LA MARCHA ILUMINA EL ZÓCALO. Mientras que el mitin central del SME se encuentra ya en la parte final, a casi cinco horas de iniciada la megamovilización, la gente sigue llegando a la Plaza de la Constitución Ver nota Fotogalería
(Foto: Jorge Serratos / EL UNIVERSAL)

SME pide a Marcelo Ebrard como mediador

Afirma Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, que el gobierno federal ya aceptó, a partir de mañana, entablar un diálogo con el gremio



El Universal
Ciudad de México Jueves 15 de octubre de 2009
20:08

Martín Esparza comentó que el gobierno federal ya aceptó, a partir de mañana, entablar un diálogo con el SME, y subrayó que el intermediario debe ser el jefe de gobierno de Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

Indicó que con el apoyo de todas las organizaciones sindicales políticas y sociales "nos tienen que regresar la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el empleo, el contracto colectivo de trabajo y sobre todo la dignidad del SME".

Repudió la intervención de la Policía Federal en instalaciones de la empresa en lo que llamó sabadazo, en alusión a los hechos del pasado fin de semana, en la víspera de la publicación del decreto de extinción de LyFC.

Criticó la diferencia de salarios que tenía el director de la empresa, Jorge Gutiérrez Vera, de 240 mil pesos, con la que tenían los trabajadores

Cuestionó la veracidad de medios de comunicación y planteó que todos los asalariados tengan el mismo contrato colectivo de trabajo del SME.

En medio de su discurso Esparza fue interrumpido por el secretario del Exterior del sindicato, Fernando Amezcua, y dijo: "qué pasa... ahí hay gente de la Policía Federal aventando a la gente". Esparza recomendó no caer en provocaciones.

Dijo que si la empresa está quebrada es por culpa de los secretarios de Estado que nombra el Presidente y no es culpa de los trabajadores.

Por ello, dijo, sino pueden administrarla bien que dejen que lo hagan los trabajadores del país.

Preguntó a los asistentes a la marcha si van a recibir la liquidación, a lo que se escuchó un "no" al unísono.

Ante miles de personas que esperan la llegada al zócalo de Andrés Manuel López Obrador, Martín Esparza dijo que este movimiento tiene que ir hacia adelante.

Multitudinaria marcha llega al Zócalo en apoyo al SME

Con una plancha del Zócalo totalmente repleta, la fila de contingentes aún no acababa de salir del Ángel de la Independencia. El mitin inició a las seis de la tarde con la participación del líder de los tranviarios, Benito Bahena.

Nos tienen que regresar nuestro trabajo: Esparza

Llama Muñoz Ledo a una huelga general de pagos de luz

Con marchas y foros, agrupaciones de 12 estados se solidarizan con el SME

México, DF. A las 16:20 horas de hoy jueves, trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), así como representantes de diversas organizaciones sindicales y sociales y legisladores locales y federales del PRD y PT, partieron en marcha hacia el Zócalo capitalino en contra de la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) decretada por el gobierno federal.

Alrededor de las 17:30 horas, los primeros contingentes de manifestantes -que ya eran esperados por centenares de personas de diversas organizaciones- ingresaron al Zócalo de la capital, mientras que el grupo de los representantes del gremio de los electricistas todavía no cruzaba el Eje Central, dado que no avanzaba en primer término.

A las seis de la tarde, se iniciaba ya la participación de oradores en el mitin, en el que se prevé la participación de Martín Esparza, líder de los trabajadores de la electricidad. El primero en hablar fue Benito Bahena, líder de la Alianza de Tranviarios.

Le siguieron el diputado petista Porfirio Muñoz Ledo, el dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez.

Dos horas después de iniciada la marcha, la retaguardia se ubicaba a la altura de la embajada de Estados Unidos y había manifestantes desde ese punto hasta la Plaza de la Constitución.

La marcha

La vanguardia no salió del Ángel de la Independencia, como se tenía previsto, sino casi en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, frente a la Escuela Bancaria y Comercial, debido a la cantidad de personas que asistieron a la movilización, según reportes radiofónicos.

Muchos de los asistentes ya no alcanzaron a llegar al punto de reunión, en el Ángel. Había grandes concentraciones de personas en la Glorieta de Colón, e incluso muchas de ellas caminaron en sentido contrario, del Zócalo hacia el Ángel, para partir en marcha de ese punto.

Quienes sí arrancaron del Ángel de la Independencia fueron los representantes del SME. Martín Esparza, dirigente de los electricistas, avanzó acompañado del diputado del Partido del Trabajo (PT) Porfirio Muñoz Ledo, y el senador perredista Graco Ramírez.

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), telefonistas, entre otros, se sumaron a la marcha, así como estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Andrés Manuel López Obrador y seguidores de su movimiento social partieron de la glorieta de la Diana Cazadora, también sobre Paseo de la Reforma, y avanzan en la retaguardia.

El ex candidato presidencial avanza acompañado de Clara Brugada, encargada de despacho de la delegación Iztapalapa; los diputados Alejandro Encinas y Agustín Guerrero, y el ex legislador local Hipólito Bravo.

También marchan los diputados petistas Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña. Varios de los electricistas van acompañados de sus hijos.

Los asistentes portan cartulinas con frases como “Calderón, cuando te sientas a comer con tus hijos, ¿no piensas que las familias de los trabajadores se quedaron sin comer?” y “Se solicita empleo de torturador, asesino, narcotraficante porque Calderón me dejó sin trabajo”. También corean el clásico "No pasarán".

Los comercios (bancos, agencias de viaje y otros) ubicados sobre Reforma están cerrados en su mayoría.

Fuentes no identificadas de la SSPDF y citadas por emisiones radiofónicas cifraban en más de 52 mil el número de participantes.

De acuerdo con reportes policiacos, hasta el momento no se han registrado incidentes de consideración.

Para esta marcha, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) dispuso de dos mil 261 elementos, apoyados con 129 vehículos, así como dos helicópteros, pues se preveía la participación de 230 organizaciones sindicales y sociales.

Por la presencia de los manifestantes fueron cerrados los carriles centrales de Paseo de la Reforma en el tramo comprendido entre la Glorieta de la Diana Cazadora y hasta su cruce con Avenida Juárez, mientras permanecen abiertas las laterales en ambos sentidos.

A lo largo de Avenida Paseo de la Reforma la presencia policiaca ha sido muy discreta, y algunos policías preventivos del Distrito Federal custodian la entrada a edificios públicos para evitar actos de vandalismo.

Las instalaciones del Palacio Nacional y de la Secretaría de Gobernación (SG) fueron fuertemente resguardadas desde temprana hora por vallas de dos metros de altura.

Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
15 de octubre de 2009



Segundo tiempo


Para una evaluación de la primera mitad, resulta indispensable la primera plana de ayer en EL UNIVERSAL, que no tiene desperdicio.

Primero, una encuesta —esta sí creíble— que prácticamente divide a la opinión pública entre los que aprueban y los que desaprueban la liquidación de Luz y Fuerza del Centro; aunque hay que reconocer la ventaja relativa de 48% a 43% para el gobierno. Llaman también la atención otros rubros del sondeo: desde luego funcionó la atosigante campaña contra el SME, cuando 66% a 18% dominan quienes piensan que los trabajadores maldecidos por el régimen tienen —o tenían— condiciones laborales muy superiores a los demás trabajadores mexicanos; pero la gente no se chupó todo el dedo porque una clara mayoría de 49% a 21% advierte que esas condiciones de privilegio eran también para los directores y empleados de confianza de la paraestatal y no sólo para la base sindicalizada. Pero en la misma encuesta hay una pregunta clave que está cerradísima: apenas por dos pelos de 41% a 39% se imponen los que opinan que mejoró el gobierno de Felipe Calderón a quienes piensan que, por el contrario, empeoró después del cierre de Luz y Fuerza.


