de los aliados: ahora hemos podido conocer algo de la nómina de grandes consumidores corporativos de electricidad a los que la dirección de LFC les regalaba la electricidad o no se las cobraba, además de las dependencias públicas que no liquidaron sus adeudos con la entidad paraestatal extinguida” por el gobierno espurio; ha salido a la luz, también, el empeño del grupo gobernante por entregarle al consorcio WL Comunicaciones la red de fibra óptica de LFC; la marginación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la propia LFC en los millonarios procesos de adquisición de electricidad por la dirección de Exploración y producción de Pemex, a cargo de Carlos Arnoldo Morales Gil, y el otorgamiento de tales contratos a dos transnacionales españolas. Lo que Javier Lozano tuvo el descaro de llamar “la privatización silenciosa” de LFC ha venido ocurriendo, en efecto, pero no ha sido a favor del sindicato, sino de los cuates y socios de Calderón. ¿Cuántas comisiones y de a cómo les habrán tocado a los integrantes de este gobierno por no cobrar la luz a grandes empresas, por facilitar redes de propiedad pública a corporativos particulares, por debilitar a las entidades públicas para que las privadas se fortalezcan?

Los agravios a la sociedad perpetrados por este régimen de coyotes han llegado a tal punto que hoy, en el escenario político, se encuentra la perspectiva de un paro nacional como punto de confluencia de diversas oposiciones. La idea –lanzada el sábado pasado en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, y al calor de la campaña de solidaridad hacia el SME– podría parecer temeraria y hasta descabellada, toda vez que no existe en México experiencia sindical ni política y lo más parecido a una paralización económica del país no ha sido consecuencia de una protesta opositora, sino del desempeño estúpido e irresponsable del calderonato ante la crisis en curso.

Desde 1936 no se ha intentado una huelga nacional y el tema ni siquiera se había planteado en los últimos seis años, es cierto. Pero el país tampoco había padecido una administración que conjugara ilegitimidad, ineptitud y corrupción en dosis tan masivas como la actual.

Es posible que la embestida oficial contra LFC y contra el SME contribuya a afinar el guión de este sexenio como no lo han hecho ni la inverosímil “guerra contra el narcotráfico” ni la intentona privatizadora de la industria petrolera del año pasado ni el empeño por reconcentrar la riqueza por medio de canalladas fiscales ni el súbito y fársico discurso presidencial que dio cuenta del descubrimiento de la pobreza en el país. Una buena parte de la sociedad –que excede ampliamente al movimiento lopezobradorista y al círculo de solidaridad directa con el SME– está harta del coyotaje institucionalizado y de la gestión administrativa enfocada a intereses amigos. Un paro nacional en protesta por ese estilo personal de gobernar puede conjuntar voluntades y energías sociales insospechadas. Por ahora no hay fechas ni rutas críticas, sino una mera idea que se robustece y alimenta por la indecencia misma del actual régimen. A ver.

navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com/

Rayuela

Mala cosa, cuando ni los diagnósticos a modo logran tapar la realidad

Gracias a ti , Calderón , seguimos sumando .

Es momento de poner freno a los privilegios fiscales: AMLO

Pagan asalariados hasta 1,500% más de ISR que consorcios y banqueros

Exhorta al Senado a abrir un debate nacional sobre política impositiva

“Da pena ver a Calderón hecho un guiñapo”

Cientos de personas acudieron a la asamblea del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, que encabezó Andrés Manuel López Obrador frente al Senado. El tabasqueño pidió a los legisladores del Frente Amplio Progresista que desechen la falsa afirmación de que “no hay de otra” y que tienen que aprobar los incrementos de impuestos. También llamó a luchar por derogar el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro Foto Carlos Ramos Mamahua


El principal líder opositor, Andrés Manuel López Obrador, encabezó ayer la asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, frente al Senado de la RepúblicaFoto Carlos Ramos Mamahua




