Telecomunicaciones: Más prebendas a la iniciativa privada

JENARO VILLAMIL

Aun divididos, los diputados del PRI y del PAN lograron la aprobación del artículo 244-E de la Ley de Derechos, mediante el cual se le condonará durante dos años el pago de derechos a los futuros operadores de las bandas 1.7 y 2.1 Gigahertz del servicio móvil de triple play. Con esa medida el Estado mexicano no sólo dejará de percibir alrededor de 2 mil 880 millones de pesos anuales, sino que"abre un boquete jurídico, político y ético al paquete fiscal del próximo año", sostiene el presidente de la Comisión de Gobernación en la LXI Legislatura, Javier Corral Jurado.

Aún no se sabe qué empresas se adjudicarán la licitación para operar las bandas 1.7 y 2.1 Gigahertz (Ghtz) del servicio móvil del triple play, pero la Cámara de Diputados ya aprobó que se les condone el pago de derechos durante dos años. Con esa medida, el Estado mexicano dejará de percibir 2 mil 880 millones de pesos al año, asegura el diputado panista Javier Corral Jurado, quien critica esa decisión.

Durante la larga discusión del paquete fiscal para 2010, los opositores a esta medida, entre ellos Corral y el perredista José Narro Céspedes, provocaron el voto dividido en las bancadas de los principales partidos la madrugada del miércoles 21.

Al final, 130 legisladores votaron en contra: 34 del PAN; 17 del PRI, 62 del PRD, 1 del Partido Verde (Ninfa Salinas Sada, la hija del propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, fue la única de ese partido que se opuso); ocho del PT; cinco del Partido Nueva Alianza (Panal) y tres de Convergencia. Además, hubo 10 abstenciones de la bancada del PRI y 14 del PAN.

Para Corral Jurado, presidente de la Comisión de Gobernación en la LXI Legislatura, no existe duda de que el principal beneficiario será la misma empresa que cabildeó en diciembre de 2005 y principios de 2006 la Ley Televisa.

"Se trata de la banda más importante para los servicios móviles de triple play, incluyendo telefonía móvil e internet; se trata de revivir lo que planteaba la Ley Televisa en la reforma al artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión: permitirle utilizar el espectro sobrante para los servicios adicionales de telecomunicación", advierte el legislador panista.

Entrevistado por Procesoen sus oficinas de San Lázaro, Corral resume así las repercusiones del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos:

"Esta decisión abre un boquete jurídico, político y ético al paquete fiscal del próximo año porque no hay un solo argumento a favor de conceder un periodo de gracia. No hay ninguna razón para extenderle a los usuarios del servicio de telecomunicaciones un impuesto del 3%, al mismo tiempo que se le condona a los operadores de telecomunicaciones el pago de derechos por uso, goce y explotación de un bien de dominio de la nación."

Según él, los artífices de esta medida son el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, y funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

"Es una maniobra priista que ha promovido el senador Manlio Fabio Beltrones con un sector de la burocracia priista enquistado en la Secretaría de Hacienda, que está trabajando claramente para las intenciones de 2012 en torno al PRI. Esto es un golazo al presidente de la República", expone.

Incluso va más allá. Critica a la Comisión Federal de Competencia (CFC) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) por su papel de comparsas, dice. Advierte que una nota que circula en el Senado de la República, elaborada por la CFC argumenta a favor del plazo de gracia de dos años.

"Esto es muy delicado. A la CFC le debemos el reforzamiento del monopolio televisivo, de lo que aún no se le ha pedido cuentas a Eduardo Pérez Motta, pero ya es hora de que el Congreso lo haga. ¿Por qué se le autorizó a Televisa para que se engullera prácticamente la mitad de los sistemas de cable del país?", se pregunta el entrevistado.

–¿Acaso no estuvo de acuerdo el gobierno federal en la condonación del pago de derechos? –se le pregunta a Corral.

–Creo sinceramente que el gobierno acabó avalándola, con la anuencia de los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda. Es una señal muy contradictoria, muy desesperanzadora, contraria al mensaje del presidente.

"Aclaro: Yo apoyé el paquete económico en una línea que es recaudatoria, pero el 244-E es contrario a esa línea. Si la idea es recaudar, no había por qué dar una exención fiscal en una de las bandas más apetecibles para quienes están en la pugna por el triple play".

CFE: el cártel de la electricidad

ROSALíA VERGARA

Para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal ha presentado a la Comisión Federal de Electricidad como paradigma de eficiencia y rentabilidad. Lo que nunca mencionó es la corrupción que ahoga a la paraestatal y encarece el servicio en todo el país, y que se disparó desde 2003, cuando Felipe Calderón era el secretario de Energía de Vicente Fox.