Yo no sé qué cálculos hicieron los que desde el primer círculo apostaron a un gran golpe mediático que mostrara un gobierno macho, fuerte, audaz y valiente. Si brincan de gusto o si trinan de coraje porque creen que por tan dudoso resultado se pagó un precio demasiado alto.


Pero más aún, en esa misma primera plana de EL UNIVERSAL una gráfica comparativa entre la satanizada Luz y Fuerza y la idealizada Comisión Federal de Electricidad sintetiza que “tan caro el pinto como el colorado”. En datos reveladores como ingresos, aguinaldos, vacaciones, fondos de ahorro, energía gratis, renta de casa, jubilaciones y otros apoyos, se demuestra que los magnificados privilegios de los trabajadores del SME no son mucho mayores —y en varios aspectos son menores— a los que gozan trabajadores de la CFE.


En lo personal, hay otros números que tampoco me cuadran: se ha dicho hasta la saciedad que Luz y Fuerza requería de sólo 22 mil de sus 44 mil trabajadores parásitos; pero hasta ahora la CFE ha enviado sólo 8 mil para hacerse cargo en definitiva de la operación; por lo que, según yo, faltan 14 mil; a los que hay que sumar esos 8 mil que suponemos tienen que regresar a sus puestos en la eficientísima CFE; así que hay que preguntarse de dónde saldrán los 22 mil trabajadores necesarios para operar lo que fue Luz y Fuerza. ¿Acaso de entre los 44 mil despedidos e inútiles según el criterio oficial? O piensan inventarlos a todos de un día para otro en un gigantesco Frankenstein colectivo.


Por cierto, hoy comienza el segundo tiempo de este rudísimo partido que luego del descontón inicial promete muchas sorpresas. Este día habrán de mostrar el músculo el SME y sus aliados, en una marcha que desde ayer está siendo minimizada por quienes nunca caminan las calles y siguen viendo la realidad desde su pantalla de laptop o la ventanilla del avión. Por lo pronto, el árbitro ya pitó y el balón se puso en movimiento.

Extinción

JOSé GIL OLMOS

MÉXICO, D.F., 14 de octubre (apro).- Es difícil defender a un sindicato como el de los electricistas que, con el paso del tiempo, cayó en abusos criticables. Pero eso no significa que haya que felicitar a Felipe Calderón por la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), pues todo parece indicar que se trata de una engañifa, de ocultar el proyecto de venta de las redes de luz a una empresa registrada en México, pero con capital español, en la que participan exfuncionarios del gobierno foxista y distinguidos miembros del PAN.

La decisión de Calderón de desaparecer a LFC, creada en 1963 y puesta en liquidación desde 1974, ha sido aplaudida por muchos: consideran que fue una acción extraordinaria, cuando únicamente es una acción considerada en el marco de sus responsabilidades como jefe del Ejecutivo.

Empresarios y simpatizantes califican la medida como una acción valiente, en tanto que otro sector de la sociedad la justifica por los constantes abusos que los trabajadores electricistas cometían en contra de la ciudadanía (pagos excesivos, malos tratos, corrupción, entre otras tropelías) y contra la propia empresa, a través del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuyos orígenes datan de 1914 y que, con el paso del tiempo, se fue transformando en un ente de descomposición sindical con cotos de poder y negocios particulares de los dirigentes.

Esa mala imagen y las pérdidas millonarias que cada año registraba la compañía fueron el mejor pretexto para que su extinción fuera declarada por decreto presidencial y llevada a la práctica en una operación policial y militar encubierta por varios meses.

Es por ello que cuesta trabajo defender al SME, pero también es difícil considerar un héroe a Felipe Calderón –como lo quieren hacer ver panistas y empresarios–, por tomar una decisión que evadieron los presidentes anteriores, incluido Vicente Fox.

Está muy lejos la idea de que la medida tomada por Calderón, el pasado sábado 10 a las 23:00 horas, fue una acción nacionalista y patriota, apoyada por centenas de soldados y policías federales fuertemente armados, quienes tomaron las instalaciones eléctricas en varias zonas del centro del país.

La aparición en los medios, la semana pasada, del expriista Javier Lozano, quien negó la toma de nota al líder del SME, Martín Esparza, aduciendo irregularidades en las asambleas del sindicato, dio pauta para que algunos especialistas explicaran que la liquidación de la compañía descentralizada es, en realidad, parte de un negocio millonario de más de mil kilómetros de fibra óptica, que serviría para operar y explotar una red de comunicaciones en la que se trasmitirían voz, audio y datos a por lo menos 20 millones de usuarios.

Las revistas Proceso y Reporte Índigo dieron a conocer en días pasados la relación entre la compañía WL Comunicaciones y los exsecretarios de Energía, Fernando Canales y Ernesto Martens, socios de esa empresa.

De realizarse el negocio de transmisión de datos, voz y audio mediante la fibra óptica, conocido como Triple Play, habría una competencia con el magnate de las comunicaciones en México, Carlos Slim, quien fue uno de los principales personajes que rechazó la llegada de Javier Lozano a la Secretaría de Comunicaciones, por considerar que había un conflicto de intereses, ya que este funcionario expriista al parecer tenía vínculos con algunas empresas desde que estaba en Cofetel.

De carácter bravucón –"picapleitos", le llaman algunos–, la semana pasada Lozano, sin más ni más, negó la toma de nota al líder del SME, pero no respondió a las acusaciones que señalaban que fue en su oficina, precisamente, donde se realizaron las negociaciones con la compañía WL Comunicaciones para liquidar a Luz y Fuerza del Centro.

Tampoco aclaró las acusaciones de que Canales y Martens son socios de dicha empresa, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 1999, según el reportaje de Rosalía Vergara, publicado esta semana en Proceso.

Todo apunta, pues, a sospechar que detrás de la decisión presidencial existe un interés particular, y que se aprovecharon de la mala administración de LFC y de los excesos del SME para declarar su extinción.

La iniciativa de Calderón tendrá costos, y eso evidencia que al Ejecutivo no le importa el impacto que tengan para su gobierno y para su partido las protestas sociales que ya se dan por parte del SME y de otros sindicatos. Total, a estas alturas de su administración, Calderón ya tiene claro que el PAN no tiene posibilidades de ganar en la elección presidencial de 2012 y está dispuesto a realizar acciones que al principio de su gobierno eran impensables.

Se trata de una acción peligrosa para Felipe Calderón por la inconformidad que hay con su gobierno, plagado de fracasos económicos y de seguridad, por lo que la extinción de la compañía de luz podría ser como sentarse motu propio en una silla eléctrica y esperar a que alguien suba el switch.

Y falta por ver si crece la inconformidad de los electricistas, si se suman otros actores sociales, si la izquierda partidista se une y, también, si Calderón es capaz de tomar decisiones similares en contra de otros sindicatos como el de la maestra Elba Esther Gordillo (SNTE) o el de los petroleros, de Carlos Romero Deschamps, que también han ocasionado profundos daños a la sociedad y al erario público.