Patricia Muñoz Ríos


Es el momento de iniciar, desde el Senado de la República, “un debate nacional sobre los privilegios de las cúpulas del poder económico y político en México”, para revisar por qué los asalariados, los profesionistas y pequeños y medianos industriales pagan hasta mil 500 por ciento más impuesto sobre la renta que los grandes empresarios y banqueros del país, sostuvo ayer Andrés Manuel López Obrador, luego de llamar a la unidad de las organizaciones para que se derogue el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

En la asamblea del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular que encabezó ayer frente al Senado, López Obrador pidió a los legisladores del Frente Amplio Progresista que desechen la falsa afirmación de que “no hay de otra” y que tienen que aprobar el paquete fiscal. Instó a los senadores a “actuar en consecuencia”, como hicieron los diputados de esta corriente cuando se opusieron a la cascada de incrementos a los impuestos.

A las organizaciones sociales, sindicales y políticas las exhortó a mantener la resistencia civil pacífica contra el aumento de impuestos y movilizarse contra la “ilegal e injusta” decisión de Felipe Calderón de quitarles su empleo a más de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Acompañado en el templete por legisladores y políticos, López Obrador dijo que es todo un espectáculo observar cómo diputados de PAN y PRI aprueban aumentos de impuestos, cuando hasta hace unos meses, en sus campañas políticas, de manera cínica prometían a sus electores lo contrario.

Las cámaras de Diputados y de Senadores están convertidas en un mercado de intereses y componendas, sostuvo el ex candidato presidencial. Agregó que es inconcebible que en plena crisis, cuando el país se está hundiendo, para mantener los privilegios de la alta burocracia y de los potentados se decida exprimir aún más al pueblo con una carga tributaria injusta, y a la vez se determine endeudar a la nación.

En el acto, en el que estuvieron, entre otros, Alejandro Encinas, Claudia Sheinbaum, José Agustín Ortíz Pinchetti, legisladores como Laura Itzel Castillo y Alejandro González Alcocer, el secretario del exterior del SME, Fernando Amezcua, y personalidades como Isela Vega y Jorge Arvizu, El Tata –quien propuso que ahora LFC se denomine “Luz y Fuerza del Pueblo”–, López Obrador expuso que “es una pena ver a Calderón hecho un guiñapo, obedeciendo fielmente a una camarilla en el poder, escucharlo decir que quiere ayudar a los pobres aumentando impuestos. Da pena ajena cada vez que abre la boca”.

Recordó que el 13 de octubre se presentaron en ambas cámaras dos proyectos de decreto para enfrentar la crisis de las finanzas públicas sin aumentar impuestos, combustibles ni endeudar al país, las cuales se basan fundamentalmente en aprobar una ley de austeridad republicana para recortar el gasto corriente del gobierno y eliminar los privilegios fiscales a la oligarquía, por lo que planteó a los legisladores que promuevan estas iniciativas antes de que se vote la Ley de Ingresos.

Postura insultante

Respecto del conflicto en el SME, comentó que resulta insultante que “el pelele” de Calderón diga que no tiene problemas de conciencia por haber mandado a todos los trabajadores del SME al desempleo, lo que refleja que “no tiene conciencia ni sentimientos” sobre lo que significa el sufrimiento de las miles de familias afectadas, lo que significan las lágrimas y el dolor de las trabajadoras que fueron echadas a la calle.

“La defensa del SME es la defensa de los derechos del pueblo. Es defender las conquistas de todos los trabajadores y campesinos, de los estudiantes y de los sectores más pobres del país. Si no hacemos nada por ellos, la oligarquía no se detendrá, con soberbia y autoritarismo irá por más y contra todos”, advirtió López Obrador, mientras en la explanada se coreaba “¡Aquí se ve la fuerza del SME!” y todos los asistentes levantaban el puño.

En esta asamblea, al senador Ricardo Monreal le tocó definir lo que le espera al país si se aprueba el paquete fiscal. Sostuvo que quienes ganen hasta 6 mil pesos mensuales pagarán 8 por ciento adicional de impuestos; casi 20 mil pequeñas y medianas empresas cerrarán; otros 500 mil empleos desaparecerán; la canasta básica se encarecerá 30 por ciento. En tanto, los 50 grandes contribuyentes del país pagarán el equivalente a 74 pesos anuales, como hicieron el año pasado.