Al decretar el 11 de octubre la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el presidente Felipe Calderón comparó a esa empresa pública descentralizada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En su balance, ésta es más eficiente y rentable. Desde ese momento, la paraestatal dirigida por Alfredo Elías Ayub opera el servicio en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

Sin embargo, un análisis en torno a las prácticas internas de CFE lo desmiente: ahí "se hacen negocios sin escrúpulos, inflando costos; compra de equipo obsoleto; pagando obras inexistentes; incurriendo en fraudes en perjuicio del patrimonio de las entidades; pagando dos y hasta cinco veces la misma obra", entre otras muchas irregularidades.

La corrupción en la paraestatal que ahora controla el servicio eléctrico en todo el país fue exhibida en un estudio presentado el 30 de julio pasado por la asociación civil "Energía y Desarrollo" –que ahora se denomina Energía y Rendición de Cuentas A.C.–, dirigida por Cuauhtémoc Velasco Oliva, del partido Convergencia, entonces secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

El documento titulado La Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad eleva las tarifas eléctricas muestra "la dimensión del saqueo patrimonial de CFE" y denuncia la existencia de un "cártel de la electricidad" en la paraestatal, al que responsabiliza de extorsiones para otorgar licitaciones, la rescisión de contratos a pequeñas empresas, la adjudicación de obras a empresas inexistentes y la elaboración de documentos apócrifos para justificar gastos, bajo la protección –dice– del director Alfredo Elías Ayub.

También incluye copias de licitaciones públicas realizadas entre 2008 y 2009, comunicados de prensa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y copias de los "fallos de obras públicas" que concluyeron este año en Compranet y que demuestran cómo desde 2003, cuando el ahora presidente Felipe Calderón Hinojosa era secretario de Energía, CFE benefició a las empresas Iberdrola, Siemens y Unión Fenosa con millonarios contratos para la compra de gas y de energía eléctrica.

Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1721 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 25 de octubre.

Esto que comenta Carlos Acosta en su columna , en escencia no es verdad , la pendejes de Cesar Nava fué el pretexto unicamente para que Manlio Fabio Beltrones hiciera acto de precencia y llevarse el credito por el nuevo paquete económico para 2010 . En el fondo es una lucha entre las diferentes corrientes dentro del PRI , en esta ocasión , entre Peña Nieto y Beltrones .

En San Lázaro, la debacle de Calderón

CARLOS ACOSTA CóRDOVA

Dentro del paquete fiscal para 2010, en medio de una galopante crisis, el presidente Calderón quiso aplicar a toda costa su impuesto"contra la pobreza". Lo que consiguió dista de ser la herramienta recaudatoria de sus sueños y desató el malestar generalizado de trabajadores, empresarios y partidos. Pero debe prepararse para una decepción mayor: el paquete está en manos del PRI, cuyas facciones se lo disputan con clara intención electoral.

Si ya habían quedado con la piel muy sensible por no haber podido modificar en su esencia la propuesta económica del gobierno federal para 2010 –en materia de ingresos y sobre todo en lo que se refiere a los impuestos–, los priistas explotaron con las declaraciones del dirigente nacional del PAN, el diputado César Nava Vázquez.

Al sucesor de Germán Martínez le ganó, como con frecuencia a éste, la impericia, la inmadurez y la falta de oficio político, según acusaron diversos analistas y legisladores de todos los partidos, aun del suyo: el mismo día que en la Cámara de Diputados se aprobaron la Ley de Ingresos y diversos cambios en materia tributaria, Nava responsabilizó a los diputados del PRI de que se aprobara un paquete fiscal "incompleto e insuficiente".

Dijo: "Ante su negativa, su cerrazón y su rechazo a la propuesta del presidente de la República de crear una contribución antipobreza, se tuvo que recurrir a esta alternativa". Se refería al aumento del IVA a 16%, más endeudamiento y más dependencia de los recursos petroleros.

Diputados, senadores y dirigentes priistas reaccionaron con virulencia. La emprendieron contra el presidente Felipe Calderón, contra el PAN, y Nava se ganó epítetos nada amables: "chamaco irresponsable", "oportunista", "llorón", "maricón", "puto", "perverso", "cobarde"… entre muchos otros.

Más allá de los calificativos, Nava puso en un brete al gobierno federal, que luego de largas y tensas negociaciones con el PRI había logrado la aprobación de un paquete más o menos "aceptable" para librar las dificultades del próximo año en materia de finanzas públicas.

La tarde del miércoles y toda la mañana del jueves hubo un verdadero revuelo entre diputados y senadores priistas. Expresaron abiertamente su enojo y acusaron al gobierno y al PAN de emplear un doble discurso con el ánimo de endilgarle al PRI el costo político de las alzas impositivas aprobadas.

Pero los senadores fueron más allá: amagaron con modificar por completo lo aprobado por los diputados, para no dejar pasar el alza de los impuestos. El propio coordinador de los legisladores priistas, Manlio Fabio Beltrones, cabildeó con el PRD y el PVEM para que juntos echaran abajo el aumento al IVA, los cambios en el esquema de consolidación fiscal, el aumento de dos puntos a la tasa del Impuesto Sobre la Renta y el nuevo gravamen de 3% a las telecomunicaciones.