Tan sólo anoche en el programa de tercer "gramo" los levantacejas de televisa afirmaban rotundamente que las manifestaciones en las calles no lograban nada , haciendo clara referencia a la que hoy tendrá lugar en el DF por parte del SME a la cual se sumarán muchos sindicatos incluyendo el movimiento de AMLO , en ese eterno afán que tienen los medios plegados al poder de poner a la opinión pública en contra de estos movimientos y de desestimar los resultados de las mismas y de desalentar a quien se deje . Aqui , con la decisión de la Suprema Corta , quedó demostrado que algo puede lograrse . La presión que ejerció el movimiento de la APPO fué tanto que a estos personajes ensotanados no les quedó más remedio que aceptar que en Oaxaca hubo violaciones gravísimas a los derechos humanos , incluyendo asesinatos ; lástima que la Suprema Corta de la Nación no se atrevió a llegar hasta Fox y lástima también que su decisión no sea vinculante , pero tocará ahora al PRI la decisión de desaforar a Ulises Ruiz y poder meterlo a la carcel , lo cual se ve muy dificil ya que este simulacro de gobernador es priista .

Existen otros dos ejemplos de que cuando los movimientos sociales que enarbolan causas justas salen a las calles , si obtienen resultados positivos más temprano que tarde , lo tenemos con el desafuero de AMLO , las personas que salieron a manifestarse en el 2005 fué tan voluminoso (más de dos millones de personas) que Fox tuvo que retractarse ; el otro es más reciente y fue apenas hace más o menos un año , cuando el movimiento de AMLO logró impedir la privatización de PEMEX .

¿Recuerdan que Andrés Manuel López Obrador fué desaforado por intentar abrir una calle para comunicar un hospital , cuyo unico propósito era el de impedir que compitiera en las elecciones del 2006 ? bueno , pues ¿saben que va a pasar con Ulises Ruíz ? : absolutamente nada , quedará impune por obra y gracia del PRI , del PAN y de Felipe Calderón , al igual que Mario Marín , gobernador de Puebla y al igual que muchos otros crimenes que se han cometido en nuestro país en 70 años del priato y en 9 años del panismo .




Es responsable de violación grave de garantías individuales

Ulises Ruiz dejó correr la violencia en Oaxaca: SCJN

Su omisión causó “desorden generalizado” en la capital estatal, señala

Rechaza el tribunal atribuir culpa a Fox, Medina Mora y Abascal

PRD, PT y ONG: se quedó corto el fallo sobre los hechos de 2006

Ministros exculpan a Fox y funcionarios de su gabinete de los hechos de 2006 y 2007


Jesús Aranda

El gobernador Ulises Ruiz es responsable de violaciones graves de garantías individuales ocurridas en Oaxaca, resolvió ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por siete votos a cuatro.

Los ministros consideraron que el mandatario estatal no cumplió con su obligación de mantener el orden público y que su omisión derivó en “desorden generalizado” en la capital del estado y su zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007 y en julio de este último año.

En una sesión en la que algunos ministros cambiaron de opinión y votaron en contra de sus afirmaciones previas, el máximo tribunal rechazó por ocho votos a tres la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío de incluir al ex presidente Vicente Fox; a Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública federal, y a Carlos Abascal, quien fue titular de Gobernación, entre los culpables de permitir que la falta de gobernabilidad en la entidad diera lugar a acciones de particulares que derivaron en la afectación de derechos fundamentales.

Exentos de responsabilidad

También quedaron exentos de cualquier acusación el general Héctor Sánchez Gutiérrez, ex coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), actual diputado federal.

A su vez, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, reprochó al mandatario oaxaqueño pretender “trasladar el problema a la autoridad federal”.

Ningún integrante del pleno apoyó a Silva Meza en su intención de responsabilizar también al presidente Felipe Calderón –argumentó que la violación de garantías continuó después del relevo presidencial–, y sólo hubo apoyo para agregar, entre las garantías individuales violentadas, el derecho a la información.

Quedaron en palabras también las intervenciones de ministros que afirmaron el pasado miércoles que las autoridades federales incurrieron en omisión al no atender a tiempo la petición del Ejecutivo y el Congreso oaxaqueños de apoyar a la fuerza pública local para resolver el conflicto social que se vivía.

Después de dos días de sesiones, en los que cada ministro fijó su postura sobre la investigación solicitada en 2006 por la Cámara de Diputados, el pleno resolvió con velocidad inusitada una investigación que duró año y medio y fue sintetizada en un proyecto de 923 cuartillas.

Los ministros sólo coincidieron en señalar que hubo violación generalizada de garantías.

La votación mayoritaria sólo responsabilizó a mandos policiacos estatales: al director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; al director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y al director de la Policía Auxiliar, Joaquín Darío Berges.

También responsabilizó a policías locales y federales que incurrieron directamente en el uso excesivo de la fuerza en los operativos en que tomaron parte.

Ayer la voz discordante fue la del ministro Silva Meza, quien enfatizó que los hechos en Oaxaca “pasarán a formar parte como páginas negras del libro de la historia de nuestro país”.

Acusó a Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador general de la República, de haber mentido en el informe que entregó sobre los hechos, al aseverar que no habían participado agentes federales en tres cateos. También censuró al Ejército por negarse a informar los nombres y cargos de los soldados que participaron en los operativos, aun cuando estuvieran en calidad de comisionados en la PFP.

Infructuosamente, Silva Meza convocó a sus compañeros a reivindicar el derecho que tienen las víctimas a la reparación, para actuar en contra de los servidores públicos que hayan vulnerado sus garantías individuales.

Tampoco se sumaron a su exigencia de considerar violado el derecho a la verdad, “entendido como un mecanismo de reparación de derechos humanos, como una medida de no repetición.

“Al estudiar el caso Oaxaca, a la luz de lo ocurrido en Atenco, podríamos concluir que estamos frente a una responsabilidad de Estado agravada, lo cual vuelve imposible exculpar a quienes estuvieron encargados del mando de las fuerzas federales en ambas ocasiones”, dijo, y añadió que los dos casos, que fueron analizados por la Corte, “sucedieron con pocos meses de diferencia; que en el ámbito federal involucra a varias autoridades: el mismo titular del Ejecutivo, el mismo secretario de Gobernación, el mismo titular de Seguridad Pública federal, el mismo procurador”.

La resolución que señala la responsabilidad de Ruiz, aprobada por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero, será enviada, una vez que se redacte la versión final del dictamen, al presidente de la República, al Congreso, a los gobernadores, a los procuradores –incluido el General de la República– y a los titulares de Seguridad Pública federal, estatales y municipales.

La Suprema Corte ordenó también que la resolución se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado de Oaxaca.

Llama AMLO a sus seguidores a las 15:00 horas

Andrés Manuel López Obrador citó a integrantes del Movimiento en defensa de la economía a reunirse a las 15:00 horas de hoy en La Diana Cazadora, desde donde partirá un contingente encabezado por él.





En apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas, Andrés Manuel López Obrador citó a integrantes del Movimiento en defensa de la economía a reunirse a las 15:00 horas de hoy en La Diana Cazadora, desde donde partirá un contingente encabezado por él.

En un comunicado, se destacó que, de acuerdo con Eduardo Cervantes, la importancia de apoyar a la gremio sindical es porque el SME está por cumplir 95 años de su creación. Desde entonces, se ha distinguido por ser un sindicato defensor de los intereses nacionales y populares, ha sabido guardar distancia del charrismo oficialista y del poder público, y se opone tenazmente a la privatización de la industria eléctrica.