Todo sigue callendo por su propio peso . Esta es una noticia muy importante , los medios no la difundirán y muchos no se enterarán pero cada que sucede algo así , alguien , por lo menos una persona , se enterará y empezará a despertar .





En manos de La Jornada, documentos oficiales reservados

Pagos a CFE, la carga más onerosa para LFC: Energía

Calderón envió el diagnóstico al titular de la mesa directiva de la Cámara

Los desembolsos totales se dispararon a $107 mil millones en 2008

Se caen argumentos de que el mayor costo lo representan trabajadores

Contradice informe de la Sener las razones para extinguir Luz y Fuerza

La dependencia alertó al Ejecutivo sobre "costos inevitavles" y posibles "disturbios sociales"

El documento señala que la principal carga de la empresa no es resultado del contrato colectivo de trabajo, sino la compra de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad


Enrique Méndez

El presidente Felipe Calderón decidió emitir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) aun cuando la Secretaría de Energía (Sener) alertó que “los costos asociados a esta propuesta desafortunadamente son inevitables”, y que la liquidación de 44 mil 600 trabajadores “podría implicar riesgos inminentes a la integridad física de las personas y de sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida”.

En el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y en el Diagnóstico de Luz y Fuerza, documentos que el gobierno de Calderón clasificó como reservados por uno y 12 años, respectivamente, el subsecretario de Electricidad de la Sener, Benjamín Contreras Astiazarán, reconoció que si bien el costo de la compañía ascendió en 2008 a 44 mil 300 millones de pesos –incluido el pago de salarios, prestaciones y el pasivo laboral–, la principal carga no fue resultado del contrato colectivo de trabajo, sino de la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el costo de combustibles para su generación.

Al incluirse este factor, el costo de la operación de Luz y Fuerza se elevó ese año a 107 mil millones de pesos. En el discurso para justificar la desaparición de la empresa únicamente se ha considerado la carga económica que representa la fuerza laboral, cuando en realidad, y de acuerdo con el documento, el pago de energía a Comisión Federal de Electricidad duplicó el costo total de operación de Luz y Fuerza y, por lo tanto, las transferencias presupuestales.

Los documentos –de los cuales La Jornada obtuvo copias– fueron enviados por Felipe Calderón al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, junto con una carta fechada el 12 de octubre, un día después de publicado el decreto de extinción. En esa misiva, el Ejecutivo asegura: “La Secretaría de Energía llevó a cabo un diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en el que se muestra claramente la problemática de la situación financiera y operativa (...) y en el que se concluye que la situación financiera del organismo no resulta sostenible”.

Calderón indica que, “previo agotamiento de los requisitos legales y reglamentarios”, decidió extinguir el organismo.

Ramírez Acuña no dio cuenta del oficio al pleno en la sesión del martes 13, y apenas el viernes 16 envió una copia al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez. Ayer, el coordinador del grupo plural que decidirá si se presenta una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, Alfonso Navarrete Prida (PRI), ofreció a diputados gestionar la entrega de un ejemplar.

Encargado de realizar el diagnóstico de la empresa para justificar su desaparición, Contreras Astiazarán aseguró que desde la óptica de una administración pública eficiente, comprometida con la racionalización del gasto, “no podría decirse que existe alguna desventaja de la solución propuesta, dado que la problemática financiera y operativa de Luz y Fuerza no podría remediarse. Ésta es una realidad contundente”.

Aun así, admitió que los costos por la desincorporación de la empresa “serían importantes, principalmente por los pasivos laborales, pero en éstos se incurrirá, con o sin su extinción, en esta administración o en gobiernos subsecuentes”.

En este punto consideró que, además de los disturbios sociales, también podrían esperarse “eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mayor capacidad de respuesta que la de Luz y Fuerza, pero que pueden resultar inevitables”.

También anticipó el inicio de procedimientos judiciales “tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza”.