Como alternativa, propuso a los senadores perredistas y a los verdes que impulsen juntos un mayor déficit fiscal (más deuda), incrementen el precio de referencia del petróleo y suban de un solo golpe el precio de las gasolinas en 20 centavos por litro.

Ante la inminencia de que los senadores regresen a la Cámara de Diputados el paquete fiscal con sus modificaciones, el gobierno se vio obligado a aplicar un rápido control de daños.

Los secretarios de Hacienda y de Gobernación, Agustín Carstens y Fernando Gómez Mont, tuvieron que emitir un posicionamiento oficial en el que, en pocas palabras, reconocen "el profundo espíritu de responsabilidad" y la actitud "patriótica" de los diputados del PRI, pues a pesar de que los acuerdos alcanzados puedan "generar irritación en algunos sectores", tuvieron la "valentía" de cumplir "con los deberes que exige este país".

No quedó ahí. El sainete provocado por César Nava fue aprovechado por los senadores priistas, en particular por su coordinador, Manlio Fabio Beltrones, para insistir en que se cancelaran las alzas de impuestos aprobadas por los diputados. "Si el señor presidente del PAN dice que el paquete aprobado es incompleto e insuficiente, estamos de acuerdo; lo vamos a cambiar", dijo Beltrones.

Este es un extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1721 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 25 de octubre.

Los aliados de Peña Nieto se escandalizan por la posición de Beltrones

Federico Arreola.25 de Octubre, 2009

“Vil reventador del acuerdo fiscal”, así llamó este domingo a Manlio Fabio Beltrones, en su columna de Milenio, el encuestador Federico Berrueto, socio y subordinado de Liébano Sáenz y, por las influencias de este último, principal hacedor de sondeos favorables al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.


Un día antes, en el mismo diario, el tal Liébano (que fue poderoso e importante en el sexenio de Ernesto Zedillo y que aspira a serlo de nuevo con Peña Nieto en el poder), eso sí, fiel a su estilo medio pusilánime, sin mencionar a Beltrones por su nombre le atribuyó intenciones perversas a este senador que podría, si se atreviese, rechazar los nuevos impuestos aprobados por la Cámara de Diputados y que, es un hecho, rechazan prácticamente todos los mexicanos.


Este domingo también, en Reforma (El Norte, en Monterrey, Mural, en Guadalajara), con objetividad porque no trabaja para político alguno, Miguel Ángel Granados Chapa dijo de Beltrones: “Si sus correligionarios en el propio Senado y en la Cámara de Diputados se lo permiten —o no lo impiden, que parece ser lo mismo, pero no es igual—, Manlio Fabio Beltrones emergerá de la apenas dibujada crisis en el Congreso como el factotum, el hacedor principal de la política económica, el director de la política nacional”.


Unos días antes, El Abogado del Pueblo en El Norte de Monterrey (“Manuel J. Jáuregui” en Reforma), cuyo alias en la vida real se apellida Junco de la Vega, calificó a Beltrones como “senador primado” y “Líder Supremo Tricolor” que quitará las “rebabas más prominentes a esta aberrante propuesta fiscal para tornarla un poco más tersa, y colgándose una medallota al mismo tiempo”.


En la Cámara de Diputados, los legisladores que ahí llegaron para defender los intereses políticos de Enrique Peña Nieto y de Beatriz Paredes están, desde luego, enojados con el senador Manlio Fabio Beltrones porque este amenaza con corregir la monstruosa ley de ingresos que ellos cocinaron.


Pero los diputados no deberían quejarse si el Senado, dominado por Beltrones, tomara la sabia decisión de enmendarles la plana. Se equivocaron por agachones y son, hoy en día, repudiados por la mayoría de la gente, digan lo que digan las cuchareadas encuestas de Berrueto y Liébano.

Y tampoco tendrán que quejarse ni Liébano ni otros partidarios de Peña Nieto y Paredes. Porque si ahora Beltrones los rebasa la culpa es de ellos. Para que aprendan a dejar de ser vulgares instrumentos desechables del poder.

A estos pendejos (PRI Y PAN) lo único que les importa es el costo político , la gente les tiene muy sin cuidado . Desgraciadamente , una vez más muchas personas se van a creer el cuento de que recapacitaron para no perjudicar a la población . Pobrecitos .

Ahora hasta el PAN va contra el IVA

En una obvia reacción al previsible rechazo del Senado, controlado por el PRI,a la Ley de Ingresos, los líderes de Acción Nacional buscan blindarse



El diario Excélsior informa en su edición de este domingo que, “encabezados por Gustavo Madero y Josefina Vázquez Mota, senadores y diputados federales del PAN acordaron modificar la Ley de Ingresos 2010 para dar marcha atrás a 16 por ciento del IVA, reimpulsar el dos por ciento al consumo generalizado o un esquema similar para que tenga posibilidades de ser aceptado por el PRI, así como rechazar la retroactividad de la fórmula de consolidación fiscal”.