“Bajo un gobierno adicto a los negocios, defensor a ultranza de los potentados y profundamente ignorante de la historia, la presencia militante del SME es como un agravio para su soberbia y su espíritu aristocrático y clasista”, destaca el texto.

Y advierte que es por eso quieren disolverlo y la única manera de evitarlo es mediante el rechazo masivo de la población.

“No permitamos que el gobierno usurpador imponga un decreto ilegal haciendo a un lado al Poder Legislativo y burlando los derechos de los trabajadores, que han costado años de lucha y trabajo”, puntualiza.

Astillero

Aparatosa, insuficiente y facciosa

Nomás al saliente Ulises

Ni tocar a Fox (y otros)

Julio Hernández López

Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas se reunieron con estudiantes de la UNAM para acordar la participación de los universitarios en la marcha de hoyFoto Guillermo Sologuren


Frente al tamaño de lo sucedido en Oaxaca en 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió ayer una recomendación aparatosa, insuficiente y facciosa. Es cierto que en primera lectura resulta altamente plausible la decisión de los altos ministros de responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz de las múltiples violaciones a derechos y garantías que se dieron en aquella entidad durante la histórica movilización popular de tres años atrás. Pero tal resolución, que carece de carácter obligatorio en sus términos (aunque tiene el valor ético y mediático que se le quiera reconocer a su fuente, la máxima instancia nacional de discernimiento jurídico), corre el riesgo de parecer un acto ruidoso, una especie de alharaca palaciega, autorizada por los mandos ejecutivos que suelen controlar las mayorías votantes de la Corte, para generar un vano entretenimiento público por fuera de lo que hoy es la máxima pifia política del calderonismo, o su máxima apuesta autoritaria, decidida a pasar por encima de lo que sea, la del conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

No se duda ni por equivocación de las culpas del dictadorcillo oaxaqueño ni se pone en entredicho la sinceridad y congruencia de los ministros de la Corte que empujaron desde un principio la tesis de que las responsabilidades de la gran represión de 2006 iban más allá de algunos jefes policiacos menores, como lo sugería el proyecto de resolución presentado por el derechista y controlado ministro Mariano Azuela. Pero llama la atención que justamente ese segmento mayoritario de ministros, que suele obedecer las instrucciones de su fuente de inspiración que está en Los Pinos, hubiera ayer transitado con tanta suavidad el camino hacia el señalamiento de Ruiz como violador de derechos y garantías, en una súbita iluminación de criterios que devino en la crucifixión política de quien había sido aliado de Calderón y ahora se ha distanciado de él, tanto en razón del oponerse al paquete económico felipista como en función del apoyo abierto, con recursos públicos y privados, que ha dado a los proyectos expansionistas del priísmo que causaron la derrota mapacheril del PAN en los pasados comicios.

La decisión judicial de ayer tiene, además de ese tufo a medida distractora que acabará en la nada, pues no hay condiciones para que los congresos estatal o federal tumben al represor oaxaqueño, el sello de otra insuficiencia inocultable, el comportamiento faccioso que protegió al gran jefe electoral de 2006 y aplicado represor clasista, el vaquero Fox, que no fue tocado más que con el pétalo de algunas menciones críticas de ministros de la Corte, pero que finalmente resultó absuelto, al igual que sus funcionarios involucrados en el tema, Carlos Abascal, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna. Aun cuando la presencia de las fuerzas federales en Oaxaca fue causa de múltiples violaciones a los derechos humanos, las garantías constitucionales y la legalidad, los ministros decidieron ayer excluir de responsabilidad no sólo a esa plana mayor, sino incluso al coordinador de las fuerzas federales de apoyo y al jefe del Estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado, ahora diputado federal y poderoso presidente de la comisión de la defensa nacional de esa cámara.

El sesgo partidista de protección a Fox, y la concentración de tibia metralla de salva en Ulises Ruiz, dejan esa resolución de la Corte en un plano que pareciera servir para revivir la oposición al mandatario oaxaqueño que está en la tentación de adelantar la postulación de su candidato a la sucesión ante el calentamiento del ambiente que han hecho Gabino Cué y López Obrador. También servirá la decisión de la Suprema para que los cortesanos mediáticos apuntalen sus análisis con la versión de que en México se vive una nueva etapa de poder, con un Calderón que impulsa golpes a monopolios y adversarios pesados, no sólo sindicatos izquierdosos sino también gobernadores incómodos. ¡Oh, sí, cuántos pantalones del lic. del Caldero Grande: ayer contra el SME, hoy contra Ulises de Salida! ¿Quién seguirá mañana (si es que hay mañana)?

Astillas

Bitácora eléctrica: Marcelo Ebrard, bien con la propuesta de una mesa de diálogo y el recuerdo de los derechos constitucionales de los trabajadores; Calderón precisó los términos del chantaje a los trabajadores pues, dijo,”para ser más claro, mientras más pronto pueda procesarse esta decisión (la de firmar la liquidación, nota de Astillero), más fácil y prioritaria será la reincorporación a la vida laboral para aquel trabajador que así lo desee” y también se diagnosticó “con absoluta tranquilidad de conciencia”; Martín Esparza siguió picando piedra con legisladores federales, y los cheques de liquidación fueron cobrados por pocos trabajadores y en medio de gran desorden administrativo y técnico; por último, los apagones y el enojo social por tanto desbarajuste inducido continuaban ayer... Eliezer Rodríguez, desde el código postal 02060, pregunta: “La colonia donde vivo se llama Sindicato Mexicano de Electricistas; si desaparece el sindicato ¿cómo se llamará ahora?”... Víctor Betancourt reporta que en Radio Ibero, 90.9 de FM, fue transmitida la opinión del doctor Alberto Montoya, especialista en estudios estratégicos de la Universidad Iberoamericana: “sostuvo, invitando a revisar la Constitución, que los argumentos de Calderón para el cierre de LFC no se sostienen, que son puras mentiras. Mostró que lo de los recursos que, según Calderón, iban al pago de salarios y pensiones, es falso. Y describió las transas con el gas que México importa a la CFE (para la producción de energía), a través de Repsol y que la CFE vende a Luz y Fuerza a un precio elevado”... Y, mientras ha saltado de nuevo al foro el desinflado Guanito para meter ruido, ahora con su nueva telenovela de que siempre sí quiere regresar a la jefatura delegacional de Iztapalapa, ¡hasta mañana, luego de que hoy por la tarde caminemos del Ángel al Zócalo!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Dinero

No es sólo mala suerte

La menguada clase media

Investigarán a fundaciones... en Francia

Enrique Galván Ochoa

No es sólo mala suerte la que persigue a Felipe Calderón, también lo siguen los resultados de decisiones equivocadas. Veamos. Le encargó a Javier Lozano maquinar la sustitución de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas por otra menos aguerrida, menos izquierdosa, pero el copela o cuello fracasó. Se atribuye a Confucio una máxima llena de sabiduría: “si te aprietan los zapatos, no te cortes los dedos, mejor cambia de zapatos”. En vez de cambiar al secretario de Trabajo por alguien menos torpe se lanzó a la tarea de cortar la fuente de sustento a 44 mil 551 sindicalizados, más un número indeterminado de empleados de confianza. Como era de esperar, el gremio se lanzó a protestar, pero la dirigencia optó por el camino de la ley: está tratando de obtener apoyo en la Cámara de Diputados, a fin de reunir el número suficiente de votos para promover una controversia constitucional. El litigio hubiera durado muchos meses, se hubiera abierto un espacio para buscarle salidas al conflicto. Otra vez se equivocó: arregló en lo oscurito que el PRI diera instrucciones a sus diputados para que votaran en contra del recurso jurídico. Les cerró el camino de la ley a los electricistas, él mismo está lanzándolos a que lleven a cabo acciones desesperadas. Un panista advirtió el riesgo: Javier Corral. Se pronunció a favor de que sea la Suprema Corte de Justicia la que resuelva si hubo violaciones a la Constitución. Si la cerrazón gubernamental genera actos de violencia ya Corral les hizo ver a panistas y priístas que había otro camino. ¿Verdad que no es sólo mala suerte?