El Diagnóstico de Luz y Fuerza se centra en las cargas financieras resultado del contrato colectivo de trabajo, e incluso presenta una curva del crecimiento de nuevas plazas, que comenzó a repuntar en 1998, en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando había 35 mil trabajadores afiliados al SME, pero que registró su principal crecimiento en la administración de Vicente Fox, cuando había 41 mil. De 2006 a 2009, la planta laboral se incrementó en 3 mil 600 trabajadores.

Enfocado en atribuir la inviabilidad de la empresa a los beneficios laborales, el documento detalla con amplitud las prestaciones, pero omite las de los funcionarios de nivel directivo.

Incluye, por ejemplo, el apartado “Inexistencia de multifuncionalidad de los trabajadores”, donde se argumenta que, gracias a las cláusulas 10 y 17 del contrato colectivo de trabajo, todo empleo en Luz y Fuerza debe corresponder a una tarea o función productiva, lo cual permite que sólo realicen la actividad expresamente señalada en su puesto.

En ese extremo, añade: “El chofer de una cuadrilla de trabajadores no tiene entre sus funciones cambiar una llanta, si ésta se poncha, o el personal que toma las lecturas en los medidores no puede entregar recibos”.

Aun así, entre sus conclusiones reconoce que la principal carga financiera se debe a los cada vez más altos costos de venta de electricidad de CFE a Luz y Fuerza.

En este caso, informó que en 2008 la nómina, que incluye salarios más prestaciones, representó 15 por ciento del costo total del organismo, mientras que el pasivo laboral, donde se consideran pensiones, compensaciones por antigüedad, indemnizaciones y seguro sindical, constituyó 64 por ciento.

“Incluyendo la energía comprada y el costo de combustibles, el costo total del organismo (costo total de explotación) en 2008 se incrementa en casi 2.5 veces, y como es de esperarse el porcentaje que representan la nómina y el pasivo laboral de los costos del organismo disminuyen a 6 y 27 por ciento, respectivamente”, explica el documento.

Zonas críticas en el DF y zona conurbada

También, el diagnóstico, de 68 páginas, identifica 22 zonas críticas en el Distrito Federal y su zona conurbada, debido a que la demanda actual o pronosticada a corto plazo de consumo de energía eléctrica quedará rebasada por la capacidad instalada de infraestructura, debido principalmente a la falta de inversión en subestaciones y redes de distribución.

El anexo 7 incluye la lista de esas zonas críticas: Corredor Reforma, Benito Juárez, Coapa-Culhuacán, Pachuca, Tula, Tepeji, Cartagena, Tecámac, Tizayuca, Lomas Verdes, Tepotzotlán, Huehuetoca, Anáhuac, Chicoloapan-Aurora, Zaragoza, Juchitepec-Chalco, Totoltepec, San Carlos, San Cayetano, Tlaltelulco y Amomolulco.

Luz y Fuerza, resalta, no pudo cumplir con la demanda de instalación de redes y distribución de energía en el proyecto Ciudad Jardín Neza, y debió atender algunos proyectos con subestaciones móviles, con un costo de 534 millones de pesos.

“Esa solución no puede considerarse permanente, por lo que en algún momento tendrán que realizarse las inversiones necesarias para realizar inversiones en la zona de influencia de Luz y Fuerza”, indicó.

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“No es momento de gravar más a empresas”, señala ante senadores

Modificar el régimen de consolidación fiscal será “devastador”, subraya

Andrea Becerril y Víctor Ballinas


Representantes de la cúpula empresarial, industriales y analistas financieros demandaron ayer ante los senadores que dictaminan la Ley de Ingresos, echar abajo los incrementos de impuestos a las empresas y los cambios en materia de consolidación fiscal aprobados por los diputados.

De lo contrario, advirtieron, el país perderá competitividad, se frenará la inversión nacional y extranjera, así como la generación de empleos, además de que los inversionistas extranjeros pueden demandar al país por violar tratados de libre comercio.

“Es el peor momento para gravar aún más a las empresas”, dijo a los senadores el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes, mientras que otro representante de ese organismo, Luis Fonserrada, propuso eliminar programas y subsidios “regresivos”, entre ellos el destinado a la educación superior.