En una obvia reacción anticipada al rechazo que el PRI hará en el Senado a la Ley de Ingresos recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, “los legisladores federales del PAN tuvieron su primera reunión conjunta el viernes pasado y de acuerdo con información proporcionada a Excélsior, acordaron evitar conferencias de prensa o anuncios espectaculares antes de concluir la propuesta a defender en la mesa de negociación frente al PRI y al resto de los partidos representados en el Senado, porque se puede prestar a distorsiones”.


Lo que ya ha trascendido es que los panistas no están “en favor de dejar en 16 por ciento la tasa del IVA, porque contrario a lo estimado por la Secretaría de Hacienda, no generará ingresos por 29 mil millones de pesos, sino por unos 24 mil millones de pesos”.


Excélsior informa también que de acuerdo a lo expresado por senadores panistas, “el esquema de ingresos aprobado por la Cámara de Diputados fue negociado directamente por la Secretaría de Hacienda y los diputados federales del PRI; es decir, la misma Secretaría de Hacienda se saltó a los legisladores panistas”.


Sin llegar al rompimiento ni al enfrentamiento abierto, los senadores panistas reclamaron a sus pares de la Cámara de Diputados que los hayan ignorado.

De hecho, desde el miércoles, los senadores panistas comenzaron a discutir los términos de la Ley de Ingresos y en reuniones plenarias o de grupo varios de ellos mostraron sus inconformidades.

Allanan casa de Gerardo Fernández Noroña

La casa del diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, fue allanada el día de hoy, reveló Noroña esta noche por medio de Twitter.

Nacional Ciudad de México Gerardo Fernández Noroña
Redacción/SDP 24 de Octubre, 2009 - 21:58 .El diputado federal del PT, Gerardo Fernández

Noroña, dio a conocer en Twitter que su casa fue allanada el día de hoy.

“Que cosas, alguien entró en mi casa y dejó abierta la ventana para que me quedara clara su visita. Más aún el SME se queda FECAL se va”, dijo Noroña desde http://twitter.com/fernandeznorona

“tomo nota y decido ser más firme aún. Haré todo, pacífica y legalmente para que FECAL se vaya”, añadió en otro comentario.

A pregunta de SDPnoticias.com sobre si había sido amenazado con anterioridad, Fernández Noroña respondió: “Nunca, saben que no sirve de nada amenzarme, dejemos atrás el tema.”

Desde el inicio de la actual legislatura en la Cámara de Diputados, Fernández Noroña ha sido uno de los diputados Lopezobradoristas más aguerridos, y ha cuestionado y vapuleado a diputados y secretarios del gabinete de Felipe Calderón por igual.

También encabezó la toma de tribuna de la cámara de diputados para intentar impedir la aprobación del paquete económico 2010, porpuesto por Felipe Calderón, que incluye aumentos al IVA, ISR, IDE y además crea un impuesto a internet.

Noroña, además, ha sido uno de los principales críticos de Felipe Calderón y de Javier Lozano Alarcón por haber atacado a Luz y Fuerza del Centro y al Sindicato Mexicano de Electricistas, primero negando la toma de nota de Martín Esparza y después decretando la liquidación de la paraestatal.

El Despertar

Los nudos interiores de Calderón

José Agustín Ortiz Pinchetti

Aprincipios de este año los observadores nos consideraban un Estado fallido, al acercarse el final se preguntan si no habrá un estallido social, incluso cuál será el desenlace del sexenio ¿Felipe Calderón podrá terminar su gestión? Como lo he escrito, Calderón es heredero de la desorganización institucional y una pésima política económica. De la corrupción impune y expansiva. Pero él tiene su propia responsabilidad. No ha podido revertir el proceso de deterioro. Su sustento son los grupos de interés económico, burocrático y sindical que determinan el manejo del gobierno. Y también a la complicidad del Partido Revolucionario Institucional, que nunca le dará su aval sin obtener la parte del león y desplazar hacia Calderón y el Partido Acción Nacional los costos. (Repasen lo que ha sucedido con la reforma fiscal.)

La explicación de la ineficacia de Calderón puede encontrarse en su propia carrera. Fue un político mediocre y un funcionario nulo. No llegó a la Presidencia por méritos, sino gracias a un fraude electoral. Aquí podemos encontrar una clave.

Calderón fue educado en la atmósfera apostólica del panismo original. La democracia, la honestidad, la decencia fueron principios que penetraron profundamente en él. Yo lo vi tratar groseramente a los priístas, por considerarlos corruptos. Hoy los saluda y los abraza. No es que se haya vuelto tolerante. Lo hace por una estricta, cínica y desesperada conveniencia. En el fondo, Calderón se ha traicionado a sí mismo.