La clase media

Sólo el 7% de las personas que trabajan en México ganan 50 mil pesos mensuales o más al mes. Conforman la clase media. Las personas con empleo y prestaciones quizá suman 25 millones, así que la clase media la componen menos de 2 millones. El resto se ubica entre los que ganan de 50 mil pesos a nada, es decir, los que viven de milagro. Esa menguada clase media será la que reciba el golpe del aumento al ISR de 28 a 30%, más el gravamen en las telecomunicaciones y los demás que contiene el presupuesto del año próximo. El PRI ya se puso de acuerdo con el PAN y la semana siguiente conoceremos el dictamen aprobatorio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Seguirán los días de vino y rosas de los secretarios de Estado, los gobernadores, los senadores, los ministros, los diputados y, desde luego, los líderes charros. En cambio, la clase media sufrirá una contracción dolorosa.

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México SA

Fábula: príncipe contra dragones

Los “olvidos” de Felipe El Rabioso

¿Dónde estaba la junta de gobierno?

Carlos Fernández-Vega

Estaba el inquilino de Los Pinos duro y dale con aquello de que la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue una decisión que se pospuso y pospuso no sólo durante años, durante décadas”, cuando alguien de su círculo íntimo le dijo: “espérate, Felipe, que tu también tienes tu historia”. Pero estaba tan contento y realizado con sus amigochos de la tele y de la radio, que no escuchó la advertencia y siguió: “… con ese espíritu que antepone el interés de la nación, que el gobierno federal, a mi cargo, tomó la muy difícil, pero indispensable decisión de extinguir la empresa LFC el pasado domingo…. teníamos que resolver un problema, y un problema grave que había sido pospuesto durante mucho tiempo y que había llegado a niveles verdaderamente insostenibles en los últimos años… en la medida en que sepamos los mexicanos enfrentar y no evadir nuestros problemas, por muy difíciles y por muy costosas que sean las soluciones y sus consecuencias, en esa misma medida nuestro querido México será un país mejor”.

Y otra vez, jodón, el del círculo íntimo al oído: “Felipe, bájale, que como secretario de Energía nada hiciste para anteponer el interés de la nación y enfrentar y no evadir los problemas de Luz y Fuerza del Centro, y menos como inquilino de Los Pinos, con todas las herramientas a la mano. Si como titular de la Sener supiste cuál era la situación y qué tan profunda era la bronca, ¿por qué no actuaste cuando, con Fox, presidías la junta de gobierno de LFC? Y, ya instalado en Los Pinos, con el expediente en la mano, ¿por qué tardaste casi tres años?” Pero el aludido nada respondió, atrapado por el desinteresado aplauso de sus amigochos de la tele y la radio.

¡Ah!, qué fábulas tan bonitas. Pero más allá de los cuentos de valerosos cuan entrones príncipes carismáticos que destruyen feroces dragones de 45 mil cabezas, si fuera cierto lo que ayer dijo a los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, entonces no cabe duda que seis años atrás Felipe Calderón tendría que haber renunciado a la Secretaría de Energía por posponer lo que “otros” habían pospuesto y “no responder a los intereses de la nación”. Ya como inquilino de Los Pinos, de inmediato debió resolver el problema que “otros” pospusieron y pospusieron. Tampoco fue así, y menos renunció: esperó casi un trienio para proceder, y sólo lo hizo en una coyuntura política para él desastrosa, con el barco a medio hundir, y nada más contra una de las partes del conflicto, “olvidando” que, por ley, Luz y Fuerza del Centro tenía una junta de gobierno, su máximo órgano de administración, que entre sus obligaciones tenía “fijar las políticas administrativas y de organización que le permitan alcanzar una gestión eficiente, productiva, rentable y autosuficiente, acordes con las necesidades de los usuarios, en su ámbito de influencia. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que le confieren los distintos ordenamientos legales que resulten aplicables” (artículo quinto del estatuto orgánico de LFC, vigente hasta el pasado 11 de octubre). Todo ello, “en cumplimiento del programa sectorial en cuanto a la prestación del servicio público de energía eléctrica” (ídem).

Además, entre otras “atribuciones indelegables”, la junta de gobierno de LFC establecía “las políticas generales”; definía “las prioridades a las que deberá sujetarse el organismo relativas a producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general”; aprobaba “los programas y presupuestos del organismo, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable”; fijaba y ajustaba “los precios de bienes y servicios que produzca o preste el organismo, con excepción de los de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo federal”, y aprobaba anualmente “los estados financieros y autorizaba la publicación de los mismos”.

Entonces, más allá del dragón de 45 mil cabezas y la mítica espada de Felipe El Rabioso, la primera que tendría que haber sido fulminada por no corregir los “niveles verdaderamente insostenibles” en LFC se llama Georgina Kessel, secretaria de Energía del calderonato y presidenta de la junta de gobierno de la paraestatal defenestrada, y de su mano el director general de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, quienes “pospusieron y pospusieron” y no se animaron a “anteponer el interés de la nación” para resolver el entuerto. Junto a ese par, de tiempo atrás un ejército de funcionarios tendría que haber sido dado de baja. El artículo 6 del citado estatuto precisa: “la junta de gobierno (de LFC) se integra por el secretario de Energía, quien la presidirá, y por sendos representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Medio Ambiente, Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua; asimismo, por el director general de la Comisión Federal de Electricidad, y tres representantes del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en el organismo. La junta de gobierno designará a su secretario. Los integrantes de la junta de gobierno nombrarán a sus respectivos suplentes y en ausencia del secretario de Energía la junta de gobierno será presidida por el director general de la Comisión Federal de Electricidad… (además) el representante que al efecto nombre la Secretaría de la Función Pública, y su respectivo suplente”.

Todos ellos, dice Calderón, se doblegaron ante el dragón de las 45 mil cabezas. Sin embargo, como se constata, el SME sólo ocupaba tres sillas en la junta de gobierno, y el gobierno federal las siete restantes, pero –según el inquilino de Los Pinos– ese tercia de asientos “se imponían a la operación de la empresa en el contrato colectivo, obligaban a la misma a ponderar en sus decisiones administrativas, más que las necesidades de los usuarios, las exigencias de los líderes sindicales”. Entonces, con mayor razón, los pusilánimes representantes gubernamentales en LFC se ganaron a pulso el despido, pero se “pospuso y pospuso”.

Lo anterior se redondea con el artículo 7 del mismo estatuto: “la junta sesionará válidamente y sus decisiones serán obligatorias, cuando se reúnan la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, el presidente (Georgina Kessel en este caso) tendrá voto de calidad…” Y el artículo 8 precisa: “la junta se reunirá una vez cada tres meses, cuando menos (…) Las resoluciones de la junta se tomarán por mayoría de los miembros presentes”.