Durante más de seis horas, los representantes de los hombres de negocios centraron sus críticas en la consolidación fiscal, principalmente en la retroactividad que se le dio en San Lázaro. Ómar Zuñiga, del Consejo Consultivo de Empresas Globales, organismo que afilia a Wal Mart, Microsoft, American Express, Iberdrola, Toshiba y otras trasnacionales que operan en el país, insistió en que los cambios a ese mecanismo tendrán “un efecto devastador” y han puesto “muy nerviosos a los inversionistas”, que en 2010 pensaban invertir más de 6 mil millones de dólares.

Grandes ganancias

Por separado, el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega; el coordinador en el Senado, Carlos Navarrete, y el vicecoordinador del sol azteca en la Cámara de Diputados, José Guadalupe Acosta Naranjo, señalaron que el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda, informó al Congreso que debido al régimen de consolidación fiscal, los 400 grandes grupos empresariales que operan en México obtuvieron el año pasado ingresos cercanos a 5 billones de pesos, pero pagaron sólo 85 mil millones en impuestos, lo que equivale a 1.7 por ciento en promedio.

En ese documento, agregaron los perredistas, el SAT señala asimismo que si esos consorcios pagaran entre 10 y 17 por ciento del impuesto sobre la renta (ISR) –cuya tasa máxima es de 28 por ciento–, entregarían al fisco 850 mil millones de pesos.

“Es un dato brutal, reconocido por la propia autoridad, que obliga a los senadores a ratificar lo aprobado por los diputados en materia de consolidación fiscal. Llegó el momento de que las 400 grandes empresas de mayores ganancias en el país le aporten al fisco lo que les corresponde”, advirtió el senador Navarrete.

Sin embargo, en la audiencia pública que los integrantes de las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos concedieron a 22 cámaras industriales y organismos empresariales, hubo advertencias y hasta amenazas veladas si se mantiene la retroactividad en la consolidación fiscal.

El director de Finanzas de Ingenieros Civiles Asociados, (ICA), Alonso Quintana, advirtió que esa empresa tendría que frenar proyectos ya comprometidos, por inversiones de 7 mil millones de pesos, ya que la nueva carga fiscal le afectará.

En nombre del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Emilio Carrillo Gamboa advirtió que el paquete fiscal aprobado en la Cámara de Diputados “viola el artículo 14 constitucional, el estado de derecho y la confianza. Si lo aprueban, señores senadores, qué más podemos esperar, porque las calificadoras nos podrán poner como país en riesgo y eso nos hará menos competitivos”.

Eduardo Solís Sánchez, en representación de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, señaló a los senadores que “al cambiar las reglas del juego con efectos retroactivos están cometiendo falta a los tratados de libre comercio”.

Negociador del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, insistió: “estas medidas son equivalentes a la expropiación. Con los cambios a las reglas del juego, a los inversionistas extranjeros les queda la posibilidad de demandar al país”.

Alonso Cervera, de Casa de Bolsa Credit Suisse, y el economista en jefe de Banamex, Alberto Gómez Alcalá, aludieron a la pérdida de la calificación internacional como país, en caso de que se incremente el déficit fiscal, además del peligro de inflación y devaluación del peso.

Al final, en entrevista, el presidente del CCE sostuvo que si se aprueba la consolidación fiscal “será un golpe directo” a la Bolsa Mexicana de Valores.

El SME y las conciencias tranquilas

Magdalena Gómez

Resulta difícil entender las conciencias tranquilas” del calderonismo, así como su concepción estrecha de la legalidad. Ambas son altamente cuestionables; las primeras porque no resisten el mínimo análisis ético: ¿qué valor intrínseco puede observarse en el hecho de colocar en la calle a más de 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro por obra y gracia del uso de la policía y la emisión posterior del llamado decreto de extinción?