Ha traicionado las cosas en las que creyó. Como todas las gentes que se autoengañan, esto les provoca ceguera. Justifican su traición, culpan a los demás y se vuelven terriblemente ineficaces. Hace poco conversé con Yuri Serbolov el autor de la famosarevista La Carpeta Púrpura, quien coincide conmigo en esa visión interiorista del quiebre de Calderón. Le atribuye a ella el deslizamiento que el personaje está teniendo hacia un destino desastroso. Él me recomendó el libro La caja, del Instituto Arbinger, un trabajo que explica por qué las gentes que se traicionan a sí mismas se enredan en sus propias culpas y se vuelven cada vez más irresponsables e ineficaces. Yo les recomiendo ese libro a ustedes.

jaorpin@yahoo.com.mx

De privilegios y malas intenciones

Rolando Cordera Campos

Al convertir en argumento absoluto el de los privilegios salariales y en prestaciones logrados por el SME, se soslaya hasta su desaparición la concentración del ingreso y la riqueza y sus correlatos más estridentes: el régimen general de bajos salarios y desprotección social y laboral de la mayoría de los trabajadores, y el regresivo régimen fiscal que acaba de confirmar el Congreso. Es decir, se incurre en una suerte de populismo del acomodo, una populina barata, siempre a la orden de quienes han hecho de su privilegio individual y de grupo una costumbre inamovible, cuyo respeto es entendido como un deber para el resto de la población.

Al dejar de lado la cuestión productiva y de la productividad, o al achacar su situación al supuesto privilegio de los sindicalizados del SME, se soslaya lo fundamental: que por años se ha descuidado la inversión básica en la industria eléctrica, se ha hecho de lado la organización y la administración que es responsabilidad de los directivos, y que los gobiernos se han hecho de la vista gorda, so pretexto de la ingobernabilidad del sindicato y, tal vez, con el propósito nunca dicho de hacer evidente no la necesidad de la reforma de la industria para ajustarla al mandato constitucional de integración y planeación en condiciones de exclusividad estatal, sino su privatización abierta o solapada.

La ofensiva apenas iniciada ahora contra la CFE confirma esta tendencia, a la que no son ajenos muchos renombrados miembros del palenque político actual. Al regodeo con la satisfacción de los acomodados se suma el de los altos mandos del Estado con su habilidad y astucia para poner debajo de la alfombra los problemas y dilemas fundamentales con los que tendrían que lidiar cotidianamente.

Un orden basado en el soslayo, la mentira y la irresponsabilidad pública, no puede ser atractivo para la inversión ni garante de la mínima estabilidad financiera y social que la acumulación sostenida de capital reclama aquí y en China. No son los supuestos excesos del trabajo organizado, que representa una inicua minoría del mundo laboral mexicano, los que explican nuestro retiro del mundo, sino la contumacia de los grupos dominantes, desde hace mucho inextricablemente amarrados a los grupos dirigentes del Estado, por mantener un estado de cosas unilateral e irreductiblemente favorable a ellos en todos los espacios públicos y privados de la vida en México. De varias maneras, esta circunstancia se despliega en una irrefrenable tentación oligárquica de los ricos y sus patéticos exegetas, pero también en formas de vida cotidiana de ricos, no tan ricos y pobres de toda laya, siempre cercanas a la pesadilla y el miedo personal, familiar y comunitario.

La enésima no reforma fiscal que nos asesta el Congreso es una expresión sinuosa o difractada, directa o desfachatada, según se la quiera ver, de esta desorganización política y mental del Estado, cuya fuente está en la concentración de riqueza, poder y privilegio que ni la Revolución encarnada en el presidencialismo autoritario ni la democracia encarnada en el Espíritu Santo han podido conmover. La distancia lograda por los grupos políticos emanados de la transición a la democracia, respecto de la base social y de sus propias bases y clientelas, puede llevar a algunos a hablar de una clase política, pero también habría que admitir la posibilidad de que se trate de una subespecie suicida, cuya procacidad y gusto por la fantochería sólo la acerca al fascismo corriente que algunos ideólogos oficiosos o bajo contrato de la derecha han empezado a cultivar so pretexto de la lucha contra el privilegio… de los de abajo.

Lo que hay que evitar es que nos arrastren.

El Estado, las empresas públicas y sus trabajadores

Arnaldo Córdova

Las empresas públicas, nos enseñaba el maestro Mario de la Cueva, no pueden por más de ser definidas como aquellas que prestan un servicio de naturaleza pública y ello tiene innumerables connotaciones. En nuestro derecho administrativo se ha desarrollado muy poco o muy descuidadamente el concepto de servicio público, el que está señalado en varios artículos de la Constitución y de nuestras leyes. El conflicto que se ha desencadenado a raíz de la ilegal y anticonstitucional extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) pone en el centro del debate el tema, sobre todo si nos ponemos a definir el papel que deben desempeñar sus correlatos: el Estado, las empresas que prestan el servicio y sus trabajadores.

El artículo 27 constitucional determina lo que es el servicio público: una actividad de carácter económico o social que debe reservarse al Estado porque no puede ser, para alcanzar sus objetivos, objeto de explotación o usufructo privados. Entre ellos está claramente señalado el servicio público de generación y distribución de energía eléctrica. El artículo 28 establece las condiciones en que ese servicio puede concesionarse a privados, pero sin dejar de ser lo que es originalmente, vale decir, un servicio público. En todo caso, el Estado debe crear los organismos o los entes que se dediquen a la generación o producción y a la distribución de ese servicio.