Las rebanadas del pastel

Entonces, queda la duda: ¿los siete representantes del gobierno calderonista votaron a favor de los tres del SME, o cómo fue?

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

SME y el Estado impune

Adolfo Sánchez Rebolledo

Con el manotazo contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el gobierno de Felipe Calderón cruzó una frontera que parecía infranqueable: poner en la calle a 44 mil trabajadores de un solo golpe y desaparecer al sindicato que los representa mediante un mismo acto de poder. El Presidente prosigue, y en cierta forma supera, la penosa historia antisindical que ha impedido, mediante la intervención del Estado, la formación de un sólido movimiento obrero autónomo e independiente. Esta vez, el ataque ha sido dirigido contra un gremio particularmente combativo e irritante para el poder, capaz de cometer errores, sin duda, pero inmerecedor del trato ilegal al que se ha visto sometido.

La afectación de los derechos de los trabajadores electricistas se puede comparar, en cierto sentido, a la sufrida por otros grupos tras padecer represiones masivas y violentas, con el agravante de que en esta ocasión la liquidación del sindicato se quiere hacer pasar como un acto salvador, pacífico, ajustado a derecho, y no como una arbitrariedad del Ejecutivo que ignora el diálogo social, pero también la ética y los derechos humanos que el gobierno debería defender y tutelar.

Y es que, al parecer, para cuadrar las cifras, al Presidente y sus amigos les es suficiente con ofrecer una buena indemnización, como si en tiempos de crisis y desempleo se pudiera reparar el daño vital que se ha infligido a numerosos padres de familia. Si en la decisión presidencial operó un primitivo deseo de venganza contra el sindicato por sus conocidas posturas políticas, en seguida destaca el propósito de consumar, desde arriba, sin el concurso de instituciones como el Congreso, en ausencia de toda genuina deliberación pública, una vía hacia la reforma del sector eléctrico, cuya privatización definitiva es uno de los objetivos prioritarios del grupo gobernante. Con la pretensión de destruir al SME, el gobierno anuncia que está listo para la reforma laboral que ya se perfila sin contar con la interlocución de los sindicatos independientes.

El éxito momentáneo de su deleznable guerra mediática depende, en cierta forma, del rencor instalado hacia el sindicalismo derivado de la herencia priísta corporativista, aprovechado por la derecha para llevar agua a su molino. Tal actitud forma parte de una ideología que contrapone la caridad a la solidaridad, el esfuerzo del individuo frente al colectivo. El clasismo apenas se oculta tras el velo ideológico de la “decencia”, concebida como seña de identidad de las buenas costumbres frente al peladaje (organizado) de los asalariados.

Erizado de temores excluyentes, ese pensamiento conservador condena por igual a los sindicatos charros que a los independientes (en especial a los líderes), pues se les asocia con una actividad de suyo impura, corrupta, contraria a la del buen emprendedor “hecho por sí mismo” que puebla el imaginario neopanista y clasemediero, lo cual no obsta para que sea posible brindar con el sindicalismo más corrupto y vertical, con los sindicatos blancos o administradores de contratos de protección, siempre que sean sumisos a los intereses del capital y aguerridos defensores del orden establecido. Por eso callan cuando no aplauden los priístas, el panal y los empresarios. Tales campañas contra el plebeyismo, agudizadas por la simultaneidad de la demagogia “contra la pobreza” y la alianza con los charros, indican que la intolerancia de las elites para actuar a muerte contra sus “enemigos” sin contrapesos sociales ha comenzado el viaje sin retorno, a menos que la sociedad decida actuar para impedir la deriva autoritaria que hasta un ciego puede observar.

Aunque sólo fuera por eso, resulta inconsecuente pedir al Presidente que limpie la casa de malos sindicalistas, como si tuviera derechos superiores a los que garantizan la autonomía de sus organizaciones. Pero sí hay que exigirle que saque las manos para apoyar a los líderes de su conveniencia, que no asalte los centros de trabajo sin orden judicial, que no convierta la “toma de nota” en un tamiz anticonstitucional de legitimidad y que responda por el daño moral causado por la reiteración pública de sus mentiras.

Se dirá que a la configuración del problema concurrieron otros factores. ¿Alguien podría negar el papel que la división sindical jugó en la gestación del golpe de mano? Pero ninguna crítica exime al Presidente de conductas irresponsables: pretender desbarrancar al sindicato hacia un conflicto interno cuando ya se había decidido (5 de octubre) la “extinción” de la empresa; emplear la fuerza federal sin delito que perseguir, pues en un país desangrado por la violencia criminal y la inseguridad, tanta diligencia represiva torna nulo el diálogo para gestionar la crisis con métodos democráticos. Además, las cifras habilitadas con la finalidad de probar que el contrato colectivo es causa de la crisis, dejan en el limbo datos importantes, como el referido a los precios de transferencia de la energía, a los subsidios a los grandes consumidores industriales o la porción de las “pérdidas” vinculadas con el régimen tarifario en vigor, es decir, la suma de actos de autoridad de los que no se puede responsabilizar a los trabajadores. En fin, el sabadazo ratificó que la “privatización” es mucho más que una operación de compraventa de los títulos de una empresa pública, ya que ésta comienza cuando la administración nombrada por el gobierno debilita el funcionamiento productivo a fin de justificar la “apertura” al capital privado.

Hoy es obvio que la supuesta modernización de la industria eléctrica camina en sentido contrario al que plantearon los electricistas encabezados por Rafael Galván: en lugar de integración y unidad sindical democrática, nos acercamos a un régimen cuyo corolario lógico sería la vuelta en escala superior al que prevalecía antes de la nacionalización de 1960, pero sin la resistencia sindical que favoreció el cambio hasta… que el gobierno decidió aplastar a la Tendencia Democrática. El tiempo dio la razón a Galván. Sólo una gran reforma, fundada en los principios constitucionales, puede evitar que la CFE sea cada vez más un elefante blanco al servicio de las compañías privadas que ahora exigen mayores tajadas de la generación, así como el paso libre hacia la transmisión, venta y distribución de la energía, aparte de las concesiones que les otorguen para explotar la fibra óptica y otras alternativas tecnológicas.

Aunque el castigo al SME se quiera hacer pasar como una acción de rescate de una empresa secuestrada por el sindicato, su liquidación busca anular una fuente de perturbación política e ideológica (a la izquierda) ante la lucha por el poder en curso. Y eso es lo más grave, pues la creencia en la certeza del éxito por parte del grupo presidencial (impermeable a cualquier sorpresa) renueva las tentaciones más autoritarias de viejo y nuevo cuño.

El chivo expiatorio

Octavio Rodríguez Araujo

El 9 de febrero de 1994 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC). El decreto fue firmado por Carlos Salinas de Gortari y varios de sus secretarios de gabinete, pero no el de Gobernación. El nuevo organismo sustituyó a las empresas en liquidación, que eran las compañías de Luz y Fuerza del Centro, de Luz y Fuerza de Pachuca, de Mexicana Meridional de Fuerza y de Luz y Fuerza de Toluca.