Está visto desde 2006 que no es la ética lo que campea en Los Pinos. Por lo que se refiere a la legalidad del decreto referido, tendrá que revisarse en el ámbito laboral y constitucional. Ojalá en estos espacios se amplíe la visión y sus decisiones transiten por el camino que Habermas ha referido: no hay derecho sin validez, pero tampoco hay derecho sólo con validez, y así da entrada al principio de legitimidad para destacar que es la suma de ambos conceptos lo que construye el derecho. Y no se trata de una mera disquisición teórica, sino de abrir horizontes democráticos y de justicia en el actual conflicto, que siendo laboral no lo es únicamente.

Así planteado podemos preguntarnos: ¿en aras de qué valor superior se pasó por encima de los derechos constitucionales de los trabajadores?, que por cierto van más allá de sacar las cuentas de una liquidación y “copetearlas”, diría Fox, a fin de promover divisiones en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) cual variante de aquello de sacar el agua al pez. ¿Cuáles son los fundamentos para que sin haber sido oídos ni vencidos en juicio los trabajadores resultaran “culpables” a los ojos del calderonismo de la supuesta deficiencia de la compañía de Luz y Fuerza del Centro? ¿Por qué resultan los trabajadores los únicos responsables de la conducción de una empresa pública que tiene una dirección oficial y un órgano de gobierno?, porque no estamos hablando de una cooperativa.

Antes que en tribunales, el gobierno prefirió “litigar” en los medios y ha promovido la satanización del SME y pretende explotar en su favor las divisiones internas del sindicato sin que siquiera a ese nivel informe sobre las implicaciones de “traspasar” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los gravísimos problemas atribuidos a “la extinta”, la concentración en una sola empresa del servicio de energía eléctrica o los planes de promover o concesionar, no lo sabemos, el uso de fibra óptica en el centro del país.

¿La CFE, según el gobierno, está libre de riesgos? ¿Esa empresa sí es eficiente y cuenta con la capacidad de absorber de un día a otro una ampliación de los servicios que prestaban más de 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro? Pero algunos medios y formadores de opinión repiten sin cuestionar el discurso de la ominosa campaña oficial.

Mientras el calderonismo reafirma que tiene “su conciencia tranquila” con la lógica fundacional del haiga sido como haiga sido, afuera de los locales del SME están los trabajadores en asamblea permanente escuchando por altavoces la información de sus dirigentes, ya que el auditorio es insuficiente para darles cabida.

Se pueden observar las miniasambleas de grupos de trabajadores que comentan entre ellos lo que está sucediendo. Por ejemplo, la semana pasada preguntaban a Martín Esparza cuánto duraría el conflicto y él les respondió con entereza que no tenía la respuesta, y les refirió que los mineros duraron dos años y que Ruta 100 lleva 14. La angustia y la indignación se reflejaban en los rostros de quienes han dedicado su vida a laborar en Luz y Fuerza del Centro o quienes creían que contaban con un empleo seguro.

En los pequeños grupos alguien tomó aire y valor y comentó: “hay que aguantar”. ¿Conciencias tranquilas? ¿Podemos imaginar las interrogantes de las familias de los trabajadores a quienes arbitrariamente se les quitó la fuente de trabajo?

Así que sólo la dimensión humana es motivo suficiente para inquietar la conciencia, si se tiene. Sin embargo, el significado de la medida que se tomó es más expansivo: atañe al rumbo del país, a la tensión por avanzar en lo que el salinismo abrió como “reformas estructurales”, tocando uno de los pilares del pacto social, como fue el contenido del artículo 27 constitucional; entonces también se habló de la ineficiencia de los campesinos y ya vemos en qué situación está el campo.

Lo que el calderonismo colocó con su atrabiliaria decisión es una prueba de fuego y una bomba de tiempo para el conjunto del movimiento social. La movilización extraordinaria del pasado 17 de octubre solamente sirvió para que el gobierno hablara de diálogo sin negociación –y sin sentido, agregaría–, por ello el escenario de la resistencia civil pacífica y el impacto nacional de la misma es indispensable sin dejar de lado el frente jurídico, de lo contrario se avanzará hacia un Estado sin responsabilidades sociales que implante el autoritarismo antes que la democracia. La guerra contra el SME es sólo un paso más en esa ruta.