Como podrá observarse fácilmente, el sujeto principal del razonamiento constitucional es el servicio y el derivado la empresa pública que se encargue del mismo. En una hipótesis extrema, si el servicio desaparece, también lo hace la empresa; pero no puede postularse que cuando el servicio persiste la desaparición de la empresa implica la desaparición del mismo. Ahora supongamos el caso de Luz y Fuerza del Centro. La empresa desaparece, se extingue, pero el servicio sigue. Otra empresa, la CFE, se sustituye a ella o lo hará otro ente que sea creado. El servicio sigue ahí.

De acuerdo con los principios inscritos en la Carta Magna, el gobierno, administrador de los bienes de la nación y proveedor de los servicios públicos, no puede entregarlo a privados. Debe seguir prestándolo él. El decreto de Calderón no anuló el servicio; sólo extinguió una empresa. En su solución, absurda de cualquier forma que se la mire, pasa la prestación del servicio a otro ente público, la CFE. Estaría en lo correcto, en abstracto. Pero existe una relación de trabajo que involucra a los trabajadores encargados de la prestación del servicio. Dejemos de lado que los trabajadores de la CFE son tan ineptos para manejar el servicio (que por cierto se parece muy poco al que opera en Guadalajara, como dijo Elías Ayub). Se trata de la relación de los antiguos trabajadores, los del SME, con el servicio.

En la lógica del decreto de extinción sólo cabrían dos hipótesis: o la CFE opera con los antiguos trabajadores del servicio y firma un contrato con el SME para ese propósito, o, en caso de crearse un nuevo ente, como estúpidamente lo sugirió sin saber de lo que hablaba la secretaria de Energía, ese nuevo ente tendría que revalidar o firmar un nuevo contrato con los antiguos trabajadores de ese servicio público. No entiendo cómo los panistas pudieron imaginar que, deshaciéndose de la antigua empresa pública, podían desembarazarse, así como así, de los trabajadores, que no tendrían nada que ver en este cochupo incalificable.

En el derecho del trabajo hay un concepto que es fundador: el de fuente del trabajo. Cuando se trata de una empresa privada, la fuente es la empresa misma; en una empresa pública la fuente no es la empresa o ente públicos, sino el servicio. En este caso el servicio no podía desaparecer, por lo que la relación de trabajo tampoco podía desaparecer con la extinción de la empresa. La mayor imperfección de nuestro derecho del trabajo es que no distingue ambas situaciones. La una es una relación de derecho del trabajo de servicio privado, la otra lo es de derecho del trabajo de servicio público. Es el rompecabezas de nuestros iuslaboralistas, que deben lidiar con esa ambigüedad, en la teoría y en la práctica.

La mayor iniquidad radica en que eso que podría llamarse derecho del trabajo de servicio público sólo está dedicado a acotar y limitar a los trabajadores al servicio burocrático del Estado y que se consagra en esa monstruosidad constitucional y jurídica que es el apartado B del artículo 123, y que no guarda relación con la situación laboral de los trabajadores al servicio de las empresas públicas. Tratar a las empresas públicas y a sus trabajadores organizados como si fueran entes privados da lugar a las mayores atrocidades desde el poder del Estado, como en este caso.

La historia de LFC parecería una rara avis en el contexto de nuestro orden jurídico y constitucional. Desde que se estableció, en vía de prevención, su liquidación desde los tiempos de Echeverría, se pensaba en la creación de un organismo descentralizado que se hiciera cargo del servicio público de energía eléctrica en la zona centro del país. Nunca se pudo saber por qué no se integró esa zona al ámbito de competencia de la CFE. Se alegaron muchas cosas y siempre sobresalía la versión de que el verdadero obstáculo lo representaba el SME.

En todo caso, el SME tenía sus demandas: crear un organismo especial en la zona centro, con respeto a su contrato colectivo de trabajo y al desarrollo integral de la industria en esa zona. Pero no más y jamás fue pretexto para que no se diera ese proceso. Rafael Galván hizo muchos pronunciamientos y siempre denunció los oscuros intereses que lo impedían. Los mismos funcionarios públicos, asociados con los intereses patronales desde ese entonces, tenían sus intereses aparte con LFC y en ello radicaba su incapacidad para resolver lo único que pedía el SME: que los derechos de sus trabajadores fueran respetados y, por decirlo así, integrados en la integración. Una razón que no dependía del sindicato, era que sus trabajadores tenían mejores condiciones de trabajo. Que su sueldo mensual fuera de 6 mil pesos ya era importante, pero no puede decirse que eso fuera un privilegio.

Da verdadera grima constatar que el caso de esta empresa pública es el de todas las demás, por lo menos desde Salinas: nula inversión, obsolescencia de sus equipos y congelación de iniciativas tecnológicas, como se hizo con Pemex. Es bien sabido que los trabajadores resuelven problemas con diablitos y cables casi podridos. La intención de volverlas inoperantes sólo tiene una razón: hacerlas bocados apetecibles para los empresarios privados que vendrán a darnos un mal servicio, como todos los privados, sólo para engordar su billetera y enriquecerse a manos llenas con estos regímenes derechistas.