De lo anterior se desprende que otro decreto presidencial puede extinguir la empresa. No hay misterio en esto. Lo que sí está en cuestión es la razón esgrimida por el gobierno de la República para liquidar el organismo descentralizado creado en 1994. Se argumentó que tal decisión obedeció a la necesidad de revertir un gasto exagerado en beneficio de la economía de la nación y del interés público. El secretario de Gobernación añadió, en entrevista, que ese gasto excesivo se debía al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al que dio el papel de co gestor de la empresa. El secretario de Hacienda y Crédito Público declaró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidirá si integra en su plantilla laboral a parte de los despedidos o se genera una paraestatal nueva que tenga otras condiciones de trabajo (las cursivas son mías). Las declaraciones de Gómez Mont y de Carstens son reveladoras: los costos excesivos de LFC se deben al contrato colectivo de trabajo del sindicato y las fallas en la administración del organismo descentralizado obedecen también al gremio, ya que son, dijo el secretario, corresponsables de su gestión.

El decreto de 1994, ahora sustituido por otro, establecía que LFC se regiría por una junta de gobierno integrada por el secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, quien la presidiría, y por sendos representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Comercio y Fomento Industrial y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, quienes deberán tener el nivel de subsecretarios o su equivalente. También formarían parte el director general de la CFE y tres representantes del sindicato titular del contrato colectivo que rija las relaciones laborales en el organismo (el SME). Sus decisiones se tomarían por mayoría de votos, por lo que la representación sindical nunca podría imponerse, pues constituía la tercera parte de la junta.

Entre las atribuciones de la junta de gobierno estaban la elaboración del presupuesto anual de egresos, la aprobación de sus programas que deberían de ser sometidos a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, ahora Secretaría de Energía (Georgina Kessel) y, en su caso, el programa de adiestramiento, capacitación y desarrollo de recursos humanos que proponga el director general. Éste, conviene recordar, era nombrado por el presidente de la República. En otros términos, las transferencias presupuestarias cuantiosas que se han incrementado en más de 200 por ciento de 2001 a 2008 (gobiernos de Fox y Calderón), según dice el considerando del decreto del 11 de octubre de 2009, fueron responsabilidad de los miembros de la junta de gobierno, cuya mayoría está compuesta por los secretarios mencionados, no por los trabajadores. A dicha junta se debieron también los incrementos de trabajadores y a la Secretaría de Energía la aprobación de los programas de desarrollo de la empresa. ¿De repente descubrieron que LFC era muy costosa? Si es así, los secretarios del gabinete de Calderón que eran miembros de la junta de gobierno deberían de ser cesados, y antes de ellos el director de la empresa y, de paso, al presidente de México, que lo nombró, hacerlo responsable de tener en su gabinete y en la dirección de la empresa a personal de su confianza que no supo hacer su trabajo correctamente.

Las culpas de Fox ya pasaron de tiempo, pero las de Calderón son vigentes. Aceptemos, sin conceder, que el SME era un sindicato fuerte, ¿esto justifica que los secretarios de Estado y el director de la empresa aceptaran que el costo del contrato colectivo fuera, según dicen los firmantes del nuevo decreto, muy caro e inconveniente para la economía nacional y el interés público? ¿Fueron los trabajadores sindicados culpables de los programas de la empresa y de los onerosos subsidios estatales? ¿Y de qué sirvieron desde 2001 los gobiernos panistas y sus secretarios de Estado miembros de la Junta de Gobierno de LFC? ¿Estaban de adorno o simplemente demostraron su incompetencia?

Las declaraciones del secretario de Gobernación (quien inexplicablemente es uno de los firmantes del decreto del 11 de octubre) y del de Hacienda no dejan duda: el chivo expiatorio era el sindicato (y su contrato colectivo de trabajo), que –cosa que no se dice– fue aprobado por la patronal, esto es, por el gobierno que, a diferencia del chivo, no sufrirá represalias. De aquí que Carstens haya sugerido, repito, que los trabajadores que eventualmente contrate la CFE tengan otras condiciones de trabajo, es decir, un contrato disminuido.

Es claro que tratándose de trabajadores que en el mejor de los casos ganan tres salarios mínimos en promedio, su contrato le ha parecido al gobierno muy oneroso, por 44 mil trabajadores en activo, en tanto que el millón 200 mil trabajadores de la educación y los 136 mil de Pemex (donde de cada peso en gasto corriente 75 centavos van a la nómina) no lo son o no parecen serlo. La diferencia es que el SME es un sindicato independiente y combativo mientras que el de trabajadores de educación y el de petroleros no. Éstos se han “portado bien” y son dóciles al gobernante en turno. Los miles de funcionarios de la administración pública federal, de director de área para arriba, no tienen contrato colectivo de trabajo, ¿pero ya cuantificó Calderón su costo y lo comparó con el de LFC? ¿Ya cuantificó el costo de la exención de pagos de electricidad a las empresas consentidas del gobierno y del mismo edificio de Los Pinos?

Una última pregunta: ¿fue legal que dos horas antes del decreto en cuestión la Policía Federal tomara las instalaciones de LFC o es parte del uso indiscriminado que Calderón está haciendo de la policía y del Ejército para todo lo que quiera combatir?

Reagan, “un tigrito” en comparación con Calderón, acusan; se solidarizan con el SME

Atroz, ocupar con fuerzas federales sedes de Luz y Fuerza, señalan sindicatos de EU


David Brooks
Corresponsal


Nueva York, 14 octubre. Sindicatos nacionales estadunidenses y la central obrera AFL-CIO denunciaron hoy que las acciones del gobierno de Felipe Calderón contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) son un intento de romper a un gremio, una severa violación de derechos laborales y parte de una iniciativa para privatizar el sector eléctrico.

Leo Gerard, presidente internacional de United Steelworkers, el poderoso sindicato nacional siderúrgico de Estados Unidos, declaró que fue “un acto atroz” del gobierno mexicano “emplear fuerzas federales para tomar el control de la empresa pública, despidiendo a los trabajadores y efectivamente desbandando así su sindicato”.

Agregó que “esta acción es parecida a otras tomadas contra el sindicato minero y ofrece mayores pruebas de la agenda antitrabajadores y antisindical del gobierno y su política de tierra arrasada contra los sindicatos democráticos e independientes”.

Agregó Gerard: “nos proclamamos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en estos sindicatos y llamamos a que el gobierno revierta esta decisión y resguarde los derechos internacionalmente reconocidos de libertad de asociación y la negociación del contrato colectivo”.

En un comunicado, el sindicato siderúrgico considera que el anuncio oficial de desaparecer Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la liquidación de los trabajadores tras tomar por asalto plantas de la empresa con policía federales es “un intento del gobierno de eliminar al SME, crítico frecuente de las políticas de Calderón”.

Afirma que “parece que al tomar el control” de Luz y Fuerza “el gobierno trama fusionar sus instalaciones con las de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y venderlas a una empresa privada”.

La central AFL-CIO, conformada por 57 sindicatos nacionales con 11.5 millones de agremiados, también denunció la medida.

Stan Gacek, director asociado del departamento internacional de esa central, declaró a La Jornada que “la AFL-CIO repudia esa forma tremenda de romper un sindicato”, y señaló que se parece mucho en esencia a las acciones emprendidas contra el sindicato minero mexicano.

La agrupación “solicita que se revierta la decisión de Calderón, se dé fin a la ocupación de las instalaciones y se emprendan negociaciones de buena fe”.

La AFL-CIO, afirmó Gacek, ha observado la “acción unilateral” para eliminar LFC, la ocupación de las plantas por fuerzas federales y el “despido masivo de los trabajadores”, y considera que con el plan para fusionarla con la CFE se “tiene el propósito de vender toda la operación a una empresa privada”.