En mi próxima colaboración daré cuenta de los preceptos constitucionales y legales violados en esta materia.

Rayuela

Si todo fue, o es, transparente, por qué clasificar como “reservada” la información sobre Luz y Fuerza del Centro

Escamotea Los Pinos por qué extingue LFC

Niega el Ejecutivo información sobre LFC; argumenta que fue reservada

Los datos son requeridos por la Cámara de Diputados

Roberto Garduño

El gobierno del presidente Felipe Calderón informó a la Cámara de Diputados que la documentación referente a Luz y Fuerza del Centro solicitada para elaborar el análisis sobre la probable controversia constitucional contra el decreto de extinción de la empresa fue reservada por la Secretaría de Energía.

La Presidencia, mediante la Secretaría de Gobernación, informó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados su determinación de salvaguardar los documentos que días atrás solicitó el grupo plural de legisladores encargado de analizar y proponer la viabilidad de una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, ante el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Así, la mesa directiva informó a la Junta de Coordinación Política del órgano camaral la determinación del Ejecutivo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez, prosiguió con el trámite y envió un oficio a cada coordinador de los grupos parlamentarios, explicando esta decisión del Ejecutivo.

El argumento de Gobernación señala que la Secretaría de Energía se amparó en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el cual se niega la información.

Grupo plural de legisladores

Tras la acción que dio por extinta la paraestatal, la Cámara aprobó un punto de urgente y obvia resolución por el cual se constituyó el grupo plural de legisladores que, con asistencia de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, estudia la elaboración de la controversia o de la acción de inconstitucionalidad.

Los diputados federales dicen en el punto que da por conformado el grupo que los trabajadores no originaron el quebranto financiero de la empresa. Demandan al Ejecutivo deslindar responsabilidades y no satanizar al sindicato.

Las dudas jurídicas a que dio origen el decreto presidencial tienen que ver con las irregularidades de la acción policiaca porque, exponen los diputados, lo correcto debería haber sido primero el decreto y después los actos de la Policía Federal.

Dicen que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 aparecen presupuestados para LFC 35 mil millones de pesos, lo que significa que la Cámara de Diputados deberá ser parte de la decisión del destino de la compañía, ya que, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, el Legislativo es el que aprueba el presupuesto de la Federación. De tal suerte, que el gobierno no puede hacer uso de los recursos de manera discrecional.

Ese apoyo sí se ve.

Es la salida para revertir decisiones de un gobierno despótico

Convoca el SME a formar un frente nacional de lucha

Martín Esparza pide no caer en provocaciones; el movimiento es pacífico

Decenas de organizaciones sociales salen en apoyo de los electricistas

Buscarán contrarrestar la campaña de difamación orquestada por autoridades

Convocadas por los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, decenas de organizaciones sociales participaron ayer en la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, donde acordaron respaldar en su lucha al Sindicato Mexicano de Electricistas y pasar de las acciones aisladas a las colectivas.



Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 25 de octubre de 2009, p. 3

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) convocó a integrar un frente nacional de lucha con el propósito de revertir las decisiones de un gobierno al que calificó de despótico, autoritario y represivo.

El gobierno sacó a nuestros compañeros con la fuerza pública y de un día para otro dejó sin empleo a 44 mil trabajadores, pero cada uno de sus actos los va a pagar con el movimiento nacional pacífico, advirtió Martín Esparza, líder del SME.

En apoyo a la convocatoria de los electricistas, de pasar de las acciones aisladas a las colectivas, decenas de organizaciones políticas, campesinas, universitarias y de la sociedad civil participaron ayer en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular.

Tras cuatro horas de discursos y análisis, acordaron consultar con sus bases la posibilidad de sumarse a una huelga o paro nacional, en repudio al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el aumento de impuestos.

No obstante, los electricistas que presenciaron la asamblea exigieron a sus líderes y a las organizaciones solidarias que las acciones fueran inmediatas. Primero con expresiones aisladas y luego al unísono, clamaron por la huelga nacional y por impulsar otras acciones más contundentes.

Tres semanas sin salario

Han pasado 14 días desde que fuerzas federales ocuparon LFC, 13 días del decreto presidencial que puso fin a su fuente de empleo y casi tres semanas sin cobrar salario.

Pese al reclamo de la base del SME, las organizaciones acordaron reunirse el 5 de noviembre para informar de sus resolutivos y evaluar el arranque del plan de acción definido este sábado.

La nueva etapa de lucha incluye una jornada de resistencia civil el viernes próximo, cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolverá sobre el fin de las contrataciones individuales y colectivas de los trabajadores de LFC. El comité central del SME citó a los afiliados a la audiencia. También emprenderán una campaña de información para contrarrestar la difamación de que son objeto los electricistas, principalmente en radio y televisión.

Aunque en un principio el SME llamó a sumarse a un paro el 30 de octubre, los dirigentes encabezados por Esparza optaron por esperar con la finalidad de llevar el movimiento a escala nacional. Se habló de formar comités de resistencia y de información en todo el país, con el apoyo de otras agrupaciones, como el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, cuyos enlaces ofrecieron las casas y comités integrados para difundir como prioridad la lucha del SME.

Durante la asamblea, los electricistas insistieron en llevar el plan de acción a otro terreno. Unos exigieron la huelga, mientras otros propusieron –con gritos desde su asiento o en corto frente a su líder– la toma de carreteras o apersonarse en las instalaciones de LFC, enfrentar a las fuerzas federales y recuperar su fuente de empleo.

Esparza les pidió no dejarse enganchar en actos de provocación del gobierno, porque la lucha del SME es pacífica. “No podemos enfrentar al Ejército ni a la policía porque también son pueblo […] ¡Podemos salir adelante si mantenemos este movimiento nacional!”, dijo.

Los instó a no cobrar su liquidación, en tanto avanzan las alternativas de defensa jurídica para contrarrestar el decreto del 11 de octubre: amparos y una controversia constitucional que deberá presentar un grupo de diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El gobierno, por conducto de la instancia liquidadora de LFC, afirma que casi 12 mil trabajadores han cobrado su finiquito. En entrevista, Esparza afirmó que el sindicato no posee información al respecto, pero sí tiene datos de que el bono que se ofrece a los trabajadores como pago adicional (para quienes acepten su finiquito antes del 14 de noviembre) constituye peculado, porque se están tomando sin autorización recursos del gasto corriente de LFC.

Desde las 10 horas se llenó el auditorio del SME, en Insurgentes Centro 98. Como en otras reuniones, desde la toma de LFC, miles siguieron el curso de la asamblea afuera mediante megáfonos instalados en la calle de Antonio Caso.

En una ronda de casi 20 oradores y los saludos que enviaron decenas de organizaciones nacionales y extranjeras, el SME recibió apoyo de numerosos sindicatos, que son los que pueden emplazar a huelga por solidaridad. El resto de las organizaciones o personas manifestaron su apoyo por otras vías.

Entre las organizaciones que acudieron a la asamblea estuvieron telefonistas, tranviarios, trabajadores de la UNAM y de otras universidades públicas; el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Colegio de Bachilleres (en huelga), así como secciones o grupos disidentes de sus propios sindicatos.

También asistió una representación de Cruz López, líder de la priísta Confederación Nacional Campesina. En entrevista aparte, el dirigente cenecista Gerardo Sánchez manifestó que esta central está en disposición de participar en un paro nacional para exigir respeto a los derechos laborales y la autonomía sindical.

La Central Campesina Cardenista, igual que otros grupos, no dudó en buscar la forma de apoyar a los electricistas, porque el golpe que se ha dado al SME es un golpe para todo el movimiento obrero democrático.

Del ámbito social y legislativo acudieron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (Atenco); diputados del PT, como Gerardo Fernández Noroña, quien instó a no pagar la luz.

También asistieron del PRD, como Agustín Guerrero y Víctor Castro, entre muchos que advirtieron que no hay tiempo para las medias tintas o para simular la solidaridad. Además, invitados de organizaciones variopintas, lo mismo defensores de los derechos humanos que organizaciones populares del campo y de la ciudad.

Ayuda ante la dificultad

En su discurso, Esparza pidió solidaridad en los hechos, en referencia a la necesidad de recibir víveres y apoyos económicos que permitan al SME resistir, toda vez que sus cuentas bancarias están congeladas.

El único que respondió de inmediato a la solidaridad en los hechos fue el dirigente del sindicato de Euzkadi, Jesús Torres Nuño, quien durante tres años encabezó una huelga por la reapertura de la fuente de empleo, ahora convertida en cooperativa, y anunció que están dispuestos a parar su fábrica de llantas en solidaridad con el SME, que a su vez los apoyó durante su lucha. Enseguida entregó a Esparza un cheque por 15 mil pesos y se comprometió a enviar una cantidad similar cada semana. El dirigente de Euzkadi buscó que otros gremios lanzaran compromisos similares: aquí están los compañeros telefonistas, expresó.

En el plan de acción se dejó para otro momento la definición de la fecha de la huelga nacional. Esparza y los secretarios del interior y del exterior del SME, Humberto Montes de Oca y Fernando Amezcua, debieron calmar los ánimos y explicar a sus compañeros: para que la huelga funcione, tiene que organizarse, los sindicatos deben consultar a sus bases y cuidar todos los aspectos jurídicos.

Tras la asamblea, muchos manifestaron su desacuerdo por demorar una decisión que consideran fundamental para fortalecer el movimiento de resistencia, aunque también comentaron las palabras de la indígena Julieta Bautista quien, mucho más amolada que nosotros (en silla de ruedas y con una enfermedad terminal), les suplicó que luchen y den la batalla pero sobre todo que se unan porque el SME no se puede perder.

Con información de Gabriel León