Por tanto, abundó, se interpreta que al “eliminar al SME” se supera uno de los obstáculos para tal propósito, ya que ha sido una fuerza contraria a la privatización.

Gacek subrayó que la AFL-CIO declara su “plena solidaridad” con el SME, al igual que con el sindicato minero, y demanda “el fin de la represión” contra estos gremios y “las violaciones de los derechos sindicales”.

Por su parte, el sindicato de empresas de servicios públicos (incluye a los electricistas de plantas de generación y distribución) de Estados Unidos –Utility Workers Union of America– también condenó las acciones.

Carl Wood, director nacional para asuntos gubernamentales y de regulación de ese sindicato, afirmó en entrevista con La Jornada que no sólo emitirán declaraciones de apoyo, sino trabajan con otras organizaciones para responder con acciones a la maniobra del gobierno de Calderón, “que hace que en comparación Ronald Reagan (el presidente más antisindicalista en tiempos modernos) se vea sólo como un tigrito, ya que (en México) se enviaron hasta tropas”.

Destacó: “no es un precedente que podamos permitir (...) estamos en lucha constante contra la desregulación aquí, y el SME, por su lado, contra la privatización, lo cual es esencialmente el mismo tema. Si ellos pierden esa lucha, los trabajadores en México estarán enfrentando a las mismas empresas estadunidenses con las que batallamos aquí”.

Se develan cifras oficiales

En LFC, salario promedio de $6 mil

Casi 20 mil miembros del SME, por debajo de ese ingreso mensual

Según reporte, se cumplieron 92% las metas de productividad

“Si somos chafas, ¿por qué nos buscan para arreglar apagones?”




Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

Tras precisar que los trabajadores de base del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tendrán en promedio una liquidación de 305 mil pesos y los de confianza un millón 300 mil o un millón 800 mil –si cobran antes del 14 de noviembre–, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, aseguró que fueron “las administraciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) las que concedieron, negociaron y toleraron falta de niveles y baja calidad y eficiencia del servicio”.

En una conferencia de prensa inicialmente programada para dar a conocer los pormenores del proceso de liquidación a los trabajadores del SME, el funcionario fue cuestionado sobre por qué si se habla de “excesos y privilegios” de este gremio, no se mide igual a otras organizaciones sindicales como la de los petroleros, que tienen más prebendas.

Lozano reconoció que hay una serie de reclamos para que se actúe contra otros sindicatos y otros líderes gremiales, pero dijo que ello no se hará porque sería caer en “tentaciones autoritarias”.

–Usted habla de que el SME hacía peticiones millonarias en cada revisión contractual y salarial, pero también las hacen otros sindicatos, como el petrolero que lidera Carlos Romero Deschamps. ¿Contra ellos también se actuará?

–Hay que ver cuál es su aportación a la productividad y a la economía nacional…

El funcionario defendió además que el gobierno federal no va a medir igual a todos los sindicatos, porque “no se puede hacer tabla rasa”, e incluso anotó que hay que ver cuál es el costo-beneficio de cada gremio, de cada organización. Dijo que a LFC se le había querido liquidar desde otros sexenios y no se había logrado hacerlo.

Acerca del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que tiene el contrato colectivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), liderado por Víctor Fuentes –quien quedó al frente de la organización a la muerte de su tío Leonardo Rodríguez Alcaine–, el secretario Lozano aseguró que esta organización “sí ha demostrado una enorme capacidad para ponerse de acuerdo con su administración”.

En cuanto al proceso de liquidación, explicó que los trabajadores de base en promedio van a cobrar 305 mil pesos por finiquito o 435 mil pesos con la compensación incluida, si tramitan su pago antes del 14 de noviembre. En tanto, para los empleados de confianza, la liquidación será de un millón 300 mil pesos o un millón 800 mil, si apuran el proceso este mes.

Esto es porque el salario promedio de los trabajadores del SME es de 220 pesos diarios, es decir, 6 mil 600 pesos mensuales. Incluso, según cifras del sindicato, casi 20 mil trabajadores están debajo de ese promedio.

Otras categorías de trabajadores, como los transitorios, perciben 152 pesos diarios; la mayoría de oficinistas –depende del nivel– gana entre 180 y 260 pesos; un calculista de inspección obtiene 192.41 pesos; auxiliares, entre 109 y 139, y entre los más altos está el operador de subestación, que percibe 311 pesos al día.

Acompañado en esta conferencia de prensa por el director corporativo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Héctor Orozco, y el subsecretario del Trabajo, Alvaro Castro, Lozano explicó que los trabajadores del SME tienen un plazo de hasta dos años para cobrar liquidaciones “a partir de la emisión del laudo de terminación de las relaciones colectivas de trabajo por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el próximo 30 de octubre”.

Los funcionarios dijeron no tener el dato de con cuánto se va a liquidar al director de LFC, y tampoco señalaron los montos que se otorgarán a los altos mandos de la paraestatal, pero mencionaron que sí recibirán finiquito.

El secretario explicó que el plazo límite para recibir la compensación adicional es el 14 de noviembre, y confirmó que efectivamente, los que acudan primero a las oficinas de Luz y Fuerza del Centro por su liquidación, “tendrán derecho de preferencia” para ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad.

Según Javier Lozano Alarcón, los 44 mil trabajadores del sindicato que serán liquidados impactarán “muy poco” en la tasa de desocupación.

Por último, comentó que no acudió ante comisiones de la Cámara de Diputados porque “nunca fui invitado a comparecer”, y negó que él tenga algún interés en el negocio de fibra óptica, en que se ha mencionado a ex secretarios de Energía como Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens: “El león cree que todos son de su condición; no tengo ningún interés en este tema y es falso que tenga una consultoría en la materia”.

Irritación social por los apagones

Bloquean la México-Toluca por fallas en servicio de electricidad

Pobladores de Ocoyoacac, estado de México, bloquearon durante dos horas la autopista México-Toluca en protesta por la falta de energía eléctrica desde el domingo. El cierre se produjo a la altura de la laguna de Salazar, por La Marquesa, y provocó un asentamiento vehicular de más de 18 kilómetros. En el Distrito Federal, 72 colonias de 12 delegaciones padecieron interrupciones en el fluido, lo que también generó problemas en el suministro de agua potable en unidades habitacionales Foto Mario Vázquez de la Torre



Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas marcharon ayer al palacio de gobierno del estado de México, en Toluca, donde realizaron un mitin en rechazo a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro por el gobierno federalFoto Mario Vázquez de la Torre / Agencia MVT



De los corresponsales

Pobladores del municipio de Ocoyoacac, estado de México, bloquearon más de dos horas la autopista México-Toluca en protesta porque más de 3 mil viviendas se quedaron sin energía eléctrica desde la tarde del domingo y tampoco tienen agua potable, porque las bombas de los pozos están paradas.

El cierre, efectuado frente a la laguna de Salazar, se inició a las 9:30 horas y provocó un asentamiento vehicular de más de 18 kilómetros, desde ese punto hasta Santa Fe, en el Distrito Federal.

La protesta terminó casi al mediodía, luego que Juan Manuel Verdugo, director de Gobernación de la región Lerma, prometió a los manifestantes que ayer mismo se regularizaría el servicio. Más de 500 policías estatales fueron enviados, pero no intervinieron.

Autoridades de los municipios de Malinalco, Texcoco y Tepetlaoxtoc también reportaron cortes de energía desde el domingo y no hay quien atienda los reportes, dijeron funcionarios de esos ayuntamientos del estado de México.

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